Por
Diego García Montaño
En
los últimos días, se ha podido conocer por distintos medios un reportaje que
concediera Videla a la Revista: “El Sur” (Río Cuarto, Córdoba).
Se
trata de una entrevista llevada a cabo durante tres días, bajo el título de: “La Confesión” por Adolfo Ruiz, en el
año 2010, cuando el ex presidente de facto se encontraba encarcelado en
Córdoba.
Pero,
¿por qué recién se publica esta conversación,
que tiene casi dos años?
Al
parecer, Videla puso varias condiciones para que la entrevista
pudiese ser difundida, entre otras, que recién se publicara después de su muerte.
Las
explicaciones dadas por el director del medio gráfico, Hernán Vaca Narvaja, de por qué incumplió con la palabra empeñada, son poco creíbles.
Primero
dice que lo hizo porque fue el propio Videla quien no respetó el pacto, al
haber hablado para otros medios; pero en otra parte, Vaca Narvaja dice que es
por: “…Pedido de nuestros lectores y
atento a la repercusión nacional que ha tenido la nota…” (1)
¿Y la ética
periodística?
Bien, gracias…
Hacemos
estas prevenciones para que las tengamos en cuenta al momento de poder fiarnos,
o no, sobre lo que declara Videla.
Pero
supongamos que creemos de buena fe, que todas las expresiones del ex presidente
fueran ciertas. La pregunta que nos surge es la siguiente: ¿Qué es lo que ha provocado tanta movida mediática?
Aparentemente,
lo novedoso sería que Videla declaró que la Iglesia estaba al tanto de los
desaparecidos, desde un primer momento. ¿Y?... ¿qué es lo “novedoso” del tema?
De
hecho, de la larga entrevista sólo una respuesta del militar va dirigida a la
conducta de la Iglesia en esos tiempos.
Refiriéndose
a los desaparecidos, contesta: “En mi
vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta muchas veces. Con la
Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos… Con el
nuncio apostólico Pío Langhi (Laghi, debería decir). Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la
forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció su buenos oficios…”.
Fin,
no hay más nada. Pero y entonces… ¿qué es lo impactante?
Bueno,
aquí la cosa ya requiere un poco más de esfuerzo intelectual. La exégesis que
se pretende hacer con las manifestaciones de Videla, es que la Iglesia y la
Junta Militar formaban una especie de
asociación ilícita para encubrir y silenciar la cuestión de los desaparecidos.
El
tema de siempre, de aquellos que nos quieren hacer ver la historia con su
visión tendenciosa: La Iglesia fue cómplice del Proceso. Eso dice la “memoria” de ellos, a la que tanto
apelan, pero, ¿qué dice la historia?
A
esta altura del relato y si es que no lo hemos aburrido mucho, le proponemos
algo: que tampoco nos crea a nosotros, si le parece, pero sí a los documentos de la Iglesia que le
presentaremos a continuación.
Nos
hemos tomado el trabajo de reproducir algunos escritos, todos oficiales,
públicos y publicados en su momento por la Conferencia Episcopal Argentina (2).
Señalamos
solamente aquellos informes eclesiales que van dirigidos a Videla, ya sea a
modo particular, o como miembro de la Junta.
En
1975 (gobierno peronista), y con motivo de la proximidad de la Navidad, le
solicitan (3): “…se otorgue: 1) a los familiares de los presos, un tiempo más amplio
de visita; 2) puedan los detenidos recibir obsequios… 3) quienes lo soliciten
puedan recibir los sacramentos…”.
En
mayo de 1976, a tan solo un mes y medio del golpe de Estado, dicen: (4) “El
Estado no puede renunciar a su deber de ejercer la autoridad legítima y
necesaria, aún en el plano coercitivo… El bien común y los derechos humanos son
permanentes, inalienables y valen en todo tiempo-espacio concreto, sin que
ninguna emergencia, por aguda que sea, autorice a ignorarlos…
Hay hechos que
son más que error: son pecado y los condenamos sin matices… es el asesinar -con
secuestro previo o sin él- y cualquiera sea el bando del asesinado…
Además, se
podría errar: si en el afán por obtener seguridad,…se produjeran detenciones
indiscriminadas,…ignorancia sobre el destino de los detenidos…”.
