El jueves 24 de mayo se cumplió la convocatoria para reunirse frente a la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a los efectos de presentar un petitorio al señor ministro Dr. Germán Carlos Garavano.
Cuando se encontraban frente al ministerio los familiares, camaradas y amigos de los Presos Políticos que están detenidos y siendo juzgados por haber luchado contra el terrorismo en la década de los años ’70, un grupo de trabajadores de ATE -que se encontraban en el mismo lugar- iniciaron una agresión injustificada contra quienes se estaban reuniendo pacíficamente. Se puso en evidencia era la expresión de la grieta más profunda que divide a los argentinos, esa que especialmente las autoridades del gobierno no mencionan y prefieren ignorar para postergar una decisión que permita cerrar esa herida.
A continuación el petitorio que fuera entregado.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2017.
Señor Ministro de Justicia
Dr. Germán Carlos Garavano
P r e s e n t e
De nuestra consideración:
Partiendo de la base de que tanto por formación académica como por investidura institucional usted conoce -o debiera conocer- el Derecho, pareciera innecesario recordarle que los miles de procesos judiciales iniciados a instancias del régimen kirchnerista contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles de edad avanzada, se han llevado a cabo en gravísima violación a los principios más básicos del orden jurídico y a las más elementales garantías del debido proceso.
Con seguridad también sabe -o debiera saber- que lo anterior no se trata de una mera opinión, sino de un juicio pronunciado por personalidades relevantes del país y del extranjero. Hasta un reputado jurista alemán, citado profusamente por los jueces prevaricadores de la Argentina, ha tenido que aclarar que sus tesis no son compatibles con los agravios sistemáticos que aquellos han cometido contra los principios de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, ne bis in idem, nulla poena sine lege, juez natural, igualdad ante la ley y aplicación de la ley penal más benigna.
Es penoso que los juicios no sólo violen irresponsablemente los principios más antiguos y universales del derecho penal y del proceso regular. Malo también que a esas graves violaciones se agreguen otras que descalifican dos veces los juicios considerados. Los jueces sólo quieren condenar, no juzgar; manipulan la prueba disponible, reducen a una parcialidad las fuentes de búsqueda, prescinden incluso de la prueba específica y de las circunstancias particulares que informan cada caso, distorsionan el derecho común aplicado con inteligencia y sabiduría durante más de un siglo por los jueces argentinos, prolongan y multiplican perversamente las causas para mortificar a los presos que llevan 15 años sometidos a juicios que, basados en testimonios visiblemente parciales y enconados, restauran el conflicto de los '70 con relatos descarados de falsa memoria
Algunos –tal vez usted mismo, señor Ministro– quizás suponen, encastillados en una falsa prudencia, que estas cosas son meramente contingentes, que ya pasarán, sin dejar huella en la Argentina. Creen que algunos miles de personas, azuzadas por medios de comunicación y oportunistas dirigentes políticos y sociales de todas las extracciones, tienen derecho a exigir en la plaza y con amenazas el cambio de un fallo legalmente impecable de la Corte Suprema. No se inmutan cuando el jefe de la mayoría del Senado de la Nación –quien, para peor, es abogado- descalifica a los jueces de dicho Tribunal que votaron de acuerdo a derecho, afirmando que les faltó calle.
Sepan que están equivocados, señor Ministro. La debilidad institucional de la Argentina, sumada a la inseguridad jurídica generalizada, la anomia y corrupción reinantes y la delincuencia que campea en las calles -todo tan evidente, salvo para ciegos que guían a otros ciegos-, son la lógica consecuencia del abandono que se ha hecho del Derecho y de su objeto: la Justicia.
Pero lo peor, lo más grave, posiblemente sea que el motor principal de esta empresa criminal haya sido el odio. Si -como vulgarmente se dice- la unión hace la fuerza, en la Argentina cierta unión está forjada en el odio; y de ese odio militante e implacable nace la fuerza ante la cual retroceden atemorizados, cobardes, los que deberían restaurar la justicia, recuperar la concordia y refundar la república.
