No hay en estas líneas una sola gota de escepticismo o exageración.
Es más simple: En esto se apoya la supervivencia fatal de la malignidad.
Por el Lic Gustavo Adolfo Bunse
“Al principio, todo fenómeno maligno es como un virus. Al cabo de un tiempo, llega a convertirse en una realidad tangible. El sabio piensa a largo plazo.Por eso, presta mucha atención a los gérmenes y a los virus. La mayoría de los hombres carecen de perspectiva… por eso, no se ocupan del problema hasta que no ha llegado a ser muy evidente. Cuando se trata de un virus común, es un asunto sencillo. Pero cuando se trata de un virus maligno, es preciso invertir muchos recursos en resolver el mal.
Y todos los esfuerzos suelen ser en vano” (Tratado Secreto de Estrategia China).
La crisis ya se instaló aquí.
La pregunta que muy pocos se han hecho, es cuanta responsabilidad de esa crisis es consecuencia de factores internos o endógenos, muchos de los cuales venían creciendo gravemente desde hace cuatro años de la mano de nuestra dinastía… y cuanta responsabilidad es imputable al gran drama financiero del hemisferio norte.
Y la respuesta… la conoce muy bien nuestro gobierno, que ha quemado incienso de gratitud por este inesperado cimbronazo internacional que le vino a caer como anillo al dedo, llenando la Casa Rosada de máscaras venecianas que se repartían allí gratis para tapar los rostros de culpabilidad de una docena de inoperantes, empezando por los cónyuges, que son los dueños escriturales de un verdadero catálogo de desquicios.
Sólo el gravísimo problema del campo, al que se verá muy pronto regresar de su tumba, alcanzaba para saber que el vehículo del matrimonio ya se había ido al pasto.Y estaba allí, formando parte del paisaje, con las ruedas para arriba.
Eso ocurrió en los primeros días de marzo, hace ya ocho meses.
La implosión de los Estados Unidos no tiene más de 60 días de vida.
Nuestro virus maligno es pues, tan anterior a ella, que justo a punto de ser aislado, pudo mutar como el HIV, enmascarándose con simpleza alarmante, dentro de un nuevo capullo, para seguir viajando en el torrente sanguíneo de todos nosotros.
Y así fueron las cosas.
Ahora tenemos mucha gente confundida… frente a un gobierno victimizado.
Si los siervos de la gleba que responden a los monarcasenel Congreso, dejan pasar el blanqueotal como es previsible, no sólo tienen “resuelto” el grave problema de caja que los angustiaba, sino que además podrán borrar de un solo golpe, varios problemas penales que hoy los salpican en la cara.
Negar que ahora tienen ya el camino bien pavimentado hacia las elecciones legislativas de 2009 y seguramente las nacionales de 2011, sería ignorar que la política de oficialismo que nos tutela, es sólo un problema de dinero.
Ni el bien común, ni el honor, ni el mérito, ni los augustos contrastes de una epopeya patriótica plena de ideales nobles, formaron jamás siquiera una misérrima parte de la esencia política de este oficialismo de baldío.
El poder ha sido y sigue siendo para ellos, el resultado grotesco de una simple contabilidad de almaceneros.
La herramienta de los cuatreros para cortar alambradas institucionales.
La ganzúa para violar la Carta Magna.
Tienen el dinero fresco recién saqueado a las cajas jubilatorias.
Van por un blanqueo exculpatorio y una moratoria histórica, conservando con toda esa nueva caja, una formidable capacidad de sometimiento directo de personas e instituciones.
“Súper poderes” y Emergencia Económica ya están casi prorrogados, sólo para dinamitar cualquier puerta que acaso puedan hallar cerrada.
Sin añadirle a lo anterior, el viejo “Manual del Carterista”, que jamás han abandonado en su vida, van pues, derecho a quedarse con todo en el 2009.
Pero mucho más grave que todo lo dicho:
Es una formidable utopía soñar con que pueda aparecer aquí un personaje lúcido y honesto, que aglutine y conduzca una coalición opositora sólida y homogénea.
El desierto es lo que tienen enfrente.
Terminarán, ahora sí, de estrangular a la prensa con una pauta publicitaria que puede darle oxígeno a varios medios al borde de la quiebra.
Cada día que pasa aparece un nuevo opositor dispuesto a presentarse con lista propia para ser Presidente.Y hasta parece que la fábrica que los pone en movimiento, se encuentra instalada precisamente en Balcarce 50.
Otra vez Lavagna,después de haberse llevado una troja de votos drenados de la segunda fuerza,otra vez Carrió, otra vez Rodríguez Saá, un Mauricio Macri con toda la Ciudad de Buenos Aires haciendo cola para agradecerle la suba salvaje de los impuestos y todos los nuevos aparecidos(y no por ello menos sospechosos) Felipe Soláy Julio Cobos. Sólo por nombrar media docena que puede aspirar a un 8% de votos. Pero hay más.
Y eso es el desierto que tienen enfrente. Ni más ni menos.
Realmente hay que hacer un esfuerzo intelectual de magnitud para no verlo
Es el mejor escenario para que se consume lo que aquí puede esperarse ¡Que la yunta va a retroceder en las preferencias nacionales!
Nadie tiene dudas de eso…Y hasta puede incluso repetirse el cuadro del raquitismo de votos con aquel famoso 21% que los trajo al palacio a un precio de liquidación.
Pero hágase la cuenta módica acerca de lo que puede ocurrir con esta lamentable y andrajosa oposición pulverizada, cegada por el protagonismo carente del arrojo más elemental e incapaz de hallar un solo objetivo de estado, para ponerse de acuerdo.
Vale repetirlo par que no se crea en milagros.
Provincias enteras en estado de dependencia financiera y de confusión cívica, dirigidas por mercaderes de cualquier partido que, con la chequera del gobierno pueden alcanzar sin despeinarse a juntar el 85% de los votos.
Y no se caiga en la tentación de quitar la mirada de lo que ocurre:
Léase bien esto: En todas, en absolutamente todas las fotos de los afiches de campaña de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, estaba la cara de alguno de los dos monarcas y su apellido con letras de molde.
Pero véase también que con el dinero de la campaña de este ex radical, se podrían haber construido sin problemas cuatro hospitales y 9 escuelas.
