Por Adrián Ventura
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, hizo una aparición importante, tanto por lo que dijo como por lo que no pudo probar.
Garré instó a la gente que protesta a no cometer delitos. "El Estado no renunciará a garantizar el orden", afirmó. Es, acaso, la primera vez que un funcionario del actual gobierno toma el concepto de orden. El Poder Ejecutivo, aun siendo coherente con su posición de no reprimir con armas la protesta, advierte que está perdiendo el control de la calle. Esto es lo que explica que, en un breve plazo, los jueces federales Daniel Rafecas y Luis Armella hayan ordenado detenciones e indagatorias a quienes ocuparon tierras o cortaron vías del tren.
En el otro extremo de la línea discursiva del Gobierno, aparece la denuncia del complot. Sólo la imaginación de un gobierno y su pretensión de victimizarse pueden haber involucrado en conspiraciones a los medios, el Partido Obrero (PO), el gremio de gastronómicos o Eduardo Duhalde.
La estrategia del Gobierno, que vuelve una y otra vez sobre ese modelo de denuncia pública, apunta a convertir a quienes piensan distinto en sospechosos políticos. Es un método sencillo y económico, porque la sola acusación política alcanza para procesar y condenar, en un sólo acto, al réprobo de turno.
Sin embargo, habría que preguntarse por qué el Gobierno, si realmente está convencido de que es blanco de un complot, no presenta una denuncia, formal y seria, en la que pruebe ante un juez que el Poder Ejecutivo es víctima del delito de atentado contra los poderes públicos y el orden constitucional, como establece el Código Penal. La respuesta es sencilla: no es tan simple acusar a alguien de un delito como probarlo seriamente. En los hechos ocurridos el jueves último, sin duda, se cometieron distintos delitos. El corte de vías del ferrocarril Roca en Avellaneda superó el nivel de la protesta legítima para dar paso a delitos concretos: en principio, el de interrupción de los medios de transporte y, tal vez, el de extorsión, porque los trabajadores tercerizados presionaron para obtener un fin económico, que es el de ser incorporados como personal ferroviario.
En Constitución hubo daños a la propiedad, robos, hurtos, lesiones: todo un conjunto de crímenes que se pueden perseguir con bastante facilidad, si se tiene la ayuda policial. Pero si se busca alguna pista real sobre la real existencia del complot, allí la teoría hace agua.
Fuentes cercanas a la investigación del corte de vías aseguran que no hay pista seria alguna que permita vincular a los trabajadores tercerizados que cortaron las vías con Duhalde. "La interpretación oficial es puro voluntarismo", dijo quien más conoce la intimidad de la pesquisa.
Hay un segundo dato: ni el juez Armella, que investiga aquella causa, ni el fiscal Alejandro Molina Pico, que investiga los hechos de Constitución, cruzaron la información ni leyeron, cada uno, el expediente que lleva el otro. ¿Cómo puede afirmarse, entonces, que en ambos casos actuaron los mismos grupos, con la conducción de los mismos dirigentes?
Garré hizo una denuncia contra militantes del PO, pero en ningún momento pudo probar su vinculación con Duhalde, al que ella aludió como "un candidato que sabe y puede".
Hay, entre el discurso político y las causas penales una laguna que el Gobierno debería preocuparse por sortear.
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