La contradicción entre esa afirmación y lo expresado por la señora Graciela Fernández Meijide Secretaria de Denuncias de la CONADEP en su libro La historia íntima de los Derechos Humanos en la Argentina (Ed.Sudamericana, 2009), quien al referirse a los denunciantes expresa textualmente: jamás requeríamos a la familia la ideología, ni la militancia política del afectado… muestra de inmediato la falacia del informe que, sin haberlo preguntado, pretendía hacer aparecer a los presuntos desaparecidos como jóvenes inocentes en lugar de militantes de organizaciones armadas ilegales que, por medio del terror y el engaño de sus aspiraciones acerca de la democracia, querían instalar un gobierno marxista leninista al estilo del cubano.
La misma acotación surge del mendaz y renombrado episodio de la “noche de los lápices” en relación a sus protagonistas desaparecidos, ya que la información sobre la principal joven nombrada como inocente estudiante secundaria, María Claudia Falcone, fue desmentida por su hermano oficial montonero (último secretario de prensa de Montoneros, Ricardo Falcone) al expresar: “Mi hermana no era una chica ingenua que peleaba por el boleto estudiantil. Era una militante convencida… nuestra casa fue una escuela de lucha… Nadie nos usó ni nadie nos pagó. No fuimos perejiles como dice la película de Héctor Olivera… En el departamento donde cayó mi hermana se guardaba el arsenal de la UES de La Plata… Mi hermana no era una Caperucita Roja a la que se tragó el lobo… era una militante revolucionaria…” (Montoneros los soldados de Menem ¿soldados de Duhalde?, Viviana Gorbato, Ed Sudamericana, 1999.
Además, la propia inocencia en actividades criminales también fue desmentida y contradicha por el mismísimo Mario E. Firmenich, máximo líder de Montoneros, quien expresó –como ya se ha dicho– al periodista Jesús Quinteros las siguientes palabras publicadas el 17/03/91. “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. Hombres capaces de elegir su vida y de dejar posibilidades laborales, intelectuales, lo han hecho con conciencia, con pasión, con sacrificio, con patriotismo, con amor al prójimo y todo eso se transformó en una estupidez. No hay derecho…”
Es evidente que al “firmar” o aprobar las Conclusiones del Informe final de la CONADEP, publicado por la editorial EUDEBA con el título Nunca Más, el escritor Ernesto Sábato no analizó en detalle lo que le hacían aprobar sus poco ecuánimes colaboradores, ni preguntó sobre qué base se sacaban esas conclusiones, sin relación causal con lo registrado durante muchas de las falsas denuncias.
Si bien toda desaparición forzada significa penalmente un delito al margen de las acciones que pudiera cometer el “desaparecido”, el ocultar su militancia en una organización política armada –como eran las reconocidas en la época– contribuye mediante esa desinformación de la realidad a afirmar el “relato histórico falaz” iniciado a partir de 1974 en Europa por los enviados de Santucho en su calidad de Secretario General del PRT y Comandante del ERP para constituir el “4to Pilar” de la organización denominado: “la solidaridad internacional”.
Recordemos que tanto el genocidio como los delitos de lesa humanidad se cometen contra civiles no armados y que por eso, al ser derrotados militarmente se “convirtieron espontáneamente” en no militantes de las organizaciones político militares que querían tomar el Poder por las armas, cobijados bajo el manto de inocencia que describía el prólogo del Nunca Más. Esa acción de propaganda se multiplicó a partir de 1977 con la gran cantidad de “escapados al exterior por su militancia política armada”, más los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) autorizados a salir del país. Así organizaron nuevas estructuras de “derechos humanos” en los principales países de Europa y América Central y del Norte con un “relato” totalmente unificado, dirigido por profesionales del derecho y militantes de las organizaciones, donde presentaban la situación argentina como una persecución a jóvenes idealistas opositores donde los primeros sólo pensaban distinto y los segundos –las fuerzas legales– fueran de gobiernos de “jure” o de “facto” eran criminales que los secuestraban, encarcelaban o asesinaban para defender a sus gobiernos y a un sistema económico social injusto. Sus denuncias acusaban falazmente a los gobiernos como “socios del imperialismo internacional” y de “los empresarios explotadores de la clase obrera”.
Ese relato engañoso, falso y novelado acerca de la naturaleza de la guerra desarrollada en nuestro territorio, se agigantó a partir de la forma unilateral en que el gobierno constitucional que recibió el poder del gobierno militar de facto en 1983, trató las secuelas de la guerra interna iniciada en la década del 60. Hoy, a más de tres décadas de los sucesos y con la falta de antecedentes que podrían aportar las Fuerzas Legales por la orden de destruir todos los archivos antes de que asumieran las nuevas autoridades constitucionales, sólo restan como fuentes de información:
• Las de la Secretaría de DDHH que registraron todas las denuncias de la CONADEP.
• Las judiciales (en particular los archivos de la CAFEPE).
• Las políticas, de las sesiones del Congreso Nacional.
• Los escritos por las OPM (Libros, revistas, diarios, partes de guerra y otros documentos).
• Los periódicos de la época, archivos fílmicos y televisivos.
• Los libros escritos por autores de distintas ideologías, incluyendo ex militantes.
• Entrevistas con militantes, testigos, miembros de las fuerzas legales, etc.
• Los documentos en poder de países extranjeros.
• Los documentos en poder de la Iglesia Católica.
• Los documentos en poder de las ONG de derechos humanos.
• Familiares y amigos de los insurrectos que conozcan su militancia.
