jueves, 29 de septiembre de 2016

MACRI NOS ENGAÑÓ: EL "CURRO DE LOS DDHH" NO SE VA A DETENER


En una reunión se reafirmaron los "juicios de lesa humanidad" como política de Estado.

A pedido de los organismos de derechos humanos volvió a reunirse después de más de un año la Comisión Interpoderes para analizar la situación de los juicios a presos por causas políticas.



El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, convocó a una reunión donde jueces, legisladores y funcionarios del Ejecutivo reafirmaron que los juicios de lesa humanidad constituyen una “política de Estado”.

El encuentro había sido solicitado por "referentes de los organismos", para expresar sus “preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”. Tras la reunión, el abogado de abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, concluyó: “Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los procesos”.

La Comisión Interpoderes fue creada por la Corte Suprema en 2008 durante el gobierno de Néstor Kirchner con la misión de acelerar los juicios de lesa humanidad y se había reunido por última vez en agosto de 2015 durante el gobierno de su sucesora, Cristina Fernández. 

Hace dos semanas, Lorenzetti recibió a referentes del movimiento de derechos humanos y se comprometió a continuar con estos juicios contra los uniformados que combatieron el terrorismo.

Lorenzetti estuvo acompañado por uno de los nuevos ministros de la Corte, Horacio Rosatti, algo que fue bien recibido por los "organismos de derechos humanos". Además, hubo varios jueces de la Cámara Federal de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar. Estuvo también la Procuradora, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez, y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina Varsky. Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fue el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, junto a miembros de su equipo.


El abogado querellante Pablo Llonto, (quien colaboró con el CELS en los juicios a las Juntas Militares y representa a familiares de desaparecidos) afirmó que "el encuentro fue muy favorable"

Por parte de los organismos estuvieron también Taty Almeida, de madres de Plaza de Mayo línea fundadora; Lita Boitano, de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas; Carlos Pisoni, de hijos; José Schullman, de la liga argentina por los derechos del hombre; Diego Morales, del cels, Adriana Taboada, de la comisión de Campo de Mayo, y Carlos López de Belva, director de la comisión de derechos humanos de la federación de colegios de abogados (FACA).

Los referentes de derechos humanos entregaron un petitorio, basado en un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el que se advierte “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la confirmación de sentencias”. Pidieron que se agilice el nombramiento de jueces para conformar tribunales y que tanto en la Corte como en Casación se creen Secretarías para analizar recursos relacionados con esas causas, entre otras cosas. “Lo importante fue que en el núcleo de la discusión todos estuvimos de acuerdo:
hay que reforzar estos juicios, acelerarlos y cuidarlos”, concluyó Iud.



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