(Anónimo)
La Declaración Universal de Derechos Humanos sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, tuvo la inicial adhesión de 48 naciones sobre las 58 que la integraban en su momento. Hubo dos ausentes y 8 abstenciones.
En la actualidad, en el caso de un conflicto armado internacional, se aplican los Convenios I, II, III y IV que fueron aprobados en 1949. Posteriormente, como se explicó en el Capítulo 1, para proteger en forma más eficiente a las víctimas de las guerras contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los conflictos internos, en 1977 se aprobaron dos protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra:
El Protocolo I que refuerza la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales y amplía la definición de los mismos a las guerras de liberación nacional.
El Protocolo II que refuerza la protección de las personas afectadas por conflictos internos, completando así el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra.
El siguiente cuestionario y sus respuestas pretenden recordar la imagen de lo que ocurría en el país en cuanto al enfrentamiento fratricida y los derechos humanos.
1ra pregunta: ¿Algunas de las partes enfrentadas (instituciones de seguridad y de defensa del Estado y las distintas organizaciones armadas revolucionarias) cumplieron con las normas humanitarias, comenzando por el derecho a la vida?
Respuesta: No, ¡ninguna!
2da pregunta: ¿Quienes comenzaron a realizar los crímenes con el objeto de tomar el poder, asesinando civiles y militares y realizando secuestros extorsivos que incluían el asesinato para obtener recursos?
Respuesta: Los insurrectos armados. (Ver los tres tomos de In Memoriam editados por el Círculo Militar entre 1998 y 2000, completados con Los otros muertos, editorial Sudamericana, 2014).
3ra pregunta: ¿Por qué el Estado no aplicó las normas del Protocolo II?
Respuesta 1º: Porque ya las habían aplicado en los años 1971 a 1973 y, los 2.000 procesados y 600 sentenciados conforme a Derecho, fueron liberados sin compromiso por el Presidente Cámpora y un Congreso irresponsable o cómplice y los así amnistiados volvieron a tomar las armas contra el Estado, asesinando a uno de los jueces y atacando a los otros. Esta situación fue la razón por la que el Estado, ante la disyuntiva, decidió no continuar con la lucha con métodos legales.
Respuesta 2º. Además, porque su desarrollo había superado la capacidad de las fuerzas de seguridad y policiales y constituían ejércitos en formación, incursos en una guerra revolucionaria en lo urbano y lo rural. (El Ejército Revolucionario del Pueblo, el Ejército Montonero, etc.).
Respuesta 3º. A partir de la peligrosidad manifiesta demostrada en sus acciones de guerra (así designadas en sus documentos internos, revistas, partes de guerra, panfletos, y en los medios masivos de comunicación, etc.) y a lo ocurrido con la CAFEPE, el Código Penal ya no fue tenido en cuenta en esta “guerra revolucionaria”. Ahora regían los códigos de guerra. No había delincuentes. Había enemigos y en la guerra a los enemigos si son peligrosos se los mata. Ambos contendientes así lo entendieron.
4ta pregunta: Los gobiernos constitucionales de Perón y Martinez de Perón. ¿Utilizaron los mismos métodos que los posteriores gobiernos militares de facto?
Respuesta: Inicialmente Perón creó una organización paramilitar, la “Triple A”, que utilizaba métodos ilegales. A su muerte, la Presidente, por decisión política de un gobierno constitucional envió el Ejército y a las otras FFAA para aniquilarlos. Primero en la zona rural de Tucumán y luego de 9 meses en el resto del país, teniendo las autoridades nacionales conocimiento de los métodos utilizados para cumplir la orden. Posteriormente, el gobierno de facto que desplazó a la Presidente continuó con los métodos ya iniciados, incrementando notablemente las operaciones contra las OPM a efectos de evitar su crecimiento y derrotarlas cuanto antes.
La propaganda contra el Estado Argentino antes, durante y luego de su derrota militar
Inicialmente, las organizaciones políticas armadas clandestinas que querían tomar el poder y posteriormente, las ONG y grupos de la izquierda intolerante, así como familiares organizados como defensores de los “derechos humanos” –sólo para sus militantes– que con distintos nombres les respondían a aquéllas, montaron desde el exterior una campaña de desprestigio internacional contra los gobiernos y las Fuerzas Armadas que las combatían.
