Por Enrique Guillermo Avogadro
El jueves concurrí a la marcha que pretendía concentrar, frente al Palacio de los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, a toda una ciudadanía harta de soportar el duro peso de un Poder Judicial que la ha abandonado, y que se ha transformado en la más desprestigiada de nuestras instituciones. Y eso no es casual, ya que sin Justicia no hay república posible.
Si bien fue numerosa, no respondió a las expectativas, que aspiraban a reunir allí al menos a un millón de personas, una esperanza que se justificaba en la intensa actividad que se percibía en las redes sociales de quejosos y periodistas de investigación. Atribuyo la menor asistencia a la apatía y a la hipocresía de nuestra sociedad, cultora del famoso "animémonos y vayan".
Si se hubiera logrado alcanzar o, por lo menos, acercarse a esa cifra, otro hubiera sido el resultado. Una multitud de ese tamaño hubiera sido imposible de ignorar para quienes son los máximos responsables del infinito daño que se sigue haciendo desde hace veintiocho años a la Constitución, el contrato social que nos permite vivir en comunidad sin matarnos.
Daniel Sabsay, el único orador, enumeró algunos de los puntos claves que deben ser tomados en cuenta para salir del lodo en el que nuestros jueces -y, con ellos, todos nosotros- nos debatimos. Para no ser reiterativo, sólo citaré a los artífices de la construcción de esta inmunda ciénaga: el Congreso, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
El primero, por haber habilitado, a instancias de Cristina Elisabet Fernández, la reforma del organismo encargado de la selección y de la remoción de los magistrados, para dar en él un sideral peso a la política en su peor expresión; además, al permitir que integren el Consejo legisladores en ejercicio, vulneró el principio elemental de la separación de poderes. Y por estar en deuda con la sociedad al no sancionar leyes esenciales para mejorar el servicio de justicia y permitir avanzar en las causas más rutilantes, como la extinción de dominio de corruptos y narcotraficantes.
La segunda, por transformar a la Justicia en mero intérprete de los deseos del Ejecutivo, como cuando, sin ponerse colorado, su actual Presidente explicó que los trillados psudo derechos humanos del gobierno kirchnerista, en especial su aplicación tuerta en los amañados juicios de venganza a los militares que combatieron la subversión terrorista, era una política de Estado, consensuada con los otros dos poderes de éste; en este campo se ha llegado al bochornoso extremo de poner como jueces a cargo de los procesos de "lesa humanidad" a ex guerrilleros y a manifiestos militantes de la izquierda insurreccional. Si como muestra basta un botón, no debemos olvidar que formó parte de este máximo Tribunal del país un tipo como Raúl Zaffaroni, protector irredento de los delincuentes, evasor de impuestos y hasta dueño de inmuebles donde se ejercía la prostitución.
Y el tercero, por permitir la desvirtuación obscena de sus objetivos constitucionales, por su fracaso en mejorar la transparencia de los concursos judiciales y, sobre todo, por transformarse en un ignominioso antro donde se trafican influencias políticas y protecciones a los magistrados que se doblan sin romperse, mientras son incapaces de explicar el origen de sus llamativas fortunas personales.
Todo esa panoplia de vicios no hace más que revolcar en el barro la honra y el prestigio de todos los jueces, la enorme mayoría de los cuales son dignos, independientes y preparados; pero, lamentablemente, de cara a la sociedad están representados por los doce (hoy, sólo once) jueces federales y los camaristas en lo penal de la capital, inquilinos de Comodoro Py.
Se ha cuestionado fuertemente la aceptación de las renuncias de algunos de los más notorios, como Norberto Oyarbide, ya que les permite acceder a una jubilación privilegiada y cuantiosa. Sin embargo, parte de esas preocupaciones han comenzado a diluirse ante a la apertura de una causa en su contra por enriquecimiento ilícito, que pretendió disimular haciendo rico a su novio gimnasta; Eduardo Freiler deberá sufrir una similar investigación, y seguramente los seguirán otros jueces, todavía en sus cargos, dueños de mansiones, campos, automóviles de lujo y haras de caballos de carrera.
