Restañar heridas permite avanzar en dirección a la impostergable reconciliación nacional y a diseñar la agenda de unas renovadas Fuerzas Armadas, preparadas y conducidas para afrontar los desafíos del siglo XXI
Días atrás se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1414 del Ministerio de Defensa, que, fundada en razones de ilegitimidad, revoca otra dictada durante el kirchnerismo que disponía en forma arbitraria el pase a retiro de una veintena de oficiales, en razón de sus lazos de sangre o parentesco con militares involucrados en causas de derechos humanos.
En efecto, el procedimiento de ascensos en la carrera militar regido por ley disponía que las Fuerzas Armadas realizaran una evaluación de desempeño profesional a través de las Juntas de Calificación, para luego remitir los legajos con las conclusiones al Ministerio. Con posterioridad, en el caso de los altos mandos, aquellos eran enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado para su tratamiento. Este sistema fue modificado por decreto en 2010, consagrándose la facultad discrecional del ministro de Defensa para apartarse de las recomendaciones propuestas aplicando un criterio de ponderación basado en la selección por “perfiles deseados”. También se requería un informe de la Secretaría de Derechos Humanos que dejara constancia sobre la ausencia de denuncias por violaciones en esa materia contra los candidatos evaluados.
La implementación del nuevo sistema fue un burdo montaje que encubrió la confección de legajos paralelos para pasar a retiro a 25 oficiales con intachables fojas de servicio. Ninguno estuvo involucrado en casos de terrorismo de Estado, pues sus carreras se desarrollaron íntegramente en tiempos de democracia. La decisión tenía como único fundamento sus antecedentes familiares: todos tenían parientes con causas por delitos de terrorismo de Estado, algunos de los cuales murieron en prisión, sin sentencia, ancianos y enfermos.
Esta política pública llevada a cabo por la entonces presidenta Cristina Kirchner y su ministra Nilda Garré fue un remedo local con antecedentes totalitarios. Así el Sippenhaft, concepto jurídico elaborado por Heinrich Himmler y aplicado durante el Tercer Reich, establecía que el acusado por un crimen contra el Estado extendía su responsabilidad penal a todos sus parientes, de suerte tal que estos eran también condenados por considerárselos culpables. Una aberración jurídica, hermanada con las persecuciones del estalinismo, en razón de la cual familias enteras eran enviadas a los gulags por incurrir en un delito genético por la opinión o acción de algún integrante de la familia.
Sin perjuicio de que el aparato oficial intentó mantener silenciada esta aberración del kirchnerismo, desde estas columnas informamos algunos de los nombres y carreras de los muchos discriminados. Finalmente, ocho años más tarde el presidente Macri revierte la medida, aunque dicho trámite debió insólitamente atravesar fuertes debates y tensiones dentro del propio Ministerio de Defensa.
La norma vigente ahora exige una expeditiva evaluación de los antecedentes de los involucrados, propone ascensos retroactivos en algunos casos, reparaciones monetarias y el envío al Senado de los pliegos de oficiales superiores que requieran acuerdo parlamentario. Difícil será en este último caso habida cuenta del tiempo transcurrido.
Recordemos que, mientras aplicaban sesgados procedimientos de selección a oficiales superiores, la administración kirchnerista prohijaba las andanzas del general Milani, acusado de cometer delitos de lesa humanidad. Todas estas medidas, destructivas de las Fuerzas Armadas, importaron que respetados militares solicitaran su pase a retiro disconformes con la injusticia y la arbitrariedad evidenciadas contra sus camaradas.
Las vacilaciones, objeciones y dilaciones dentro del gobierno para resolver este tema revisten un insólito cariz toda vez que la juventud de los oficiales involucrados claramente los aleja de cualquier responsabilidad por el golpe militar de 1976. Sin ningún sumario y con excelentes calificaciones, fueron obligados a pasar a retiro en silencio, a rehacer sus carreras profesionales en otros ámbitos después de haber jurado entregar su vida en defensa de la patria.
Garré, ejecutora de aquella decisión, hoy diputada nacional por el FPV y presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en declaraciones radiales, denostó la medida recientemente adoptada y defendió su pasada gestión al sostener que dichos oficiales debían ser apartados porque en un futuro “eran quienes iban a establecer políticas, actividades y alineamientos”, confirmando el verdadero motivo de su pase a retiro: los lazos de sangre o la portación de apellido.
Celebramos la decisión del presidente Macri. Es de esperar que sea un simbólico primer paso que reivindica a brillantes oficiales que fueron expulsados de las fuerzas o que aún permanecen postergados dentro de ellas. Restañar heridas permite avanzar en dirección a la impostergable reconciliación nacional y contribuye a diseñar la agenda de unas renovadas Fuerzas Armadas, preparadas y conducidas para afrontar los desafíos del siglo XXI.
Editorial La Nación
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