Ya en 1974, durante el gobierno constitucional del general Perón, Mario R. Santucho (“comandante” del PRT-ERP), habiendo estudiado las experiencias de la guerra de Vietnam acerca de la influencia que tuvo la población de la comunidad internacional y la del propio EE.UU. sobre su política exterior –al oponerse tenazmente a la guerra– envió a Europa un grupo de militantes de su organización para comenzar a trabajar en acciones de propaganda y motivaciones sicológicas. Esos hombres y mujeres tomaron como centro de actividades a las ciudades de París, Roma y Lisboa. Al año siguiente,1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (29 Jun 74 – 24 Mar 76) el proyecto inicial de “solidaridad internacional” se incrementó rápidamente en Europa con la llegada de gran número de exiliados pertenecientes a la izquierda revolucionaria y a militantes, forzados por las amenazas de la “Triple A” y en razón del “Estado de Sitio” dictado por el gobierno constitucional que facultaba a los “detenidos a disposición del Poder Ejecutivo” hacer uso de la opción para salir del país, situación mantenida luego por el gobierno de facto.
Esa importante cantidad de exiliados y escapados, se constituyeron en gran mayoría –por su pensamiento ideológico cercano a la izquierda revolucionaria–en colaboradores del objetivo de acción psicológica de “desinformación” previsto por Santucho. Inmediatamente otras organizaciones se unieron y se extendieron por toda Europa y parte de América con esas ideas ya consolidadas acerca del trabajo a realizar. Finalmente, a partir de 1977/78 se agregaron los militantes de las organizaciones terroristas (incluyendo las “conducciones nacionales” de las principales organizaciones) que emigraron ante la derrota militar por temor y para preservar sus vidas debido a la gravedad de los hechos que habían cometido y por el conocimiento que de ellos, presumiblemente ya tenían los servicios de inteligencia de las FFAA debido a las delaciones de detenidos, documentos capturados, etc. Esas personas, cuyo principal factor común fue su ideología marxista leninista (en algunos casos ocultada para infiltrarse en el movimiento obrero argentino que era peronista) y la vinculación o pertenencia a las estructuras armadas ilegales, se organizaron rápidamente formando asociaciones dirigidas por conspicuos militantes que por su estadía y relaciones políticas habían logrado una buena llegada a los niveles gubernamentales extranjeros y a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
Respuesta: Inicialmente Perón creó una organización paramilitar, la “Triple A”, que utilizaba métodos ilegales. A su muerte, la Presidente, por decisión política de un gobierno constitucional envió el Ejército y a las otras FFAA para aniquilarlos. Primero en la zona rural de Tucumán y luego de 9 meses en el resto del país, teniendo las autoridades nacionales conocimiento de los métodos utilizados para cumplir la orden. Posteriormente, el gobierno de facto que desplazó a la Presidente continuó con los métodos ya iniciados, incrementando notablemente las operaciones contra las OPM a efectos de evitar su crecimiento y derrotarlas cuanto antes.
La propaganda contra el Estado Argentino antes, durante y luego de su derrota militar
Inicialmente, las organizaciones políticas armadas clandestinas que querían tomar el poder y posteriormente, las ONG y grupos de la izquierda intolerante, así como familiares organizados como defensores de los “derechos humanos” –sólo para sus militantes– que con distintos nombres les respondían a aquéllas, montaron desde el exterior una campaña de desprestigio internacional contra los gobiernos y las Fuerzas Armadas que las combatían.
