Es preocupante el hecho de que en la Argentina sea muy superior el número de fugitivos de la Justicia al de presos en las cárceles federales
Eludir a la Justicia y a las fuerzas policiales no parece ser una tarea demasiado difícil en nuestro país si se tiene en cuenta que, hasta diciembre del año pasado, sumaban 51.262 los prófugos registrados en el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre).
Se trata de una cifra muy superior a la de quienes se encuentran presos en las cárceles federales de todo el país, que suman 11.824, cifra que de por sí constituye una máxima histórica y revela una superpoblación carcelaria del 6 por ciento.
Quiere decir que por cada preso hay 4,3 prófugos, pero la proporción de fugitivos es mucho mayor si tenemos en cuenta que de los 11.824 presos en las cárceles federales solo el 42,2 por ciento -4883- se encuentra privado de su libertad por contar con una condena en su contra, mientras que el 58,6 por ciento restante -6938- solo está procesado.
La cantidad de prófugos es preocupante. Si bien el 70 por ciento de ellos, según el Cufre, son considerados comunes y muchos ignoran que sobre ellos pesa un pedido de captura porque su defensor no los puso al tanto o porque ellos directamente lo ignoraron, se pone en evidencia aquí el mal funcionamiento de la Justicia, cuando no su indiferencia, máxime si, como explica el propio Cufre, estos prófugos "comunes" siguen viviendo en sus domicilios y mantienen sus rutinas habituales.
El 30 por ciento restante son casos complicados. Se trata de prófugos con recursos para continuar eludiendo la ley y que suelen mudarse de vivienda hasta una vez por semana.
Una de las soluciones al problema de la delincuencia requiere una drástica reducción de la cantidad de prófugos. Por liviana que sea la condena, se trata de un pronunciamiento de la Justicia y debe ser cumplido. De otro modo, nos encontramos ante un incentivo para los delincuentes, que se sienten impunes. Y lo son.
Pero lo mismo, aunque revestido de una mayor gravedad institucional, ha ocurrido con delincuentes de peso como Ibar Pérez Corradi, uno de los hombres más buscados de la Argentina, involucrado en el escándalo de la efedrina. Pérez Corradi estuvo prófugo durante cuatro años, hasta caer en 2016. Residía en Paraguay y existe la firme sospecha de que los servicios de inteligencia argentinos estaban al tanto de su paradero y que simplemente, y por obvias razones de complicidad, no hubo ninguna voluntad de atraparlo mientras el kirchnerismo se mantuvo en el poder. Otro caso fue el de Claudio Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, presuntamente vinculado con la mafia de los contenedores. Fue detenido el año pasado en Chapadmalal luego de permanecer prófugo durante casi un año. En cambio, Matías Alejandro Espiasse Pugh, un peligroso delincuente considerado el prófugo más buscado del país tras huir del penal de Ezeiza en 2013, logró evadir a la policía durante cuatro años hasta ser capturado en diciembre pasado, en Mendoza.
El Cufre comenzó a operar en 2016, integrado por efectivos de cada fuerza de seguridad, además del Servicio Penitenciario Federal. Aunque cueste creerlo, antes de su constitución, las fuerzas policiales no solían compartir información sobre los prófugos. En un país tan extenso como el nuestro, aquella increíble falta de coordinación no puede concebirse como obra del azar, sino de una clara intencionalidad vinculada con la cultura de la impunidad, que ahora parece comenzar a debilitarse.
Editorial La Nacion
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