Todo lo que sucede aquí resulta un reflejo de lo que está pasando en la Cumbre reunida en estos momentos en Lima. Los presidentes se han mostrado incapaces de condenar al gobierno de Nicolás Maduro, que está cometiendo un verdadero genocidio contra el pueblo venezolano. Es cierto que países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y otras naciones menores del Caribe se oponen férreamente a cualquier crítica al chavismo, pero eso ya era sabido y se hubiera podido gestar un frente unido para exponer ante el mundo su feroz criminalidad; en cambio, se ha generado un ámbito de discusión ridículo que expone cuán divididos estamos los americanos.
En la Venezuela "rojo-rojilla" se está jugando el futuro de nuestro continente. Para Cuba y otros países, la sobrevivencia del régimen significa ni más ni menos que el cordón umbilical que les permite seguir respirando. Maduro y compañía, aún en medio de la terrible crisis humanitaria que afecta a su propia población, y la diáspora es sólo un signo de ella, continúan subsidiando con petróleo barato a esas naciones a las cuales el populismo ha convertido en inviables y atrasadas. Siendo así, veo como imposible que se logre una solución pacífica ya que los afectados no son, precisamente, niños de pecho que le escapen a la violencia cuando se trata de defender sus posiciones y, menos aún, cuando está en juego su propia vida.
Así, cualquier tentativa de intervención militar, aún bajo el manto de alguna forma de bandera continental, encontrará una furiosa resistencia de parte del gigantesco aparato de defensa que allí se ha montado, con numerosísimos "asesores" cubanos y con el apoyo de Rusia e Irán. Por lo demás, el narcotráfico y la corrupción desaforada disponen de los recursos económicos suficientes para permitirla y financiarla.
Es por eso que soy seriamente pesimista respecto a una definición razonable del problema, aún cuando resulta fácil percibir que las fuerzas armadas venezolanas están divididas entre nacionalistas chavistas, activos narcotraficantes y procubanos; para nada estúpido, Diosdado Cabello ha puesto a cargo de los ministerios y empresas públicas más importantes a generales en actividad extremadamente leales, y dispone de la potencia represiva más eficaz para controlar eventuales conatos de rebelión, como los que se han suscitado recientemente, llevando a la cárcel a quienes osan criticar públicamente la gestión gubernamental.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
El jueves concurrí a la marcha que pretendía concentrar, frente al Palacio de los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, a toda una ciudadanía harta de soportar el duro peso de un Poder Judicial que la ha abandonado, y que se ha transformado en la más desprestigiada de nuestras instituciones. Y eso no es casual, ya que sin Justicia no hay república posible.
Si bien fue numerosa, no respondió a las expectativas, que aspiraban a reunir allí al menos a un millón de personas, una esperanza que se justificaba en la intensa actividad que se percibía en las redes sociales de quejosos y periodistas de investigación. Atribuyo la menor asistencia a la apatía y a la hipocresía de nuestra sociedad, cultora del famoso "animémonos y vayan".
Si se hubiera logrado alcanzar o, por lo menos, acercarse a esa cifra, otro hubiera sido el resultado. Una multitud de ese tamaño hubiera sido imposible de ignorar para quienes son los máximos responsables del infinito daño que se sigue haciendo desde hace veintiocho años a la Constitución, el contrato social que nos permite vivir en comunidad sin matarnos.
Daniel Sabsay, el único orador, enumeró algunos de los puntos claves que deben ser tomados en cuenta para salir del lodo en el que nuestros jueces -y, con ellos, todos nosotros- nos debatimos. Para no ser reiterativo, sólo citaré a los artífices de la construcción de esta inmunda ciénaga: el Congreso, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
El primero, por haber habilitado, a instancias de Cristina Elisabet Fernández, la reforma del organismo encargado de la selección y de la remoción de los magistrados, para dar en él un sideral peso a la política en su peor expresión; además, al permitir que integren el Consejo legisladores en ejercicio, vulneró el principio elemental de la separación de poderes. Y por estar en deuda con la sociedad al no sancionar leyes esenciales para mejorar el servicio de justicia y permitir avanzar en las causas más rutilantes, como la extinción de dominio de corruptos y narcotraficantes.