Ya en 1974, durante el gobierno constitucional del general Perón, Mario R. Santucho (“comandante” del PRT-ERP), habiendo estudiado las experiencias de la guerra de Vietnam acerca de la influencia que tuvo la población de la comunidad internacional y la del propio EE.UU. sobre su política exterior –al oponerse tenazmente a la guerra– envió a Europa un grupo de militantes de su organización para comenzar a trabajar en acciones de propaganda y motivaciones sicológicas. Esos hombres y mujeres tomaron como centro de actividades a las ciudades de París, Roma y Lisboa. Al año siguiente,1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (29 Jun 74 – 24 Mar 76) el proyecto inicial de “solidaridad internacional” se incrementó rápidamente en Europa con la llegada de gran número de exiliados pertenecientes a la izquierda revolucionaria y a militantes, forzados por las amenazas de la “Triple A” y en razón del “Estado de Sitio” dictado por el gobierno constitucional que facultaba a los “detenidos a disposición del Poder Ejecutivo” hacer uso de la opción para salir del país, situación mantenida luego por el gobierno de facto.
Esa importante cantidad de exiliados y escapados, se constituyeron en gran mayoría –por su pensamiento ideológico cercano a la izquierda revolucionaria–en colaboradores del objetivo de acción psicológica de “desinformación” previsto por Santucho. Inmediatamente otras organizaciones se unieron y se extendieron por toda Europa y parte de América con esas ideas ya consolidadas acerca del trabajo a realizar. Finalmente, a partir de 1977/78 se agregaron los militantes de las organizaciones terroristas (incluyendo las “conducciones nacionales” de las principales organizaciones) que emigraron ante la derrota militar por temor y para preservar sus vidas debido a la gravedad de los hechos que habían cometido y por el conocimiento que de ellos, presumiblemente ya tenían los servicios de inteligencia de las FFAA debido a las delaciones de detenidos, documentos capturados, etc. Esas personas, cuyo principal factor común fue su ideología marxista leninista (en algunos casos ocultada para infiltrarse en el movimiento obrero argentino que era peronista) y la vinculación o pertenencia a las estructuras armadas ilegales, se organizaron rápidamente formando asociaciones dirigidas por conspicuos militantes que por su estadía y relaciones políticas habían logrado una buena llegada a los niveles gubernamentales extranjeros y a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
En esos años, según ex militantes de FAP, FAR y Montoneros exiliados en 1977, comienza a difundirse la falsa cifra de 30.000 desaparecidos cuando la lista que tenían en ese entonces era de solo 3.800 desaparecidos, según expresiones posteriores de quien la “inventó” con el objeto de impresionar a las autoridades y ONG holandesas, para lograr apoyos económicos y también propagandísticos en Europa. Sus relatos eran referidos sólo a la violación de los derechos humanos de los militantes revolucionarios y jamás sobre las víctimas ocasionadas por ellos. Es decir que el objetivo era convertirse de “victimarios” responsables de la tragedia, en “víctimas cuasi inocentes”. A partir de marzo de 1976 cuando después de un golpe de Estado ansiado por la mayoría de la población debido a la situación socio económica y sobre todo por el crecimiento subversivo armado) se hizo cargo un gobierno de facto (ver diarios de la época), aprovecharon esa imagen antidemocrática para desatar una campaña especial de desprestigio contra los militares, imponiendo mitos y lanzando eslóganes que calaron profundo en el extranjero. Así los terroristas se convirtieron de la noche a la mañana de: victimarios de casi 4.000 personas, 1.000 de ellas asesinadas, en víctimas mediante el perfil de “jóvenes idealistas que pensaban políticamente distinto”.
Se difundió que “hubo un genocidio en Argentina” sin aportar las condiciones específicas que avalaran ese delito, instalando falsamente la cifra de 30.000 desaparecidos. Aprovechando las terroristas embarazadas detenidas, se orquestó la falaz mentira de la existencia de un “plan sistemático de apropiación de bebés”, basándose en casos de delitos individuales de apropiación de recién nacidos, en contraposición con las órdenes escritas de los comandos superiores que establecían cuál era el proceder para devolver a niños y menores involucrados en las operaciones antiterroristas. Esta afirmación última se comprueba porque este delito no fue imputado a los comandantes en su juicio. Se trata el detalle en el Capítulo 11. Con esa propaganda y el uso de “acción psicológica”, ocultaban que la naturaleza del conflicto era la “Guerra Revolucionaria” iniciada por ellos e incentivada y apoyada por la Cuba comunista de Fidel Castro al servicio de la URSS. (Ver libro Fue Cuba de Juan B Yofre; Ed. Sudamericana, 2014).
