Por Enrique Guillermo Avogadro
Cuando la semana pasada escribí sobre las tormentas judiciales, no supuse que se convertirían en un violento tsunami que sacudiría hasta el sótano el siniestro edificio de Comodoro Py, donde se aloja el fuero más complicado y cuestionado de la Justicia argentina, el Penal Federal.-
Y no es para menos ya que, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, pidió al Consejo de la Magistratura nacional que investigue la forma en que fue designado, para completar transitoriamente la vacante que existe en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, hoy integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, a Eduardo Farah. Para quienes no son abogados, o no están enterados de los entresijos de la corporación, tal designación hubiera debido ser hecha por sorteo, pero Ballestero lo evitó con un retorcido argumento formal.
El alto Tribunal sospecha, aunque en el pedido no fue expresado, que hubo alguna mano negra actuando ya que, cuando fue resuelto el caso Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray, el sorprendente fallo favorable a estos delincuentes fue firmado por Ballestero y Farah, mientras que Bruglia votó en contra.
Los jueces resolvieron revocar la prisión preventiva que afectaba a los dos primeros y, lo que es muchísimo más grave, cambiar la carátula del expediente, transformando por arte de magia judicial un delito claro de defraudación en otro por evasión fiscal. El fallo será apelado la próxima semana pero, si fuera confirmado por la Cámara de Casación Federal, permitiría a López y De Souza obtener nuevas moratorias a largo plazo y baja tasa de la DGI y terminar, de ese modo, con la causa penal que los involucra; Echegaray, en ese caso, quedaría fuera de la investigación.
Se los acusa no de evadir, es decir, no pagar al Fisco lo que le corresponde legalmente, una conducta reprochable en la que incurren muchos conciudadanos, sino de no transferir a la AFIP los impuestos que cada automovilista pagó al momento de cargar combustible en las estaciones de Oil, de la que son dueños estos verdaderos caraduras, y en los que la empresa sólo actuó como agente de retención. Es lo mismo que un cajero de un banco no ingresara el dinero que sus clientes depositan en las cuentas o que un empleador se quedara con las contribuciones de los trabajadores, que le son descontadas de sus sueldos; por supuesto en otra magnitud, porque lo que estos señores robaron fue la bonita suma de ocho mil millones de pesos que, con multas e intereses, ya llega a los diecisiete mil.
Y con ese dinero claramente ajeno financiaron la alegre compra, entre muchas otras compañías, de medios de comunicación -como C5N y otros- para apoyar a los Kirchner políticamente. Era una natural compensación por los enormes negocios que los patagónicos les habilitaron durante la década saqueada, donde el juego fue una estrella siempre ascendente. Ese brutal atraco sólo pudo realizarse con el conocimiento y el permiso del ¿socio o simple empleado presidencial? Ricardo Echegaray, quien les otorgó durante años sucesivos e ilegales planes de facilidades que los cómplices incumplieron con idéntica regularidad.
Para liberarlos y minimizar el delito cometido, Ballestero y Farah sostuvieron que, como los fondos nunca habían llegado a manos de la DGI, en realidad no era un robo sino un pobre y simple ocultamiento indebido. Simularon olvidar que no se trataba de plata de estos "compañeros" sino de la nuestra. El argumento es tan falaz y endeble que, con toda razón, la Diputada Lilita Carrió se preguntó si la mano de estos jueces no fue untada con billetes por los beneficiados por el disparate, y ya formuló la correspondiente denuncia para que sea investigado ese aspecto.
La sociedad entera reaccionó con indignación, ya que está soportando una presión tributaria sideral, y las redes sociales se poblaron de "memes" con feroces críticas tanto a los curiosos magistrados cuanto a los ladrones. Todos sabemos cuánto nos cuesta pagar impuestos, se trate de ganancias, ingresos brutos, aportes patronales, IVA, combustibles, cigarrillos, etc., y que estos señores se hayan quedado con ellos, y no paguen en la cárcel por hacerlo, nos debería resultar francamente demasiado; es más, no podemos ni debemos tolerarlo sin protestar de todas las maneras posibles.
Recuerdo que el 5 de agosto de 2017, cuando nos reunimos en Plaza Lavalle para reclamar a la Corte por Justicia, causamos estupor entre los jueces. Nunca la corporación judicial se había enfrentado a la protesta masiva y respetuosa de la ciudadanía y, por un tiempo, se mostró preocupada por el absoluto descrédito que tiene entre nosotros. Pero, evidentemente, algunas resoluciones recientes del Consejo de la Magistratura y fallos como el que comento, muestran que aquella manifestación no fue suficiente, y eso nos obliga a insistir en nuestras quejas hasta que obtengamos lo que toda comunidad civilizada se merece.
