…Finalmente las leyes enmudecieron cuando en 1973 la sociedad argentina a través de sus legisladores, resolvió considerar actos lícitos de resistencia a la opresión a verdaderos crímenes de lesa humanidad, quebrando así un orden de valores que es el sostén del derecho… “Donde callan las leyes hablan las armas”. Del Epílogo del libro Definitivamente Nunca Más del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) en marzo de 1985.
El mismo día de su asunción como presidente Cámpora emitió el Decreto 11/73 mediante el cual liberó a todos los terroristas sentenciados y en proceso. Dos días después el Congreso de la Nación dictó una “Amnistía amplia” para convalidar ese hecho consumado (Ley 20.508 del 27 de mayo de 1973). En forma simultánea disolvió la Cámara Federal en lo Penal, cuya efectividad en la lucha jurídica contra el terrorismo había producido logros evidentes y derogó la totalidad de la legislación antisubversiva. Automáticamente los nueve jueces y tres fiscales que la componían fueron cesanteados, mientras que el personal administrativo que la integraba fue redistribuido a los destinos menos deseables del Poder Judicial.
Casi en forma inmediata comenzó la intimidación y persecución contra los magistrados. El primero en sufrir un atentado fue el ex juez Carlos Malbrán, ametrallado en ambas piernas en la puerta de su casa logró regresar a la misma y refugiarse, con lo que salvó milagrosamente su vida.
La siguiente víctima fue el juez Jorge Quiroga quien, el 28 de abril de 1974 resultó asesinado por dos guerrilleros montados en una motocicleta quienes, a poco de salir de su domicilio, subieron a la acera y le dispararon a su espalda dejándolo sin vida.
El tercer intento de asesinato lo sufrió el ex juez Eduardo Munilla Lacasa quien salvó su vida gracias a una aguda percepción y rápida reacción cuando, al detener su coche ante las barreras bajas del Ferrocarril en un paso a nivel, notó que el auto a sus espaldas estaba tripulado por tres individuos con armas largas. Se bajó de su auto en forma inmediata, cruzó las vías y ya en el lado opuesto tomó una bicicleta de un vecino que le permitió llegar a su domicilio sano y salvo.
La cuarta víctima resultó el ex secretario general de la Cámara, Sr Carlos Bianco, secuestrado, maltratado y mantenido prisionero durante dos meses en una “cárcel del pueblo” del PRT-ERP. La secuencia e intensidad de los hechos descriptos convenció a los ex integrantes de la CAFEPE de la necesidad de abandonar el país para salvar sus vidas y las de sus familias.
Todos los miembros del Poder Judicial entendieron el mensaje mafioso y cuál sería el precio a pagar en el supuesto de intentar reflotar un tribunal como el disuelto. El tiempo de la justicia había finiquitado en la Argentina. Se daban entonces todas las condiciones favorables para que las organizaciones armadas ilegales pudieran imponer mediante el terrorismo un mayor dominio territorial sobre la base, no sólo de sus acciones criminales sino también de su presencia en todos los campos de la sociedad, corroborándose lo que decía su propaganda acerca de la “estrategia de guerra revolucionaria integral” en curso. El desgobierno anárquico duró solamente 49 días, al cabo de los cuales Cámpora renunció en forma forzada, luego de repetidos desplantes de Perón que se mostraba muy preocupado por el cariz que había tomado su gestión, inclinada peligrosamente hacia un estado de anarquía revolucionaria, fase previa a la toma del poder por las organizaciones armadas ilegales de ideología marxista. Su reemplazo provisorio –Raúl Lastiri– como Presidente Provisional impuesto por Perón tenía que cumplir dos tareas básicas: La primera, preparar la tercera presidencia de Juan D. Perón y la segunda, frenar la acción militar y política del socialismo marxista leninista aliado de organizaciones que se decían peronistas y que se mimetizaban vivando a Perón pero que en realidad luchaban por acceder al poder presionando al viejo líder para, en el corto plazo, reemplazarlo por un gobierno marxista. (Caso de Montoneros).
Tuvo entonces que reencausar la gestión de gobierno. A su llegada, Perón comenzó a tomar acciones en los dos campos citados. En la represión armada –erróneamente– impulsó los métodos violentos ilegales como fue la creación de la “Triple A”, al mismo tiempo que colocó un mando policial mucho más experimentado y riguroso como era el Comisario general Villar, además de modificar ciertas leyes penales.
En lo político aceleró la depuración de aquellos marxistas infiltrados en su movimiento rompiendo abruptamente con la organización Montoneros – su otrora “juventud maravillosa”- para recostarse en el viejo peronismo sindicalista y partidario.
Fue famosa su “Orden Reservada” del 1 de octubre de 1973 durante una reunión con el presidente provisional de la Nación, Raúl Lastiri, el ministro del interior Benito Llambí y todos los gobernadores. Iba dirigida a ”Los delegados del Movimiento Nacional Justicialista en las provincias” y suscripta por el Consejo Superior Peronista con la firma de Perón, ya presidente electo, que el diario La Opinión publicara el día siguiente 2 de octubre. El mencionado documento comenzaba con un cuadro de situación que caracterizaba como de guerra contra nuestra organización (el peronismo) y nuestros dirigentes, llevada a cabo por grupos marxistas terroristas y subversivos.
