La falacia del Juez Bejas y la cobardía de los asesinos del Capitán Viola

Al Sr. Presidente de la Nación Mauricio Macri,
al TOF Nro xx de Tucumán,
al Pueblo Argentino en general
y al Tucumano en particular;

Para los próximos días está anunciado, en San Miguel de Tucumán, la celebración del juicio por la “Megacausa del Operativo Independencia”. Al respecto y, con el sólo ánimo de evitar un acto de injusticia mayúsculo, luego de analizar pormenorizadamente el auto de elevación a juicio del juez Daniel Bejas (en adelante, AOI), decimos:

1- Que, el AOI se funda en una hipótesis falsa, disparatada y a contrapelo de los hechos según la cual el Operativo Independencia: sería parte (“última fase”) de un plan perverso de las FF.AA., pergeñado y comenzado en el gobierno de facto del General Onganía, cuyo fin último era perjudicar al pueblo tucumano en desmedro de intereses hegemónicos del capitalismo.
2- Que, como es evidente, el dislate en el que funda el juez Daniel Bejas su auto de elevación a juicio se da de patadas con el sentido común y con el Decreto Nº261/75 del gobierno constitucional de “Isabel” Perón. El cual establece la necesidad de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán…” en la urgencia del Estado por evitar que los tucumanos quedaran cautivos de la banda terrorista ERP. Sin la Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez en Tucumán no habría existido el Operativo Independencia ni, tampoco, el supuesto “laboratorio de pruebas” de la represión. Lo que hace Bejas, poner el carro delante del caballo, es un insulto a la inteligencia de los contribuyentes que le pagamos el sueldo.
3- Que, el juez Bejas negó a la Sra. María Cristina Picón de Viola (respectivamente, viuda y madre de las víctimas) la reapertura de la causa por asesinato del Capitán Humberto Viola y su hija María Cristina, estimando que tales crímenes no eran de lesa humanidad, decisión que fue revocada por la Cámara Federal, tribunal que, no obstante, no reabrió la causa alegando que los responsables habían sido juzgados. Al recurrir ante la Cámara de Casación se probó que muchos de los autores directos no habían sido juzgados, y menos aún los miembros del buró político del ERP autores mediatos de tales crímenes. La Justicia debiera citar, entre otros, a Juan Arnold Kremer (alias “Luis Matini”), Daniel De Santis, la jueza tucumana Alicia Noli y otros integrantes del PRT-ERP para deslindar responsabilidades y contar lo que saben sobre ese crimen. La Cámara de Casación sostuvo que quienes ordenaron esos crímenes en el marco de represalias indiscriminadas no tenían relación alguna con ellos, decisión confirmada por la Corte. Tal escándalo jurídico y simulacro de proceso, será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4- Que, en el colmo del despropósito, el juez Bejas admite como denunciantes y víctimas del Operativo Independencia a los cuatro individuos que fueron condenados por el asesinato del Cap Viola y su hija. Para el juez, la versión de los asesinos (de que fueron torturados y obligados a firmar la confesión de ese crimen) es cierta, asumiendo que son inocentes. De allí que ordene el procesamiento de aquellos funcionarios que, hace cuarenta años, tuvieron a su cargo la investigación del doble crimen. No se molestó en preguntarle a la Sra. María Cristina Picón, testigo y víctima de la masacre de sus seres queridos, sobre la responsabilidad criminal de los señores Francisco Antonio Carrizo, José Martin Paz, Rubén Jesús Emperador, Miguel Alberto Vivanco, Fermín Núñez y Florencio Antonio Nieva.
5- Que Bejas, criminaliza al Operativo Independencia y, por ende, a los que en él participaron, a través de su nefasta invención de que dicho Operativo era parte de un plan sistemático de exterminio elaborado por las FF.AA. en la década del 60 y no una respuesta a la acción del ERP en el monte tucumano.
6- Que tanto Bejas como los jueces del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, denotan dependencia política al negarse a imputar y, ni siquiera permitir, que sea citada como testigo María Estela Martínez de Perón entonces Presidente de la República, elegida con el 62% de los votos, que firmó el decreto que ordenaba “aniquilar” al enemigo con el apoyo y también firma de miembros de su gabinete.
Por lo dicho y por otras razones de peso, que por falta de espacio no reseñamos, estamos convencidos de que este juicio es nulo de nulidad absoluta y se inscribiría en un plan sistemático de persecución al colectivo de las FF.AA. Sostenemos además que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al constituirse en querellante, pasa a ser cómplice de la violación a los DDHH de los acusados. Hoy en la Argentina hay más de 1.500 Presos Políticos en condiciones paupérrimas, la mayoría de ellos mayores de 70 años, varios de ellos mayores de 80 años, una gran cantidad sin condena firme y con plazos de prisión preventiva que en varios casos superan los 10 años. Hacemos público también que en nuestro país ya han fallecido en cautiverio un total de, al menos, 349 de esos Presos Políticos; y, por ellos alguien deberá responder. Por ser el Estado Argentino quien sostiene ese plan sistemático de persecución y permitir las violaciones a los DDHH de estos Presos Políticos entendemos que hoy en Argentina se cometen crímenes de Lesa Humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Por tanto, responsabilizamos al Dr. Daniel Bejas, a los integrantes del Tribunal Oral Federal N° ...... Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, así como a la Dra. Alicia Noli (quien fuera militante del ERP y esposa de un desaparecido), por violar los derechos humanos y por permitir juzgar un hecho que respondió a una orden de una presidente Constitucional, permitiendo además, que conocidos guerrilleros sean presentados como víctimas cuando en el mejor de los casos, deberían estar imputados y siendo juzgados por los aberrantes hechos cometidos.
Aprovechamos la presente para solicitar adhesiones a esta causa como, así también, hacer un llamado con el fin de organizarnos en contra de la injusticia manifiesta del poder judicial federal. A esos efectos hemos creado el muro de Facebook “Jueces prevaricadores bajo la lupa”.

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