7
de Julio de 1976 (5): “…las gentes se preguntan, a veces sólo en
la intimidad de su hogar o círculo de amigos... ¿qué garantía, qué derecho le
queda al ciudadano común?”
Reiteran
asimismo el pedido: “…sobre la situación
de los presos y la posibilidad de alguna información que tranquilice a sus familias…
haciéndonos portavoces de mucha gente que no sabe o no se atreve a dirigirse a
los jefes del país”.
15
de noviembre de 1976 (6): “…parecería que las personas constituidas en
autoridad civil o militar han perdido la serenidad de discernimiento ecuánime…
El problema de
los derechos humanos: se reciben pedidos por presos o secuestrados; se habla de
personas con problemas de conciencia porque han debido intervenir en torturas;
la ignorancia sobre el destino de las personas…”.
17
de marzo de 1977 (7): “… las inquietudes que de todas partes nos
llegan desde hace tiempo… la situación de no pocos ciudadanos a quienes el
reclamo de sus parientes y amigos presenta como secuestrados o desaparecidos,
por la acción de personas que dicen ser de las Fuerzas Armadas o policiales;…
los casos que nos son presentados, de abusos contra la propiedad en las
operaciones de represión: desaparecen todo tipo de objetos que nada pueden
tener que ver con una adecuada averiguación policial… el fin no justifica los
medios”.
Podríamos
seguir reproduciendo documentos, pero pensamos que con los hasta aquí
expuestos, son más que suficientes como para tener una idea de cuál fue el
papel y la postura oficial de la CEA en aquellos años difíciles.
Paradójicamente,
en el imaginario popular y como lo hemos dicho antes, la Iglesia es catalogada
como cómplice del Proceso.
Mientras
Sábato almorzaba con el “culto, modesto e inteligente” (8) de Videla en mayo de 1976, el episcopado ya denunciaba la
cuestión de los desaparecidos.
Remitiéndonos
a nuestra actualidad, sería auspicioso
que la CEA se expresara una vez más y como lo hiciera en aquellos años, para poner de manifiesto la situación de
injusto encierro que viven hoy los cerca de mil presos políticos detenidos,
integrantes del las FF.AA. y de Seguridad, incluidos algunos miembros de la
propia Iglesia.
Casi
todos mayores de 70 años, para ellos lo único que existe es la venganza revanchista, disfrazada de
Themis.
Para
ellos, ni Derechos Humanos ni
soluciones humanitarias. Solamente prisiones preventivas indefinidas,
anulaciones de leyes, desconocimiento del principio de inocencia, de la irretroactividad
de la ley penal, etc.
Para
ellos, ni la esperanza de una muerte
digna.
1)
Ver: revistaelsur.com.ar, edición del 24/07/12.
2)
Conferencia Episcopal Argentina: “Iglesia y Democracia en la Argentina”, Buenos
Aires, 2006, pp. 625 y sgts.
3)
14 de diciembre de 1975: “Carta al Comandante en Jefe del Ejército Argentino
solicitando-con motivo del Año Santo- cierta dulcificación de la penas a los
detenidos”.
4)
15 de mayo de 1976: “Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina”.
5)
“Carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina a la
Junta Militar sobre el incalificable asesinato de una comunidad religiosa”.
6)
“Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEA con la Junta Militar”
7)
“Carta de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina a los
miembros de la Junta Militar sobre inquietudes del pueblo cristiano por
detenidos, desaparecidos, etc.”.
8)
Expresiones de Ernesto Sábato al diario: “La Nación”, 20 de mayo de 1976.
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