Por Mauricio Ortín
Los demás siguen en una nube de gases. Con “bueyes” de esta laya viene arando la Argentina desde 1983 a la fecha. Los resultados están a la vista. El naufragio del submarino ARA San Juan reveló, en consonancia con la tragedia, el grado extremo de indigencia material en el que se encuentra la institución que supo libertar a Chile y al Perú y hundirle la mitad de la flota a Gran Bretaña. Pero, si bien los submarinos, aviones y tanques son importantes para defender la sociedad, los verdaderamente imprescindibles son los hombres. Un ejército no se hace de la noche a la mañana ni con cualquiera que anda por ahí en búsqueda de una ocupación. La tradición, basada en el heroísmo, el honor y el ejemplo de sus combatientes, constituye por lejos el más valioso capital ético de la institución militar. Capital que el Estado tiene el deber de preservar, honrar y cuidar celosamente. El soldado que, dadas las circunstancias, marchará al frente de guerra debe estar convencido de que su sacrificio valdrá la pena y que obtendrá el reconocimiento de la sociedad por la que pelea.
De allí que y sin exagerar un ápice al respecto, opino que desde 1983 en adelante la clase política argentina ha actuado con una irresponsabilidad y una desidia rayana con la traición. Lo mismo se puede decir de instituciones y colectivos como la Iglesia, los empresarios y los sindicatos; quienes asumieron en mayor o menor medida y como verdadero el relato perverso que, de la década del ’70, hicieron los sobrevivientes de ERP y Montoneros. Éste, básicamente, se fundamenta en la doble mentira del “genocidio” y de los 30.000 desaparecidos que niega los actos terroristas de los subversivos. La mentira instalada en los medios y en el discurso de los tres poderes de la Nación y de las provincias, no tardó en establecerse como “lo políticamente correcto”. Para la democracia el rol a desempeñar por los militares es el del “chivo expiatorio perfecto”; los “perejiles” a quienes endilgar sus gestiones ineptas, mediocres y, en el caso del kirchnerismo, ultracorruptas. Los ex terroristas, por su parte, borran de la memoria sus horrendos crímenes presentándose como víctimas. Linda “patriada” esta de destruir a las Fuerzas Armadas y de Seguridad proclamando, urbi et orbi, el intrínseco carácter “genocida” de sus miembros. Esa y no otra fue y es la verdadera y única política para las instituciones militares que se esconde tras el eufemismo de “Política (de Estado) en Derechos Humanos”.
En los ’70 la subversión marxista intentó acabar con las instituciones armadas con el recurso del asesinato y fracasaron; que el estado democrático, al que querían derrocar, haga ahora el trabajo del ERP y Montoneros suena ridículamente macabro. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los jueces y fiscales federales disponen de un presupuesto millonario para ese fin. Nuestros niños estudian con textos obligatorios donde el término “genocida” es sinónimo de militar. No hay dinero para equipar las FF.AA. pero sobra para demonizarlas. Los juicios de lesa humanidad El Tribunal Oral Federal de Tucumán, por ejemplo, en su fallo condenatorio en la causa, “Operativo Independencia”, sostiene que los militares ejecutaron “un plan sistemático y generalizado contra una parte de la población civil por sus ideas políticas”. El fiscal, Pablo Camuña, a su vez, dice: “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”. La falsedad de estos dos disparates no resiste el más andrajoso análisis. ¡El ERP fue la fuerza militar (¡no civil!) invasora que intentó ocupar Tucumán! ¡El Ejército Argentino fue el que lo impidió cumpliendo la orden del gobierno constitucional! Por cierto y para los señores jueces, la sigla ERP significa Ejército Revolucionario del Pueblo; la palabra clave es: E-jer-ci-to ¿Se entiende?