Un hospital de campaña de los talibanes es mucho mejor que cualquiera de los hospitales públicos que tiene esa provincia. Zamora hizo un hospital de niños (Eva Perón) que ahora ya no tiene médicos calificados ni enfermeras. La presidente le hizo otro hospital en Añatuya en abril último. Pero todos los centros de salud de la provincia están hoy cercados por una gran muchedumbre de niños en estado de completa desnutrición.
Este es el desierto opositor al que me aquí refiero:
El segundo después de Zamora obtuvo menos del 6% de los votos.
No hay en estas líneas una sola gota de escepticismo o exageración.
Es más simple: En esto se apoya la supervivencia fatal de la malignidad.
El prestigioso periódico sumó al ruralista al ránking anual de personajes merecedores de un reconocimiento por ser "una de las personas con iniciativas populares más apoyadas por su pueblo" durante 2008. "Nada es igual en la política argentina" desde su aparición, detalló.
"El día que le tocó hacerse famoso, De Angeli daba un poco de pena: le faltaba un diente, vestía una camisa raída y gritaba por un megáfono que hacía interferencias", dice el diario español. (Patricio Pidal)
Al igual que lo hacía con cada logro rural obtenido durante la guerra gaucha, el dirigente agrario Alfredo de Angeli tiene hoy algo más para dedicarle a su mamá: fue elegido como uno de los "cien líderes del año" mundiales por el diario El País, de España, en una lista compartida con la colombiana Ingrid Betancourt y el presidente brasileño Lula Da Silva, entre otros.
El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos comparte el ranking con otros dos argentinos: el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de la Haya, Luis Moreno Ocampo, y el director del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider.
Para la prestigiosa publicación, el ruralista es "una de las personas con iniciativas populares más apoyadas por su pueblo", por lo que se hizo merecedor a ingresar en esa evaluación anual del diario madrileño.
De Angeli, uno de los principales promotores de la protesta agropecuaria que mantuvo en vilo al país por cuatro meses, fue incluido en la lista que cada año confecciona El País, con los cien líderes más exitosos del año en todo el mundo.
La nota es acompañada por un artículo titulado "El campesino y la presidenta", en la que se lo define como un dirigente sindical que "ha encabezado la mayor protesta social habida en Argentina desde el crash de 2001, obligando al Gobierno a derogar una ley impopular".
"El día que le tocó hacerse famoso, Alfredo de Angeli daba un poco de pena: le faltaba un diente, vestía una camisa raída y gritaba por un megáfono que hacía interferencias. Parecía el ganador de un casting para el papel de un campesino pobre en lucha por la reforma agraria", describió la publicación.
El País también afirmó que "un día la policía lo detuvo y media Argentina estalló en cacerolazos" y que "él fue quien le ganó al Gobierno el día que se la resolución 125 -que disponía las retenciones del 45 por ciento a las exportaciones de granos- fue derogada".
"Nada es igual en la política argentina" desde la aparición de De Angeli, destaca diario español.
Argentina es el país donde lo imposible, es probable. De hecho, lo imposible sucede, razón por la cual la nación carece de credibilidad, dentro del territorio y en el exterior. Argentina es violada permanentemente y con ella son violados sus habitantes.
Por Malú Kikuchi
El gobierno nacional, apoyado por su mayoría en el congreso y en control del poder judicial, viola la Constitución Nacional, viola las leyes, viola las normas, viola los tratados internacionales, viola la ética y la moral.
Los argentinos son violados en sus derechos, una vez si y otra también. La violación no sólo se reitera, sino que, además, no tiene límites.
Los argentinos son violados desde hace 5 años, cuando la mayoría oficialista del congreso le otorga al poder ejecutivo "facultades extraordinarias" (artículo 29, C.N.), delegando anticonstitucionalmente, poderes que son propios del poder legislativo.
Los argentinos son violados en su constitucional derecho a "transitar libremente" (artículo 14, C.N.), cuando el estado no desaloja piquetes de cualquier tipo, que cortan puentes internacionales, rutas, autopistas y calles. Es obligación del estado mantener el orden y la libre circulación; el estado tiene el derecho y la fuerza legal para hacerlo. No lo hace porque piquetes y escraches son funcionales a su política.
Los argentinos son violados cuando el estado no les da la "información adecuada y veraz" (artículo 42, C.N.) que necesitan para planificar sus vidas de acuerdo a la realidad. El estado miente a través de las cifras del INDEC, inventa mundos maravillosos e inexistentes, de los que son excluidos los que no forman parte del gobierno.
Los argentinos son violados cuando incumpliendo el artículo 87 de la C.N., el ejecutivo, en vez de ser unipersonal, es ejercido por un matrimonio, donde él, que no fue votado, gobierna; y ella, que sí fue votada, habla y viaja.
Los argentinos son violados en su derecho a la preservación "de un medio ambiente sano" (artículo 41, C.N.), cuando la Presidente anula el 11/11/08, la ley 26.418 (22/10/08) de protección a los glaciares, sin dar ninguna explicación. La explotación minera de la Barrick Gold parece ser más importante que los glaciares. Decía Quevedo: "poderoso caballero es don dinero".
Los argentinos son violados en su derecho de propiedad (artículo 17, C.N.), cuando el estado nacional se queda con la plata de los aportantes a las AFJP. Son despojados de sus ahorros de 14 años en nombre de una jubilación de reparto que no eligieron. Los ahorros de buena parte de los argentinos pasaron a engrosar las arcas del estado. ¿Quién va a controlar esos aportes?
Los argentinos son violados, cuando los órganos de control de la actividad gubernamental son restringidos a su mínima capacidad por el procurador general de la nación (ministerio público, artículo120, C.N.) Esteban Righi, amigo del presidente K.
Los argentinos son violados cuando la Presidente de la Nación (26/11/08) propone una moratoria y un blanqueo que de acuerdo al jefe de gabinete de Ministros, Sergio Massa, "será la más importante que se haya hecho en el país"; se podría agregar, también la más inmoral.
