Contestarle al Embajador Argentino en Colombia es una obligación como Argentino y respetuoso de las instituciones y la Constitución Nacional avasallada por golpistas civiles, militares y grupos armados subversivos.
Por el Arq. José Marcelino García Rozado
Ante todo es imprescindible aclarar que quien suscribe no sólo es un ex integrante de las fuerzas armadas, sino que además ha sido funcionario de varios gobiernos constitucionales y es un “militante” político enrolado en la causa nacional; que nunca compartió la ideología de golpistas –civiles y militares- pero combatió hasta con las armas a los grupos armados subversivos que enfrentaron al Pueblo y a sus representantes constitucionales en la década del 70 del siglo pasado.
Los juicios reiniciados contra las figuras más destacadas de los golpistas del 76, imputados por gravísimos y aberrantes delitos de tortura, secuestro, muerte y desaparición, así como aquellos otros de apropiación de niños y bebes paridos en cautiverio, están perfectamente reabiertos, ya que la “institucionalidad criminal impuesta por los altos mandos militares de la última dictadura” inhibe todo tipo de apoyatura respecto de dichos procesados. Asimismo y aunque nunca se halla compartido el criterio del otorgamiento del “perdón presidencial” llevado a cabo por Menem y Duhalde respecto de los condenados, creo que jurídicamente es imperdonable las marchas y contramarchas llevadas adelante al anularlos.
Y aunque suene contradictorio lo aquí expresado, esto no es tan así ya que si bien se puede compartir el fondo de la cuestión, se está criticando la metodología llevada adelante, donde prima el revanchismo y el odio sobre la justicia y la racionalidad. Las “lealtades criminales facciosas”, no solamente se daban entre los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas de la época, sino que como bien dice Balsa, ellas venían siendo arrastradas desde los golpes militares del 52 y 56; y esas “lealtades criminales” no sólo destruían la cadena de mando y consagraban élites criminales, sino que además desvirtuaba y traicionaba el espíritu sanmartiniano y belgraniano de los integrantes de nuestras muy queridas fuerzas militares.
Es sumamente cierto que los mandos militares “no enloquecieron súbitamente”, sino que por el contrario ellos llegaron a dicho estamento como consecuencia lógica del “fermento preexistente instaurado en gran parte de la sociedad argentina”, negarlo sería simplificar infantilmente la realidad vivida durante la segunda mitad del siglo XX, donde además del acostumbramiento popular a la persistencia del golpismo –cinco golpes y cuatro derrocamientos- se impuso la idea colectiva de que los militares argentinos eran “una casta salvadora” y que de ellos dependía la “defensa de la República”. Es necesario asimismo reconocer, como lo hace Martín Balsa- que siempre todos y cada uno de dichos golpes y derrocamientos contaron con la participación activa, cuando no con el incentivo, de sectores civiles constituidos en grupos de interés y de presión, y que no siempre representaban a los sectores cipayos y oligarcas, sino que en muchos de ellos participaron sectores del radicalismo nacional.
No solo aquella conjunción de civiles y militares fueron factor decisivo del golpe del 76, sino que también lo fueron en los golpes de estado de 1952, 1955, 1962 y 1966, pero además estuvieron presentes y participaron de los bombardeos a Plaza de Mayo en junio del 55, en los fusilamientos del 56 y en los conatos del 60 y 61 y en los alzamientos del 71. Como se puede observar una muy amplia franja de la sociedad argentina entendía la violencia como metodología de accionar político, por lo que no nos puede extrañar hoy que “la violencia condenando a la víctima y no al perpetrador” fuera durante los oscuros y tristes años de la dictadura del 76 una constante bastante extendida.
Muy pocas fueron las voces que se alzaron contra la represión popular, condenando las brutalidades de los golpistas tanto en los hechos del 55, como en los del 56 y luego durante los oscuros años del 76 al 83; en la enorme mayoría de los casos las dirigencias callaron o fueron cómplices, el periodismo y los dueños de los medios faltaron a la historia y al pueblo y muchos partidos políticos aplaudieron, acompañaron, sostuvieron e incentivaron muchos de aquellos atropellos, delitos y asesinatos. Con el advenimiento democrático y más allá de las leyes de Obediencia Debida las cúpulas militares perpetradoras fueron juzgadas y condenadas, pero debido a aquellas muchos responsables eludieron el accionar de la justicia reparadora.