Va de suyo que la criminalización unidireccional y sectorial que prepotentemente se impulsó desde el año 2003, riñe por completo con “la verdad, la memoria y la justicia”, mantra de cabecera de las organizaciones que impulsan esos juicios con el guiño estatal. Pero lo más grave no es que los jueces se encuentren amedrentados o directamente controlados por estos desacreditados sectores de reconocida filiación, sino que se haya sumado a ello la coalición que gobierna, ignorando la responsabilidad que tiene de velar por el cumplimiento de las leyes y preservar la estructura republicana de nuestro destartalado país.
En efecto, la parte sana de nuestro país ha visto con estupor que, luego del fallo inobjetable de la Corte rápida y malamente bautizado como el ‘caso 2x1’ y después también de un primer y raro hermetismo oficial justificado por un declamado respeto por ‘la independencia del poder judicial’, de repente Ministros, Diputados y Senadores del espectro oficialista y hasta el mismo Presidente de la Nación, corridos por los titulares del pequeño diario Página 12, se lanzaron impúdicamente a rivalizar con aquellos grupos fundamentalistas, sumándose a los condicionamientos, críticas y hasta amenazas dirigidas contra los jueces que habían fallado… con independencia.
Para colmo, en 24 horas el gobierno impulsó y logró la sanción de una ley que será tenida como modelo de verdadero mamarracho jurídico.
¿De qué otro modo calificar a un Congreso que reforma por unanimidad una ley derogada? ¿Cómo consentir que a veinte años vista se consagre una interpretación ‘auténtica’ de una ley largamente interpretada por los jueces que son los únicos encargados de hacerlo? ¿Cómo disimular el pertinaz olvido de la ley penal más benigna? ¿Formará esa regla en el derecho de gentes? ¿Hay que tomar en serio a Zaffaroni y a la jueza Garrigós de Rébori?
¿Será posible, como se ha empezado difundir en ciertos medios, que hasta la propia Corte se autodestruya dando marcha atrás respecto de un fallo que precisamente impide semejante cosa? Mientras tanto, los personeros de los organismos de derechos humanos vienen a la Argentina a visitar a Milagro Sala, al general Milani y a Báez, permitiéndose decirnos cómo debemos aplicar, no ya nuestras leyes, sino las directivas que ellos mismos cocinan al fuego de su ideología.
Y los que más fuerte aplauden son los que alguna vez clamaban por una patria justa, libre y soberana.
Habiendo llegado a este punto de nuestra interminable decadencia, estando comprobado que a pesar del cambio de gobierno todo sigue igual y que las esperanzas de los presos políticos argentinos son enterradas por la repelente hipocresía de quienes han establecido para ellos una pena de muerte encubierta, cabe preguntarse: ¿tienen valor los preciosismos y justezas técnicas en un país de jueces mediocres o corruptos, leyes variables y gobernantes incorregibles? ¿Cómo interpelar seriamente a un presidente que todos los días suma esfuerzos y datos para parecerse a todo lo anterior?
Pareciera que ya no tiene caso entrar en alambiques jurídicos cuando todos saben de qué hablan y disimulan, cuando todos saben cuál es la verdad pero sostienen a rajatabla la mentira, cuando funcionarios y dirigentes sociales y políticos nos dicen cosas y nos hacen promesas en privado, para luego decir y hacer lo contrario en público.
Tampoco sirve pontificar que hay que ser político y que todo es parte de la política, porque la política no es – no debería ser – pura hipocresía y fallutería.
El verdadero problema de hoy es intrínsecamente moral; y en ese campo la honestidad es lo que más pesa. Por eso va siendo hora de salir a rescatar, por encima de lo jurídico, la moral. Porque en la más completa inmoralidad en que vivimos se está ninguneando el Derecho y justificando cualquier cosa con falsas moralinas y falsas invocaciones a la justicia.
Por todo lo expuesto sostenemos y solicitamos al Señor Ministro:
1. Que el gobierno que usted integra corre el serio riesgo de perder la adhesión de los argentinos que aspiramos al restablecimiento de las instituciones de la República.
