La vivienda había sido apropiada durante el Gobierno cívico-militar. Un juez declaró nula la escritura de venta a una persona ya fallecida. Ordenó que los actuales moradores la desalojen.
HEREDERO. Walter Martínez, uno de los hijos del matrimonio que vivió en Fructuoso Rivera 1035, donde funcionó la casa operativa del ERP. Foto:Fino Pizarro
En la vivienda sita en Fructuoso Rivera 1035 (Córdoba) vivía el matrimonio integrado por Victoria Abdonur y Héctor Eliseo Martínez Navarro (ambos integrantes de la organización terrorista Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT-ERP) junto a sus tres hijos, Walter Rubén, Laura Edith y César Adrián Martínez, de 7, 6 y 1 año, respectivamente.
En esa casa, en apariencia igual a cualquier otra, se ocultaba en un sótano de dos subsuelos, una sofisticada imprenta clandestina en la que el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT-ERP editaba sus pasquines para difundir información sobre sus tropelías y también libros para la circulación de su ideología subversiva. Pero no solo eso. En esa casa también funcionaba una base operacional de secuestros.
Una obra de ingeniería
El interior de esa casa se construyó en el más absoluto silencio y a las sombras. Tiene 8 metros de frente y 70 de profundidad. En la superficie era una vivienda familiar como cualquier otra, pero en su interior, a partir de la cocina, se podía desplegar una mesada de granito y acceder por un montacargas, que hacía las veces de ascensor, a dos subsuelos. Los obreros ingresaban el domingo por la noche, del modo más discreto posible. Era un grupo de entre 8 y 10 personas. Allí permanecían durante la semana para trabajar. Pasaban desapercibidos para los vecinos. Durante más de un año se trabajó con muchísima discreción y cautela para excavar 250 metros cúbicos de tierra, que era retirada en pequeñas bolsas de 10 kilos por día y arrojada por las noches a orillas del rio Suquía para no despertar sospechas. Contaba además con un sofisticado sistema de ventilación, con tuberías hacia la superficie y tres extractores.
Una vez concluida la construcción se instalaron las máquinas de la imprenta que funcionó desde 1974 hasta la ocupación militar y de la que salían las ediciones de “El Combatiente”, órgano del PRT; y “Estrella Roja”, órgano del ERP.
Para poder desarrollar esta actividad ilegal de carácter clandestino sin despertar sospechas, la casa era habitada por dos terroristas del PRT-ERP, Victoria Abdonur y Héctor Eliseo Martínez junto a sus tres hijos, quienes hacían una vida de barrio, encubiertos ella en su rol de ama de casa y él en su oficio de herrero, mientras sus cómplices Matilde Sánchez y Miguel Barberis (quienes realizaba la tarea de obreros gráficos en el subsuelo) se mantenían invisibles para los vecinos. Héctor Martínez buscaba diariamente a la pareja, los ocultaba en la parte trasera de su camioneta de trabajo (equipada con un doble fondo con el objetivo que para los vecinos no resulte nada sospechoso) y los introducía y sacaba de la vivienda a través de un portón al que ingresaba desde la calle, sin que nadie sospechara lo que en realidad se escondía tras esa fachada de "una familia muy normal".
Pero la información que el periodismo políticamente correcto no difunde es que además de la imprenta clandestina, en uno de los subsuelos, los terroristas tenían oculta una "cárcel del pueblo", lugar donde mantenían secuestradas a sus víctimas.
Prueba de ello es que allí fue donde estuvo cautivo el Coronel Argentino del Valle Larrabure cuando fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 en la fábrica militar de Villa María, en Córdoba. Posteriormente fue trasladado a una celda-sótano de 2 metros de altura por 1.10 de largo en Garay 3254, esquina Pasaje Bariloche, Rosario (Santa Fe), donde lo sometieron a diversas torturas detalladas en la autopsia (fracturas por martillazos y picana eléctrica en los genitales), para finalmente estrangularlo con un alambre. Según unas notas que se encontraron en la ‘cárcel del pueblo’, le ofrecieron dejarle en ‘libertad vigilada’ a cambio de enseñarles a fabricar explosivos.