Los argentinos de bien son violados cuando después de pagar sus impuestos en tiempo y forma, cumpliendo con ley, ven que se premia a los que no pagan, con las facilidades de una moratoria. De aprobarse la ley, se anularían causas penales por más de $2.000 millones en juicios iniciados a 3.600 contribuyentes. Es injusto, es inmoral y no es ético.
Los argentinos son violados cuando el blanqueo que se propone desde el ejecutivo es tan "generoso" que colisiona con los tratados contra el lavado de dinero, firmados por Argentina con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G7, 1987, ampliado en 2003 para combatir el financiamiento del terrorismo) y con la autóctona UIF (Unidad de Información Financiera, ley 25.246/2000, ampliada con la 26.268 contra el financiamiento del terrorismo).
Los argentinos son violados cuando se le abren las puertas a todos aquellos que no pueden explicar sus patrimonios porque provienen del narcotráfico, de negociados y de coimas. Entonces Argentina les ofrece un lavadero excepcional para blanquear sus dineros mal habidos. Pagando sólo el 1% de impuesto.
Los argentinos son violados cuando se intenta hacer del país un santuario para los capitales de los delincuentes. Y no son delincuentes menores, se habla de la posibilidad de incorporar, casi sin costo, dinero de narcos, de lavadores y de traficantes de lo que sea que esté prohibido.
Si la propuesta de blanqueo es votada en el congreso, la violación tendrá consecuencias irreversibles y la ya deteriorada moral pública sumada a la falta de ética, escoltarán para siempre a la nación.
Sin embargo, como en la caja de Pandora, queda una esperanza. Por el bien de Argentina, la esperanza es que el proyecto de ley enviado por la Presidente, tenga en el Congreso, un "voto no positivo".
Publicamos la presentación que realizó la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para ampliar su denuncia contra el ex presidente Néstor Kirchner y el empresario Lázaro Báez por "asociación Ilícita".
INVOCA GRAVEDAD INSTITUCIONAL- PIDE URGENTE INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA SOBRE ASOCIACIÓN ILICITA.
Señor Juez:
Elisa María Avelina Carrió, manteniendo el domicilio procesal constituido en estos autos, a V.S. respetuosamente digo:
I. OBJETO
En mi carácter de denunciante en la causa nº 15734/08, caratulada Kirchner Néstor y otros s/ Asociación Ilícita y otros” que tramita por ante el Juzgado Federal N° 12, en la que denuncié las conductas antijurídicas en relación con los Sres. Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal López y Lázaro Báez por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal y/u otros posibles actos de corrupción; y de acuerdo a la facultad dispensada por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a ampliar los términos de la denuncia oportunamente realizada, atento a que he tomado conocimiento de los hechos que se reseñan a continuación.
Que tanto en el escrito de presentación de denuncias como en sus sucesivas ampliaciones hemos acreditado la matriz de corrupción y los distintos hechos que configuran patrones de criminalidad que llevan a la asociación ilícita por la que denunciamos a Néstor Kirchner como su jefe.
Que en el día de la fecha todos los diarios nacionales describen los anuncios de la Sra Presidente de la Nación, esposa del que se solicita investigar como jefe de la asociación ilícita, respecto de medidas gubernamentales y legislativas.
Que venimos a pedir su investigación, por entender que forman parte de mecanismos legales que de ser instrumentados tienden hacer caer causas judiciales en trámite que vinculan a empresas y hombres ligados a la asociación ilícita, y en segundo lugar a lavar dinero proveniente de la corrupción y de la asociación ilícita por medio del blanqueo de capitales.
En este sentido:
a) la moratoria anunciada en materia impositiva permite el cierre de las causas judiciales que en lo penal tributario investigan la evasión impositiva y la facturación apócrifa, entre las que se encuentran la de Gotti y Austral Construcciones. Principalmente la que lleva adelante el Dr. Aráoz de Lamadrid. Como no pudieron parar la investigación de la AFIP y no pueden parar la judicial usan el mecanismo de la moratoria para garantizar la impunidad en las causas.
b) el anuncio de una ley de blanqueo de capitales, pagando solo el 1% para inversiones en infraestructura y actividades agropecuarias le permite a la asociación blanquear todo el dinero negro obtenido pagando el 1% e impidiendo su investigación posterior sobre el origen del dinero. No es casual los dos tipos de inversiones planteadas: en infraestructura y vivienda porque es dinero que vuelve en blanco a sus propias empresas y en actividades agropecuarias porque como consecuencia de una política económica que lleva a la quiebra al campo les permite apoderarse a precio vil de las tierra de los pequeños y medianos productores que están quedando en el camino como consecuencia de la política implementada.
En este sentido, como denunciante, sin que pueda escapársele a Vs la representación política que ejerzo de millones de argentinos le solicito la investigación urgente de la causa atento que se están usando los mecanismos del Estado Nacional, en todos sus poderes, para consagrar la impunidad final de un latrocinio histórico.
Mi responsabilidad institucional ha sido cumplida al entregarle a Usted todas las pruebas y vinculaciones, pero a quien le toca la responsabilidad institucional de encontrar la verdad y hacer justicia es la Poder Judicial de la Nación encarnado en la dirección de esta causa por Usted personalmente.
Es evidente, que la causa criminal que Usted tiene en sus manos excede el interés penal en la persecución de un delito y pone en riesgo la paz y tranquilidad publica de una sociedad seriamente dañada por el accionar criminal que además usa al Estado para garantizarse impunidad y blanquear capitales ilícitos, y podría ser una de las principales causales de un eventual “Per Saltum” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El lavado de dinero consiste en un conjunto de métodos cuyo objetivo final es integrar fondos ilícitos a la economía legal. Es decir, por medio de ciertas técnicas se procura que tanto el origen del dinero sucio como la identidad de su verdadero dueño se transformen de tal manera que todo parezca ser el reflejo de una actividad legítima. Entre las fuentes del lavado de dinero se encuentra la economía informal, dentro de la cual suelen mezclarse el dinero negro producto de la evasión impositiva con el dinero sucio nacido de actos delictivos como la corrupción, el proxenetismo, los tráficos diversos (de armas, drogas, seres humanos, órganos, animales, bienes y/o mercancías), el terrorismo y demás actividades criminales. El lavado se materializa a través de múltiples mecanismos de infiltración de los fondos ilícitamente obtenidos en los circuitos financieros y bancarios (por medio de cuentas, giros, bonos, títulos, transferencias, cheques, etc.), por la utilización de casinos, operaciones inmobiliarias, etc., los servicios de profesionales especializados, etc.
