Por Juan Carlos Neves
De hecho, y tal cual comentamos en el mes de agosto, la inflación tiende definidamente a bajar, llevada por la recesión y por algunas medidas de fondo como la contención de la emisión. Por su parte, esto permitirá un descenso de las tasas de interés y atraerá un previsible flujo de capitales productivos, lo que promoverá un crecimiento lento pero sólido en los próximos trimestres.
También el desafortunado episodio de la suba de las tarifas, concretada con múltiples errores de ejecución, tiende a regularizarse con la ayuda de la Corte Suprema y de un baño de sensatez y humildad, no sin dejar una secuela de daño tanto al prestigio como al ambicioso programa de reducción de subsidios previsto por el gobierno.
En la medida en que se pueda mantener contenida y controlada la reacción social que todo ajuste conlleva, hasta que las variables comiencen a ser favorables, el frente económico podrá estabilizarse y solo quedará firme, como enemigo declarado, el núcleo conformado por la izquierda dura, los seguidores ciegos que responden a Cristina Fernández y los grupos de montoneros y demás movimientos radicalizados. El resto, incluyendo los gremialistas tradicionales agrupados en la CGT, el PJ, el Frente Renovador y demás expresiones políticas, constituyen la oposición natural que cumple su rol y que no pone en peligro al sistema institucional.
Sin embargo, no son estos los únicos desafíos que debe enfrentar el gobierno, ni los únicos frentes en que debe mostrar congruencia y aptitud. Las noticias de los acelerados contactos con Gran Bretaña, realizados con la expresa intención de atender al pedido de que Argentina ceda en las objeciones a la extracción de petróleo y gas por compañías británicas en Malvinas y autorice vuelos directos por sobre su espacio aéreo, preanuncian un conflicto interno de proporciones que el gobierno no parece evaluar en toda su gravedad.
Desde el punto de vista estratégico toda acción que permita a un usurpador disminuir sus costos y aumentar los beneficios en la tierra ocupada, favorece el “status quo” del invasor, debilita las demandas de soberanía y resta argumentos para que se avenga a negociar el tema central. También desalienta el apoyo que terceros países del ámbito regional han brindado aun a costa de afectar sus relaciones con Gran Bretaña.
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Argentina establece, respecto de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur que “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.” y la Ley 23.775 declara como provincia al territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sujetos los territorios litigiosos a los tratados que se establezcan. Va de suyo que autorizar a la potencia que usurpa el territorio a explotar recursos no renovables como el petróleo y el gas, en la Zona Económica Exclusiva de Malvinas, afecta seriamente a la soberanía nacional y a los intereses de la provincia, además de contraponerse al espíritu y la letra de lo legislado.
Aunque todo esto es más que suficiente para que rechacemos con énfasis el acuerdo que se plantea hay un factor más que el gobierno parece desconocer y lo encamina hacia otro de los errores políticos propios de una falta de sensibilidad frecuente. Malvinas no es una cuestión menor desde el punto de vista de las emociones que son tan importantes como la razón a la hora de predecir las actitudes humanas. Por Malvinas hemos luchado y sufrido bajas. En el fondo del mar yacen buques como el Crucero Belgrano, en su territorio descansan restos de nuestras aeronaves y en su cementerio duermen el sueño final, cientos de nuestros combatientes. En cada colegio, en cada centro de veteranos, en cada conciencia argentina, Malvinas despierta sentimientos más o menos profundos, pero siempre presentes. ¿Cree el gobierno que puede firmar un acuerdo como el que se esboza sin suscitar las más duras y viscerales reacciones? ¿Podrá alguna participación o tajada en la explotación petrolera o algún negocio con empresarios británicos convencer a la ciudadanía de que no estamos vendiendo nuestros derechos y la sangre de nuestros muertos a cambio de un beneficio económico menor?
Ignorar estos interrogantes constituirá un error mayúsculo que aún estamos a tiempo de evitar y por eso ponemos el mayor empeño en hacer llegar este mensaje.