2. Que es inadmisible que una turbamulta o mezquinos cálculos electorales, marquen el rumbo del gobierno o condicionen la función de la Corte Suprema de Justicia.
3. Que ejercer presión desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la Corte Suprema para que se desdiga, apelando a un engendro con apariencia de ley para impedir que se haga justicia con más de 2.000 presos políticos y se les aplique la pena de muerte en forma encubierta, constituye una iniquidad y una vergüenza que pasarán a la historia, sumadas a los gigantescos prevaricatos cometidos durante el kirchnerismo.
4. Que a juicio de las Academias Nacionales de Derecho y de Ciencias Morales y Políticas, los más destacados juristas y gente con sentido común, la ley sancionada y promulgada ha sido calificada como absurda y anticonstitucional.
5. Que es preferible, para bien de la República, que el gobierno sea coherente con su por ahora nada más declamado respeto por la independencia del Poder Judicial, asumiendo el costo político de su necesaria retractación.
6. Que el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los organismos que dependen directa o indirectamente de la autoridad del Presidente de la Nación -incluida la inefable Secretaría de Derechos Humanos-, cese de inmediato su sobreactuación ante los Tribunales como parte querellante en los juicios llamados de ‘lesa humanidad’.
7. Que el gobierno nacional emplee todos sus recursos para reparar de manera integral el olvido y abandono en que deliberadamente ha sumido a las víctimas del terrorismo en la Argentina.
8. Que el gobierno nacional cese de inmediato en su política o simple actividad de recompensar con cargos públicos, honores y dinero de los argentinos a quienes desde el terrorismo atacaron a nuestras instituciones, nuestra libertad, nuestra cultura y nuestra economía.
9. Que el gobierno nacional, por todos los medios a su alcance, que no son pocos ni mucho menos débiles, haga cesar de inmediato toda clase de presión o intromisión sobre y en la función de la Corte Suprema de Justicia, disponiendo con urgencia las medidas necesarias para que el Poder Judicial recupere el principal sentido de su misión, cual es garantizar la plena vigencia del Derecho en beneficio de todos los habitantes de la República Argentina.
Saludamos a usted atentamente.
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Unión de Promociones
Foro de Almirantes Retirados
Foro de Generales Retirados
Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo
Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina
Hijos y Nietos de Presos Políticos
Pacificación Nacional Definitiva
Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos (CES Salta)
Prensa Republicana
Señor Ministro de Justicia
Dr. Germán Carlos Garavano
P r e s e n t e
De nuestra consideración:
Partiendo de la base de que tanto por formación académica como por investidura institucional usted conoce -o debiera conocer- el Derecho, pareciera innecesario recordarle que los miles de procesos judiciales iniciados a instancias del régimen kirchnerista contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles de edad avanzada, se han llevado a cabo en gravísima violación a los principios más básicos del orden jurídico y a las más elementales garantías del debido proceso.
Con seguridad también sabe -o debiera saber- que lo anterior no se trata de una mera opinión, sino de un juicio pronunciado por personalidades relevantes del país y del extranjero. Hasta un reputado jurista alemán, citado profusamente por los jueces prevaricadores de la Argentina, ha tenido que aclarar que sus tesis no son compatibles con los agravios sistemáticos que aquellos han cometido contra los principios de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, ne bis in idem, nulla poena sine lege, juez natural, igualdad ante la ley y aplicación de la ley penal más benigna.