Pero también allí existieron claras injusticias pues eludieron la justicia, oficiales y civiles con amplio poder de decisión y mando, perpetradores de crímenes aberrantes y delitos económicos y sociales; igualándose con aquellos muy jóvenes oficiales imposibilitados de enfrentar el cumplimiento de las órdenes emanadas desde el poder cívico-militar dominante. Compartiendo el pensamiento de Balsa y de Gotti de que “… el alcance necesariamente restringido de los juicios reinventó la historia y atribuyó la culpa a un solo grupo social –los militares- exculpando (no culpables, igual a inocente) a todos aquellos civiles que abandonaron el terreno para la creación del terrorismo de Estado”.
Esto, no solo aún está pendiente, sino que es hora de comenzar a encararlo, ya que los actores sociales nunca reconocieron su participación, y mucho menos sus errores –no creo en ellos, creo más bien en un accionar deliberadamente antipopular- y la violencia enraizada en la sociedad argentina de los años 70 es “consecuencia de la impunidad que reinó para los usurpadores del poder en los golpes militares anteriores y –muy particularmente- la violencia argentina en los años 50”, a lo que debería agregarse que aquellos usurpadores provenían de las izquierdas vernáculas, los radicales progresistas, los socialistas, además del empresariado industrial, ganadero y de los medios de comunicación.
Los asesinos de junio del 55, igual que los del 56 no sólo se encontraban entre los uniformados, sino que reconocidos políticos constituidos en verdaderos cruzados republicanos y libertarios señalaban, delataban y entregaban adversarios políticos, además de estigmatizar al adversario como enemigo moralmente innoble, prohibieron simbologías y destruyeron monumentos, profanaron cadáveres y tumbas en nombre de la libertad y el republicanismo. Y muchos golpistas civiles y militares de aquellos años -50 y 60- alcanzaron “las máximas jerarquías y cargos en las Fuerzas Armadas” y en cargos Ministeriales y en la Justicia en posteriores gobiernos democráticos.
Pero pareciera que solo podemos recordar a aquellos que golpearon las puertas de los cuarteles, integraron los gobiernos dictatoriales y de facto, o se enriquecieron bastamente durante aquellos períodos y olvidamos precisamente a aquellos otros que fueron cómplices de los mismos al haber provocado y motivado con su accionar el golpismo militar. Omitir en esta hora la responsabilidad ante tales hechos de aquellos que escudándose en una supuesta “lucha popular” o de “defensa popular” fueron los verdaderos provocadores y encubridores de la maniobra gestada desde los centros de poder –nacionales y extranjeros- para derrocar gobiernos constitucionales populares, es traicionar a la historia y la justicia.
Los “derechos humanos” no solo fueron violados por los civiles y militares golpistas, sino que también los violaron aquellos que escudándose tras la máscara de “luchadores sociales”, “luchadores revolucionarios” o “luchadores populares” asesinaron civiles y militares, conscriptos, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos en emboscadas, atentados y asesinatos. Fueron tan miserables, facciosos y perpetradores como sus oponentes cívico-militares, ellos también se creyeron una “casta salvadora”, iluminados y preclaros conductores de un pobre pueblo inmaduro y conducible por un “viejo y carcamán” líder que los había usado y traicionado.
Olvidar, u ocultar parte importante de la historia, o negarla no va a contribuir a superar las diferencias internas y los desencuentros nacionales, pues la prevención a la violación a los derechos humanos por la totalidad del pueblo argentino –y no sólo por las instituciones militares- debe fundarse en un muy profundo cambio cultural y fáctico, que se asiente realmente en la verdad histórica totalizadora, y no en parcialidades maniqueas como se viene realizando desde el comienzo del presente siglo XXI; donde sectores sociales se creen con el derecho a estigmatizar y parcializar los hechos acaecidos y donde coparticiparon los sectores del terrorismo de Estado y los sectores del terrorismo antipopular y anticonstitucional que se levantaron en armas –sedición- contra un Gobierno Democrático legalmente y libremente elegido por una mayoría abrumadora de votos populares.