Hay también un sector que apoyó masivamente con sus votos al gobierno de Cambiemos y que ha comenzado a sufrir un duro desencanto. Me refiero a “la gran familia militar, policial y de las fuerzas de seguridad” que engloba a retirados, sus parientes y grupos afines. Se esperaba que el gobierno terminara con “el curro de los derechos humanos” traducido en una continuidad de juicios que han perdido todo sustento jurídico y que se multiplican con su secuela interminable de nuevos detenidos y con el pago de indemnizaciones a parientes de terroristas, sean ellos “desaparecidos”, muertos en combate, ejecutados por sus pares o escapados del país. Los juicios en Tucumán y Santiago del Estero son los nuevos escenarios en que vemos a militares juzgados por defender por las armas al país bajo órdenes impartidas durante un gobierno constitucional o enfrentados a estrados en que los jueces registran vínculos inocultables con los querellantes.
Lo más grave en estos juicios, con respecto al gobierno, es que la Secretaría de Derechos Humanos toma partido presentándose como querellante, mientras mantiene el secreto sobre los listados de personas que recibieron indemnizaciones e ignora las repetidas denuncias acerca de las violaciones de los derechos humanos de los detenidos por delitos denominados de “lesa humanidad” como si esos detenidos no tuvieran la condición de humanos. A esta altura queda claro que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación debería ser reemplazado por un jurista que acredite imparcialidad y que deberían tomarse medidas urgentes para frenar el listado de muertos en prisión, la permanencia en prisión preventiva más allá de todo plazo procesal y el encono con que se mantiene en prisión a ancianos enfermos en condiciones precarias. Violar derechos humanos en nombre de los derechos humanos es la incongruencia más profunda que puede atribuirse a un gobierno, un sistema judicial y una sociedad moralmente justa.
No caben dudas que todo esto también tendrá su peso a la hora de evaluar el voto del sector, en la próxima contienda electoral.
Finalmente vale detenerse en otra de las grandes deudas pendientes que este gobierno arrastra y que comienza a hacer suya a medida que pasan los meses. La inseguridad o, para ser más enfático, la criminalidad que nos azota.
El punto que más nos inspiró a la reflexión fue el caso de un médico que fue asaltado a mano armada, golpeado, pisado con su propio vehículo y que luego de enfrentar y matar al delincuente tuvo que soportar no solo las amenazas de sus familiares, sino también múltiples cuestionamientos jurídicos y mediáticos que analizan su accionar hasta poner en duda su condición de víctima.
La Ministra de Defensa manifestó acertadamente que el asaltado era la única víctima, pero el Ministro de Justicia la contradijo y declaró que las víctimas fueron “el médico, la persona que murió y toda la sociedad”. Este tipo de declaraciones que se tipifican como “políticamente correctas” diluyendo la responsabilidad entre el delincuente, la víctima del delito que cometió el pecado de defenderse con eficacia y toda una sociedad que sostiene infructuosamente con sus impuestos a un sistema judicial y policial con la esperanza que la defienda, nos muestran que el problema de la inseguridad no tiene solución si no hay resolución y compromiso político.
Si un delincuente puede golpearte, robarte, atropellarte y cuestionan que te defiendas de la mejor manera posible, no solo está mal la justicia sino la cultura social.
Los que creen que el ser humano es un títere de su entorno social y no puede distinguir el bien del mal, niegan la libertad y la responsabilidad del individuo. Si queremos vivir en una sociedad en la que no rija la ley de la selva, debemos ser capaces de priorizar los derechos del ciudadano que cumple la ley sobre los que eligen violarla y delinquir. Esto vale tanto en la calle como en la función pública y debería ser tenido en cuenta a la hora de legislar y de perseguir al delito.
El gobierno podrá probablemente arreglar la economía, pero no puede conducir una nación sin atender a su soberanía, sin cerrar las heridas que la venganza montonera mantiene siempre frescas y ardientes y sin jugarse para defender a sus ciudadanos en un país azotado por el delito y la criminalidad. Estos son los desafíos y atenderlos es una tarea imprescindible para no caer en las incongruencias que quitan credibilidad y seriedad.
Esperamos sinceramente que aquellos a quienes otorgamos la responsabilidad de gobernarnos sepan escuchar y actuar en consecuencia.
Juan Carlos Neves - Primer Secretario General - Nueva Unión Ciudadana (NUC)
No hay comentarios:
Publicar un comentario