Si bien el lavado puede suceder en cualquier lugar del mundo, generalmente los lavadores buscan los países con menor regulación en el tema. Por eso, uno de los mayores riesgos para los países en vías de desarrollo es aceptar fondos para sostener su economía sin tener en cuenta su posible origen ilegal. Así, al ser permisivos con el ingreso de capitales de cualquier procedencia, corren el riesgo de que el crimen organizado ingrese a su sistema bancario y legal, infiltrándose luego en las instituciones financieras hasta lograr el control de éstas o penetrar en el mercado de capitales y controlar sectores enteros de la economía, afectando también a las instituciones políticas y la gobernabilidad. Los lavadores prefieren países donde se estén viviendo experiencias de rápido crecimiento económico porque allí se necesita dinero y se suelen omitir cuestionamientos de procedencia.
Dios Guarde a vuestra Excelencia.
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AMPLIA DENUNCIA.-
Señor Juez:
Elisa María Avelina Carrió, manteniendo el domicilio procesal constituido en estos autos, a V.S. respetuosamente digo:
I. OBJETO
En mi carácter de denunciante en la causa nº 15734/08, caratulada “Kirchner Néstor y otros s/ Asociación Ilícita y otros” que tramita por ante el Juzgado Federal N° 12, en la que denuncié las conductas antijurídicas en relación con los Sres. Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal López y Lázaro Báez por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal y/u otros posibles actos de corrupción; y de acuerdo a la facultad dispensada por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a ampliar los términos de la denuncia oportunamente realizada, atento a que he tomado conocimiento de los hechos que se reseñan a continuación.
II. HECHOS
A efectos de facilitar la comprensión de los hechos objeto de la denuncia referida, es que a continuación procederé a describir las presuntas conductas ilícitas que motivan el presente planteo.
1- Austral Construcciones - Causa por presunto lavado de dinero en relación a una licitación
En oportunidad de la denuncia describimos una operación sospechada de lavado de dinero, que se encontraba tramitando en el Tribunal de Primera Instancia del Principado de LIECHTESNSTEIN, cuyos alcances venimos a probar en la presente ampliación. A saber:
1. Que el 15/05/06 ingresaron a la cuenta de TRADE24 Ltd en el Hypo Investment Bank de Liechtenstein, U$S 10 millones proveniente de Austral Construcciones SA con sede en la Argentina. Esta transacción no cumplió con los requisitos estándares y no se pudo fundamentar adecuadamente.
2. En ocasión de una visita realizada el 19/5/06, Paul Anthony Cardy, británico y Mark William Spiers, neozelandés, titulares de la cuenta Trade 24 Ltd. entregaron al HYPO INVESTMENT BANK más documentos, incluyendo un contrato de “joint venture” para “Private Placement , Joint Participation y Partnership Agreement” (Contrato de Asociación y Participación en Venta Directa de Títulos) firmado por Austral Construcciones y Trade 24 Ltd. referido a una venta directa de títulos (“private placement”) por el monto referido. La firma de este contrato contraría las prácticas usuales para un contrato de “joint venture” que fuera suscripto entre ambas firmas en Londres. Lo inusual es que sólo tenga dos firmantes: el Contador Fernando Javier Butti (empleado de Lázaro Báez en Austral), en nombre de Austral Construcciones Sa, y Paul A. Cardy por Trade 24 Ltd. Este hecho, entre otros, hizo sospechar al banco, de manera fundada, que “el origen de los fondos depositados responden a una operación de blanqueo de capitales o de delitos subyacentes al blanqueo de capitales”.
3. El exhorto del Principado, que como prueba se acompaña a la presente, indica que “…de acuerdo a las investigaciones realizadas por INTERNET por la informante Hypo Investment Bank (Liechtenstein), Austral Construcciones esta involucrada en irregularidades relacionadas con una licitación en la Provincia de Santa Cruz y, por este motivo, la empresa es objeto de investigaciones”.
4. Según declaro Cardy con los US$ 10 millones de Austral Construcciones que habían sido depositados en la cuenta del Hypo Investment Bank se habia planteado llevar a cabo operaciones de leasing financiero de instrumentos bancarios por un valor entre US$ 4 millones y US$ 5 millones. Explicó que bajo “instrumentos bancarios” se entendían garantías bancarias o cartas de crédito. Dijo, también que solicitarían un crédito a un banco oficial utilizando como garantía el instrumento bancario. El resto del dinero quedaría en la cuenta hasta que se presentara la oportunidad de esta compra.
5. Como se menciona en el exhorto, la información de Cardy contradice el correo electrónico de Mark Spiers del 19/05/2006, en donde indica que de los US$ 10 millones, US$ 4,2 millones debían transferirse a una cuenta fiduciaria, 1,2 millones a la cuenta privada de Cardy en el Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG y US$ 200.000 a la cuenta de Oceanline Enterprises Ltd. de Mark Spiers en el mismo banco. Cardy había declarado que US$ 4.2 millones eran para la operación arriba indicada. Que US$ 1.2 millones debían transferirse a su propia cuenta para pagar los honorarios fijos de John Fellows (que interviniera en el contrato firmado en Londres) y otros dos intermediarios y que los montos exactos aún no se conocían. US$ 200.000 iban a la cuenta de Oceanline Enterprises Ltd. como compensación única para Spiers.
6. Frank Clement, representante legal de Austral Construcciones y Jean-Pierre Mourian, quien dijo ser asesor de la misma firma argentina, presentó documentos que demuestran que los fondos blanqueados en Liechtenstein provienen de las actividades comerciales llevadas a cabo por Austral Construcciones entre el 1 de enero de 2006 y el mes de abril del mismo año y que dichos fondos originalmente se encontraban a una cuenta del Banco Macro Bansud SA. Posteriormente, los fondos habían sido transferidos de dicha cuenta al Sud Bank & Trust Ltd, Nassau (cuya sociedad controlante es el Banco Macro SA de Argentina), donde, de acuerdo a instrucciones de Austral Construcciones, se habían vendido títulos por un valor de U$S 10.000.879,36 . Estos son los ingresos que posteriormente se transfirieron a Liechtenstein.
