Ninguna medida económica alcanzará para enfrentar las serias dificultades presentes cuando la mayor fuente de desconfianza es política.
Cuando la naturaleza de la fuerte desconfianza que se ha adueñado de los operadores económicos y de buena parte del público es política, es probable que ninguna solución eminentemente económica alcance completamente para revertir la crisis. La difícil situación presente de la Argentina requiere de acuerdos políticos básicos que brinden certezas sobre la verdadera voluntad de unos y otros actores políticos para profundizar el combate del déficit fiscal, avanzar hacia la construcción de una moneda sana y dotar de competitividad, previsibilidad y seguridad jurídica a nuestra economía.
La amplia diferencia en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto a favor de la oposición peronista llevó a los mercados a la presunción de un resultado electoral adverso al actual gobierno en las elecciones generales de octubre. Esta realidad potenció la caída de confianza que de alguna manera la gestión de Mauricio Macri arrastraba desde la crisis de deuda desatada en abril de 2018. Está muy presente la historia de la actuación kirchnerista en el gobierno finalizado en diciembre de 2015. En todas las manifestaciones de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus seguidores se evidencia la persistencia de quienes serán probablemente gobierno en la defensa de deplorables valores morales y de políticas intervencionistas que caracterizaron su gestión. No es extraño que la sorpresiva noticia de la inesperada ventaja de casi 17 puntos en las PASO produjera un derrumbe de la cotización de los títulos públicos y las acciones argentinas, y se iniciaran los típicos comportamientos de la gente en prevención de medidas confiscatorias.
Ciertas declaraciones poco prudentes del candidato a la presidencia Alberto Fernández y de otras figuras representativas de la coalición kirchnerista pusieron al gobierno nacional ante una incipiente corrida de los titulares de depósitos bancarios en dólares con el propósito de derivar esos fondos hacia las cajas de seguridad u otros refugios. Dado que estos depósitos cumplían con un encaje del 50% retenido en el Banco Central y computado dentro de las reservas brutas, estas comenzaron a verse afectadas. Tanto por esta causa como por la fuerte demanda de dólares para atesoramiento y la reticencia a liquidar las divisas que son producto de las exportaciones, no pudo evitarse una devaluación, que superó desde el día siguiente a las PASO el 20%, acentuando la caída de la confianza.
La demora acerca de una definición sobre los aportes pendientes por parte del FMI a la Argentina, en el marco del acuerdo stand-by vigente, provocó aún más desconfianza, y los juicios de Alberto Fernández criticando al organismo financiero internacional tornaron todavía más complicada la posibilidad de que esos fondos sean finalmente girados al país.
Una primera medida defensiva instrumentada por el Gobierno fue la extensión del pago de vencimientos de determinados títulos emitidos tanto por el Tesoro nacional como por el Banco Central. De esta forma se proyectó una menor pérdida de reservas que permitiera enfrentar las necesidades hasta la culminación del mandato de Mauricio Macri. La contrapartida fue la caída en la calificación de la deuda argentina y una escalada del riesgo país. En medios financieros internacionales, la disposición del Gobierno fue calificada como un "default selectivo". Las consecuencias no han sido ni serán leves, pero deben contrastarse con una angustiosa defensa de las reservas ante una situación que el actual gobierno no está en condiciones de revertir por sí solo.
Un segundo paquete de medidas fue comunicado anteayer, a través de una inusual emisión del Boletín Oficial. Responden a la necesidad de defender las reservas sin tener que caer en nuevas devaluaciones que lleven a un alto riesgo de una inflación descontrolada.
Se trata de disposiciones sobre el mercado cambiario que apuntan a controlar la pérdida de reservas o a acrecentarlas transitoriamente. Tal es el caso de la obligación de liquidar las divisas de exportación en plazos perentorios. Las compras de moneda extranjera por parte de personas físicas quedaron limitadas a 10.000 dólares mensuales, al igual que las transferencias al exterior a cuentas de terceros (no así a cuentas propias). Para sumas mayores, tales como las destinadas a la adquisición de una vivienda, se necesitará la aprobación oficial. Se trata de un control cambiario, aunque menos intrusivo que el que rigió durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Su implementación ha sido seguramente contraria a la línea de pensamiento del presidente Macri, quien a las pocas semanas de asumir la presidencia de la Nación había levantado el cepo cambiario impuesto por el kirchnerismo y rechazó hasta último momento la alternativa de emplear un recurso similar.
Deben entenderse estas medidas como un recurso de un gobierno que, a juicio de no pocos observadores locales e internacionales, poco puede hacer para restablecer genuinamente la confianza de los ahorristas y de los mercados, cuando estos presienten que se avecina un cambio político en dirección hacia un nuevo populismo que probó su fracaso. La estabilización de la economía no se logrará en pocos meses, pero si tanto quienes están en el Gobierno como los principales candidatos presidenciales ven esta crisis como una oportunidad para actuar con sentido de responsabilidad y grandeza, en procura de consensos básicos, el daño para todos será mucho menor.
Editorial La Nacion
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