Las Fuerzas Armadas Argentinas realizaron durante los 90 y luego las autocríticas y los imprescindibles pedidos de perdón, además de tomar medidas conducentes a la modernización institucional, lo que conllevó la aceptación de aquel cambio cultural, desde lo educativo, y desde la generación de vasos comunicantes entre sus Institutos de formación militar y las instituciones educativas civiles, donde se reconcientizaron en que nunca un militar debe obedecer una orden que manifiestamente constituya la comisión de un delito; pero aquellos “militantes” de la llamada lucha popular –muchos de ellos hoy y ayer funcionarios, legisladores o jueces encumbrados, o integrantes de seudo organizaciones de derechos humanos- no solo no realizaron la autocrítica y el pedido de perdón por ellos y por sus camaradas caídos u ocultos, sino que se levantan aún hoy con el dedo acusador pretendiendo darnos cátedra de civilidad y republicanismo.
Unos y otros son absolutamente responsables de haber roto con la continuidad democrática, atentando arteramente contra la Constitución Nacional y las leyes de la Patria, ya que ambos sectores se arrogaron el derecho de imponer su ideología y sus designios por medio de las armas, siendo necesario que hoy el Estado y las instituciones democráticas –la escuela, la universidad, el empresariado y las centrales obreras, las iglesias y la justicia- en el contexto de una acción docente constante, estrecha y desarrollada desde los máximos niveles esclarezca desde la más temprana niñez al pueblo argentino.
Pero como bien dice Martín Balsa, “la prevención –y la educación- no es ajena de la persecución criminal de quienes violaron los derechos inalienables; ello es tema central no sólo en nuestro país sino en los países que hacen tránsito desde una dictadura a un régimen democrático”, y para que esto se haga realidad es necesario que la persecución criminal alcance no sólo a los militares, sino especialmente a los civiles de ambos bandos en pugna y que fueron quizás mucho más responsables que los mismos cuadros militares de baja graduación. Si no se está de acuerdo con el perdón y el olvido –expresado por Menem y Duhalde- y “se considera que no existe transición sin sanción criminal contra los ofensores a los derechos humanos” (y como lo aclara Balsa) como se optó en nuestro país, la “punición de los delitos de lesa humanidad está cabalmente contemplada en la legislación penal argentina”, no debiendo apelar a otros institutos pero sin parcializar los actos y los actores con lo cual se avanzaría seriamente en “evitar la repetición de un luctuoso pasado, eliminándose todo vestigio de relativismo moral y jurídico”, judicializar los actos tanto de los militares y civiles del terrorismo de Estado como el de los “combatientes populares” que se alzaron contra el gobierno democrático y dieron la excusa a los golpistas.
El otro aspecto reclamado –el del pacto de silencio, de mendacidad y contumacia persistente establecido entre los perpetradores- la historia y el paso del tiempo nos mostrará cuan profundo termina siendo, ya que unos y otros lo mantienen a raja tabla, unos facciosamente y los otros ocultando y parcializando la historia, colocándose en el lugar de víctimas e idealistas equivocados o consecuentes ideológicos de las teorías revolucionarias imperantes. Ambos sectores siguen en la negación y en la justificación –cada uno con sus propios argumentos y defensores- de los hechos y en el perverso sentido del “espíritu de cuerpo delictual”.
“La actitud hacia la memoria y la verdad histórica, por parte de ambos sectores –golpistas y combatientes populares- comprometidos con los crímenes, continúa aferrada a la negación, al olvido y a una total reluctancia a la democracia”, aclara y comparto por lo que quebrar el pacto de silencio será una obligación de todos los argentinos que aman profundamente a la Patria y a su Pueblo.
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
Arq. José Marcelino García Rozado
Secretario General MESA POLITICO SINDICAL JOSE IGNACIO RUCCI.
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