7. Respecto del origen de los fondos el escrito refiere “No se pudo verificar la autenticidad de los documentos presentados por Clement o Mourian respecto del origen de los US$ 10 millones. De acuerdo con los documentos, los fondos parecen provenir de las actividades comerciales de Austral Construcciones. Sin embargo este Juzgado está al tanto de que Austral Construcciones estuvo implicada en la Argentina en una causa por irregularidades en una licitación. Tampoco pudo determinarse si los fondos están relacionados con irregularidades en la concesión de un contrato en la Provincia de Santa Cruz y/o de la Provincia de Santa Fe de las que se acusa a Austral Construcciones. La respuesta a esta incógnita es de suma importancia para el procedimiento que nos ocupa, ya que, teniendo en cuenta que los fondos actualmente blanqueados en Liechtenstein fueron transferidos allí pasando por dos instituciones bancarias de dos países diferentes -si bien con un propietario en común el Banco Macro SA- y, además, se intercaló una operación de compraventa de títulos, existen sospechas fundadas de que se trate de un caso de blanqueo de capitales. También llama poderosamente la atención que valores de esta cuantía le sean confiados a un administrador totalmente desconocido para la empresa sin que su integridad sea sometida a una verificación.”
Posteriormente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo del Dr. Gerardo D Caamaño iniciándose los autos caratulados “Exhorto del señor juez del Principado de Liechtenstein librado en autos caratulados Ministerio de Justicia s/ Remite exhorto diplomático expte 12 UR 2006.175” .
Por tanto, es investigado el principal concesionario de obra publica argentina y socio del Néstor Kirchner, Lázaro Baez- dueño de Austral Construcciones, por lavado de dinero producto de licitaciones sospechadas de irregulares, mediante inversiones inexistentes.
A todo esto, se le suman sendas denuncias sobre facturas apócrifas donde también se encuentran involucradas empresas controladas por el mencionado empresario. Todo ello, configuraría en modus operandi adecuado para blanquear pagos indebidos.
1. a) Gravedad Institucional: Repatriación y blanqueo del dinero de la asociación ilícita proveniente de los delitos que se investigan en materia de agroindustria e infraestructura.
En oportunidad de la denuncia advertíamos a V.S. que empresas íntimamente relacionadas con Néstor Kirchner estaban siendo investigadas, tanto en el país como en el exterior, por el delito de lavado de dinero proveniente de licitaciones irregulares de obra publica que junto con las facturas ilegales u apócrifas constituirían el modus operandi para el pago de coimas o el posible “retiro de ganancias” de algún socio oculto.
Ante esto, no nos sorprende cuando desde el gobierno de Cristina Kirchner se promociona y estimula la repatriación de capitales generando las condiciones mas propicias para el blanqueo de fondos, que salieron de nuestro país mediante el lavado de dinero que como tal se lo define como el conjunto de operaciones reñidas con la ética, con la moral y con la ley mediante la incorporación de dinero proveniente de actividades ilícitas al circuito económico legal.
Así, el plan anunciado por la Presidente permitiría que quienes destinen los fondos blanqueados a invertir en las actividades inmobiliarias, agropecuarias, de infraestructura o industriales tributaran solo el 1%. Por tanto, sin prácticamente costo alguno, amparada en una necesidad económica generada en parte por la crisis mundial y en parte por la impericia en las decisiones de gobierno, facilita, entre otras cosas, el blanqueo de capitales.
Si como todo lo indica, el Gobierno no pusiera ningún reparo por el origen de los fondos por repatriar en una especie de amnistía fiscal, se violaría palmariamente la Ley 25.246 que sustituye el articulo 277 del Código Penal, que en su artículo 2° incisos A y E respectivamente, establece como delito a quien “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”, y “ quien asegurare o ayudare al autor o participe a asegurar el producto o provecho del delito”.
El lavado de dinero consiste en un conjunto de métodos cuyo objetivo final es integrar fondos ilícitos a la economía legal. Es decir, por medio de ciertas técnicas se procura que tanto el origen del dinero sucio como la identidad de su verdadero dueño se transformen de tal manera que todo parezca ser el reflejo de una actividad legítima. Entre las fuentes del lavado de dinero se encuentra la economía informal, dentro de la cual suelen mezclarse el dinero negro producto de la evasión impositiva con el dinero sucio nacido de actos delictivos como la corrupción, el proxenetismo, los tráficos diversos (de armas, drogas, seres humanos, órganos, animales, bienes y/o mercancías), el terrorismo y demás actividades criminales. El lavado se materializa a través de múltiples mecanismos de infiltración de los fondos ilícitamente obtenidos en los circuitos financieros y bancarios (por medio de cuentas, giros, bonos, títulos, transferencias, cheques, etc.), por la utilización de casinos, operaciones inmobiliarias, etc., los servicios de profesionales especializados, etc.
Si bien el lavado puede suceder en cualquier lugar del mundo, generalmente los lavadores buscan los países con menor regulación en el tema. Por eso, uno de los mayores riesgos para los países en vías de desarrollo es aceptar fondos para sostener su economía sin tener en cuenta su posible origen ilegal. Así, al ser permisivos con el ingreso de capitales de cualquier procedencia, corren el riesgo de que el crimen organizado ingrese a su sistema bancario y legal, infiltrándose luego en las instituciones financieras hasta lograr el control de éstas o penetrar en el mercado de capitales y controlar sectores enteros de la economía, afectando también a las instituciones políticas y la gobernabilidad. Los lavadores prefieren países donde se estén viviendo experiencias de rápido crecimiento económico porque allí se necesita dinero y se suelen omitir cuestionamientos de procedencia.
Estos países que están escasos de financiamiento necesitan atraer capitales que ayuden al proceso y abren el mercado a los capitales especulativos que migran en dirección de las tasas de interés pagadas superiores a las de una economía estable. En consecuencia sufren efectos de desestabilización económico-financiera. Sin embargo, el dinero lavado se integra finalmente en los países industrializados, macroeconómicamente estables y no en aquéllos donde invierten en el primer estadio del proceso de lavado.
Todo esto, no resulta menor cuando están vigentes investigaciones judiciales sobre maniobras de lavado de dinero de proveedores del Estado, cuando un ex presidente y un actual Ministro están siendo investigados por asociación ilícita, cuando con fuertes conexiones políticas se encuentran operando en nuestro país redes del narcotráfico internacional, operaciones éstas que habrían enriquecido sin antecedentes a funcionarios y seudo empresarios.
Un blanqueo de capitales dejaría las puertas abiertas para diversas irregularidades amparadas por la urgencia financiera del momento.
La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió, durante el anuncio de las medidas económicas, que el regreso de dinero enviado al exterior -en forma legal o ilegal- podría beneficiar a quienes lo consiguieron al margen de la ley, por lo que quitó esa posibilidad de retorno de capitales a quienes tuvieron participación en cualquiera de los tres poderes del Estado. Se supone que la mandataria habló sobre aquellos que hubiesen podido usar sus cargos políticos para enriquecerse. Pero la idea sirve también para los argentinos anónimos que viven del comercio ilegal. El riesgo existe.
El escenario para la Argentina no es el mejor por antecedentes. Entre 2002, fecha en que se reglamentó la ley contra el lavado de dinero, y 2007 fueron investigados 2851 casos de movimientos sospechosos de divisas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De ese análisis preliminar pasaron a los tribunales 165 causas. Pero en nuestro país no hay aún ninguna condena por lavado de dinero. Esa circunstancia fue observada en repetidas ocasiones por los enviados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que da asistencia para la lucha contra el lavado de dinero.
2. Se amplia denuncia con relación a Sobreprecios y facturas apócrifas de Juan Felipe Gancedo que estaría vinculada a Carlos Santiago Kirchner.
En varios artículos periodísticos se informa que desde la última semana de mayo de 2008, la Justicia investiga a doce constructoras, además de Skanska, por haber contratado servicios de empresas fantasmas con el supuesto fin de encubrir sobreprecios y presuntas coimas a funcionarios.
Dos de esas firmas, que a nuestro entender, están íntimamente vinculadas con el presidente Néstor Kirchner y son las principales beneficiarias de las obras que financia el Gobierno Nacional en la Provincia de Santa Cruz. Una es Gotti SA, que utilizó facturas apócrifas por más de $21 millones. Esta compañía, como ya lo denunciáramos, forma parte de un holding de empresas pingüinas controladas por Lázaro Báez, amigo y socio de Kirchner (ver aparte).
La otra de esas doce empresas es Juan Felipe Gancedo SA, una constructora rionegrina de estrechos lazos con otro Kirchner, Carlos Santiago, un primo hermano del Presidente y funcionario clave del Ministerio de Planificación Federal. Esta firma utilizó facturas truchas por más de $3 millones.
El arquitecto Carlos Santiago Kirchner, fue presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de santa Cruz (IDUV) entre 2003 y 2005, cargo que fuera también ocupado por Julio De Vido. Estando al frente del IDUV, la empresa Juan Felipe Gancedo SA se convirtió en una de las principales beneficiarias de los contratos con el Estado. Según el primer informe sobre distribución de la obra pública que realizó quien suscribe, Gancedo se ubicó en el quinto lugar del ránking de las 551 empresas que firmaron contratos para el Plan Federal de Viviendas. Actualmente, por ese programa, tiene seis contratos en Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego por $45 millones.
En el 2005, fue nombrado por Nestor Kirchner, en un cargo creado a medida: la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal para “coordinar, intervenir y participar en lo que respecta a propuestas, elaboración, ejecución, marco regulatorio, procesos licitatorios y/o contrataciones directas relacionadas con obras de infraestructura pública habitacional, vial e hídrica” y además colaborar “en el asesoramiento y control en cuanto a obras públicas a realizar y su posterior ejecución”.
En noviembre de 2006 Carlos Santiago le acercó al intendente de General Roca, el ex jefe de la SIDE Carlos Soria, un proyecto para asfaltar 50 cuadras en esa localidad rionegrina. Según reveló el diario Río Negro, tres empresas se presentaron a la licitación: la UTE Oriente-ECA que cotizó $ 7,4 millones, la UTE Quidel-CN Sapac que ofertó $ 7,8 millones y Juan Felipe Gancedo, que propuso hacer el trabajo por $ 11,5 millones.
El Gobierno local firmó un acta de preadjudicación con Oriente-ECA, pero el Ministerio de Planificación la rechazó. Posteriormente, y en consonancia con la visita de Carlos Santiago Kirchner hiciera a General Roca el 11 de diciembre, el contrato terminó en manos de Gancedo, pese a que había presupuestado 4 millones de pesos por encima de la oferta más competitiva.
Sorprendentemente, la explicación oficial fue que la compulsa de precios estaba reservada a sociedades anónimas ya constituidas y no a UTE (uniones temporarias de empresas) que se forman durante el proceso de adjudicación.
Los concejales de la oposición de General Roca denunciaron que la licitación había sido “armada a medida” de Gancedo. Finalmente, Soria terminó rescindiendo el contrato.
Por otra parte, la Diputada Provincial Magdalena Odarda, ARI – Rio Negro, con fecha 27 de agosto de 2008 presentó un pedido de informes al Sr. Miguel Pedranti, Presidente de VIARSE (Vial Rionegrino Sociedad del Estado) en referencia a las denuncias efectuadas por el diario Río Negro en las que se destacan serias irregularidades en el accionar de los trabajos concesionados a la empresa constructora Juan Felipe Gancedo SA para la construcción del Tramo
Los Menucos-Maquinchao de la ruta nacional 23. Vialidad Nacional delegó en la empresa estatal Viarse la ejecución de la obra básica en los 72 Kms, y que ésta subcontrató los trabajos, presuntamente por no contar con estructura suficiente para una obra de tal magnitud.
Lo cuestionable resulta ser la ampliación del contrato y el costo de la obra, que al momento de la adjudicación –diciembre de 2005- era de $.39 millones y que en menos de un año, e inexplicablemente, después ese monto fue modificado llegando a $.91 millones. Es decir, se cambia la ecuación económica de la obra una vez adjudicada violando los principios generales que rigen las contrataciones de obra publica.