Para cumplir con su objetivo faccioso crearon organizaciones con nombres que ocultaban sus fines de toma del Poder, presentando el “conflicto armado interno” iniciado por ellos como el accionar de jóvenes altruistas que se defendían de la cruenta persecución de que eran objeto por una “dictadura militar sangrienta”, omitiendo expresamente que el 70% de los grandes ataques, atentados y asesinatos los cometieron ellos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón y María Estela Martínez. (1973 -1976).
Así crearon en el extranjero:
• La “Comisión Argentina por los DDHH” (CADHU) en Francia y España.
• La “Comisión de Solidaridad de Familiares de presos, muertos y
desaparecidos en Argentina” (COSOFAM), en Méjico, España, Inglaterra,
Francia, Italia, Holanda y Bélgica.
• El “Comité de Solidaridad Para Argentina” (COSPA) en Méjico.
• El “Comité Argentino de Información y Solidaridad” (CAIS) en Francia
• El “Comité Argentino de Solidaridad” (CAS) en Bélgica.
• Otros.
Para cumplir con su objetivo faccioso crearon organizaciones con nombres que ocultaban sus fines de toma del Poder, presentando el “conflicto armado interno” iniciado por ellos como el accionar de jóvenes altruistas que se defendían de la cruenta persecución de que eran objeto por una “dictadura militar sangrienta”, omitiendo expresamente que el 70% de los grandes ataques, atentados y asesinatos los cometieron ellos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón y María Estela Martínez. (1973 -1976).
Así crearon en el extranjero:
• La “Comisión Argentina por los DDHH” (CADHU) en Francia y España.
• La “Comisión de Solidaridad de Familiares de presos, muertos y
desaparecidos en Argentina” (COSOFAM), en Méjico, España, Inglaterra,
Francia, Italia, Holanda y Bélgica.
• El “Comité de Solidaridad Para Argentina” (COSPA) en Méjico.
• El “Comité Argentino de Información y Solidaridad” (CAIS) en Francia
• El “Comité Argentino de Solidaridad” (CAS) en Bélgica.
• Otros.
Su finalidad inicial, a fines de la década del 70, era lograr que el Estado Argentino suspendiera el uso del poder militar sobre las organizaciones terroristas subversivas y utilizara las leyes de tiempo de paz como en Italia, Alemania y España.
Recordamos que a diferencia de esas naciones las organizaciones de nuestro país tenían ejércitos propios en expansión, una logística importante con fábricas propias de armamento y explosivos, con un dispositivo nacional que cubría todo el territorio argentino (equivalente en superficie a la totalidad de los países de Europa) con alrededor de 25.000 militantes con capacidad para colaborar y/o actuar con su política armada en un frente rural y varios urbanos, lo que configuraba para el Estado Nacional un grave peligro a corto plazo, que difería en forma manifiesta con el escaso desarrollo y peligrosidad de los grupos terroristas europeos.
Ante el fracaso de su estrategia armada, ya habían cambiado de ideólogos (del Che Guevara y Mao por Gramsci) y se dedicaron a desprestigiar al gobierno y preparar el mediano y largo plazo mediante la politización y uso unilateral de los “derechos humanos”, con la premisa de negar sistemáticamente la existencia de una guerra interna, que habían asumido antes como propia y revolucionaria, para victimizarse ante los próximos gobiernos constitucionales, obteniendo reconocimiento y dinero en base al gran error cometido por los gobiernos militares de producir desapariciones que en verdad encubrían defunciones en la mayoría de los casos. Esa campaña efectuada fuera del contexto real de lo que sucedió, fue incrementada con el advenimiento del gobierno constitucional radical (Alfonsín) preso de sus promesas e influido por dos juristas y un reconocido periodista proclives a la intención estratégica de Gran Bretaña de debilitar al máximo las FFAA argentinas (luego de Malvinas) y con la anuencia de los partidos políticos que luego de clamar para que las FFAA se hicieran cargo del país y eliminaran la subversión terrorista, entonces estaban apurados para que se les devolviera cuanto antes y para siempre el Poder del Estado, sin preocuparse por la defensa nacional, a la que contribuyeron a debilitar cada vez más.