Decía más adelante: …para terminar con esa campaña, todos los grupos que adhieren al justicialismo, deben participar en esa lucha, la que será por todos los medios que consideren eficientes. El diario de referencia acotaba finalmente: …este documento constituye el punto más alto de la radicalización del proceso de depuración ideológica iniciado por el justicialismo, luego del asesinato del ex Secretario General de la CGT, José Rucci.
La realidad fue que ya a fines de 1973 se hizo evidente la reacción contra la actividad guerrillera de izquierda por parte de algunos sectores víctimas de sus múltiples asesinatos y de otras acciones. Los sindicatos en general y los grupos peronistas ortodoxos afectados comenzaron a actuar contra los militantes, ideólogos y dirigentes de la izquierda radicalizada, así como contra sus locales y bienes.
El mencionado documento puede completarse con las palabras expresadas por el ya presidente constitucional Juan D. Perón desde la quinta presidencial de Olivos casi cuatro meses después (el día 20 de enero de 1974), ante el sorpresivo ataque a la Guarnición militar de la localidad de Azul, el día sábado 19 de enero por un grupo de setenta subversivos terroristas del PRT-ERP: Me dirijo a todos los argentinos frente al bochornoso hecho que acaba de ocurrir en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Azul donde una partida de asaltantes terroristas realizaron un golpe de mano, mediante el cual asesinaron al jefe de la unidad, Coronel don Camilo Gay y a su señora esposa y luego de matar alevosamente a soldados y herir a un Oficial y un Suboficial, huyeron llevando como rehén al Teniente Coronel Jorge Ibarzábal (1) . Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires, ante una evidente desaprensión de sus autoridades. El gobierno del pueblo respetuoso de la Constitución y la ley, hasta hoy ha venido observando una conducta retenida frente a estos desbordes que –reitero– nada pueden justificar en la situación que vive la república. Tampoco, desde nuestro movimiento, hemos querido producir un enfrentamiento, desde que anhelamos la paz y propendemos a la unión y solidaridad de todos los argentinos, hoy ocupados en la reconstrucción y liberación nacional. Pero todo tiene un límite: tolerar por más tiempo hechos como el ocurrido en Azul, donde se ataca a una institución nacional con los más aleves procedimientos, está demostrando palmariamente que estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar contra el Estado, al que a la vez se infiltran con aviesos fines insurreccionales. Nuestro Ejército, como el resto de nuestras Fuerzas Armadas que han demostrado su acatamiento a la Constitución y a la ley, en provecho de una constitucionalización, no merecen sino el agradecimiento del pueblo argentino, que frente a lo ocurrido debe sentirse herido en lo más profundo de su sentimiento patriótico. Ya no se trata sólo de grupos de delincuentes sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección foránea, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados. Es la delincuencia asociada a un grupo de mercenarios que actúa mediante la simulación de móviles políticos tan inconfesables como inexplicables.
En consecuencia, ni el gobierno que ha recibido un mandato popular, claro y plebiscitario, ni el pueblo argentino, que ha demostrado con creces su deseo de pacificación y liberación, pueden permanecer inermes ante estos ataques abiertos a su decisión soberana, y tolerar el abierto desafío a su autoridad, que pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, cada día expuesta a la acción criminal de estas bandas de asaltantes. No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible. Por lo que sería aún peor si mediara como se sospecha una tolerancia culposa. “En consecuencia, el gobierno nacional en cumplimiento de su deber indeclinable, tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar el mal en sus raíces echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios necesarios.
El Movimiento Nacional Justicialista movilizará asimismo sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en defenderla. Pido asimismo a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partida activa en defensa de la república que es la atacada en las actuales circunstancias. Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones y que es preciso destruir antes que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro.
Pido igualmente a los compañeros trabajadores una participación activa en la labor defensiva de sus organizaciones, que tanto ha costado llevarlas al momento actual de su magnífico funcionamiento. Esas organizaciones son también objeto de la mirada codiciosa de estos elementos, muchas veces disfrazados de dirigentes. Cada trabajador tiene un poco de responsabilidad en esa defensa, y espero confiado porque los conozco, que la sabrán defender como lo han hecho en todas las ocasiones. Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que pretendemos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. Sin ello, ni la reconstrucción nacional ni la liberación serán posibles.
Yo he aceptado el gobierno como un sacrificio patriótico y porque he pensado que podría ser útil a la república; si un día llegara a persuadirme que el pueblo argentino no me acompaña en ese sacrificio no permanecería un solo día en el gobierno. Entre las pruebas que he de imponer al pueblo es esta lucha. Será, pues, la actitud de todos la que me impondrá mi futura conducta. Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo. (Lo resaltado es nuestro).
Hemos transcrito todas las palabras del presidente en ejercicio para que el lector interprete realmente el mensaje que imponía su líder a los dirigentes políticos y sindicalistas de su partido “tomar las medidas que fueran necesarias para eliminar la amenaza descrita” acentuando lo ya expresado en la Orden Reservada del 1 de octubre de 1973. Eduardo Kimel en su libro 30 años de Historia Política Argentina 1965- 1995, Ed. SRL, Bs. As., de mayo de 1996, dice respecto a la aparición de la “Alianza Anticomunista Argentina” (las “3 A” o “Triple A”) y su vínculo con el gobierno:
El Ministerio de Bienestar Social, denominado el Ministerio del Pueblo, por su conductor López Rega, apareció como el centro orientador y organizador de la violencia. El 30 de enero de 1974, la Triple A, dio a conocer una larga lista de personalidades que, según el mismo serán ajusticiadas de inmediato en el lugar en que se encuentren. Entre ellas se mencionaban a: ex coronel Luis Perlinger, ex coronel Jaime Cesio, Hugo Bressano (a) “Nahuel Moreno”, Silvio Frondizi, Mario Santucho, Armando Jaime, René Salamanca, Agustín Tosco, Rodolfo Quieto, Julio Troxler, etc. La Triple A, había surgido públicamente el 21 de noviembre de 1973 cuando se adjudicó el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Su formación y desarrollo estaban directamente relacionados con la dirección del Ministerio de Bienestar Social que suministraba la cobertura legal y logística para el desenvolvimiento de las operaciones ilegales de la represión que se emprendieron. López Rega, que acentuaba su poder personal dentro del gabinete nacional y su influencia sobre el líder del movimiento peronista, logró estrechar los lazos del llamado entorno con la derecha sindical y política, que si bien tenían disidencias en los objetivos estratégicos y las metodologías utilizadas, reconocía las coincidencias en la definición de los enemigos comunes que había que enfrentar; la JP (Juventud Peronista), la guerrilla y la izquierda. El “lopezrreguismo”, a través de la Triple A, encaró la parte pesada de esa actividad, consistente en la eliminación física de ese enemigo.
El abogado Eduardo Luis Duhalde, un conocido marxista leninista –hoy fallecido– varios años secretario de Derechos Humanos de la Nación y quien fuera director, junto con Rodolfo Ortega Peña, de la revista Militancia, en un testimonio personal que aparece en la página 218 del libro al que nos referimos precedentemente; dice textualmente:
…Los sectores de derecha del peronismo libraron una muy cruenta batalla con la juventud y los agrupamientos y tendencia más combativas o más revolucionarias. Sobre un mismo campo político se disputó la hegemonía del movimiento y el curso futuro de esa batalla. También se buscó alinear fuerzas para decidir al general Perón –cuyo liderazgo nadie ponía en duda– hacia uno u otro lado. Pero la disputa ya estaba decidida: Perón había optado por quienes aparecían desde el vamos, controlando la superestructura política y sindical, es decir la fracción dominante, expresada por José López Rega, Rucci, Lorenzo Miguel y José Ben Gelbar entre otros. Es en este esquema, que se inscribe la aparición de la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A)…
Otra bibliografía consultada, establece que la estructura orgánica funcional de la autodenominada “Triple A” se remonta a la presidencia de Lastiri (yerno de López Rega) cuando el entonces ministro de Bienestar Social, debido a amenazas, atentados y otros hechos menores –junto con necesidades políticas propias– encargó a un funcionario de su confianza que buscara a alguien que pudiera organizar el sistema de seguridad del Ministerio. En la oportunidad habría sido requerida la colaboración de un ex Oficial del Ejército Argentino (dado de baja en el grado de Teniente, por hechos estrictamente delictivos comunes): Salvador Horacio Paino, quien en un principio realizó la tarea de organizar los distintos grupos y adjudicarle los tipos de armamento y equipo. Posteriormente, Paino, fue separado y posteriormente, nuevamente encarcelado en Villa Devoto por delitos comunes. Tiempo después escribió un pequeño libro sobre la Triple A con algunas comprobadas falsedades.
También escribieron sobre esta organización de derecha varios periodistas de izquierda, como Ignacio González Yansen, un exiliado en la década del 70. En su libro La Triple A, prologado por el conocido montonero Horacio Verbitsky, acusa a una serie de pequeñas organizaciones políticas de derecha como participantes de la organización a la que nos referimos. El nombrado González Yansen dice: La federación que agrupó a los diversos núcleos de derecha peronista (CNU, JPRA, ALN, Comando de Organización, Juventud Sindical, Agrupación 20 de noviembre, Agrupación 17 de Octubre de Bienestar Social, etc.); fue impulsado por los nacionalistas de derecha que actuaban en todos los grupos y de los que, en algunos casos, eran fundadores. La realidad –dice– fue que el ministro López Rega promovió la organización, financió y armó las fuerzas de choque que constituyeron la Triple A.
Pero la mayor parte de los recursos humanos empleados fueron proporcionados por esa federación de grupos de derecha, de extracción fascista. Antiguos militantes de Tacuara y GRN, con miembros del CNU y el Comando de Organización (C de O), a las órdenes de Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón Cena …
Lo comprobado fue que la “Triple A” y los otros grupos llamados de derecha –por actuar sobre la izquierda ideológica y revolucionaria– aparecieron como reacción a los crímenes de éstas que los afectaban y evidentemente nacieron de la Orden Reservada de 1973 de Juan Domingo Perón, quien había quedado sumamente afectado por el asesinato de Rucci y los intentos de Montoneros de disputarle el poder y heredar su organización política para imponer el socialismo. (A la muerte de Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974, Mario Eduardo Firmenich viajó a Moscú y se declaró marxista leninista). Juan B Jofre, libro Nadie fue, pág 32.
En estas instancias cuando se planteaba cómo combatir a la subversión, el gobierno de Isabel Perón, trató de reeditar la idea de constituir el Tribunal Federal (CAFEPE) y muchos fueron los sectores de su partido que se expresaron en contra, invocando su impopularidad y la imposibilidad de encontrar magistrados para integrarlo. Esto llevó a que el gobierno constitucional para luchar contra el flagelo terrorista, permitiera o propiciara el accionar de organizaciones para-policiales como la Triple A, que ya estaban actuando con la aprobación del Consejo Superior Peronista.
Estos grupos armados contra la izquierda terrorista subversiva, sobre todo al principio, actuaron anárquicamente y utilizaron procedimientos ilegales, similares a los utilizados por la guerrilla (atentados, amenazas, intimaciones, asesinatos y desapariciones). Por supuesto, en el caso de la Triple A, sus acciones también formaban parte de la lucha interna ideológica y para obtener una cuota de mayor poder dentro del partido gobernante. Seis meses después de la muerte de Perón, el 9 de enero de 1975, firmado por la presidente María Estela Martínez de Perón se promulgó el Decreto Nº 2114 creando la Secretaría Privada de la Presidencia que institucionalizaba y ampliaba los poderes de López Rega.
El 5 de febrero la Presidente, con acuerdo general de sus ministros firmó el Decreto Ley (S) Nº 261 ordenando al Ejército Argentino, con apoyo de otras fuerzas, entrar en Operaciones en Tucumán contra la guerrilla rural del ERP que accionaba desde hacía más de un año en la zona del Aconquija y aledaños, incluyendo la capital, San Miguel de Tucumán.
Al asumir como comandante de la Quinta Brigada de Infantería y a la vez comandante de la Zona de Operaciones en Tucumán, el general Adel Vilas manifestó: Juro que los exterminaremos (a los guerrilleros y terroristas) con métodos convencionales y no convencionales. (Conferencia: “Persecución de la Justicia federal a las FFAA” en la Asociación Unidad Argentina - AUNAR, dada por el Dr. Florencio Varela el 30 de septiembre de 2003). Es de hacer notar que ninguno de los tres poderes que constituían el gobierno constitucional cuestionó esos dichos públicos.
Esta aseveración se está refiriendo a la doctrina inscrita en los reglamentos del Ejército Argentino que determinaban los procedimientos de combate a utilizar contra fuerzas irregulares, contra elementos subversivos y/o contra guerrillas, documentos de carácter público que eran aprobados por la máxima autoridad militar en uso de sus responsabilidades delegadas por el Poder Ejecutivo. Tales procedimientos en el caso de los llamados partisanos (combatiente que oculta la condición de tal; no usa distintivos ni uniformes y no porta sus armas al descubierto: reglamento RV 136-1, vigente a partir de 1968) así como las leyes del Derecho Humanitario –Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949– expresan, que ese personal no tendrá el derecho de ser considerado prisionero de guerra por lo que no tendrá el tratamiento pertinente al llamado Derecho de Guerra.
El año que más crecieron las organizaciones terroristas subversivas fue 1975 (a pesar de que funcionaba un gobierno constitucional y que con Perón fallecido no podían justificar “la lucha por su vuelta” como utilizaron con anterioridad para captar a los jóvenes peronistas) período en que se cometieron la mayor cantidad y calidad de crímenes y atentados, incluyendo ataques a cuarteles de las FFAA con gran cantidad de efectivos. En ese período también se incrementaron los desaparecidos y los crímenes para combatir el crecimiento de las organizaciones terroristas.
Ninguna condena ha recaído en el proceso judicial abierto para determinar quiénes han sido los responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas a manos de la “Triple A” y de otros grupos paramilitares ocurridos durante los gobiernos justicialistas de Cámpora, Lastiri, Perón y de su viuda (1973-1976). El juez federal Norberto Oyarbide declaró los secuestros y asesinatos de esa organización (Triple A) imprescriptibles por ser “delitos de lesa humanidad”. Es decir que, con esa declaración, ha admitido implícitamente que el “terrorismo de Estado” se inició antes del gobierno Perón-Perón y mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Baste para ello, analizar la fecha de las denuncias de las desapariciones del Anexo 1 del informe de la CONADEP. (ediciones 1984 y en especial el de 2006 donde hay un Anexo II para víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria anteriores al 24 de marzo de 1976. Tomo II, págs. 975 a 1.124 (alrededor de 1.423). Ver Documento 1 de la página web www.granfraudeargentino.com complementaria de este libro).
Todas las evidencias e informaciones que pudimos reunir sobre la organización de la Triple A y otras organizaciones clandestinas que accionaron contra organizaciones de izquierda armadas o no, y contra las que llevaban las banderas del “socialismo nacional” comprometidas con la subversión terrorista, nos llevan a concluir que evidentemente la primera de ellas fue creada a instancias de Perón presidente electo y todas fueron estimuladas por él y los miembros del peronismo nacionalista ortodoxo, para evitar la infiltración en el movimiento justicialista por parte de las fuerzas político-militares de izquierda (marxistas leninistas) cuyo objetivo de destruir al “Estado burgués” para reemplazarlo por el comunista de inspiración cubana, era una realidad manifiesta desde la creación de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) en 1967 como motor de la revolución bajo inspiración cubana. (Ver libro de Juan B. Yofre, Fue Cuba).
A esta altura de los acontecimientos es importante señalar que Perón se hallaba consolidado en el poder político luego de su categórico triunfo electoral (62%) y que la estrategia desarrollada por él para llegar a esta situación ya resultaba anacrónica, debido a la actitud de las principales OPM:
1º La intransigencia del PRT-ERP ante su figura (no revolucionaria).
2º La aspiración de Montoneros de heredarlo, mientras mantenía sus exigencias de ser partícipe del gobierno.