III.- PRUEBA:
1.- DOCUMENTAL:
- Se tenga por producida la prueba documental que se acompaña:
a) Estados Contables consolidados al 31/03/2007 del Sud Bank & Trust Company Limited.
b) Informe Comercial correspondiente a Butti, Fernando Javier.
c) Nota periodística publicada www.politicaydesarrollo.com.ar.
d) Nota periodística titulada “Acá hay Butti encerrado”.
e) Nota periodística publicada en www.sabado100.com.ar.
Sin perjuicio de las diligencias o medidas que disponga V.S. me tomo el atrevimiento de sugerirle los siguientes medios probatorios, requiriendo información a los siguientes organismos:
- A la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP):
1- Se requiera al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Claudio Moroni para que aporte los siguientes elementos referidos a las empresas Gotti S.A., Austral Construcciones S.A., Casino Club S.A., Sucesión de Andelmo Bancalari, Kank y Costilla S.A., Kank y Costilla S.A. – Gotti S.A. UT, Invernes S.A., Juan FR. Gancedo S.A., Petersen, Thiele & Cruz, Palma S.A., Oil M & S:
1.1) Informe sobre las investigaciones, fiscalizaciones y determinaciones de oficio terminadas en los últimos 5 años con indicación de las conclusiones de las investigaciones y fiscalizaciones finalizadas, así como los montos de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en facturas presuntamente apócrifas por ejercicios 2003 a 2007.
1.2) Todo otro motivo de diferencia entre la posición del Fisco Nacional y esas empresas que se hayan podido relevar, estuvieren o no plasmados en conceptos y montos reconocidos por los contribuyente.
1.3) Teniendo en cuenta los montos objetivos de punibilidad, sírvase a informar los períodos en los que, con las meras investigaciones realizadas sobre las empresas mencionadas en 1) emergen montos que indicarían que se transforman en causas penal agravadas.
1.4) Detalle de denuncias penales tributarias o provisionales ya interpuestas en relación a esas empresas, con indicación de fecha de presentación, conceptos denunciados y montos presuntamente evadidos.
1.5) Informe sobre integración de la participación accionaria de las empresas mencionadas, indicando además de manera detallada los órganos de representación y administración de las mismas en los períodos 2003 a 2007, así como las vinculaciones de cualquier orden que surgen de las bases de datos de la AFIP, fuere por los profesionales que las asisten o por informaciones remitidas por las entidades financieras en cumplimiento de las normas pertinentes emanadas de esa Administración Federal.
1.6) Informe sobre los domicilios fiscales registrados en los últimos 5 (cinco) años de las empresas y personas físicas mencionadas.
1.7) Informe si, como consecuencia de lo mencionado en el punto 1.1), la AFIP ha realizado algún reporte de operación sospechosa de lavado de activos en el marco de los artículos 20 y siguientes de la ley 25.246, respecto a las empresas mencionadas o de algunos de sus integrantes.
1.8) Informe si, en relación a los sujetos o sociedades mencionadas fue requerida información a la AFIP por algún órgano jurisdiccional (Poder Judicial-Ministerio Público), y ,en su caso, tenga a bien hacer saber el número de causa, carátula y el Juzgado requirente.
2- Requerir al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Claudio Moroni para que aporte los antecedentes tenidos a la vista para promover los nombramientos del siguiente personal dependiente, a saber:
2.1) Ángel Rubén Toninelli, Director General de la AFIP.
2.2) Carlos Alberto Sánchez, Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Interior de la AFIP.
2.3) Héctor Alejandro Sartal, Director Regional de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP:
3- Asimismo, requiérase al Administrador de Ingresos Públicos Dr. Claudio Moroni a los fines que informe los antecedentes laborales y detalle de cargos ocupados desde sus ingresos a la AFIP-DGI, como así también copia de sus legajos personales, antecedentes laborales obrantes en vuestra institución, de los siguientes funcionarios:
3.1) Ángel Rubén Toninelli.
3.2) Carlos Alberto Sánchez.
3.3) Héctor Alejandro Sartal.
3.4) Horacio Castagnola.
3.5) Jaime Leonardo Mecicovsky.
3.6) Norman Ariel Williams.
4- Requerir al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Claudio Moroni para que informe si algún profesional de apellido Toninelli ha asistido a cualesquiera de las empresas mencionadas en la causa Di Biase, en trámite ante el Juzgado Penal Tributario N° 1, más conocida como SKANSKA S.A..
5- Requerir al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Claudio Moroni para que informe el destino laboral actual de los agentes Horacio Castagnola, Jaime Mecicovsky y Norman Williams, y si, la remuneración de los mismos surgió alguna reducción con posterioridad a sus desplazamientos, con indicación de monto y porcentaje de la reducción operada.
6- Solicitar al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Claudio Moroni para que aporte los antecedentes laborales de Carlos Alberto Sánchez, a quién designare como Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de la AFIP-DGI, en particular la fecha de ingreso a la AFIP, cuanto tiempo efectivo prestó servicio en la AFIP-DGI, el tiempo neto qu8e estuvo afectado a otros organismos nacionales, como la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras Jorge Milton Capitanich Popovich ocupó la titularidad de esa cartera o el Senado de la Nación, mientras el citado político estuvo en función de Gobernador.
7- Solicitar al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Claudio Moroni para que, en función de los antecedentes laborales de Carlos Alberto Sánchez, a quién designare como Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Interior de la AFIP-DGI, informe las fechas en que el citado funcionario prestó servicios en la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el Senado de la Nación y en la Provincia de Chaco.
- A la Unidad de Información Financiera (UIF):
1) Solicitar a la UIF a los fines que informe si ha habido, desde el momento de la creación de la referida Unidad, algún Reporte de Operación Sospechosa o alguna otra actuación labrada que tenga vinculación a las empresas y / o personas físicas mencionados en la presente denuncia y, en su caso, remitan copia certificada de dichos reportes, como así también el estado actual de las mismas.
2) En igual sentido, informe si ha sido requerida información alguna respecto a los sujetos y empresas mencionadas en el marco de cooperación internacional por parte de alguna UIF de otro país. En caso afirmativo, informe el país requirente y los motivos de dicho pedido.
