Cada campaña electoral nos enfrenta a lo peor de la política. El financiamiento de la actividad electoral es un capítulo que confirma muchas sospechas de tantos ciudadanos.
Por Alberto Medina Méndez
Ningún miembro de la “corporación” propondrá normas que funcionen como límites que puedan contribuir a la imprescindible transparencia respecto del origen del dinero que financia las campañas políticas, la propaganda electoral y la logística de la elección.
Nuestros políticos modernos son amantes de la regulación, sobre todo aquella que nunca los alcanza como sujetos. Su ámbito no está en tela de juicio, al menos para ellos. No merece, por lo tanto, norma alguna que favorezca la moralización de sus números.
Semejante movilización de recursos, publicidad y despliegue, no se hace sin dinero. De algún lado proviene, y si no se puede mostrar claramente, es por algún motivo suficientemente importante. Tal vez explicarlo pueda ser demasiado comprometido.
En realidad no es tan difícil encontrarle sentido. Esos dineros solo pueden provenir de algunos pocos orígenes posibles. De las arcas públicas o de aportes privados. En el primer caso, apelando invariablemente a procedimientos ilegales, con la necesaria complicidad de una importante cadena de funcionarios que avalan, por acción u omisión, esos ilícitos manejos. Los dineros de los ciudadanos que sostienen con sus impuestos al Estado, no debiera ser objeto de un uso político partidario para favorecer a cierta porción del sistema de ideas. No está bien. No existe atenuante posible.
Cuando los fondos surgen del sector privado, pueden suceder diferentes situaciones. Un caso será aquel en el que no se pueden transparentar esos “aportes” porque ni siquiera están debidamente declarados. Provienen de actividades delictivas o al menos de esos rubros que no blanquean sus ingresos al sistema.
La otra variante, es aquella ligada a la conservación de privilegios actuales o de aquellos interesados en formar parte del club de la prebenda. En esa nómina se enrolan, proveedores del Estado, concesionarios de servicios y amigos del poder. Casi todos ellos, intentando darle soporte al poderoso que pueda darle continuidad a su negocio.
Lo grave no es solo que esto suceda tan “burdamente”, sino que este “secreto a voces” haya sido “normalizado” desde la sociedad. La gente asume con demasiada naturalidad algo que debiera contar, al menos, con una desaprobación moral manifiesta. Todos parecemos saber que los que tienen dinero para hacer campaña son los que están próximos al erario público. Los que gobiernan, desde el ejecutivo municipal, provincial o nacional, e incluso hasta quienes tienen algún acceso a los presupuestos legislativos, dispondrán, seguramente, de fondos para financiar sus aventuras políticas personales. Todos ellos pueden sostener ese juego que los tiene como privilegiados beneficiarios.
Desde la impresión de las boletas hasta los pasacalles, desde los vehículos que trasladan votantes el día de la elección al almuerzo de los fiscales en pleno acto comicial. Todo, absolutamente todo, precisa de ese fondeo. La inmensa mayoría de los candidatos posan de hombres humildes, sin demasiado dinero ni fortunas personales, al menos declaradas. Pues entonces, la sospecha acerca de la procedencia de los fondos se hace más evidente.
La utilización de recursos públicos parece ser avalada tácitamente por la sociedad que ni siquiera aplica castigo moral alguno a los usufructuantes profesionales. No solo el uso del dinero concreto, sino también de esos recursos estatales que implican tener militantes rentados en puestos públicos, e infinidad de costos absorbidos por los votantes como contribuyentes involuntarios, que incluye gastos en telecomunicaciones, viáticos, traslados entre tantos que se podrían enumerar.
Cada centavo del Estado utilizado para las candidaturas esta viciado de inmoralidad. En ese contexto, cuesta entender como alguien que cree que hace lo correcto para alcanzar una meta política, puede francamente brindar soluciones a la sociedad. Si ni siquiera puede transparentar COMO se financia, es difícil creerle cuando se pretende proponer como el paladín de la honestidad.
Esta es una de las tantas contradicciones de la política mediocre de nuestras latitudes. Una ciudadanía timorata, una oposición que silencia estas cuestiones, apelando invariablemente a formas parecidas. Lo hace en el presente, o lo ha hecho en el pasado, o simplemente sabiendo que lo intentará en el futuro.
A eso se suman los sectores del poder económico, los que hacen lobby escondidos detrás de sus privilegios que aspiran a conservar, más aquellos otros que pujan por un espacio en el ámbito de esas preferencias a las que aún no han accedido, pero de las que desearían formar parte.
Ellos no quieren quedar afuera. No sea cosa que sus negocios se vean perjudicados por decisiones gubernamentales, o bien, que algún político decida interrumpir la prebenda a la que accedió gracias a los amigos de turno de estos u otros tiempos.
