Como era de esperar, las “organizaciones defensoras de derechos humanos” protestaron inmediatamente ante la posibilidad sugerida por la mandataria chilena.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, aceptó hoy la posibilidad de discutir un indulto a militares condenados por “violaciones a los derechos humanos”.
“No he analizado ese tema en particular. No me cierro a mirar todas las propuestas que lleguen y mirar cuál es el grado de acuerdo que podemos tener en la sociedad chilena”, dijo la mandataria.
Bachelet hizo el comentario en una radio, consultada sobre la posibilidad de dictar un indulto masivo a los presos políticos chilenos, como lo pide la Iglesia católica, con motivo del bicentenario de la independencia, en 2010.
El comentario, hecho ante una pregunta periodística, provocó el “malestar” inmediato de las “organizaciones de derechos humanos”.
“La presidenta no puede equivocarse, no puede cometer un error tan sentido, tan profundo”, dijo a Mireya García, vocera de la “Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos” (AFDD).
“Ella tiene una responsabilidad mayor que ningún otro presidente” agregó la dirigente, en relación a la condición de ex prisionera política de Bachelet.
También surgieron voces críticas desde el gobierno, aunque más cautas. El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, también ex detenido durante el gobierno de Pinochet, rechazó la opción de un indulto general.
“No puede haber una vista gorda con ‘violaciones masivas de los derechos humanos’ y, por lo tanto, el que fue castigado fue castigado y el indulto en esas circunstancias no va”, dijo.
No obstante, matizó que la respuesta de Bachelet sólo apuntaría a algunos casos específicos.
Consciente de las sensibilidades que el tema despierta, la propia Bachelet también buscó suavizar sus dichos durante la entrevista. “Los presidentes podemos tomar decisiones sobre muchos temas, pero hay temas que son particularmente delicados, y por eso creo que yo no me cierro a mirar este tema seriamente”, sostuvo.
Actualmente, unos 711 agentes civiles y uniformados de las Fuerzas de Seguridad están procesados, pero sólo 50 de ellos tienen condenas definitivas.
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