Recordamos que a diferencia de esas naciones las organizaciones de nuestro país tenían ejércitos propios en expansión, una logística importante con fábricas propias de armamento y explosivos, con un dispositivo nacional que cubría todo el territorio argentino (equivalente en superficie a la totalidad de los países de Europa) con alrededor de 25.000 militantes con capacidad para colaborar y/o actuar con su política armada en un frente rural y varios urbanos, lo que configuraba para el Estado Nacional un grave peligro a corto plazo, que difería en forma manifiesta con el escaso desarrollo y peligrosidad de los grupos terroristas europeos.
Ante el fracaso de su estrategia armada, ya habían cambiado de ideólogos (del Che Guevara y Mao por Gramsci) y se dedicaron a desprestigiar al gobierno y preparar el mediano y largo plazo mediante la politización y uso unilateral de los “derechos humanos”, con la premisa de negar sistemáticamente la existencia de una guerra interna, que habían asumido antes como propia y revolucionaria, para victimizarse ante los próximos gobiernos constitucionales, obteniendo reconocimiento y dinero en base al gran error cometido por los gobiernos militares de producir desapariciones que en verdad encubrían defunciones en la mayoría de los casos. Esa campaña efectuada fuera del contexto real de lo que sucedió, fue incrementada con el advenimiento del gobierno constitucional radical (Alfonsín) preso de sus promesas e influido por dos juristas y un reconocido periodista proclives a la intención estratégica de Gran Bretaña de debilitar al máximo las FFAA argentinas (luego de Malvinas) y con la anuencia de los partidos políticos que luego de clamar para que las FFAA se hicieran cargo del país y eliminaran la subversión terrorista, entonces estaban apurados para que se les devolviera cuanto antes y para siempre el Poder del Estado, sin preocuparse por la defensa nacional, a la que contribuyeron a debilitar cada vez más.
El mayor énfasis de su propaganda, fue puesto en ideas-fuerza para desinformar a la opinión pública nacional e internacional, instalando en la psiquis colectiva dos versiones:
La primera: que el gobierno de facto en 1976 fue el que comenzó la guerra mediante la represión indiscriminada, vulnerando en la misma todos los derechos humanos (por intrínseca maldad o para establecer un sistema socio-económico contrario a los intereses nacionales).
La segunda: que los muertos y desaparecidos eran 30.000 y que fueron víctimas de esa “represión indiscriminada”, ya que en su mayoría no eran militantes de las organizaciones subversivas terroristas, sino trabajadores, estudiantes y profesionales dedicados a sus tareas que, eventualmente, disentían políticamente con el gobierno de una “atroz dictadura militar”.
Es necesario que el lector comprenda algunas técnicas relativas a la “desinformación” y para ello transcribimos algunas acertadas expresiones de Richard Field, periodista británico:
“La primera técnica de los profesionales de la Desinformación consiste en crear, en el mundo exterior al drama, unas asociaciones y comités “de apoyo”, “de solidaridad”, “de derechos humanos” y luego, a través de ellos, difundir mundialmente una información falsa mediante una manipulación hábil u omisiones deliberadas”.
“La segunda es mantener en la opinión extranjera la idea de que la subversión no existe; que no es más que una invención de fuerzas oscuras, retrógradas, militaristas, a fin de justificar su poder y por consiguiente sus “represiones”…
La primera: que el gobierno de facto en 1976 fue el que comenzó la guerra mediante la represión indiscriminada, vulnerando en la misma todos los derechos humanos (por intrínseca maldad o para establecer un sistema socio-económico contrario a los intereses nacionales).
La segunda: que los muertos y desaparecidos eran 30.000 y que fueron víctimas de esa “represión indiscriminada”, ya que en su mayoría no eran militantes de las organizaciones subversivas terroristas, sino trabajadores, estudiantes y profesionales dedicados a sus tareas que, eventualmente, disentían políticamente con el gobierno de una “atroz dictadura militar”.
