Por Malú Kikuchi
Caso Maldonado, datos: Santiago Maldonado, 28 años, artesano tatuador, habitando desde hacía poco tiempo en Esquel, provincia de Chubut. Cercano ideológicamente al grupo mapuche del Pu Lof de Cushamen (tierras ilegalmente ocupadas por este seudo pueblo originario), los acompañó cuando estos cortaban la ruta 40 reclamando “tierras ancestrales”. La gendarmería reprimió.
Sucedió el 1º/8/2017, Santiago Maldonado desapareció. La desaparición fue caratulada como “forzada”, lo que implicó que miembros del gobierno (FFAA, nacional, provincial o municipal), secuestraron al tatuador privándolo de la asistencia de un juez. Testigos mapuches declararon haber visto como los gendarmes subían a Santiago a una de sus camionetas. Ellos zafaron porque cruzaron el río Chubut.
De acuerdo a Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, este le tenía miedo al agua, ya que de chiquito casi se ahoga en Misiones. La “desaparición forzada” ¡en democracia!, fue explotada políticamente por Estela de Carlotto y el resto de la oposición a semanas de las elecciones legislativas. Se usaron todos los elementos posibles para encontrar a Maldonado y el estado gastó $53.539.571 en ello.
Mientras, las marchas se sucedían gritando el nombre de Santiago Maldonado. La abogada defensora de la familia Maldonado es Verónica Heredia. El juez federal de la causa es Gustavo Lleral, subrogante en esta causa especial. Después de 77 días, el 16/10/2017, se encontró el cuerpo de Santiago atrapado por unas ramas en el río Chubut. Ya no era más un desaparecido, se le debía una autopsia.
La misma se realizó en la Capital, el 20/10/2017; el traslado desde Trelew se hizo guardando todos los recaudos y vigilado por la familia. Incluyendo al perito de parte, Alejandro Incháurregui (al que el Estado, o sea nosotros, le pagó $300.000 por 6 meses de trabajo) y 54 peritos más, un total de 55, concluyeron que Santiago murió asfixiado por inmersión, más hipotermia. La familia aceptó.
Santiago Maldonado no presentaba golpes, ni marcas de ataduras, ni ninguna muestra de maltrato. Simplemente, se ahogó, no nadaba bien y el frío del río Chubut al pie de la cordillera en pleno invierno, hicieron lo suyo. A pesar del concluyente resultado, que obligó a cambiar la carátula de la causa, la abogada y la familia estiran el caso de manera inverosímil y sin tener razones para hacerlo.
¿Sin tener razones? La abogada Heredia le pide al juez Lleral que se trasladó a Rawson, capital de la provincia, que vuelva a Esquel, para ocuparse de este único caso, aparentemente ya resuelto. Porque los costos de llevar los escritos y trasladarse hasta Rawson son onerosos. Lleral contesta que la familia Maldonado recibe ayuda del estado nacional del Programa Asistencia a las víctimas.
Esta ley Nº 27.372, todavía no reglamentada, asiste económicamente a las víctimas de delitos federales. Santiago Maldonado se ahogó sin que nadie lo “ayudara” a ahogarse, ¿eso es un delito federal? Hasta ahora y desde el 29/8/2017, la familia Maldonado ha recibido $1.600.000 del Estado Nacional desde el ministerio de justicias y DDHH. Nosotros le pagamos a los Maldonado, más de $200.000 p/mes.
Sergio Maldonado lo admite: pasajes aéreos, traslados vehiculares, alojamientos, etc… A pesar de la “asistencia”, declaró públicamente: “a) que el 1º /8 hubo una salvaje represión por parte de una fuerza de seguridad estatal, conducida y apoyada por las autoridades políticas; b) que se produjeron desvíos y entorpecimientos en la cause de parte de la Justicia Federal de Chubut y el Poder Ejecutivo Nacional; c) que es necesario contar con investigadores especializados e independientes para lograr conocer la VERDAD, obtener JUSTICIA y evitar la IMPUNIDAD en el caso de la muerte de Santiago”. (Las mayúsculas, como el resto, son de Sergio Maldonado).
¿Cómo sabe Sergio Maldonado que la represión sucedió tal como la cuenta si no estuvo presente? ¿Los investigadores y peritos (incluyendo al de su familia) no le son confiables? De ser así, ¿por qué aceptó el resultado de la autopsia? Si conoce tan bien el accionar de la justicia federal chubutense y el de los políticos que escondieron ¿qué?, debe dar a conocer sus fuentes.
Porque si todo lo que dice es cierto, entonces la situación institucional argentina es trágica y hay que hacer algo al respecto. De no ser así, si todo esto de alargar y alargar algo que ya está resuelto, se reduce a seguir recibiendo los más de $200.000 por mes, que muchos de nosotros quisiéramos, entonces, la situación, también es trágica. ¿El gobierno le tiene miedo a las ONG de DDHH?
Obviamente que a las ONG de DDHH de la extrema izquierda, a los de mamá Hebe y nona Carlotto, no a todos, a los reales, auténticos DDHH que todos tenemos, pensemos como pensemos. Y este caso, se mire como se mire, es un curro de DDHH zurdos, que seguimos pagando entre todos. Y son muy caros, en $$$ y en desmoralización. Al cambiar de gobierno creímos, Macri nos lo dijo, que se acababan los curros con los DDHH, no es cierto, los Maldonado son la prueba. Al gobierno le falta coraje, ese que le sobra para subir las tarifas y le falta para terminar con estos curros.
LaCajaDePandoraOnLine
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