Por Fabio Ferrer
El 5 de octubre de 1975, a la hora de la siesta, el soldado Hermindo Luna estaba haciendo guardia en el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa cuando vio que dos jóvenes, fusil en mano, entraban a la guarnición militar y le gritan "rendite, dame el arma, que la cosa no es con vos". Pero el conscripto Luna respondió: "Acá no se rinde nadie, mierda!", al tiempo que intentó empuñar su fusil. Sin embargo, disparos de FAL lo dejaron sin posibilidad de resistencia. El soldado quedó tendido en el suelo con el cuerpo cortado en dos por los proyectiles de los guerrilleros. Fue la llamada Operación Primicia, que describe con minucioso rigor periodístico Ceferino Reato en su libro homónino, que fue planificada y llevada adelante por Montoneros.
Jovina Luna, hermana de Hermindo, presentó una denuncia penal pidiendo que se investiguen las maniobras mediante las que se habrían otorgado de manera fraudulenta indemnizaciones millonarias a los familiares de los miembros de Montoneros que atacaron el regimiento formoseño. Según la denuncia, al amparo de las llamadas "leyes reparatorias" se registraron casos falsos de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria o asesinato para obtener cuantiosos montos indemnizatorios.
En el escrito, Jovina Luna da cuenta de varios casos de combatientes pertenecientes a la organización guerrillera Montoneros, declarada ilegal por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que fueron abatidos en un enfrentamiento con las fuerzas armadas, durante un período de gobierno constitucional y que de ninguna manera fueron víctimas de ejecución sumaria como consecuencia de la represión ilegal del Estado. No obstante, muchas de estas muertes en combate fueron indemnizadas de manera fraudulenta al amparo de las denominadas "leyes reparatorias".
La denuncia de Luna apunta al cobro de indemnizaciones por parte de familiares de 9 de los 13 integrantes del comando de Montoneros que cayeron durante el ataque al Regimiento 29 de Formosa. Según el escrito, existió un pago fraudulento de indemnizaciones por estas falsas víctimas de la represión ilegal del Estado cuando, en realidad, fueron abatidos al intentar copar una guarnición militar, matando a soldados conscriptos durante un gobierno constitucional.
Para hacer la denuncia se cotejaron diversas fuentes, entre ellas, los dos primeros informes oficiales, CONADEP 1984 y de la ex Subsecretaría de Derechos Humanos, y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de 2015.
Todos los casos presentados por Jovina Luna tienen un denominador común: por múltiples pruebas se llega a la comprobación de que ninguno de ellos responde a las causales dispuestas por la "ley reparatoria" 24.411. Por medio de esta norma, el Estado lleva pagadas 7.907 indemnizaciones por un monto de 62.250 millones de pesos, es decir, casi 1.425 millones de dólares. Al amparo de otra "ley reparatoria", la 24.043 hay en trámite 7.318 casos por un total de 23.859 millones de pesos, equivalentes a 546 millones de dólares. Aprovechando esta legislación se siguen generando nuevos reclamos, sobre todo por los llamados "exilios forzosos".
Desde su promulgación, en enero de 1992, la ley 24.043 se viene aplicando con llamativa liberalidad. Esto se vio reforzado aún más con la sanción de otra norma, la 25.564, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí se estableció que podían acceder a una indemnización quienes entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 hubieran estado detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia. De esta forma -sólo por citar tres ejemplos- los asesinos condenados por las muertes de los coroneles Argentino del Valle Larrabure y Jorge Roberto Ibarzabal luego de meses de cautiverio y torturas, y del capitán Humberto Viola y su hija María Cristina de 3 años, quienes ya habían recibido indemnizaciones quedaron protegidos por la ley 25.564, y en algunos casos cobraron una segunda indemnización.
Las 11.734 indemnizaciones pagadas por la ley 24.043 a diciembre de 2015 suman un total actualizado a mayo de 2019 de 39.133 millones de pesos o su equivalente en dólares a 870 millones de la divisa estadounidense. Entre los beneficiarios figura un número indeterminado de integrantes de Montoneros y ERP que fueron juzgados por crímenes cometidos durante gobiernos constitucionales, por el período de prisión consecuencia de sus condenas.
Entre otras medidas, Jovina Luna solicitó que la Oficina Anticorrupción investigue de inmediato todos los casos beneficiados a través de las llamadas "leyes reparatorias" con la finalidad de que se pueda conocer hasta dónde ha llegado la fenomenal estafa de la que ha sido víctima el Estado argentino.
Los guerrilleros llevaban 11 fusiles FAL, 18 pistolas ametralladoras Halcón, 5 fusiles FN, 1 fusil ametralladora Madsen, 2 escopetas, 5 minas, 51 granadas, revólveres y 19 vehículos. En total participaron 60 guerrilleros y para el ataque armaron bases operativas en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Resistencia y Formosa.
Algunos de los miembros de Montoneros abatidos durante el ataque guerrillero al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ocurrido durante un gobierno constitucional, han sido homenajeados colocando sus nombres en el llamado "Parque de la Memoria" en la costanera norte.
La denuncia de Jovina Luna es por defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y recayó en el juzgado a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
Infobae
No hay comentarios:
Publicar un comentario