Lo que resta es lo más arduo, largo y difícil. Refiere a la elaboración de una política agropecuaria, que no se discutió aún, y a las retenciones a la soja. Los ruralistas no pueden ignorar este grave aspecto del problema. ¿Puede el Gobierno replantear su dura intransigencia sobre las retenciones?
Por Joaquín Morales Solá
La magnitud de la crisis está estrechando los márgenes de todos los protagonistas. Gobierno y productores rurales parecen mecerse en un inestable equilibrio entre la venganza y el diálogo, entre la protesta y la negociación. Cualquiera de los Kirchner, en condiciones apenas mejores, hubiera levantado la reunión de ayer cuando los ruralistas decidieron el paro del fin de semana último o cuando fueron duramente críticos con la administración desde un acto en Córdoba. Pero el Gobierno no podía cancelar ese encuentro.
Los datos de la economía son mucho peores que los que reconoce el Indec, que ya admite el retroceso, como para empujar al país a otro largo conflicto entre el Gobierno y el campo. El propio kirchnerismo sufre bajas considerables en la política, que ya lo dejó sin mayoría absoluta en Diputados. Está a solo un senador de perder también esa mayoría en la Cámara alta. Todo eso sucede, además, a ocho meses de las elecciones que pondrán en juego la mitad de los diputados y un tercio del Senado.
En medio del tembladeral económico internacional y sus consecuencias los dirigentes rurales tampoco tenían margen para colocarse en rupturistas. La resolución 125 fue, a su vez, un símbolo solitario y concluyente de la arbitrariedad oficial. Ese símbolo no existe ahora y el resto de la sociedad no es, todavía, consciente de las penurias del sector agropecuario. El presidente de CRA, Mario Llambías, viene diciendo que los productores deben esperar hasta marzo para conocer la magnitud de sus pérdidas y para convencer a la sociedad de que ellos están ahora peor que durante el viejo combate de hace un año.
Alfredo De Angeli no les ha hecho ningún favor a sus compañeros ruralistas. La ocupación de una sucursal del Banco de Entre Ríos fue un acto de violencia y, como tal, es inadmisible según cualquier concepto de civilización social. Es cierto que ese acto se enmarcó en un contexto de casi seis años de absoluta impunidad para los perpetradores de hechos violentos o vandálicos. Se ha establecido una extraña y nociva costumbre según la cual sólo se escuchan las voces de los que ocupan, cortan o escrachan.
Debe reconocerse que es veraz el padecimiento de los productores endeudados con los bancos. El gobierno nacional no hizo nada para resolver esas deudas imposibles de pagar en las actuales condiciones de crisis internacional y de conflictividad interna. Al revés de Obama, Merkel, Sarkozy o Rodríguez Zapatero, que imaginaron formas para salvar a los buenos deudores de los bancos, los Kirchner se refugiaron en la más absoluta ortodoxia; que cada uno asuma su propia quiebra. Esa política no es mala en tiempos normales, pero el momento actual será célebre por su anormalidad. Todo sabe más a venganza que a ortodoxia.
De todos modos, y aun cuando De Angeli no puede ser comparado con la carga violenta que acompaña las invasiones de Luis D´Elía, lo cierto es que cualquier ocupación de un patrimonio público o privado es un hecho violento inaceptable. Y eso no se puede repetir sin un perjuicio importante para el capital político que el ruralismo acumuló hasta ahora en vastos sectores sociales.
Según la teoría de Eduardo Buzzi, las negociaciones están, desde ayer, en el punto 4 en una escala de 1 a 10. Apenas han superado el aplazo. Hay un dato significativo: todos pasaron raspando el fracaso porque algunos avances, anunciados ayer, ya se habían conversado en los encuentros reservados entre Julio De Vido y Hugo Luis Biolcati. Guste o no, las cosas siempre son como son.
Lo que resta es lo más arduo, largo y difícil. Refiere a la elaboración de una política agropecuaria, que no se discutió aún, y a las retenciones a la soja. Los ruralistas no pueden ignorar este grave aspecto del problema. ¿Puede el Gobierno replantear su dura intransigencia sobre las retenciones? Depende desde qué ángulo lo enfrente.
La recaudación
La historia indica que a Kirchner sólo le importa la recaudación de hoy y de mañana. Con ese criterio resultaría imposible una modificación en la política de las retenciones a la soja. La eliminación, suspensión o una baja considerable de las retenciones a ese producto colocaría al Gobierno en las puertas del déficit fiscal. La administración kirchnerista ha despilfarrado demasiados recursos fiscales en los últimos años y no le queda otra alternativa, en medio de la penuria, que vivir al día.
Otro punto de vista sería la percepción del campo -y la actividad agroindustrial y comercial que lo rodea- como una columna básica de la recuperación del país. En ese caso, bien valdría la pena destinar más recursos al sector de la economía que demostró ser el más dinámico en los últimos años.
Sea como fuere, la negociación iniciada ayer volverá a complicarse cuando sólo se roce el conflicto por las retenciones a la soja. "No se bajarán", adelantó ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, luego de terminada la primera ronda del diálogo con el campo. "Entonces no estamos conformes", le replicó en el acto Biolcati. La batalla del año pasado fue por las retenciones a la soja y al girasol. La razón del combate no ha cambiado.
Lo único que ha cambiado es la estabilidad política de los Kirchner. Están cada vez más débiles según cualquier medición política. El adiós al kirchnerismo de Carlos Reutemann, de Felipe Solá, de Juan Carlos Romero y de Jorge Obeid (todos ex gobernadores peronistas) tiene una enorme importancia política. Pero ninguno tiene el significado personal y afectivo de la decisión que tomó Obeid.
Reutemann y Romero estuvieron siempre política y personalmente lejos del matrimonio gobernante. Felipe Solá venía disconforme por el destrato que le asestó Néstor Kirchner desde que se fue de la gobernación de Buenos Aires. Obeid, que siempre militó con Reutemann en Santa Fe, tenía, en cambio, una cercana relación personal con los dos Kirchner y hasta había confiado, por un momento al menos, en eventuales aciertos del gobierno nacional. En la Cámara de Diputados, Obeid no votó en contra de la resolución 125 porque sencillamente no pudo desoír una desesperada llamada telefónica de la propia Presidenta.
Obeid se ha ido ahora y eso expresa, sobre todo, lo difícil que les resulta a los políticos pregonar el kirchnerismo en las provincias productoras de bienes agropecuarios. ¿Cómo eludir el diálogo, entonces, cuando los márgenes son tan mediocres?
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