¡Miremos a nuestros vecinos y aprendamos de una vez! En Uruguay, el Vicepresidente Raúl Sendic se vio obligado a renunciar por el escándalo en ANCAP cuando era la cabeza de la empresa pública; en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está al borde de ir preso por corrupción y su antecesora, Dilma Rousseff, fue expulsada de la Presidencia de la República por maquillar las cuentas públicas; en Perú, cuatro presidentes tienen problemas: Alberto Fujimori y Ollanta Humala están en prisión, Alejandro Toledo está prófugo y, esta misma semana, Pedro Pablo Kuzynski debió renunciar acusado de corrupción; y en Ecuador, el Vicepresidente Jorge Glas está detenido por el affaire Odebrecht, como varios de los nombrados antes. Y en Francia ha sido procesado nada menos que Nicolas Sarkozy por haber recibido dinero negro de Muamar el Gadafi para financiar sus campañas electorales.
Observando esa lista de canallas a los que les llegó la hora, ¿no deberíamos preguntarnos qué nos pasa? ¿No se nos debería caer la cara de vergüenza por tener como legisladores, como funcionarios y como jueces a conocidísimos e impunes delincuentes que se protegen mutuamente? ¿Cómo toleramos que tan pocos, enriquecidos a costa nuestra, se rían de tantos? Las mansiones, los haras de caballos de carrera, los autos de lujo, los aviones, las joyas y los viajes por el mundo los pagamos nosotros, con nuestros excesivos impuestos, con los hospitales y escuelas que faltan, con la salud en crisis, con la escasez de viviendas, con las cloacas y el agua potable que no están, con nuestra cotidiana inseguridad. ¿Y aún así lo soportamos calladamente, como si no existiera el camino de decencia y progreso que nos enseñaron nuestros próceres?
¿Es ésta la Argentina que queremos dejar a nuestros hijos y nietos? Mientras no modifiquemos el rumbo suicida que llevamos desde hace más de setenta años, seguiremos siendo un país cada vez más inviable, al cual sólo se arrimarán los saqueadores de toda calaña. Y para torcer ese desgraciado destino el esencial primer paso es limpiar la Justicia, desratizarla a fondo, expulsando de ella a quienes no son dignos, sea por ignorancia, por cobardía, por afán de lucro o por inhabilidad moral, de juzgar la conducta de los demás y de disponer sobre su libertad, su honor y su fortuna.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Y no es para menos ya que, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, pidió al Consejo de la Magistratura nacional que investigue la forma en que fue designado, para completar transitoriamente la vacante que existe en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, hoy integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, a Eduardo Farah. Para quienes no son abogados, o no están enterados de los entresijos de la corporación, tal designación hubiera debido ser hecha por sorteo, pero Ballestero lo evitó con un retorcido argumento formal.
El alto Tribunal sospecha, aunque en el pedido no fue expresado, que hubo alguna mano negra actuando ya que, cuando fue resuelto el caso Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray, el sorprendente fallo favorable a estos delincuentes fue firmado por Ballestero y Farah, mientras que Bruglia votó en contra.
Los jueces resolvieron revocar la prisión preventiva que afectaba a los dos primeros y, lo que es muchísimo más grave, cambiar la carátula del expediente, transformando por arte de magia judicial un delito claro de defraudación en otro por evasión fiscal. El fallo será apelado la próxima semana pero, si fuera confirmado por la Cámara de Casación Federal, permitiría a López y De Souza obtener nuevas moratorias a largo plazo y baja tasa de la DGI y terminar, de ese modo, con la causa penal que los involucra; Echegaray, en ese caso, quedaría fuera de la investigación.
Se los acusa no de evadir, es decir, no pagar al Fisco lo que le corresponde legalmente, una conducta reprochable en la que incurren muchos conciudadanos, sino de no transferir a la AFIP los impuestos que cada automovilista pagó al momento de cargar combustible en las estaciones de Oil, de la que son dueños estos verdaderos caraduras, y en los que la empresa sólo actuó como agente de retención. Es lo mismo que un cajero de un banco no ingresara el dinero que sus clientes depositan en las cuentas o que un empleador se quedara con las contribuciones de los trabajadores, que le son descontadas de sus sueldos; por supuesto en otra magnitud, porque lo que estos señores robaron fue la bonita suma de ocho mil millones de pesos que, con multas e intereses, ya llega a los diecisiete mil.