Es necesario que el lector comprenda algunas técnicas relativas a la “desinformación” y para ello transcribimos algunas acertadas expresiones de Richard Field, periodista británico:
“La primera técnica de los profesionales de la Desinformación consiste en crear, en el mundo exterior al drama, unas asociaciones y comités “de apoyo”, “de solidaridad”, “de derechos humanos” y luego, a través de ellos, difundir mundialmente una información falsa mediante una manipulación hábil u omisiones deliberadas”.
“La segunda es mantener en la opinión extranjera la idea de que la subversión no existe; que no es más que una invención de fuerzas oscuras, retrógradas, militaristas, a fin de justificar su poder y por consiguiente sus “represiones”…
Otra muestra “…Hacia mediados de setiembre de 1977, un análisis retrospectivo de los meses transcurridos en Argentina, desde marzo de 1976, es difundido mundialmente por la agencia “Associated Press”, bajo la firma de un tal Rodolfo Chardy, quien afirmó, entre unos hechos comprobados, que el General Videla había tomado el poder el 24 de marzo durante un golpe sangriento…”. Evidente mentira que desnudaba su posición política, ya que ni siquiera leyó los diarios o vio la TV. A juzgar por los resultados, hasta aquí su política de desinformación, apoyada totalmente por el gobierno de los Kirchner, ex simpatizantes de Montoneros, muy preocupados en distraer al país con los derechos humanos mientras cometían grandes irregularidades en beneficio propio y de sus amigos, ha tenido un importante éxito en el exterior e incluso en nuestro país donde grandes falacias y mitos han quedado como “verdades reveladas” que a fuerza de ser repetidas por funcionarios, jueces, periodistas, escritores, dirigentes sociales y un sector de intelectuales militantes de la izquierda política, (no pocos que en su momento apoyaron el accionar de las FFAA e incluso participaron en la función pública) son en este momento, difíciles de revertir en el corto plazo sin una campaña de esclarecimiento gubernamental de difícil concreción por ahora.
Para tener éxito en tal tarea, se debería disponer de un gobierno dispuesto a enfrentarse políticamente con todos aquellos que se han beneficiado durante tantos años y disponer medidas de corrección histórica del actual “relato oficial” basadas en documentos y probanzas irrefutables por su equidad y contundencia. Por supuesto que la injusticia de juzgar a los militares y otras fuerzas subordinadas vulnerando los principios elementales del derecho jurídico además de sentenciar culpabilidades, en la mayoría de los casos sin pruebas fehacientes luego de 30 ó 40 años, constituye una gravísima injusticia que debe ser corregida cuanto antes. Posiblemente pasarán años para que se logre persuadir a la opinión pública de la verdad histórica que permita comprender lo sucedido en nuestro país a partir de 1960 hasta nuestros días, donde los DDHH parcializados de los 70, siguen siendo una bandera partidaria que ningún funcionario se anima a cuestionar por ignorancia o por no ser políticamente correcto”.
Los medios de comunicación, que son formadores de opinión, por ideología, desconocimiento o mandato de sus propietarios, siguen repitiendo las cifras falsas que este libro va a rectificar con documentación real al alcance de todos y ratificando que existen 1.094 muertos y 2.368 heridos producto de los asesinatos de las organizaciones armadas revolucionarias cuyos causahabientes son los únicos que en el país no han sido indemnizados, (ni tampoco los victimarios juzgados). No olvidemos que desde la agencia oficial de noticias (TELAM) muchos medios de TV abierta, radios y periódicos estuvieron durante 12 años en manos del gobierno de los Kirchner o de sus “socios y amigos”, cuyos directivos militaron o simpatizaron con las organizaciones armadas clandestinas de los 60/70 y que además, el resto de la prensa ha estado y está presionada por el gobierno que finalizó, al depender en gran parte su subsistencia de la mayor o menor pauta oficial (publicidad) que le entreguen. La prensa independiente, de poca circulación y limitado alcance no está en capacidad de modificar la acción psicológica de la propaganda aún vigente.
