Debería llegar el momento en que la sociedad resuelva si la defensa y la jerarquía de los derechos humanos son para todos los argentinos o sólo para una parcialidad.
La sociedad debería resolver si la defensa de los derechos humanos es para todos los argentinos o sólo para unos pocos
Siempre hemos sostenido desde esta columna editorial que el rencor, al igual que la memoria parcial, no cura las heridas.
Este mensaje vuelve a cobrar significación ante los episodios registrados días atrás en el Regimiento de Caballería General Güemes, en Salta, donde, por una más que controvertida resolución del Ministerio de Defensa, se llegó al absurdo de impedir velar los restos del general Rodolfo E. Wehner, hecho que provocó el inmediato pedido de retiro por parte del comandante de la V Brigada de Montaña General Belgrano, general Jorge Enrique Altieri, en desacuerdo con el alcance de la decisión ministerial.
La citada resolución, firmada por la ministra Nilda Garré años atrás, prohíbe que se rindan homenajes en unidades militares a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer delitos de lesa humanidad. El general Wehner se hallaba procesado por la Justicia, sin que se lo hubiese condenado.
Mientras en la actualidad miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad afrontan procesos penales en los cuales se han desconocido los elementales principios constitucionales de cosa juzgada y de inmunidad a un doble juzgamiento por un mismo hecho, algunos de quienes cometieron aberrantes delitos desde organizaciones guerrilleras no sólo están protegidos por esa jurisprudencia, sino que ocupan en ciertos casos funciones públicas de relevancia.
El gobierno kirchnerista iniciado en 2003 ha distinguido a diversas organizaciones no gubernamentales que han defendido los derechos de familiares de las víctimas de la represión desde el Estado. Por el contrario, exhibió una posición totalmente distinta respecto de los militares que enfrentaron el terrorismo: expresó juicios lapidarios que en ocasiones englobaron a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y jamás se solidarizó con los deudos de las víctimas de la acción guerrillera en los años 70.
Hay algo incluso más grave en la actitud gubernamental: considerar como actos hostiles las manifestaciones en las que se ha buscado honrar a los caídos por la acción terrorista.
Debería llegar el momento en que la sociedad resuelva si la defensa y la jerarquía de los derechos humanos son para todos los argentinos o sólo para una parcialidad.
Cabe insistir una vez más en que, frente a la violencia de los años 70, es necesario que los argentinos nos encaminemos hacia una auténtica reconciliación, que no será posible si se fragmenta arbitrariamente la realidad y si la memoria y las lecciones del pasado no son asumidas en forma integral, sino con un mero afán de venganza, que sólo prolongará los odios y las divisiones.
Editorial La Nación
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