Y con ese dinero claramente ajeno financiaron la alegre compra, entre muchas otras compañías, de medios de comunicación -como C5N y otros- para apoyar a los Kirchner políticamente. Era una natural compensación por los enormes negocios que los patagónicos les habilitaron durante la década saqueada, donde el juego fue una estrella siempre ascendente. Ese brutal atraco sólo pudo realizarse con el conocimiento y el permiso del ¿socio o simple empleado presidencial? Ricardo Echegaray, quien les otorgó durante años sucesivos e ilegales planes de facilidades que los cómplices incumplieron con idéntica regularidad.
Para liberarlos y minimizar el delito cometido, Ballestero y Farah sostuvieron que, como los fondos nunca habían llegado a manos de la DGI, en realidad no era un robo sino un pobre y simple ocultamiento indebido. Simularon olvidar que no se trataba de plata de estos "compañeros" sino de la nuestra. El argumento es tan falaz y endeble que, con toda razón, la Diputada Lilita Carrió se preguntó si la mano de estos jueces no fue untada con billetes por los beneficiados por el disparate, y ya formuló la correspondiente denuncia para que sea investigado ese aspecto.
La sociedad entera reaccionó con indignación, ya que está soportando una presión tributaria sideral, y las redes sociales se poblaron de "memes" con feroces críticas tanto a los curiosos magistrados cuanto a los ladrones. Todos sabemos cuánto nos cuesta pagar impuestos, se trate de ganancias, ingresos brutos, aportes patronales, IVA, combustibles, cigarrillos, etc., y que estos señores se hayan quedado con ellos, y no paguen en la cárcel por hacerlo, nos debería resultar francamente demasiado; es más, no podemos ni debemos tolerarlo sin protestar de todas las maneras posibles.
Recuerdo que el 5 de agosto de 2017, cuando nos reunimos en Plaza Lavalle para reclamar a la Corte por Justicia, causamos estupor entre los jueces. Nunca la corporación judicial se había enfrentado a la protesta masiva y respetuosa de la ciudadanía y, por un tiempo, se mostró preocupada por el absoluto descrédito que tiene entre nosotros. Pero, evidentemente, algunas resoluciones recientes del Consejo de la Magistratura y fallos como el que comento, muestran que aquella manifestación no fue suficiente, y eso nos obliga a insistir en nuestras quejas hasta que obtengamos lo que toda comunidad civilizada se merece.
¡Miremos a nuestros vecinos y aprendamos de una vez! En Uruguay, el Vicepresidente Raúl Sendic se vio obligado a renunciar por el escándalo en ANCAP cuando era la cabeza de la empresa pública; en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está al borde de ir preso por corrupción y su antecesora, Dilma Rousseff, fue expulsada de la Presidencia de la República por maquillar las cuentas públicas; en Perú, cuatro presidentes tienen problemas: Alberto Fujimori y Ollanta Humala están en prisión, Alejandro Toledo está prófugo y, esta misma semana, Pedro Pablo Kuzynski debió renunciar acusado de corrupción; y en Ecuador, el Vicepresidente Jorge Glas está detenido por el affaire Odebrecht, como varios de los nombrados antes. Y en Francia ha sido procesado nada menos que Nicolas Sarkozy por haber recibido dinero negro de Muamar el Gadafi para financiar sus campañas electorales.
Observando esa lista de canallas a los que les llegó la hora, ¿no deberíamos preguntarnos qué nos pasa? ¿No se nos debería caer la cara de vergüenza por tener como legisladores, como funcionarios y como jueces a conocidísimos e impunes delincuentes que se protegen mutuamente? ¿Cómo toleramos que tan pocos, enriquecidos a costa nuestra, se rían de tantos? Las mansiones, los haras de caballos de carrera, los autos de lujo, los aviones, las joyas y los viajes por el mundo los pagamos nosotros, con nuestros excesivos impuestos, con los hospitales y escuelas que faltan, con la salud en crisis, con la escasez de viviendas, con las cloacas y el agua potable que no están, con nuestra cotidiana inseguridad. ¿Y aún así lo soportamos calladamente, como si no existiera el camino de decencia y progreso que nos enseñaron nuestros próceres?
¿Es ésta la Argentina que queremos dejar a nuestros hijos y nietos? Mientras no modifiquemos el rumbo suicida que llevamos desde hace más de setenta años, seguiremos siendo un país cada vez más inviable, al cual sólo se arrimarán los saqueadores de toda calaña. Y para torcer ese desgraciado destino el esencial primer paso es limpiar la Justicia, desratizarla a fondo, expulsando de ella a quienes no son dignos, sea por ignorancia, por cobardía, por afán de lucro o por inhabilidad moral, de juzgar la conducta de los demás y de disponer sobre su libertad, su honor y su fortuna.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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