Tampoco es menor el trabajo que han efectuado desde las escuelas primarias y secundarias públicas para que los chicos internalicen desde esa temprana edad el “relato falso de nuestra historia reciente” a fin de que quede en su inconsciente como una verdad revelada a defender en el futuro. En este caso creemos que sólo los familiares podrán ayudar a que los niños y jóvenes descubran la verdad de esta historia.
Para tener éxito en tal tarea, se debería disponer de un gobierno dispuesto a enfrentarse políticamente con todos aquellos que se han beneficiado durante tantos años y disponer medidas de corrección histórica del actual “relato oficial” basadas en documentos y probanzas irrefutables por su equidad y contundencia. Por supuesto que la injusticia de juzgar a los militares y otras fuerzas subordinadas vulnerando los principios elementales del derecho jurídico además de sentenciar culpabilidades, en la mayoría de los casos sin pruebas fehacientes luego de 30 ó 40 años, constituye una gravísima injusticia que debe ser corregida cuanto antes. Posiblemente pasarán años para que se logre persuadir a la opinión pública de la verdad histórica que permita comprender lo sucedido en nuestro país a partir de 1960 hasta nuestros días, donde los DDHH parcializados de los 70, siguen siendo una bandera partidaria que ningún funcionario se anima a cuestionar por ignorancia o por no ser políticamente correcto”.
Los medios de comunicación, que son formadores de opinión, por ideología, desconocimiento o mandato de sus propietarios, siguen repitiendo las cifras falsas que este libro va a rectificar con documentación real al alcance de todos y ratificando que existen 1.094 muertos y 2.368 heridos producto de los asesinatos de las organizaciones armadas revolucionarias cuyos causahabientes son los únicos que en el país no han sido indemnizados, (ni tampoco los victimarios juzgados). No olvidemos que desde la agencia oficial de noticias (TELAM) muchos medios de TV abierta, radios y periódicos estuvieron durante 12 años en manos del gobierno de los Kirchner o de sus “socios y amigos”, cuyos directivos militaron o simpatizaron con las organizaciones armadas clandestinas de los 60/70 y que además, el resto de la prensa ha estado y está presionada por el gobierno que finalizó, al depender en gran parte su subsistencia de la mayor o menor pauta oficial (publicidad) que le entreguen. La prensa independiente, de poca circulación y limitado alcance no está en capacidad de modificar la acción psicológica de la propaganda aún vigente.
Tampoco es menor el trabajo que han efectuado desde las escuelas primarias y secundarias públicas para que los chicos internalicen desde esa temprana edad el “relato falso de nuestra historia reciente” a fin de que quede en su inconsciente como una verdad revelada a defender en el futuro. En este caso creemos que sólo los familiares podrán ayudar a que los niños y jóvenes descubran la verdad de esta historia.
La mentira como arma psicológica “nacional y popular”
La mentira como expresa el dicho popular “tiene patas cortas” y sólo resulta efectiva durante un tiempo mientras el Poder Ejecutivo logra imponerse a los otros poderes mediante el autoritarismo y el adoctrinamiento (hoy llamado RELATO) sumado al dominio de los medios de comunicación y con el uso de ingentes fondos públicos destinados a propaganda y captación de voluntades, en lugar de destinarlos para el crecimiento y desarrollo del país.
En este campo de los derechos humanos y su relación con la “guerra revolucionaria” los ideólogos y miembros de las OPM tuvieron un doble “viento de cola”: primero porque Alfonsín y no Luder ganó las elecciones de 1983 y segundo también porque el ex gobernador y ex vicepresidente E. Duhalde ejerciendo el Poder Ejecutivo, por razones personales hizo lo imposible para que Menem que había completado la “pacificación judicial” no ganara las nuevas elecciones del 2003 impulsando y colocando como candidato triunfante al ignoto gobernador Néstor Kirchner en el “sillón de Rivadavia”.
Kirchner como ex JP se rodeó con aquellos ideólogos y ex miembros subversivos montoneros que llegaron al poder político del Estado desatando una persecución judicial de los militares y miembros de otras fuerzas legales que sirvió al nuevo presidente para sus planes de poder sobre la base de un “toma y daca” del Ejecutivo nacional con su esposa, en conjunción con la apropiación de dineros públicos y empresas derivadas de una enorme corrupción de los funcionarios.