La apelación a las “formaciones especiales” que proponían su vuelta al poder compuestas por su “juventud maravillosa” que debía desarrollar una guerra integral y prolongada para imponer el “socialismo nacional” y las citas a Mao y al Che, cedieron paso a la necesidad de depurar su Movimiento Peronista para gobernar en paz. Para ello se valió de una suerte de “Somatén” (Vieja institución paramilitar española), un método ilegal y non santo que profundizó los registros de asesinados y desaparecidos de sus enemigos. López Rega fue la cara visible de esa decisión. Era evidente que el presidente Perón que necesitaba pacificar rápidamente el país para poder gobernar, no creía necesario ni conveniente –por lo menos en esos años –aplicar el poder militar para resolver el fenómeno revolucionario en la Argentina.
Casi en forma inmediata comenzó la intimidación y persecución contra los magistrados. El primero en sufrir un atentado fue el ex juez Carlos Malbrán, ametrallado en ambas piernas en la puerta de su casa logró regresar a la misma y refugiarse, con lo que salvó milagrosamente su vida.
La siguiente víctima fue el juez Jorge Quiroga quien, el 28 de abril de 1974 resultó asesinado por dos guerrilleros montados en una motocicleta quienes, a poco de salir de su domicilio, subieron a la acera y le dispararon a su espalda dejándolo sin vida.
El tercer intento de asesinato lo sufrió el ex juez Eduardo Munilla Lacasa quien salvó su vida gracias a una aguda percepción y rápida reacción cuando, al detener su coche ante las barreras bajas del Ferrocarril en un paso a nivel, notó que el auto a sus espaldas estaba tripulado por tres individuos con armas largas. Se bajó de su auto en forma inmediata, cruzó las vías y ya en el lado opuesto tomó una bicicleta de un vecino que le permitió llegar a su domicilio sano y salvo.
La cuarta víctima resultó el ex secretario general de la Cámara, Sr Carlos Bianco, secuestrado, maltratado y mantenido prisionero durante dos meses en una “cárcel del pueblo” del PRT-ERP. La secuencia e intensidad de los hechos descriptos convenció a los ex integrantes de la CAFEPE de la necesidad de abandonar el país para salvar sus vidas y las de sus familias.
Todos los miembros del Poder Judicial entendieron el mensaje mafioso y cuál sería el precio a pagar en el supuesto de intentar reflotar un tribunal como el disuelto. El tiempo de la justicia había finiquitado en la Argentina. Se daban entonces todas las condiciones favorables para que las organizaciones armadas ilegales pudieran imponer mediante el terrorismo un mayor dominio territorial sobre la base, no sólo de sus acciones criminales sino también de su presencia en todos los campos de la sociedad, corroborándose lo que decía su propaganda acerca de la “estrategia de guerra revolucionaria integral” en curso. El desgobierno anárquico duró solamente 49 días, al cabo de los cuales Cámpora renunció en forma forzada, luego de repetidos desplantes de Perón que se mostraba muy preocupado por el cariz que había tomado su gestión, inclinada peligrosamente hacia un estado de anarquía revolucionaria, fase previa a la toma del poder por las organizaciones armadas ilegales de ideología marxista. Su reemplazo provisorio –Raúl Lastiri– como Presidente Provisional impuesto por Perón tenía que cumplir dos tareas básicas: La primera, preparar la tercera presidencia de Juan D. Perón y la segunda, frenar la acción militar y política del socialismo marxista leninista aliado de organizaciones que se decían peronistas y que se mimetizaban vivando a Perón pero que en realidad luchaban por acceder al poder presionando al viejo líder para, en el corto plazo, reemplazarlo por un gobierno marxista. (Caso de Montoneros).
Tuvo entonces que reencausar la gestión de gobierno. A su llegada, Perón comenzó a tomar acciones en los dos campos citados. En la represión armada –erróneamente– impulsó los métodos violentos ilegales como fue la creación de la “Triple A”, al mismo tiempo que colocó un mando policial mucho más experimentado y riguroso como era el Comisario general Villar, además de modificar ciertas leyes penales.
En lo político aceleró la depuración de aquellos marxistas infiltrados en su movimiento rompiendo abruptamente con la organización Montoneros – su otrora “juventud maravillosa”- para recostarse en el viejo peronismo sindicalista y partidario.
Fue famosa su “Orden Reservada” del 1 de octubre de 1973 durante una reunión con el presidente provisional de la Nación, Raúl Lastiri, el ministro del interior Benito Llambí y todos los gobernadores. Iba dirigida a ”Los delegados del Movimiento Nacional Justicialista en las provincias” y suscripta por el Consejo Superior Peronista con la firma de Perón, ya presidente electo, que el diario La Opinión publicara el día siguiente 2 de octubre. El mencionado documento comenzaba con un cuadro de situación que caracterizaba como de guerra contra nuestra organización (el peronismo) y nuestros dirigentes, llevada a cabo por grupos marxistas terroristas y subversivos.
Decía más adelante: …para terminar con esa campaña, todos los grupos que adhieren al justicialismo, deben participar en esa lucha, la que será por todos los medios que consideren eficientes. El diario de referencia acotaba finalmente: …este documento constituye el punto más alto de la radicalización del proceso de depuración ideológica iniciado por el justicialismo, luego del asesinato del ex Secretario General de la CGT, José Rucci.
