Por Pepe Eliaschev
¿Alguien podría imaginar que desde un gobierno que se
proclama peronista se justificara, relativizara o directamente elogiara un
brutal asesinato político cometido durante la última presidencia del general
Juan Perón que tenía como objetivo seguir debilitando y deteriorando al líder
elegido por el 62% de los argentinos?
Pasó hace poco, cuando en el predio donde funcionaron
hasta 2004 varias dependencias de la Armada se organizó un homenaje para
justificar un crimen cometido pocos meses antes de la muerte del general Perón.
El viejo caudillo asumió el poder el 12 de octubre de
1973 y falleció el 1º de julio de 1974. Su presidencia alcanzó apenas nueve
meses y medio, aunque Perón estuvo fuera de combate muchos de esos 265 escasos
días. En uno de ellos, el 28 de abril de 1974, el juez Jorge V. Quiroga fue
asesinado a balazos por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP).
Que este crimen, no importa cuán aborrecible pudiera
haber sido para algunos la trayectoria de Quiroga, haya ocurrido durante el
gobierno de Perón no parece revestir demasiada importancia para los
funcionarios del llamado Archivo Nacional de la Memoria, una dependencia de la
Presidencia de la Nación en la que hace pocos días se entregó una placa de
bronce que durante 33 años estuvo fijada en la fachada del edificio donde hoy
funciona la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
capital federal y cuyo presidente, Gustavo Bruzzone, ordenó la extirpación.
Bruzzone ordenó el 8 de junio el retiro de una placa que
evocaba el asesinato del juez Quiroga, integrante de la Cámara en lo Penal
entre 1971 y 1973. Lo hizo en el mismo espíritu con que Néstor Kirchner mandó
retirar los cuadros con la imagen de Jorge Videla y Reynaldo Bignone de las
paredes del Colegio Militar de la Nación el 25 de marzo de 2004: lo que no se ve, no sólo no existe, sino
que tampoco existió.
Lo nuevo de esta cuestión de la placa es que constituye
de hecho un homenaje a la lucha armada llevada adelante por organizaciones
guerrilleras en plena democracia. Ya no sólo se trata de justificar o ensalzar
las grandes operaciones insurreccionales concretadas entre junio de 1966 y mayo
de 1973, bajo el régimen de facto de la llamada “revolución argentina”.
Bruzzone ordenó el 8 de junio el retiro de una placa de
bronce que evocaba el asesinato del juez Quiroga, integrante de la Cámara
Federal en lo Penal que funcionó entre 1971 y 1973 en el edificio de la porteña
calle Viamonte, frente al hoy recuperado Teatro Colón.
La placa fue luego entregada como trofeo de guerra en el enorme predio ocupado por la Armada donde
ahora tienen su sede diversos organismos
que se describen a sí mismos como defensores de los derechos humanos. La
placa arrancada formará parte de las exhibiciones de un aún no inaugurado “Museo de la Resistencia”.
Además de los funcionarios de la Presidencia de la Nación
que recibieron alborozados la placa (Luis Alén, Carlos Lafforgue, Judith Said y
Marcelo Duhalde), se encolumnaron los jerarcas del Servicio Penitenciario
Federal, inspectores generales Benito Paredes Sánchez, Juan Gregorio Natello y
Jorge Benjamín Ceballos, encabezados por el director del cuerpo, Víctor Hortel.
Al recibir la placa arrancada, el presidente del Archivo
Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, manifestó que aquella Cámara
Federal Penal que integraba Quiroga “quitó de la justicia ordinaria los delitos
de la guerrilla cometidos en su legítimo derecho de resistencia a la opresión”.
Sugestivo binomio elegido por Torres Molina, él mismo un
veterano militante de la izquierda revolucionaria décadas atrás: admite que
eran delitos, pero alega que se perpetraron como parte de un “legítimo derecho de resistencia a la
opresión”.