Por ello, en los documentos que presentamos en nuestra Página Web con las referencias de distintos orígenes que incluyen las de las organizaciones de derechos humanos registrada en Google y en otros libros y documentos, se puede observar –a pesar de la clandestinidad de sus miembros– que un importante número de militantes orgánicos de las distintas organizaciones figuran con su pertenencia en el listado del Anexo 1 de 1984 y los Anexos I y II con las modificaciones que la Secretaría de DDHH de la Nación efectuó en el 2006.
Sólo el tiempo y las decisiones de amistades personales y familiares podrán permitir que se conozca con mayor exactitud la militancia de cada uno de los desaparecidos, ya que transcurrida una época disminuirán los intereses particulares, beneficios o perjuicios que evitan el secreto mantenido hasta el presente. Lo que podemos expresar por las evidencias históricas es que los que condujeron la estrategia de las OPM luego de su exilio y derrota militar, tuvieron la inteligencia de explotar las condiciones políticas que se dieron gracias al posterior triunfo del Dr. Alfonsín.
Este político ganó la presidencia con una gran campaña de acción psicológica montada por el publicista David Rato aprovechando su gran capacidad de oratoria y montada sobre el fracaso de la economía del país, la derrota de Malvinas y la secuela de la guerra contra la subversión terrorista (los desaparecidos). También ayudaron en esa época sus antecedentes como fundador en diciembre de 1975 de la Asamblea de los Derechos Humanos (APDH), el haber sido defensor de subversivos detenidos, entre ellos de Mario Roberto Santucho y su actuación política de años como jefe del sector “Renovación y cambio” que había conseguido hacía poco la presidencia de la UCR.
A su frente, en la carrera a la presidencia y como candidato del Partido Justicialista, estaba el Dr. Italo Argentino Luder un destacado abogado constitucionalista y legislador que no tenía carisma suficiente para liderar la opinión pública en el momento que se vivía. Entre las razones de su derrota, se ha mencionado su posición favorable a convalidar la ley Nº 22.924 de “Pacificación Nacional” (denunciada por Alfonsín como parte del “pacto sindical-militar”), y la quema de un ataúd y una corona de papel con los signos radicales por parte del sindicalista y político, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, durante el cierre de campaña.
Con su victoria en las urnas y los primeros decretos firmados, Alfonsín logró transformar esa derrota militar de la subversión terrorista en el enfrentamiento armado de los 70, en una victoria política explotada hasta nuestros días. Para coadyuvar a esa estrategia de la subversión se debía minimizar todo lo que relacionaba a los desaparecidos con las OPM, haciendo pasar a esas víctimas como militantes sindicales, políticos, sociales y estudiantiles, cuando no totalmente ajenos a una oposición violenta de manera tal de exhibirse como inocentes de todo crimen cometido por “otros” y aparecer como víctimas, producto de una persecución irracional del Estado.
También debían alimentar “la maldad” de las fuerzas del Estado multiplicando por 4 ó 5 los números reales de desaparecidos y denunciando los tormentos reales o inventados e incrementados, para imputar a las fuerzas legales la realización de un genocidio y con ello el desprestigio internacional y la penalización judicial como venganza por su derrota. Estas denuncias falsas sobre tormentos, que muchos nunca habrían sufrido, (Ver libro Los Traidores de Carlos Manuel Acuña, Ed. Liber Liberat, 2012) tenía como objetivo impactar en la opinión pública que parecía ignorar que la mayor vulneración a los derechos humanos es el derecho a la vida que nadie respetó, ya que se trataba de una “guerra” no convencional.
Si bien todos los documentos de las OPM1 (revistas, panfletos, memorándum internos, partes de guerra, etc.) a partir de 1970 se referían a la 1 (Ver en “www.ruinasdigitales.com” las revistas editadas por las OPM en la década del 70). “Guerra revolucionaria” por ellos emprendida para derrotar a las fuerzas armadas de la república y tomar el poder político, en esta segunda etapa que ubicamos a fines de 1977/1978 cuando estaban camino a la derrota, la estrategia fue ocultar la finalidad declarada en su apogeo y referirse siempre sólo a los delitos cometidos por las fuerzas de Estado (secuestros, torturas, asesinatos, etc ) encuadrándolos dentro del código penal y desconociendo que habían sido partícipes principales de acciones armadas para tratar de derrotar a los gobiernos del país, tanto de origen constitucional como de facto.
Tiempo después de haber obtenido en esta etapa, sus objetivos relativos a proporcionar una infinidad de beneficios e indemnizaciones a sus militantes y causahabientes y la obtención de la caracterización de “delitos de lesa humanidad” a quienes los derrotaron militarmente, los parientes de muertos y desaparecidos y los ex militantes vivos comenzaron a aceptar (en parte) su pertenencia a las organizaciones criminales con orgullo de “héroes populares” por haber combatido en “defensa de la democracia y de los pobres” (como siempre proclamaron los Kirchner quienes luego de 12 años de crecimiento a “tasas chinas” rodeados de funcionarios que fueron ex militantes de los 70, dejaron 30% de pobres y al país sin reservas financieras, sin petróleo ni gas y sin electricidad).
Esta situación fue producto de una matriz de sustracción de los fondos públicos por parte de los funcionarios y amigos del Poder quienes acumularon fortunas personales incalculables engañando al pueblo que decían defender al incrementar artificialmente el consumo sin pensar en el futuro de las próximas generaciones. Y cuando hablamos del futuro, no nos referimos a los hijos y nietos de esos funcionarios y amigos del Poder, ya que ellos sí podrán vivir como “reyes” los próximos cien años sin siquiera haber trabajado alguna vez en algo productivo.
ARGENTINA INÉDITA - NUESTRA HISTORIA
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