El mencionado documento puede completarse con las palabras expresadas por el ya presidente constitucional Juan D. Perón desde la quinta presidencial de Olivos casi cuatro meses después (el día 20 de enero de 1974), ante el sorpresivo ataque a la Guarnición militar de la localidad de Azul, el día sábado 19 de enero por un grupo de setenta subversivos terroristas del PRT-ERP: Me dirijo a todos los argentinos frente al bochornoso hecho que acaba de ocurrir en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Azul donde una partida de asaltantes terroristas realizaron un golpe de mano, mediante el cual asesinaron al jefe de la unidad, Coronel don Camilo Gay y a su señora esposa y luego de matar alevosamente a soldados y herir a un Oficial y un Suboficial, huyeron llevando como rehén al Teniente Coronel Jorge Ibarzábal (1) . Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires, ante una evidente desaprensión de sus autoridades. El gobierno del pueblo respetuoso de la Constitución y la ley, hasta hoy ha venido observando una conducta retenida frente a estos desbordes que –reitero– nada pueden justificar en la situación que vive la república. Tampoco, desde nuestro movimiento, hemos querido producir un enfrentamiento, desde que anhelamos la paz y propendemos a la unión y solidaridad de todos los argentinos, hoy ocupados en la reconstrucción y liberación nacional. Pero todo tiene un límite: tolerar por más tiempo hechos como el ocurrido en Azul, donde se ataca a una institución nacional con los más aleves procedimientos, está demostrando palmariamente que estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar contra el Estado, al que a la vez se infiltran con aviesos fines insurreccionales. Nuestro Ejército, como el resto de nuestras Fuerzas Armadas que han demostrado su acatamiento a la Constitución y a la ley, en provecho de una constitucionalización, no merecen sino el agradecimiento del pueblo argentino, que frente a lo ocurrido debe sentirse herido en lo más profundo de su sentimiento patriótico. Ya no se trata sólo de grupos de delincuentes sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección foránea, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados. Es la delincuencia asociada a un grupo de mercenarios que actúa mediante la simulación de móviles políticos tan inconfesables como inexplicables.
En consecuencia, ni el gobierno que ha recibido un mandato popular, claro y plebiscitario, ni el pueblo argentino, que ha demostrado con creces su deseo de pacificación y liberación, pueden permanecer inermes ante estos ataques abiertos a su decisión soberana, y tolerar el abierto desafío a su autoridad, que pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, cada día expuesta a la acción criminal de estas bandas de asaltantes. No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible. Por lo que sería aún peor si mediara como se sospecha una tolerancia culposa. “En consecuencia, el gobierno nacional en cumplimiento de su deber indeclinable, tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar el mal en sus raíces echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios necesarios.
El Movimiento Nacional Justicialista movilizará asimismo sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en defenderla. Pido asimismo a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partida activa en defensa de la república que es la atacada en las actuales circunstancias. Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones y que es preciso destruir antes que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro.
Pido igualmente a los compañeros trabajadores una participación activa en la labor defensiva de sus organizaciones, que tanto ha costado llevarlas al momento actual de su magnífico funcionamiento. Esas organizaciones son también objeto de la mirada codiciosa de estos elementos, muchas veces disfrazados de dirigentes. Cada trabajador tiene un poco de responsabilidad en esa defensa, y espero confiado porque los conozco, que la sabrán defender como lo han hecho en todas las ocasiones. Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que pretendemos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. Sin ello, ni la reconstrucción nacional ni la liberación serán posibles.
Yo he aceptado el gobierno como un sacrificio patriótico y porque he pensado que podría ser útil a la república; si un día llegara a persuadirme que el pueblo argentino no me acompaña en ese sacrificio no permanecería un solo día en el gobierno. Entre las pruebas que he de imponer al pueblo es esta lucha. Será, pues, la actitud de todos la que me impondrá mi futura conducta. Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo. (Lo resaltado es nuestro).
Hemos transcrito todas las palabras del presidente en ejercicio para que el lector interprete realmente el mensaje que imponía su líder a los dirigentes políticos y sindicalistas de su partido “tomar las medidas que fueran necesarias para eliminar la amenaza descrita” acentuando lo ya expresado en la Orden Reservada del 1 de octubre de 1973. Eduardo Kimel en su libro 30 años de Historia Política Argentina 1965- 1995, Ed. SRL, Bs. As., de mayo de 1996, dice respecto a la aparición de la “Alianza Anticomunista Argentina” (las “3 A” o “Triple A”) y su vínculo con el gobierno:
El Ministerio de Bienestar Social, denominado el Ministerio del Pueblo, por su conductor López Rega, apareció como el centro orientador y organizador de la violencia. El 30 de enero de 1974, la Triple A, dio a conocer una larga lista de personalidades que, según el mismo serán ajusticiadas de inmediato en el lugar en que se encuentren. Entre ellas se mencionaban a: ex coronel Luis Perlinger, ex coronel Jaime Cesio, Hugo Bressano (a) “Nahuel Moreno”, Silvio Frondizi, Mario Santucho, Armando Jaime, René Salamanca, Agustín Tosco, Rodolfo Quieto, Julio Troxler, etc. La Triple A, había surgido públicamente el 21 de noviembre de 1973 cuando se adjudicó el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Su formación y desarrollo estaban directamente relacionados con la dirección del Ministerio de Bienestar Social que suministraba la cobertura legal y logística para el desenvolvimiento de las operaciones ilegales de la represión que se emprendieron. López Rega, que acentuaba su poder personal dentro del gabinete nacional y su influencia sobre el líder del movimiento peronista, logró estrechar los lazos del llamado entorno con la derecha sindical y política, que si bien tenían disidencias en los objetivos estratégicos y las metodologías utilizadas, reconocía las coincidencias en la definición de los enemigos comunes que había que enfrentar; la JP (Juventud Peronista), la guerrilla y la izquierda. El “lopezrreguismo”, a través de la Triple A, encaró la parte pesada de esa actividad, consistente en la eliminación física de ese enemigo.