Es penoso que los juicios no sólo violen irresponsablemente los principios más antiguos y universales del derecho penal y del proceso regular. Malo también que a esas graves violaciones se agreguen otras que descalifican dos veces los juicios considerados. Los jueces sólo quieren condenar, no juzgar; manipulan la prueba disponible, reducen a una parcialidad las fuentes de búsqueda, prescinden incluso de la prueba específica y de las circunstancias particulares que informan cada caso, distorsionan el derecho común aplicado con inteligencia y sabiduría durante más de un siglo por los jueces argentinos, prolongan y multiplican perversamente las causas para mortificar a los presos que llevan 15 años sometidos a juicios que, basados en testimonios visiblemente parciales y enconados, restauran el conflicto de los '70 con relatos descarados de falsa memoria
Algunos –tal vez usted mismo, señor Ministro– quizás suponen, encastillados en una falsa prudencia, que estas cosas son meramente contingentes, que ya pasarán, sin dejar huella en la Argentina. Creen que algunos miles de personas, azuzadas por medios de comunicación y oportunistas dirigentes políticos y sociales de todas las extracciones, tienen derecho a exigir en la plaza y con amenazas el cambio de un fallo legalmente impecable de la Corte Suprema. No se inmutan cuando el jefe de la mayoría del Senado de la Nación –quien, para peor, es abogado- descalifica a los jueces de dicho Tribunal que votaron de acuerdo a derecho, afirmando que les faltó calle.
Sepan que están equivocados, señor Ministro. La debilidad institucional de la Argentina, sumada a la inseguridad jurídica generalizada, la anomia y corrupción reinantes y la delincuencia que campea en las calles -todo tan evidente, salvo para ciegos que guían a otros ciegos-, son la lógica consecuencia del abandono que se ha hecho del Derecho y de su objeto: la Justicia.
Pero lo peor, lo más grave, posiblemente sea que el motor principal de esta empresa criminal haya sido el odio. Si -como vulgarmente se dice- la unión hace la fuerza, en la Argentina cierta unión está forjada en el odio; y de ese odio militante e implacable nace la fuerza ante la cual retroceden atemorizados, cobardes, los que deberían restaurar la justicia, recuperar la concordia y refundar la república.
Va de suyo que la criminalización unidireccional y sectorial que prepotentemente se impulsó desde el año 2003, riñe por completo con “la verdad, la memoria y la justicia”, mantra de cabecera de las organizaciones que impulsan esos juicios con el guiño estatal. Pero lo más grave no es que los jueces se encuentren amedrentados o directamente controlados por estos desacreditados sectores de reconocida filiación, sino que se haya sumado a ello la coalición que gobierna, ignorando la responsabilidad que tiene de velar por el cumplimiento de las leyes y preservar la estructura republicana de nuestro destartalado país.
En efecto, la parte sana de nuestro país ha visto con estupor que, luego del fallo inobjetable de la Corte rápida y malamente bautizado como el ‘caso 2x1’ y después también de un primer y raro hermetismo oficial justificado por un declamado respeto por ‘la independencia del poder judicial’, de repente Ministros, Diputados y Senadores del espectro oficialista y hasta el mismo Presidente de la Nación, corridos por los titulares del pequeño diario Página 12, se lanzaron impúdicamente a rivalizar con aquellos grupos fundamentalistas, sumándose a los condicionamientos, críticas y hasta amenazas dirigidas contra los jueces que habían fallado… con independencia.
Para colmo, en 24 horas el gobierno impulsó y logró la sanción de una ley que será tenida como modelo de verdadero mamarracho jurídico.
¿De qué otro modo calificar a un Congreso que reforma por unanimidad una ley derogada? ¿Cómo consentir que a veinte años vista se consagre una interpretación ‘auténtica’ de una ley largamente interpretada por los jueces que son los únicos encargados de hacerlo? ¿Cómo disimular el pertinaz olvido de la ley penal más benigna? ¿Formará esa regla en el derecho de gentes? ¿Hay que tomar en serio a Zaffaroni y a la jueza Garrigós de Rébori?
¿Será posible, como se ha empezado difundir en ciertos medios, que hasta la propia Corte se autodestruya dando marcha atrás respecto de un fallo que precisamente impide semejante cosa? Mientras tanto, los personeros de los organismos de derechos humanos vienen a la Argentina a visitar a Milagro Sala, al general Milani y a Báez, permitiéndose decirnos cómo debemos aplicar, no ya nuestras leyes, sino las directivas que ellos mismos cocinan al fuego de su ideología.