Sostener concesiones públicas, requiere de una gran versatilidad política, pero fundamentalmente de mantener “financiados” a los políticos que en sus campañas hablarán de todo…….salvo de modificar las concesiones de los mecenas de la campaña.
Los que están fuera del circuito de privilegios, harán lo propio. Conseguirán entrevistas, buscarán amigos y amigos de amigos, de gente vinculada a los que circunstancialmente puedan alcanzar la birome en el futuro, esa que firmará nuevos privilegios, seleccionará proveedores públicos o posibilitará algún negocio en el mediano plazo.
Todos esos, tratarán de sostener al poder. No tiene demasiada relevancia que piensan esos políticos, que proyectos traen consigo, mucho menos aun que pretenden hacer para mejorar la vida cotidiana de los conciudadanos. Importa darle soporte al negocio propio. Aparecer en la nómina de quienes ayudan a pagar la campaña, siempre sumará.
No se trata de una nómina de contribuyentes transparentada a la comunidad. Parte de las reglas de juego supone que es un acuerdo privado, sin papeles, de palabra, un tácito apoyo que no precisa siquiera de un intercambio demasiado explicito. Eso vendrá después. El intercambio de ayudas, el rescate a la “solidaria” contribución, solo será tema de un acuerdo posterior al acto electoral. Será el tiempo de devolver favores.
La política y los intereses sectoriales jamás hablarán en público de este acuerdo. Los políticos dirán que actúan con absoluta independencia de criterio cuando deban tomar decisiones. Los que representan a los intereses sectoriales, se espantarán de la mediocridad, de la corrupción y de la falta de visión de los líderes modernos.
Poder transparentar el financiamiento de la política, mostrar los números que permiten a los partidos su funcionamiento operativo cotidiano, es primordial para recuperar no solo la credibilidad social, sino el norte de la moral en la cosa pública.
No está mal financiar campañas. De hecho, resulta preciso que estas sean soportadas por simpatizantes y afiliados, pero siempre en virtud a la adhesión a las ideas que sostienen.
Lo relevante es poder transparentarlo. No debieran existir motivos para ocultar el origen de los fondos. Si no lo pueden mostrar, entonces resulta evidente que es por algún motivo. Todos lo sabemos, o al menos lo intuimos. Es un secreto a voces.
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Contáctenos politicaydesarrollo@gmail.com
Por Alberto Medina Méndez
Ningún miembro de la “corporación” propondrá normas que funcionen como límites que puedan contribuir a la imprescindible transparencia respecto del origen del dinero que financia las campañas políticas, la propaganda electoral y la logística de la elección.
Nuestros políticos modernos son amantes de la regulación, sobre todo aquella que nunca los alcanza como sujetos. Su ámbito no está en tela de juicio, al menos para ellos. No merece, por lo tanto, norma alguna que favorezca la moralización de sus números.
Semejante movilización de recursos, publicidad y despliegue, no se hace sin dinero. De algún lado proviene, y si no se puede mostrar claramente, es por algún motivo suficientemente importante. Tal vez explicarlo pueda ser demasiado comprometido.
En realidad no es tan difícil encontrarle sentido. Esos dineros solo pueden provenir de algunos pocos orígenes posibles. De las arcas públicas o de aportes privados. En el primer caso, apelando invariablemente a procedimientos ilegales, con la necesaria complicidad de una importante cadena de funcionarios que avalan, por acción u omisión, esos ilícitos manejos. Los dineros de los ciudadanos que sostienen con sus impuestos al Estado, no debiera ser objeto de un uso político partidario para favorecer a cierta porción del sistema de ideas. No está bien. No existe atenuante posible.
Cuando los fondos surgen del sector privado, pueden suceder diferentes situaciones. Un caso será aquel en el que no se pueden transparentar esos “aportes” porque ni siquiera están debidamente declarados. Provienen de actividades delictivas o al menos de esos rubros que no blanquean sus ingresos al sistema.
La otra variante, es aquella ligada a la conservación de privilegios actuales o de aquellos interesados en formar parte del club de la prebenda. En esa nómina se enrolan, proveedores del Estado, concesionarios de servicios y amigos del poder. Casi todos ellos, intentando darle soporte al poderoso que pueda darle continuidad a su negocio.