El abogado Eduardo Luis Duhalde, un conocido marxista leninista –hoy fallecido– varios años secretario de Derechos Humanos de la Nación y quien fuera director, junto con Rodolfo Ortega Peña, de la revista Militancia, en un testimonio personal que aparece en la página 218 del libro al que nos referimos precedentemente; dice textualmente:
…Los sectores de derecha del peronismo libraron una muy cruenta batalla con la juventud y los agrupamientos y tendencia más combativas o más revolucionarias. Sobre un mismo campo político se disputó la hegemonía del movimiento y el curso futuro de esa batalla. También se buscó alinear fuerzas para decidir al general Perón –cuyo liderazgo nadie ponía en duda– hacia uno u otro lado. Pero la disputa ya estaba decidida: Perón había optado por quienes aparecían desde el vamos, controlando la superestructura política y sindical, es decir la fracción dominante, expresada por José López Rega, Rucci, Lorenzo Miguel y José Ben Gelbar entre otros. Es en este esquema, que se inscribe la aparición de la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A)…
Otra bibliografía consultada, establece que la estructura orgánica funcional de la autodenominada “Triple A” se remonta a la presidencia de Lastiri (yerno de López Rega) cuando el entonces ministro de Bienestar Social, debido a amenazas, atentados y otros hechos menores –junto con necesidades políticas propias– encargó a un funcionario de su confianza que buscara a alguien que pudiera organizar el sistema de seguridad del Ministerio. En la oportunidad habría sido requerida la colaboración de un ex Oficial del Ejército Argentino (dado de baja en el grado de Teniente, por hechos estrictamente delictivos comunes): Salvador Horacio Paino, quien en un principio realizó la tarea de organizar los distintos grupos y adjudicarle los tipos de armamento y equipo. Posteriormente, Paino, fue separado y posteriormente, nuevamente encarcelado en Villa Devoto por delitos comunes. Tiempo después escribió un pequeño libro sobre la Triple A con algunas comprobadas falsedades.
También escribieron sobre esta organización de derecha varios periodistas de izquierda, como Ignacio González Yansen, un exiliado en la década del 70. En su libro La Triple A, prologado por el conocido montonero Horacio Verbitsky, acusa a una serie de pequeñas organizaciones políticas de derecha como participantes de la organización a la que nos referimos. El nombrado González Yansen dice: La federación que agrupó a los diversos núcleos de derecha peronista (CNU, JPRA, ALN, Comando de Organización, Juventud Sindical, Agrupación 20 de noviembre, Agrupación 17 de Octubre de Bienestar Social, etc.); fue impulsado por los nacionalistas de derecha que actuaban en todos los grupos y de los que, en algunos casos, eran fundadores. La realidad –dice– fue que el ministro López Rega promovió la organización, financió y armó las fuerzas de choque que constituyeron la Triple A.
Pero la mayor parte de los recursos humanos empleados fueron proporcionados por esa federación de grupos de derecha, de extracción fascista. Antiguos militantes de Tacuara y GRN, con miembros del CNU y el Comando de Organización (C de O), a las órdenes de Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón Cena …
Lo comprobado fue que la “Triple A” y los otros grupos llamados de derecha –por actuar sobre la izquierda ideológica y revolucionaria– aparecieron como reacción a los crímenes de éstas que los afectaban y evidentemente nacieron de la Orden Reservada de 1973 de Juan Domingo Perón, quien había quedado sumamente afectado por el asesinato de Rucci y los intentos de Montoneros de disputarle el poder y heredar su organización política para imponer el socialismo. (A la muerte de Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974, Mario Eduardo Firmenich viajó a Moscú y se declaró marxista leninista). Juan B Jofre, libro Nadie fue, pág 32.
En estas instancias cuando se planteaba cómo combatir a la subversión, el gobierno de Isabel Perón, trató de reeditar la idea de constituir el Tribunal Federal (CAFEPE) y muchos fueron los sectores de su partido que se expresaron en contra, invocando su impopularidad y la imposibilidad de encontrar magistrados para integrarlo. Esto llevó a que el gobierno constitucional para luchar contra el flagelo terrorista, permitiera o propiciara el accionar de organizaciones para-policiales como la Triple A, que ya estaban actuando con la aprobación del Consejo Superior Peronista.
Estos grupos armados contra la izquierda terrorista subversiva, sobre todo al principio, actuaron anárquicamente y utilizaron procedimientos ilegales, similares a los utilizados por la guerrilla (atentados, amenazas, intimaciones, asesinatos y desapariciones). Por supuesto, en el caso de la Triple A, sus acciones también formaban parte de la lucha interna ideológica y para obtener una cuota de mayor poder dentro del partido gobernante. Seis meses después de la muerte de Perón, el 9 de enero de 1975, firmado por la presidente María Estela Martínez de Perón se promulgó el Decreto Nº 2114 creando la Secretaría Privada de la Presidencia que institucionalizaba y ampliaba los poderes de López Rega.
