Por Jorge R. Enríquez
Nadie discute el derecho de huelga. Fue incorporado a nuestra Constitución Nacional en la reforma de 1957 a través del artículo 14 bis. La Constitución peronista de 1949 no lo preveía. Lo que puede debatirse es su alcance, los efectos que conlleva, las eventuales restricciones (en materia de servicios públicos esenciales, por ejemplo). Pero se entiende que cuando un gremio dispone parar lo hace para que sus representados tengan mejores condiciones laborales dentro de la actividad que realizan.
En tal sentido, los paros generales son una anomalía y cabe preguntarse si no son en principio todos ilegítimos. Porque cuando se dispone una huelga de ese tipo no se están reclamando mejores condiciones para los trabajadores de una determinada rama. Lo que en verdad se impugna es la política general de un gobierno.
Ahora bien, si de eso se trata, el paro es antidemocrático. Son los órganos surgidos de la voluntad popular, el Congreso y el Poder Ejecutivo, los que tienen la atribución de llevar adelante esas políticas. Si la presión de la huelga general fuera exitosa, lo que habrían conseguido sus promotores es conseguir más poder que el que tienen los millones de ciudadanos que no paran, que no cortan calles y que se limitan a trabajar y a cumplir las leyes. El voto de ellos valdría mucho menos que el de los huelguistas y los piqueteros.
Por lo demás, los motivos del paro son confusos, vagos y contradictorios. No podría ser de otra forma, por la heterogeneidad ideológica de quienes lo convocan. En realidad, los fundamentos alegados son una excusa bastante evidente que encubre los verdaderos: arreglar cuestiones internas del sindicalismo y del Partido Justicialista. Los “gordos”, corridos del palco de la anterior movilización por sectores de izquierda, se sintieron obligados a sobreactuar su enojo.
Todas las estimaciones del “éxito” del paro son falaces, porque cuando no hay transporte público la mayoría de quienes quieren trabajar no pueden. Estos no “acatan” – por usar el verbo de resonancias castrenses que nuestros gremialistas repiten en estos casos - la decisión de la CGT; simplemente, se ven imposibilitados de concurrir a sus lugares de trabajo.
Por suerte, hubo mayor cantidad de taxis que la esperada luego de ese abierto acto de intimidación pública perpetrado por el Sr. Omar Viviani, líder del gremio de ese sector, cuando instó a sus compañeros a “dar vuelta” los autos de los taxistas que salieran a trabajar. Es que los argentinos nos hemos cansado de la prepotencia y la irracionalidad. Ansiamos vivir en un país en paz y libertad, al amparo de la ley, en el que cada uno pueda pensar y obrar como quiera siempre que no provoque daños a terceros ni infrinja el orden jurídico.
Sabemos, además, que solo la recreación de la cultura del trabajo podrá sacarnos del pantano en el que nos metieron políticas populistas durante décadas. No le paran a un gobierno; le paran al futuro de la Argentina. Pero los otros, la mayoría silenciosa, somos más y nos vamos a imponer mediante un arma letal para el corporativismo retrógrado: la del voto.
Dr. Jorge R. Enríquez
Subsecretario de Justicia de la C.A.B.A.
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