Aunque nadie lo confiese, las noticias con que nuestro vecino se regala un presente de decencia y de transparencia son terriblemente preocupantes para quienes aquí, desde la función pública o la actividad privada, se enriquecieron durante la "década-ganada-por-tan-pocos". La apertura del proceso contra Luiz Inácio Lula da Silva y su familia, que incluye el pedido de detención, y las severas condenas que, en el marco de la operación "Petrolão", recibieron Marcelo Odebrecht, Presidente de la mayor constructora de la región, varios de sus colegas, decenas de sus ejecutivos y funcionarios públicos de todo nivel, señalan la llegada de una ola que está recorriendo toda América del Sur y está llevando a la cloaca de la historia a los populismos regionales.
El duro castigo obedeció a haberse probado que las compañías, además de "cartelizar" las ofertas en las licitaciones de Petrobras, habían distribuido sobornos entre innumerables empleados jerárquicos de la compañía estatal para obtener contratos, retornos que luego subían por la línea de mando hasta llegar a la cúpula del Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula y Dilma Rousseff, ésta cada vez más cerca de la destitución, y sirvieron para la financiación ilegal de sus campañas, amén de llenar las cajas de seguridad bancarias de muchos. Para tener una idea de la magnitud del "Petrolão" baste recordar que un solo gerente de Petrobras devolvió ¡cien millones de dólares! con su delación premiada y, aún así, fue condenado a doce años de prisión.
Por idénticas razones, están presos João Santana, publicitario artífice de los sucesivos triunfos de ambos, y una larga lista de importantísimos senadores y diputados federales y estaduales, gobernadores, intendentes, jerarcas del PT, etc. y, en la cárcel, comparten las celdas con anteriores condenados, sobre todo Jose Dirceu, ex Jefe de Gabinete de Lula, éstos por otra investigación penal, el "Mensalão", relacionada con las compras de votos en ambas cámaras para la aprobación de los proyectos de ley.
Las investigaciones de corrupción continúan a toda marcha en varios países, como Estados Unidos, Uruguay y Suiza, y algunas de ellas involucran a ex funcionarios argentinos relevantes: Julio de Vido, Ricardo Jaime, Carlos Zannini, Mariano Recalde, Anímal Fernández, Roberto Dromi, ninguno de los cuales movía un dedo sin orden expresa de los Kirchner, y a empresarios como Cristóbal López y Gerardo Ferreyra, por temas tales como la compra de aviones, los delitos en la FIFA, la venta de Transener, la compra de campos, el movimiento de fondos sucios a través de los sistemas bancarios, el lavado de dinero y la inexplicable riqueza de tantos; todos continúan en libertad, pese a encontrarse aquí algunos condenados por crímenes gravísimos.
Todo eso pudo suceder por la vigencia de la figura del arrepentido que, para reducir su propia pena, está dispuesto a denunciar a otros involucrados, aportando las pruebas necesarias para avanzar; como parte del acuerdo entre los reos y los jueces y fiscales, aquéllos también deben entregar lo robado. Tan pronto termine la discusión parlamentaria sobre la solución del tema de los holdouts, el Presidente Macri enviará al Congreso un proyecto para crear aquí esa figura, incluyendo la confiscación inmediata de los bienes mal habidos.
Ha trascendido que el PJ prestará su apoyo a la iniciativa sólo para algunos delitos pero no habilitándola para las investigaciones por corrupción y lavado de dinero, que es donde más se necesita; la razón es obvia, ya que muchos de los actuales legisladores han sido, recientemente, funcionarios ejecutivos en sus respectivas provincias o en la administración nacional y saben que crear un instrumento así haría peligrar sus fortunas y sus libertades. Será responsabilidad de la sociedad civil presionar para que sancione rápidamente la norma, que permitirá avanzar en el combate contra este flagelo antes que las acciones penales prescriban, y del Consejo de la Magistratura informar a todos los jueces federales que castigará severamente cualquier injustificada dilación en las investigaciones y en los procesos; la citación al desprestigiadísimo Juez Oyarbide, por mal desempeño, es un buen comienzo.
Un punto aún no analizado suficientemente es la repercusión que los hechos pueden tener sobre la paz ciudadana. Mientras Lula convoca a sus militantes a blindar su libertad en la calle, una mayoritaria porción de los brasileños se ha citado para manifestarse en todo el país hoy mismo; la magnitud del éxito de la convocatoria puede estimarse al verificar que seis millones de personas ya han comprometido, en Facebook, su asistencia. Aquí podría suceder algo parecido -y el Gobierno deberá estar preparado- cuando doña Cristina comparezca a prestar declaración indagatoria ante el Juez Claudio Bonadío; aunque el antiguo poder de su ¿Frente para la Qué? se diluye con una pasmosa celeridad, lo cierto es que podría poner en las puertas de Comodoro Py más de cien mil violentos energúmenos.
Volviendo al Poder Legislativo, la semana trajo novedades positivas para la democracia. Me refiero a que, dado que ninguno de los partidos tiene mayorías propias, han renacido en él la discusión y la negociación de los proyectos, que durante la extendida década pasada habían desaparecido por la fuerza de cerebros cerrados y brazos enyesados.
Ese nuevo escenario político deberá ponerse las pilas para terminar con el mayor problema que afecta a nuestra economía: la inflación, originada en el monstruoso déficit de 7% del PBI y la gigantesca emisión monetaria, remedio que encontró el genial Axel Kiciloff para financiarlo. Deberá darle al Ejecutivo los medios necesarios para lograr que comiencen a llegar inversiones productivas que, además de aumentar la oferta de bienes y, consecuentemente, reducir el precio de los mismos; seguramente, comenzarán por créditos de los organismos multilaterales, que se destinarán a la infraestructura y generarán empleo genuino. La sociedad no puede soportar más ese verdadero impuesto encubierto, que tanto merma el poder adquisitivo del salario, pero tampoco permanecerá impávida si los millones de ñoquis que sobran fueran despedidos sin contar con la posibilidad de reubicarse en el sector privado.
Si Mauricio Macri, que cumple cien días en el Gobierno, logra frenar la inflación sin caer en la recesión, habrá pavimentado su camino hacia las elecciones legislativas del año próximo y, obviamente, hacia su reelección en 2019. Por todos, por usted y por mí, ojalá pueda hacerlo.
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