Y los que más fuerte aplauden son los que alguna vez clamaban por una patria justa, libre y soberana.
Habiendo llegado a este punto de nuestra interminable decadencia, estando comprobado que a pesar del cambio de gobierno todo sigue igual y que las esperanzas de los presos políticos argentinos son enterradas por la repelente hipocresía de quienes han establecido para ellos una pena de muerte encubierta, cabe preguntarse: ¿tienen valor los preciosismos y justezas técnicas en un país de jueces mediocres o corruptos, leyes variables y gobernantes incorregibles? ¿Cómo interpelar seriamente a un presidente que todos los días suma esfuerzos y datos para parecerse a todo lo anterior?
Pareciera que ya no tiene caso entrar en alambiques jurídicos cuando todos saben de qué hablan y disimulan, cuando todos saben cuál es la verdad pero sostienen a rajatabla la mentira, cuando funcionarios y dirigentes sociales y políticos nos dicen cosas y nos hacen promesas en privado, para luego decir y hacer lo contrario en público.
Tampoco sirve pontificar que hay que ser político y que todo es parte de la política, porque la política no es – no debería ser – pura hipocresía y fallutería.
El verdadero problema de hoy es intrínsecamente moral; y en ese campo la honestidad es lo que más pesa. Por eso va siendo hora de salir a rescatar, por encima de lo jurídico, la moral. Porque en la más completa inmoralidad en que vivimos se está ninguneando el Derecho y justificando cualquier cosa con falsas moralinas y falsas invocaciones a la justicia.
Por todo lo expuesto sostenemos y solicitamos al Señor Ministro:
1. Que el gobierno que usted integra corre el serio riesgo de perder la adhesión de los argentinos que aspiramos al restablecimiento de las instituciones de la República.
2. Que es inadmisible que una turbamulta o mezquinos cálculos electorales, marquen el rumbo del gobierno o condicionen la función de la Corte Suprema de Justicia.
3. Que ejercer presión desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la Corte Suprema para que se desdiga, apelando a un engendro con apariencia de ley para impedir que se haga justicia con más de 2.000 presos políticos y se les aplique la pena de muerte en forma encubierta, constituye una iniquidad y una vergüenza que pasarán a la historia, sumadas a los gigantescos prevaricatos cometidos durante el kirchnerismo.
4. Que a juicio de las Academias Nacionales de Derecho y de Ciencias Morales y Políticas, los más destacados juristas y gente con sentido común, la ley sancionada y promulgada ha sido calificada como absurda y anticonstitucional.
5. Que es preferible, para bien de la República, que el gobierno sea coherente con su por ahora nada más declamado respeto por la independencia del Poder Judicial, asumiendo el costo político de su necesaria retractación.
6. Que el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los organismos que dependen directa o indirectamente de la autoridad del Presidente de la Nación -incluida la inefable Secretaría de Derechos Humanos-, cese de inmediato su sobreactuación ante los Tribunales como parte querellante en los juicios llamados de ‘lesa humanidad’.
7. Que el gobierno nacional emplee todos sus recursos para reparar de manera integral el olvido y abandono en que deliberadamente ha sumido a las víctimas del terrorismo en la Argentina.
8. Que el gobierno nacional cese de inmediato en su política o simple actividad de recompensar con cargos públicos, honores y dinero de los argentinos a quienes desde el terrorismo atacaron a nuestras instituciones, nuestra libertad, nuestra cultura y nuestra economía.
9. Que el gobierno nacional, por todos los medios a su alcance, que no son pocos ni mucho menos débiles, haga cesar de inmediato toda clase de presión o intromisión sobre y en la función de la Corte Suprema de Justicia, disponiendo con urgencia las medidas necesarias para que el Poder Judicial recupere el principal sentido de su misión, cual es garantizar la plena vigencia del Derecho en beneficio de todos los habitantes de la República Argentina.
Saludamos a usted atentamente.
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Unión de Promociones
Foro de Almirantes Retirados
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Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo
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