Por Adrián Ventura
Este año, los argentinos viviremos varias novedades que se incorporaron con la nueva ley de partidos políticos, número 26.571, sancionada en diciembre de 2009:
El 14 de agosto se harán las elecciones primarias abiertas (no limitadas a los afiliados de cada partido), simultáneas (para todos los partidos) y obligatorias (para todos los ciudadanos).
Allí, los partidos seleccionarán a sus candidatos a las presidenciales, que se harán muy poco tiempo después, el 23 de octubre. Eventualmente, podrá hacerse el ballottage. Y, todo eso convivirá con distintos turnos electorales en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Habrá mucha campaña y poco tiempo para la gestión política.
Si dos partidos quieren conformar una alianza tendrán tiempo hasta fines de junio. Es decir, después de las elecciones primarias, ya no se podrá hacer alianzas y las fórmulas consagradas en esos comicios serán las que participen en los nacionales.
Los partidos que en las elecciones primarias no obtengan el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos no podrán participar de las nacionales. Es posible que algunas agrupaciones pequeñas se queden en el camino.
La ley establece un límite absurdo, que será imposible de respetar y sólo servirá para justificar sanciones o reproches: la campaña electoral de cada partido comenzará 30 días antes de las internas, es decir, a comienzos de agosto. Sin embargo, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Ernesto Sanz y otros muchos candidatos ya hicieron públicas sus aspiraciones. Si bien todos los partidos votaron la ley de partidos, los candidatos no pueden darse el lujo de demorar hasta agosto para buscar su posicionamiento electoral.
A diferencia de años anteriores, ahora los partidos no podrán contratar espacios de publicidad televisiva y radial, algo que les permite asegurar su llegada al público -aunque insume más del 70 por ciento del presupuesto partidario-. Ahora gozarán de espacios gratuitos, que los medios deben ceder obligatoriamente. Pero la oposición teme que el Gobierno los relegue a los horarios marginales, mientras que el Poder Ejecutivo, que puede mostrar actos de gestión, ni siquiera necesita usar esos espacios.
La ley fue sancionada con el apoyo de legisladores y partidos que, ahora, ven difícil o inconveniente su cumplimiento. Muchos políticos y no pocos jueces creyeron que la norma terminaría por ser suspendida, como ocurrió en 2002. Pero, en aquel entonces, el propio PJ necesitaba esa salida, mientras que, ahora, el peronismo kirchnerista (el PK) insiste en su aplicación para acorralar a la oposición.
Lo cierto es que, hasta este momento, ningún partido pidió la suspensión ni la inconstitucionalidad de la ley.
De todas formas, más allá de los rigores que impone el texto, está el desafío del Gobierno y de la oposición de proponer soluciones y programas serios para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza. El problema no está en la ley, sino en la falta de imaginación de la política.
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