La “Secretaría de Derechos Humanos” solicitó ayer al Consejo de la Magistratura que conforme un jurado de enjuiciamiento contra ocho magistrados que concedieron excarcelaciones para la liberación de Astiz y Acosta.La acusación oficial recae sobre los jueces Guillermo Yacobucci y Luis María García, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación penal, quienes el 17 de diciembre pasado votaron a favor de excarcelar a Acosta, Astiz, Antonio Pernías y otros diez detenidos, ya que se habían vencido los plazos de la prisión preventiva.
En tanto, la “Secretaría de Derechos Humanos” pidió que se enjuicie a los magistrados Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, miembros del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital Federal.
Sobre ellos pesa la acusación por “incumplir notoriamente con sus deberes, al retardar injustificadamente la fijación de las audiencias del debate oral y público en que debían ser enjuiciados los represores que actuaron en la ESMA”.
Según el pedido realizado ante el Consejo de la Magistratura, "el TOF Nº 5 no respetó el principio de la publicidad de los juicios orales, por lo que imposibilitó a los medios de comunicación de cumplir con su tarea de informar a la sociedad”.
Entre los argumentos de mal desempeño contra este Tribunal, la oficina que dirige Eduardo Luis Duhalde expresó que sus magistrados "mantuvieron las libertades de los represores juzgados y condenados César Miguel Comes, e Hipólito Rafael Mariani por la Mansión Seré y Pedro Alberto Barda, en el área de Mar del Plata”.
“El TOF N 5 fue también el que en el caso de Héctor Febres mantuvo al nombrado bajo custodia de la Prefectura Naval, a la que había pertenecido, pese al reclamo de las querellas de que se lo trasladara a una cárcel común”, enfatizó la “Secretaría”, en relación al militar que apareció muerto en su celda a poco de ser condenado por “delitos de lesa humanidad”.
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