El 5 de febrero la Presidente, con acuerdo general de sus ministros firmó el Decreto Ley (S) Nº 261 ordenando al Ejército Argentino, con apoyo de otras fuerzas, entrar en Operaciones en Tucumán contra la guerrilla rural del ERP que accionaba desde hacía más de un año en la zona del Aconquija y aledaños, incluyendo la capital, San Miguel de Tucumán.
Al asumir como comandante de la Quinta Brigada de Infantería y a la vez comandante de la Zona de Operaciones en Tucumán, el general Adel Vilas manifestó: Juro que los exterminaremos (a los guerrilleros y terroristas) con métodos convencionales y no convencionales. (Conferencia: “Persecución de la Justicia federal a las FFAA” en la Asociación Unidad Argentina - AUNAR, dada por el Dr. Florencio Varela el 30 de septiembre de 2003). Es de hacer notar que ninguno de los tres poderes que constituían el gobierno constitucional cuestionó esos dichos públicos.
Esta aseveración se está refiriendo a la doctrina inscrita en los reglamentos del Ejército Argentino que determinaban los procedimientos de combate a utilizar contra fuerzas irregulares, contra elementos subversivos y/o contra guerrillas, documentos de carácter público que eran aprobados por la máxima autoridad militar en uso de sus responsabilidades delegadas por el Poder Ejecutivo. Tales procedimientos en el caso de los llamados partisanos (combatiente que oculta la condición de tal; no usa distintivos ni uniformes y no porta sus armas al descubierto: reglamento RV 136-1, vigente a partir de 1968) así como las leyes del Derecho Humanitario –Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949– expresan, que ese personal no tendrá el derecho de ser considerado prisionero de guerra por lo que no tendrá el tratamiento pertinente al llamado Derecho de Guerra.
El año que más crecieron las organizaciones terroristas subversivas fue 1975 (a pesar de que funcionaba un gobierno constitucional y que con Perón fallecido no podían justificar “la lucha por su vuelta” como utilizaron con anterioridad para captar a los jóvenes peronistas) período en que se cometieron la mayor cantidad y calidad de crímenes y atentados, incluyendo ataques a cuarteles de las FFAA con gran cantidad de efectivos. En ese período también se incrementaron los desaparecidos y los crímenes para combatir el crecimiento de las organizaciones terroristas.
Ninguna condena ha recaído en el proceso judicial abierto para determinar quiénes han sido los responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas a manos de la “Triple A” y de otros grupos paramilitares ocurridos durante los gobiernos justicialistas de Cámpora, Lastiri, Perón y de su viuda (1973-1976). El juez federal Norberto Oyarbide declaró los secuestros y asesinatos de esa organización (Triple A) imprescriptibles por ser “delitos de lesa humanidad”. Es decir que, con esa declaración, ha admitido implícitamente que el “terrorismo de Estado” se inició antes del gobierno Perón-Perón y mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Baste para ello, analizar la fecha de las denuncias de las desapariciones del Anexo 1 del informe de la CONADEP. (ediciones 1984 y en especial el de 2006 donde hay un Anexo II para víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria anteriores al 24 de marzo de 1976. Tomo II, págs. 975 a 1.124 (alrededor de 1.423). Ver Documento 1 de la página web www.granfraudeargentino.com complementaria de este libro).
Todas las evidencias e informaciones que pudimos reunir sobre la organización de la Triple A y otras organizaciones clandestinas que accionaron contra organizaciones de izquierda armadas o no, y contra las que llevaban las banderas del “socialismo nacional” comprometidas con la subversión terrorista, nos llevan a concluir que evidentemente la primera de ellas fue creada a instancias de Perón presidente electo y todas fueron estimuladas por él y los miembros del peronismo nacionalista ortodoxo, para evitar la infiltración en el movimiento justicialista por parte de las fuerzas político-militares de izquierda (marxistas leninistas) cuyo objetivo de destruir al “Estado burgués” para reemplazarlo por el comunista de inspiración cubana, era una realidad manifiesta desde la creación de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) en 1967 como motor de la revolución bajo inspiración cubana. (Ver libro de Juan B. Yofre, Fue Cuba).
A esta altura de los acontecimientos es importante señalar que Perón se hallaba consolidado en el poder político luego de su categórico triunfo electoral (62%) y que la estrategia desarrollada por él para llegar a esta situación ya resultaba anacrónica, debido a la actitud de las principales OPM:
1º La intransigencia del PRT-ERP ante su figura (no revolucionaria).
2º La aspiración de Montoneros de heredarlo, mientras mantenía sus exigencias de ser partícipe del gobierno.
La apelación a las “formaciones especiales” que proponían su vuelta al poder compuestas por su “juventud maravillosa” que debía desarrollar una guerra integral y prolongada para imponer el “socialismo nacional” y las citas a Mao y al Che, cedieron paso a la necesidad de depurar su Movimiento Peronista para gobernar en paz. Para ello se valió de una suerte de “Somatén” (Vieja institución paramilitar española), un método ilegal y non santo que profundizó los registros de asesinados y desaparecidos de sus enemigos. López Rega fue la cara visible de esa decisión. Era evidente que el presidente Perón que necesitaba pacificar rápidamente el país para poder gobernar, no creía necesario ni conveniente –por lo menos en esos años –aplicar el poder militar para resolver el fenómeno revolucionario en la Argentina.
(1) El Teniente Coronel Jorge Ibarzábal fue recluido en una “Cárcel del Pueblo” y luego asesinado tras 10 meses de cautiverio.
ARGENTINA INÉDITA
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