La segunda, por transformar a la Justicia en mero intérprete de los deseos del Ejecutivo, como cuando, sin ponerse colorado, su actual Presidente explicó que los trillados psudo derechos humanos del gobierno kirchnerista, en especial su aplicación tuerta en los amañados juicios de venganza a los militares que combatieron la subversión terrorista, era una política de Estado, consensuada con los otros dos poderes de éste; en este campo se ha llegado al bochornoso extremo de poner como jueces a cargo de los procesos de "lesa humanidad" a ex guerrilleros y a manifiestos militantes de la izquierda insurreccional. Si como muestra basta un botón, no debemos olvidar que formó parte de este máximo Tribunal del país un tipo como Raúl Zaffaroni, protector irredento de los delincuentes, evasor de impuestos y hasta dueño de inmuebles donde se ejercía la prostitución.
Y el tercero, por permitir la desvirtuación obscena de sus objetivos constitucionales, por su fracaso en mejorar la transparencia de los concursos judiciales y, sobre todo, por transformarse en un ignominioso antro donde se trafican influencias políticas y protecciones a los magistrados que se doblan sin romperse, mientras son incapaces de explicar el origen de sus llamativas fortunas personales.
Todo esa panoplia de vicios no hace más que revolcar en el barro la honra y el prestigio de todos los jueces, la enorme mayoría de los cuales son dignos, independientes y preparados; pero, lamentablemente, de cara a la sociedad están representados por los doce (hoy, sólo once) jueces federales y los camaristas en lo penal de la capital, inquilinos de Comodoro Py.
Se ha cuestionado fuertemente la aceptación de las renuncias de algunos de los más notorios, como Norberto Oyarbide, ya que les permite acceder a una jubilación privilegiada y cuantiosa. Sin embargo, parte de esas preocupaciones han comenzado a diluirse ante a la apertura de una causa en su contra por enriquecimiento ilícito, que pretendió disimular haciendo rico a su novio gimnasta; Eduardo Freiler deberá sufrir una similar investigación, y seguramente los seguirán otros jueces, todavía en sus cargos, dueños de mansiones, campos, automóviles de lujo y haras de caballos de carrera.
Todo lo que sucede aquí resulta un reflejo de lo que está pasando en la Cumbre reunida en estos momentos en Lima. Los presidentes se han mostrado incapaces de condenar al gobierno de Nicolás Maduro, que está cometiendo un verdadero genocidio contra el pueblo venezolano. Es cierto que países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y otras naciones menores del Caribe se oponen férreamente a cualquier crítica al chavismo, pero eso ya era sabido y se hubiera podido gestar un frente unido para exponer ante el mundo su feroz criminalidad; en cambio, se ha generado un ámbito de discusión ridículo que expone cuán divididos estamos los americanos.
En la Venezuela "rojo-rojilla" se está jugando el futuro de nuestro continente. Para Cuba y otros países, la sobrevivencia del régimen significa ni más ni menos que el cordón umbilical que les permite seguir respirando. Maduro y compañía, aún en medio de la terrible crisis humanitaria que afecta a su propia población, y la diáspora es sólo un signo de ella, continúan subsidiando con petróleo barato a esas naciones a las cuales el populismo ha convertido en inviables y atrasadas. Siendo así, veo como imposible que se logre una solución pacífica ya que los afectados no son, precisamente, niños de pecho que le escapen a la violencia cuando se trata de defender sus posiciones y, menos aún, cuando está en juego su propia vida.
Así, cualquier tentativa de intervención militar, aún bajo el manto de alguna forma de bandera continental, encontrará una furiosa resistencia de parte del gigantesco aparato de defensa que allí se ha montado, con numerosísimos "asesores" cubanos y con el apoyo de Rusia e Irán. Por lo demás, el narcotráfico y la corrupción desaforada disponen de los recursos económicos suficientes para permitirla y financiarla.
Es por eso que soy seriamente pesimista respecto a una definición razonable del problema, aún cuando resulta fácil percibir que las fuerzas armadas venezolanas están divididas entre nacionalistas chavistas, activos narcotraficantes y procubanos; para nada estúpido, Diosdado Cabello ha puesto a cargo de los ministerios y empresas públicas más importantes a generales en actividad extremadamente leales, y dispone de la potencia represiva más eficaz para controlar eventuales conatos de rebelión, como los que se han suscitado recientemente, llevando a la cárcel a quienes osan criticar públicamente la gestión gubernamental.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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