En medio de todo esto, la Sra. Gabriela Michetti, ya en la mitad de su gestión como vicepresidente viene a desayunarse sobre la urgente necesidad de definir una política para las Fuerzas Armadas e invita a consensuar entre todos los argentinos eso que Duran Barba no previó. Ahora bien, antes de siquiera esbozar dicha política Macri deberá resolver si hace equipo con Lorenzetti, Verbitsky, Carlotto, Pérez Esquivel, Cortiñas, Jones Huala, Del Caño, Víctor Hugo y la CIDH o se pone la camiseta de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la que es jefe. Es que, como dicen Las Sagradas Escrituras: “Nadie puede servir a dos amos”…
Mauricio Ortín
De allí que y sin exagerar un ápice al respecto, opino que desde 1983 en adelante la clase política argentina ha actuado con una irresponsabilidad y una desidia rayana con la traición. Lo mismo se puede decir de instituciones y colectivos como la Iglesia, los empresarios y los sindicatos; quienes asumieron en mayor o menor medida y como verdadero el relato perverso que, de la década del ’70, hicieron los sobrevivientes de ERP y Montoneros. Éste, básicamente, se fundamenta en la doble mentira del “genocidio” y de los 30.000 desaparecidos que niega los actos terroristas de los subversivos. La mentira instalada en los medios y en el discurso de los tres poderes de la Nación y de las provincias, no tardó en establecerse como “lo políticamente correcto”. Para la democracia el rol a desempeñar por los militares es el del “chivo expiatorio perfecto”; los “perejiles” a quienes endilgar sus gestiones ineptas, mediocres y, en el caso del kirchnerismo, ultracorruptas. Los ex terroristas, por su parte, borran de la memoria sus horrendos crímenes presentándose como víctimas. Linda “patriada” esta de destruir a las Fuerzas Armadas y de Seguridad proclamando, urbi et orbi, el intrínseco carácter “genocida” de sus miembros. Esa y no otra fue y es la verdadera y única política para las instituciones militares que se esconde tras el eufemismo de “Política (de Estado) en Derechos Humanos”.
En los ’70 la subversión marxista intentó acabar con las instituciones armadas con el recurso del asesinato y fracasaron; que el estado democrático, al que querían derrocar, haga ahora el trabajo del ERP y Montoneros suena ridículamente macabro. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los jueces y fiscales federales disponen de un presupuesto millonario para ese fin. Nuestros niños estudian con textos obligatorios donde el término “genocida” es sinónimo de militar. No hay dinero para equipar las FF.AA. pero sobra para demonizarlas. Los juicios de lesa humanidad El Tribunal Oral Federal de Tucumán, por ejemplo, en su fallo condenatorio en la causa, “Operativo Independencia”, sostiene que los militares ejecutaron “un plan sistemático y generalizado contra una parte de la población civil por sus ideas políticas”. El fiscal, Pablo Camuña, a su vez, dice: “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”. La falsedad de estos dos disparates no resiste el más andrajoso análisis. ¡El ERP fue la fuerza militar (¡no civil!) invasora que intentó ocupar Tucumán! ¡El Ejército Argentino fue el que lo impidió cumpliendo la orden del gobierno constitucional! Por cierto y para los señores jueces, la sigla ERP significa Ejército Revolucionario del Pueblo; la palabra clave es: E-jer-ci-to ¿Se entiende?
En medio de todo esto, la Sra. Gabriela Michetti, ya en la mitad de su gestión como vicepresidente viene a desayunarse sobre la urgente necesidad de definir una política para las Fuerzas Armadas e invita a consensuar entre todos los argentinos eso que Duran Barba no previó. Ahora bien, antes de siquiera esbozar dicha política Macri deberá resolver si hace equipo con Lorenzetti, Verbitsky, Carlotto, Pérez Esquivel, Cortiñas, Jones Huala, Del Caño, Víctor Hugo y la CIDH o se pone la camiseta de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la que es jefe. Es que, como dicen Las Sagradas Escrituras: “Nadie puede servir a dos amos”…
Mauricio Ortín
Centro de Estudios Salta
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