Función de la televisión pública

Un canal de TV en manos del Estado no puede ser un instrumento al servicio de las conveniencias políticas del Gobierno.

Cuando el Canal 7 comenzó a definirse a sí mismo como el exponente natural y emblemático de una supuesta "televisión pública", la novedad fue recibida en distintos sectores de la población con genuino optimismo. La utilización de ese prometedor eslogan invitaba a suponer que la tradicional emisora del Estado se iba a comprometer por fin con la defensa del auténtico interés cultural en beneficio de todos. Y muchos concibieron la ilusión de que el Canal 7 dejaría de operar como un instrumento al servicio de las exclusivas conveniencias políticas del gobierno de turno.

Lamentablemente, los hechos demostraron que esa visión optimista alentada por muchos era totalmente infundada. El canal oficial de televisión no modificó prácticamente nada y siguió emitiendo programas concebidos con una evidente intención panfletaria, a través de la cual se aseguraba la defensa de los intereses políticos e ideológicos del oficialismo y de sus seguidores.

Con posterioridad, la designación de Tristán Bauer al frente de la emisora generó una nueva expectativa de cambio e invitó a suponer que se produciría una mejora efectiva en el nivel de calidad de los programas del canal oficial.

El público no olvidaba la eficiente labor cumplida por Bauer en la conducción del canal Encuentro, producido en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, que hasta hoy se distingue como un aporte altamente estimable en el espectro de la televisión local. Pero tampoco en esta oportunidad las buenas expectativas respecto del Canal 7 quedaron satisfechas. La emisora ha continuado brindando una programación que en forma descarada satisface únicamente el interés político y el oportunismo de los gobernantes de turno, especialmente en lo que atañe al contenido informativo de las emisiones.

Está claro que sigue existiendo en nuestro país una lamentable equivocación respecto de la finalidad que deben tener los medios de comunicación que conduce el Estado. Se confunde el legítimo interés cultural o educativo del conjunto social con el efímero y transitorio beneficio político del sector que ejerce ocasionalmente el gobierno de la República.

La participación del Estado en la explotación directa de espacios radiofónicos o televisivos sólo se debería justificar cuando existe la clara intención de transmitir al público un conjunto de mensajes e informaciones de naturaleza cultural, que contribuya de manera notoria a su mejor formación educativa e intelectual, o que coadyuve a su elevación y dignificación espiritual.

La presencia del Estado en los medios de comunicación se desnaturaliza y se envilece, cuando detrás del material que se difunde asoma el propósito evidente de divulgar consignas ideológicas o políticas que se corresponden neta y claramente con las necesidades específicas del gobierno de turno.

Es de esperar que el profesionalismo y la autoridad probada de quienes ejercen hoy la conducción del Canal 7 sean más fuertes y convincentes que las presiones generadas desde lo alto del poder político en defensa de sus conveniencias ocasionales. Es de desear también que se cumpla alguna vez el anunciado propósito de convertir a ese estratégico medio informativo del Estado en un instrumento representativo de los intereses generales de la comunidad. Y que se concrete la existencia de una auténtica "televisión pública", identificada con la difusión de los valores y elementos culturales que elevan y dignifican al conjunto de la sociedad.

Es necesario que se comprenda la distancia profunda que media entre el interés permanente del Estado y el beneficio transitorio y pasajero de quienes sólo están procurando defender un espacio de poder político-partidario que se agota en los límites de su propia parcialidad.

Editorial La Nación

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