La Huida de los subversivos
La familia Martínez-Abdonur logró escapar el 12 de julio de 1976. Fueron a vivir a la provincia de Buenos Aires y allí, diez meses después, fueron localizados por las Fuerzas del Ejército.
Según Walter Martinez, hijo del matrimonio "nos fuimos a Buenos Aires, donde terminamos viviendo en Jardines de Moreno. Como “jugando” nos dijeron que íbamos a cambiar nuestros nombres. El domingo 22 de mayo del ‘77, me despertaron los disparos. Era madrugada. Nos levantamos. Mi papá se quedó adentro para quemar unos papeles. Mi mamá salió con una sábana blanca, como rindiéndose, y mi hermanito en brazos. Con mi hermana estábamos a su lado. Eran del Ejército y la Policía. Estaban parapetados en la casa del frente que estaba en construcción. A mi mamá le arrancaron a mi hermano de los brazos, le taparon la cara con una bolsa. Empezaron a disparar de nuevo hasta que alguien dijo: “Le dimos”. Era mi papá. Sacaron todos los muebles de la casa. A mi mamá se la llevaron ese mismo día".
Que ocurrió con la vivienda sita en Fructuoso Rivera 1035
La casa en cuestión ubicada en la ciudad de Córdoba, tras ser abandonada por los subversivos -que fueron alertados a través de una llamada telefónica desde Buenos Aires que estaban en peligro- fue ocupada por efectivos del Grupo de Artillería Aerotransportada 4 del Tercer Cuerpo del Ejército, a cargo del Teniente Coronel Carlos Alfredo Carpani Costa el día 12 de julio de 1976.
Cuando la casa fue abandonada por el Ejército, el entonces juez federal Miguel Puga emitió un certificado a nombre de Ofelia Cejas, como depositaria judicial junto a su esposo, Héctor Varela, empleado de los tribunales federales, quien falleció hace algunos años.
Hoy, por una decisión de la Justicia Civil de primera instancia, esta casa debe volver a la familia que era la dueña en aquel momento: los herederos del matrimonio Abdonur-Martínez. El fallo, de fecha 6 de septiembre de 2017 pertenece al juez civil Manuel Esteban Rodríguez Juárez.
En él, el magistrado declaró la nulidad de una escritura pública por la cual la casa de Fructuoso Rivera 1035/39 había sido vendida a Juana Ercilia Bianchi de Jaroszowok el 1 de abril de 1976. Según quedó acreditado, esa mujer había fallecido casi tres años antes de la presunta compra de la vivienda, el 7 de agosto de 1973, en la ciudad de Rosario.
La decisión del juez Rodríguez Juárez incluye una intimación dirigida a Cejas, actual moradora, para que desaloje la vivienda.
El pedido de restitución, a partir de la declaración de la nulidad de la escritura, fue conducida por los abogados Carlos Orzaocoa y Pedro Salvadeo. Si bien es un pronunciamiento basado en reclamos civiles que puede ser apelado, el magistrado no ahorró argumentos del contexto. Dijo en un párrafo: “Dicha denuncia nos trae a la memoria una época oscura que nos tocó vivir a los argentinos, quienes nos encontrábamos a merced de un Estado dictatorial, en donde desde el propio Poder Ejecutivo, en manos de las fuerzas armadas, se elaboró un plan tendiente a la desaparición sistemática de opositores y la apropiación irregular de sus bienes”.
La decisión del juez Rodríguez Juárez incluye una intimación dirigida a Cejas, actual moradora, para que desaloje la vivienda.
El pedido de restitución, a partir de la declaración de la nulidad de la escritura, fue conducida por los abogados Carlos Orzaocoa y Pedro Salvadeo. Si bien es un pronunciamiento basado en reclamos civiles que puede ser apelado, el magistrado no ahorró argumentos del contexto. Dijo en un párrafo: “Dicha denuncia nos trae a la memoria una época oscura que nos tocó vivir a los argentinos, quienes nos encontrábamos a merced de un Estado dictatorial, en donde desde el propio Poder Ejecutivo, en manos de las fuerzas armadas, se elaboró un plan tendiente a la desaparición sistemática de opositores y la apropiación irregular de sus bienes”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario