Por León Guinsburg
Indudablemente, los sucesos de Villa Soldati y el desmanejo del Gobierno de la Ciudad abona que Cristina Fernández tome al toro por las astas y coloque al frente del organismo a alguien familiarizada con temas de estrategia como Nilda Garré.
Captó la Presidenta que los ejes invasivos de la delincuencia mayor giran en torno a una concepción operativa propia de ejércitos organizados, con cúpula y estructura piramidal, cuyas centrales radican fuera del país y que dentro de él , actúan desde lujosas residencias hasta los espacios más precarizados de los centros urbanos. Allí se refugian vendedores de droga y sicarios, además de otras expresiones del delito, imponiendo un sistema de dominación por el terror a la población más pobre y marginada.
Resulta esencia diferenciar marginación de marginalidad. La primera refleja modos de pobreza extrema por desocupación, subocupación y sus consecuencias sociales, económicas y alimentarias; la segundo, en tanto, entiende a una ruptura grupal del cordón umbilical que une a la los ciudadanos con las reglas de convivencia social.
Habiéndose ensanchado la franja marginal –no solamente en los cinturones de pobreza sino también en oficinas de la City- a partir de las terroríficas políticas del Proceso, siguiendo por los fracasos de los 80 y la plena vigencia del modelo neoliberal en los 90 hasta el 2003, la extensión generacional del hecho marginal amenaza convertirse en casi incontrolable, como sucede en Colombia, México, algunos países de Centroamérica, Perú y Brasil y otros en modo más acotado, de mayor a menor, sin obviar nutridos bolsones en el propio USA.
Según expertos, resulta alarmante el efecto multiplicador. Sostienen que en virtud de contacto directo con asociales y además persistencia de situaciones de pobreza extrema, sin ser generalidad no es extraño que hijos y nietos de trabajadores expulsados de sus fuentes laborales desde los 70, no hayan podido sustraerse a la tentación de trasvasarse al campo de la marginalidad, alentados, ante la falta de empleo, por formas fáciles de obtener dinero. Y bien sabido es que una vez que se entra, se torna dificultoso salir, porque se trata de una contracultura impuesta.
La decadencia de la escuela pública –a causa de políticas promotoras de la educación privada-, contribuyó en gran medida al debilitamiento de los factores igualitarios de instrucción, que comprendían a todas las clases sociales. El guardapolvo blanco y el secundario oficial unían a pobres, clase media y pudientes en la convivencia, el compañerismo y el ejemplo, además de nivelar la calidad educativa. La indiferencia o la desidia oficial de esos tiempos no previeron las consecuencias psicosociales de la separación drástica de personas en formación por situación económica, resultando por lógica perjudicado el sector más humilde, perjuicio agravado por políticas de exclusión.
LAS POLÍTICAS CONDUCENTES
Se vislumbra voluntad de reversión en el accionar oficial, pero las formas marginales en particular requieren especial atención. No se trata solamente de combatir el flagelo delictivo bajo modos convencionales únicamente. De poco serviría si no se lleva a cabo paralelamente una vigora política social que acabe drásticamente con la pobreza estructural. Y educativa también, ya que la federalización “sui generis” instrumentada bajo óptica neoliberal dio resultados contraproducentes.
Con la designación de Garré se desprende que la dedicación del nuevo ministerio a implementar un concepto estratégico de defensa contra el avance de los grandes negocios criminales, apunta a una metodología que sin ser estrictamente militar se le parezca mucho. No se trata de movilizar a las Fuerzas Armadas, como en Brasil y Colombia, sino de trabajar con acabados cuadros de situación, asumiendo que el país es un enorme teatro de operaciones. Existe conciencia que las mafias organizadas cuenta con conducción, cuadros, estamentos subordinados y soldados, y también con información y logística; un verdadero y eficiente ejército. Por todo ello, el desafío es crucial.
Indefectiblemente, necesitará Garré, para obtener éxito, de acciones de otros estadios ministeriales, además de un presupuesto acorde. El área educativa deberá pensar en una reforma que contemple la conducción centralizada y la ejecución descentralizada, con el retorno de algunos niveles educativos a jurisdicción nacional. Igual deberá hacer Salud. En Justicia, la reformulación del sistema carcelario -que fuera tema de estudio en diversas oportunidades-, tendrán que concebirse direccionando hacia la reinserción social del delincuente los establecimientos penales, inculcando aprecio al trabajo, aprendizaje de oficios y profesiones y conocimiento humanístico en forma efectiva y material, acabando con la idea de los depósitos para expiación.
Las áreas sociales –por su parte-, necesitarán incursionar en la elaboración de estrategias de Estado, como la materialización de un sector o que cumpla las veces de policía social –inclusive uniformado-, integrado por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y otros profesionales de los tantos que egresan de los claustros y carecen de ocupación efectiva o acorde con sus títulos. Asimismo, y dentro del proyecto estratégico, coordinar políticas de Estado con ONGs que se desempeñan en distintas franjas marginales no delincuenciales, como los niños de la calle, el cirujeo y la mendicidad.
En cuanto a vivienda, ya se sabe y se actúa en función de hecho social y no exclusivamente inmobiliario.
El camino aparece claro y se percibe que se está en el primer tramo de un largo recorrido.
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