Su plan político era quedarse 20 años en el poder mediante la alternancia entre esposos pero fracasó por su prematuro fallecimiento y quedó en manos de su esposa sin lograr ésta el dominio previsto del total de los principales medios de comunicación, para imponer “el relato mendaz sobre los hechos del 70” y la mentira sobre los éxitos de su gestión administrativa con los penosos resultados morales, educativos, culturales, económicos y sociales que dejaron el país al borde del colapso Su permanente uso como pantalla de los Derechos Humanos mediante la utilización de los dineros del Estado para comprometer a sus partidarios con un apoyo de recursos sin control, contradecía por el otro los escasos recursos dedicados a las FFAA a las que afectaba en su moral y espíritu de cuerpo con la persecución judicial de los cuadros que defendieron la Nación de la agresión armada marxista y del enemigo inglés en Malvinas.
Su gobierno otorgó presupuestos irrisorios a la Defensa Nacional en una época en la cual, por la guerra internacional de Malvinas, necesitaba armamento, materiales y vehículos además del reemplazo de aviones, submarinos e infinidad de otros elementos, que por otro lado la situación del país favorecía enormemente por los precios de las materias primas y productos del campo.
Pareciera que a pesar de llenarse la boca de nacionalismo, en los hechos se dejó unas FFAA sin capacidad para reaccionar ante una agresión armada internacional con la intención de dejar al país indefenso por años, para beneplácito de Gran Bretaña y otras naciones del mundo.
En este campo de los derechos humanos y su relación con la “guerra revolucionaria” los ideólogos y miembros de las OPM tuvieron un doble “viento de cola”: primero porque Alfonsín y no Luder ganó las elecciones de 1983 y segundo también porque el ex gobernador y ex vicepresidente E. Duhalde ejerciendo el Poder Ejecutivo, por razones personales hizo lo imposible para que Menem que había completado la “pacificación judicial” no ganara las nuevas elecciones del 2003 impulsando y colocando como candidato triunfante al ignoto gobernador Néstor Kirchner en el “sillón de Rivadavia”.
Kirchner como ex JP se rodeó con aquellos ideólogos y ex miembros subversivos montoneros que llegaron al poder político del Estado desatando una persecución judicial de los militares y miembros de otras fuerzas legales que sirvió al nuevo presidente para sus planes de poder sobre la base de un “toma y daca” del Ejecutivo nacional con su esposa, en conjunción con la apropiación de dineros públicos y empresas derivadas de una enorme corrupción de los funcionarios.
Su plan político era quedarse 20 años en el poder mediante la alternancia entre esposos pero fracasó por su prematuro fallecimiento y quedó en manos de su esposa sin lograr ésta el dominio previsto del total de los principales medios de comunicación, para imponer “el relato mendaz sobre los hechos del 70” y la mentira sobre los éxitos de su gestión administrativa con los penosos resultados morales, educativos, culturales, económicos y sociales que dejaron el país al borde del colapso Su permanente uso como pantalla de los Derechos Humanos mediante la utilización de los dineros del Estado para comprometer a sus partidarios con un apoyo de recursos sin control, contradecía por el otro los escasos recursos dedicados a las FFAA a las que afectaba en su moral y espíritu de cuerpo con la persecución judicial de los cuadros que defendieron la Nación de la agresión armada marxista y del enemigo inglés en Malvinas.
Su gobierno otorgó presupuestos irrisorios a la Defensa Nacional en una época en la cual, por la guerra internacional de Malvinas, necesitaba armamento, materiales y vehículos además del reemplazo de aviones, submarinos e infinidad de otros elementos, que por otro lado la situación del país favorecía enormemente por los precios de las materias primas y productos del campo.
Pareciera que a pesar de llenarse la boca de nacionalismo, en los hechos se dejó unas FFAA sin capacidad para reaccionar ante una agresión armada internacional con la intención de dejar al país indefenso por años, para beneplácito de Gran Bretaña y otras naciones del mundo.
NUESTRA HISTORIA - ARGENTINA INÉDITA
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