El ametralladorista que asesinó a Quiroga ejecutaba, así, una venganza del
ERP por el asesinato de los 16 presos baleados en la cárcel de Trelew el 22 de
septiembre de 1972. Lo llamaban justicia popular. El día de la matanza
de Trelew gobernaba el país un régimen de facto encabezado por el general
Alejandro Lanusse. Dos años y medio más tarde gobernaba Perón. El ERP le había declarado la guerra no sólo
a Perón sino al propio Héctor Cámpora. Cuando el odontólogo de San Andrés
de Giles asumió el 25 de mayo de 1973 la presidencia de la Nación, escoltado
por los presidentes de Chile y Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, el ERP avisó al país en un parte
firmado por su comandante Mario Santucho que
no abandonaba la armas y seguía en
guerra contra las Fuerzas Armadas “y el imperialismo”.
El asesinato de Quiroga no fue el primero ni el último de
la extensa serie de ejecuciones, secuestros y copamientos de unidades militares
consumados por el ERP desde mayo de 1973 hasta su sangriento final en julio de
1976.
La novedad de esta grave ceremonia es que patentiza el
absoluto sometimiento político-ideológico de los cuerpos de seguridad del
Estado a los dictados del grupo gobernante.
El director del SPF, Hortel, justificó la decisión de
retirar la placa de Quiroga como parte de “una gestión novedosa del Servicio
Penitenciario, coherente con la política de Memoria, Verdad y Justicia del
gobierno nacional”. Fue elocuente: “El Servicio Penitenciario tiene que
desprenderse de lo que lo liga con esa etapa negra de la historia argentina”.
Su gratitud para con la Casa Rosada es explícita: “todo esto sólo es posible con
este gobierno y gracias a la lucha de un montón de gente que militó
permanentemente por los derechos humanos”.
Es tenebroso que en ningún momento los nuevos custodios
de la placa de Quiroga admitieran que ese
juez fue asesinado.
Cualquier persona de hasta 40 años que haya leído la
crónica de ese acto bien podría concluir que el mismo carecía de interés, una
simple placa arrancada y nada más. Pero Quiroga fue asesinado siendo Perón el
presidente de la Argentina y hoy la Argentina tiene un gobierno que se
identifica (cada vez menos, es cierto) como peronista, una paradoja sugestiva.
La Cámara Federal en lo Penal creada en mayo de 1971 por
la dictadura de Lanusse estuvo integrada por magistrados civiles y se abocó al
procesamiento de delitos que ya no podían sustanciarse en la justicia regular.
Fue disuelta tras la llegada del peronismo al poder. Me permito derivar al
lector de EL DIA mi reciente libro “Los hombres del juicio” (Editorial
Sudamericana, Buenos Aires 2011) donde el asunto es tratado en profundidad.
El retiro de la placa de Quiroga revela que el Gobierno
avanza un paso más en un proceso de enormes repercusiones
Al relativizar la gravedad de un asesinato político
ejecutado bajo el agónico pero legítimo gobierno constitucional de Perón, el Gobierno
prosigue el desarrollo de su programa ideológico. Autor del libro “Disposición
final”, el periodista Ceferino Reato sostiene que el kirchnerismo “se ve a sí mismo como heredero de una
generación masacrada” por los militares y sus aliados.
En su libro, Reato logró que Videla confesara por primera
vez que el régimen que él encabezó formalmente asesinó a entre 7.000 y 8.000
personas durante la dictadura. La semana pasada, Videla fue condenado a 50 años
de prisión por el robo de criaturas, bebés de mujeres detenidas durante la
guerra contra la subversión.
“El Gobierno y
Videla nos hacen vivir en un pasado continuo”, dice Reato, y cuando Videla muera “el kirchnerismo lo va a llorar porque
personifica el mal de la manera que el oficialismo quiere”.
Para el periodista, “es importante conocer lo que pasó antes del
golpe de Estado, reconocer que las guerrillas causaron muchos muertos, se habla
de unos 1.000, y que también tienen familiares. Son todos argentinos y ambos
lados necesitan conocer la verdad”.
El retiro de la placa de Quiroga revela que el Gobierno
avanza un paso más en un proceso de enormes repercusiones, al remodelar la
historia argentina en el marco ideológico según el cual la violencia criminal es un arma política legítima, incluso en democracia.
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