Lo grave no es solo que esto suceda tan “burdamente”, sino que este “secreto a voces” haya sido “normalizado” desde la sociedad. La gente asume con demasiada naturalidad algo que debiera contar, al menos, con una desaprobación moral manifiesta. Todos parecemos saber que los que tienen dinero para hacer campaña son los que están próximos al erario público. Los que gobiernan, desde el ejecutivo municipal, provincial o nacional, e incluso hasta quienes tienen algún acceso a los presupuestos legislativos, dispondrán, seguramente, de fondos para financiar sus aventuras políticas personales. Todos ellos pueden sostener ese juego que los tiene como privilegiados beneficiarios.
Desde la impresión de las boletas hasta los pasacalles, desde los vehículos que trasladan votantes el día de la elección al almuerzo de los fiscales en pleno acto comicial. Todo, absolutamente todo, precisa de ese fondeo. La inmensa mayoría de los candidatos posan de hombres humildes, sin demasiado dinero ni fortunas personales, al menos declaradas. Pues entonces, la sospecha acerca de la procedencia de los fondos se hace más evidente.
La utilización de recursos públicos parece ser avalada tácitamente por la sociedad que ni siquiera aplica castigo moral alguno a los usufructuantes profesionales. No solo el uso del dinero concreto, sino también de esos recursos estatales que implican tener militantes rentados en puestos públicos, e infinidad de costos absorbidos por los votantes como contribuyentes involuntarios, que incluye gastos en telecomunicaciones, viáticos, traslados entre tantos que se podrían enumerar.
Cada centavo del Estado utilizado para las candidaturas esta viciado de inmoralidad. En ese contexto, cuesta entender como alguien que cree que hace lo correcto para alcanzar una meta política, puede francamente brindar soluciones a la sociedad. Si ni siquiera puede transparentar COMO se financia, es difícil creerle cuando se pretende proponer como el paladín de la honestidad.
Esta es una de las tantas contradicciones de la política mediocre de nuestras latitudes. Una ciudadanía timorata, una oposición que silencia estas cuestiones, apelando invariablemente a formas parecidas. Lo hace en el presente, o lo ha hecho en el pasado, o simplemente sabiendo que lo intentará en el futuro.
A eso se suman los sectores del poder económico, los que hacen lobby escondidos detrás de sus privilegios que aspiran a conservar, más aquellos otros que pujan por un espacio en el ámbito de esas preferencias a las que aún no han accedido, pero de las que desearían formar parte.
Ellos no quieren quedar afuera. No sea cosa que sus negocios se vean perjudicados por decisiones gubernamentales, o bien, que algún político decida interrumpir la prebenda a la que accedió gracias a los amigos de turno de estos u otros tiempos.
Sostener concesiones públicas, requiere de una gran versatilidad política, pero fundamentalmente de mantener “financiados” a los políticos que en sus campañas hablarán de todo…….salvo de modificar las concesiones de los mecenas de la campaña.
Los que están fuera del circuito de privilegios, harán lo propio. Conseguirán entrevistas, buscarán amigos y amigos de amigos, de gente vinculada a los que circunstancialmente puedan alcanzar la birome en el futuro, esa que firmará nuevos privilegios, seleccionará proveedores públicos o posibilitará algún negocio en el mediano plazo.
Todos esos, tratarán de sostener al poder. No tiene demasiada relevancia que piensan esos políticos, que proyectos traen consigo, mucho menos aun que pretenden hacer para mejorar la vida cotidiana de los conciudadanos. Importa darle soporte al negocio propio. Aparecer en la nómina de quienes ayudan a pagar la campaña, siempre sumará.
No se trata de una nómina de contribuyentes transparentada a la comunidad. Parte de las reglas de juego supone que es un acuerdo privado, sin papeles, de palabra, un tácito apoyo que no precisa siquiera de un intercambio demasiado explicito. Eso vendrá después. El intercambio de ayudas, el rescate a la “solidaria” contribución, solo será tema de un acuerdo posterior al acto electoral. Será el tiempo de devolver favores.
La política y los intereses sectoriales jamás hablarán en público de este acuerdo. Los políticos dirán que actúan con absoluta independencia de criterio cuando deban tomar decisiones. Los que representan a los intereses sectoriales, se espantarán de la mediocridad, de la corrupción y de la falta de visión de los líderes modernos.
Poder transparentar el financiamiento de la política, mostrar los números que permiten a los partidos su funcionamiento operativo cotidiano, es primordial para recuperar no solo la credibilidad social, sino el norte de la moral en la cosa pública.
No está mal financiar campañas. De hecho, resulta preciso que estas sean soportadas por simpatizantes y afiliados, pero siempre en virtud a la adhesión a las ideas que sostienen.
Lo relevante es poder transparentarlo. No debieran existir motivos para ocultar el origen de los fondos. Si no lo pueden mostrar, entonces resulta evidente que es por algún motivo. Todos lo sabemos, o al menos lo intuimos. Es un secreto a voces.
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