Urge que los jueces cuenten con la ley de extinción de dominio para castigar a los funcionarios que cometen ilícitos y lograr que el dinero del Estado vuelva a él.
Son cada vez más comunes en numerosos países las noticias vinculadas con la recuperación, por parte de los Estados, de dinero y bienes obtenidos como producto de la corrupción. Leyes nacionales y convenios internacionales permiten cada vez más "recuperar lo robado", como bien ha dicho la diputada Elisa Carrió, autora de uno de los proyectos presentados en ese sentido en la Cámara baja.
Recuperar lo que le ha sido robado al propio Estado, o sea, a cada uno de los ciudadanos que lo componen, le permite a éste volver a direccionar esos recursos a los fines de su propia existencia. Entre ellos, educación, seguridad y justicia.
En nuestro país, la denominada ley de extinción de dominio y repatriación de bienes dio su primer paso el año pasado cuando Diputados, con una amplia mayoría de legisladores, aprobó un proyecto que sintetizó varias iniciativas.
Esa sanción de Diputados fue fuertemente criticada en la Cámara alta, que emitió su propio dictamen modificatorio del proyecto. Su tratamiento, sin embargo, nunca llegó a ese recinto. Para que se convierta en ley, la Cámara baja debería aceptar los cambios que eventualmente introduzca el Senado o bien insistir en su sanción original mediante una mayoría especial de votos.
Por otro lado, diversos especialistas que destacan la inestimable ayuda que proporcionará a jueces y fiscales la ley de extinción de dominio, alertan que ya existen en el país dos disposiciones que bastan para actuar de inmediato en casos de corrupción de funcionarios públicos: las leyes de responsabilidad del Estado y de administración financiera del Estado.
Es más, amparada en la legislación en vigor, la diputada nacional electa Graciela Ocaña anunció que solicitará en lo inmediato a la Justicia el embargo de la sucesión de Julio Grondona, en la sospecha de que su patrimonio es producto de fondos ilícitos.
El caso de los bolsos con millones de dólares que intentó ocultar el ex funcionario kirchnerista José López en un seudoconvento de General Rodríguez fue el disparador determinante y, al mismo tiempo, el más grosero para que la Cámara baja decidiera avanzar sobre la extinción de dominio. Impulsaron el proyecto en esa instancia el bloque Renovador, acompañado por el oficialismo. En cambio, el Frente para la Victoria se opuso y hubo unas pocas abstenciones.
Entre otras cuestiones, aquel proyecto -una norma de carácter civil, no penal- contempla tanto los bienes ubicados en el país como en el exterior, sin fijar plazo de prescripción para la extinción de dominio; esa figura se diferencia de la de decomiso, que cuenta con limitaciones marcadas, y la extiende a los delitos de corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, asociación ilícita y secuestros extorsivos, entre otros. Sin dudas, el objetivo final es garantizar la transparencia de las instituciones y contar con más mecanismos ágiles para que los delincuentes reciban su debido castigo y los bienes sean restituidos a sus verdaderos dueños, o sea, todos los contribuyentes.
Una de las mayores críticas que un plenario de comisiones del Senado realizó a la sanción de Diputados fue, precisamente, que el hecho de que apuntara sólo a lo civil volvería la ley inconstitucional, en el entendimiento de que, si no existe una sentencia penal, el decomiso de dineros y bienes no es posible.
Por esa razón, el dictamen al que arribó un plenario de comisiones de la Cámara alta después de haber escuchado la opinión de numerosos especialistas fue que la extinción de bienes provenientes de actos ilícitos se realizará en el fuero penal. Se acordó, además, que el procurador del Tesoro de la Nación será quien vele por la defensa de los bienes que retornarán al Estado como producto del narcotráfico y de otros delitos complejos; la forma de administrarlos y la restitución de los que correspondan a la persona que finalmente resulte absuelta por inexistencia de delito.
La permanencia de la extinción del bien en el fuero penal fue fundamentada por los senadores en que son dichos magistrados quienes resuelven causas de esa naturaleza y quienes conocen sobre delitos complejos.
Respecto de la figura del arrepentido, también existieron fuertes cuestionamientos. Se trata de un instituto que existe desde la década del 90 para casos de narcotráfico, pero cuya aplicación hasta el momento no ha resultado como se esperaba. En el Senado se ha llegado a decir, incluso, que el proyecto de extinción de dominio sancionado por Diputados era un "mamarracho", una iniciativa "inaceptable, que viola los principios de igualdad, de culpabilidad y de inocencia". El debate senatorial sobre esa ley entonces se empantanó. Y ya ha pasado más de un año sin que se pueda avanzar en la discusión de cuáles serán las mejores herramientas para concretar el aporte institucional más acabado a la transparencia, una meta tan declamada, pero sobre la que no se han dado aún todos los pasos que se necesitan.
En las últimas semanas venimos observando una aceleración judicial en causas por corrupción que, por diversas cuestiones, venían siendo demoradas. Es necesario que los jueces cuenten también con los instrumentos para poder quebrar el pacto de silencio con el que se maneja el crimen organizado y, luego, disponer de la restitución de lo robado. Quebrar la omertá entre los delincuentes es el punto de partida para avanzar en las investigaciones, pero hace falta más.
La propia sociedad civil viene reclamando, en los más variados ámbitos, transparencia. Han existido peticiones públicas por la sanción de la ley de extinción de dominio, como la que en su momento se abrió en la plataforma change.org. Las urnas también han hecho sentir su reclamo de ética. Los legisladores deberían retomar el debate, acercar posiciones y sancionar la ley más adecuada para que, en nuestro país, quien roba al Estado no salga impune y para que lo robado sea destinado a los fines a los que siempre esos dineros debieran ser asignados.
Editorial La Nación
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