- Al Banco Central de la República Argentina:
1) Solicitar al Banco Central de la República Argentina para que informe si las empresas y / o personas físicas mencionadas en la presente denuncia son titulares, cotitulares de cuentas a la vista o algún producto financiero en alguna entidad crediticia y en cada caso, se sirva a informar el nombre y número de cuenta de la entidad, como así también si ha realizado operaciones al exterior.
2) Tengan a bien informar operaciones de cambio de divisas realizadas por las personas y / o sociedades informadas.
IV. PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S., solicito que:
a) Reciba con carácter urgente la ampliación de la presente denuncia y remita el legajo al representante del Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P.N.;
b) En los términos del art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación tenga por formalmente deducida la presente ampliación de denuncia;
c) Se tenga presente la prueba ofrecida.
d) Oportunamente, y en caso de comprobarse la comisión de alguna conducta con relevancia típica, se convoque a los responsables a rendir declaración indagatoria (art. 294 C .P.P.), se les dicte auto de procesamiento (art. 306 C .P.P.) y se eleve a la instancia del juicio oral y público (art. 346 C .P.P.).
Anticipa que la Corte sentará posición sobre la tenencia de droga para consumo personal. Dirá que el drogadicto no tiene que ir preso sino hacer un tratamiento. Además, profundiza las críticas por el reclamo sobre la baja de la edad de imputabilidad y analiza el fallo sobre libertad sindical.
“Perdón, soy una farmacia ambulante”, se excusa Carmen Argibay cuando está a punto de tomar uno de los remedios que tiene desplegados sobre el escritorio. Su amplio despacho huele a menta. Antes solía hablar con un cigarrillo en la mano, un hábito que abandonó desde que su corazón le dio un sobresalto. Ahora acompaña sus palabras con un pocillo de café, que saborea con felicidad. La pasión que pone para transmitir sus pensamientos –y que queden bien claros– es la de siempre.
Desde que el gobernador Daniel Scioli salió a pedir bajar la edad de imputabilidad de los menores y el gobierno nacional clamó por cárcel y mano dura como respuesta al delito, el tema –dice– la “tiene loca”. Antes de culpabilizar a los niños en conflicto con la ley, sugiere que el Ejecutivo revise sus prioridades y las ubique más cerca de “proteger a los jóvenes” que de instalar “el tren bala”. Es parte, cuestiona, de “la esquizofrenia de los argentinos”, que piden más prisión como castigo “pero dicen ‘qué barbaridad’” si alguien termina declarado inocente después de haber pasado dos años detenido antes de la sentencia.
Argibay se queja de que “los legisladores no trabajan” y la Corte termina diciéndoles “lo que deben hacer”. Así como empujó a restablecer un índice de movilidad jubilatoria, anticipa que el tribunal está próximo a invalidar la norma que castiga la tenencia de droga para consumo personal y, con eso, propiciar un cambio en la ley de estupefacientes. También podría impulsar la revisión de las políticas y condiciones de privación de la libertad de los menores, y a la larga encauzar una reforma penal juvenil de la que muchos hablan pero nadie concreta “porque no da votos”. Apuntalar políticas de Estado es ya un clásico de esta Corte. Lo hizo también con el Riachuelo, y hace unos días con un sorpresivo fallo sobre libertad sindical que la jueza no firmó pero aquí deja en evidencia que comparte.
El trato a las minorías, empezando por las mujeres y niños, es uno de los asuntos que más sensibilizan a Argibay. Sus críticas no sólo apuntan al poder político sino al propio sistema judicial. “En este Palacio de Justicia –comenta– hay 19 baños pero sólo dos son para mujeres: uno está en el séptimo piso, junto a los tribunales de menores, y otro en la planta baja. Los estudios de abogados suelen mandar a secretarias mujeres a hacer trámites acá toda la mañana. Hacen colas, ven expedientes, toman nota, y si quieren ir al baño, sólo tienen esas dos opciones. Este edificio es de 1910, época en las mujeres no cortaban ni pinchaban y no tenían funciones en el Poder Judicial. Casi no había abogadas. No éramos ciudadanas de primera.”
–¿Cómo es posible que siga igual si pasaron casi cien años? –pregunta este diario.
–Nadie lo planteó, nadie lo miró. Sólo se han adaptado baños para las empleadas que se han ido incorporando, pero no hay baños públicos para mujeres. Yo se lo reclamé con mi mejor sonrisa al arquitecto de la Corte, porque estamos previendo algunas reformas para el año que viene, ya que son varios los problemas (ver aparte). Y en lo posible, que recuerden que muchas mujeres vienen con chicos y pongan una mesa rebatible para cambiar pañales. Hasta en los aviones hay.
–¿En otros edificios del Poder Judicial pasa lo mismo?
–Claro. En Comodoro Py (tribunales federales porteños) hay tres tribunales orales de menores, o sea que hay madres con chicos. ¿Hay algún lugar donde los chicos pequeños puedan ser atendidos mientras sus madres hacen trámites? No. Siempre dependen de la buena voluntad de los empleados de las secretarías tutelares que entretienen a los niños. ¿Y si tienen que declarar como testigos? Lo mismo. El concepto es “arréglese como pueda porque tiene que venir a declarar”. Y si no viene, la buscan con la fuerza pública. Y si no tiene dónde dejar a los chicos, “tráigalos”, aunque nadie sabe dónde los pondrán. Es mucho más molesto para las mujeres hacer cualquier trámite en tribunales, lo cual representa una causa de discriminación más. Por lo tanto, hay que eliminarla.
De aborto, droga y pibes chorros
–El Gobierno amaga con despenalizar la tenencia de droga para consumo personal, pero en el Congreso no pasa nada. ¿Es otro de los casos en que la Corte va a terminar instando a una reforma?
–Y, va a terminar siendo así, porque tenemos una causa.
–Que ya tiene mayoría de cuatro votos.
–Igual no sé si llegamos a que salga este año, por algún problema en la circulación. Pero es probable que la Corte defina esto antes que el Congreso. Pero no es, como se escandaliza mucha gente, que la Corte va a despenalizar la droga en general. Si sale el fallo tal como viene, en todo caso va a decir que el drogadicto no tiene que ir preso, que tiene que hacer un tratamiento. Es un enfermo, no es un delincuente si tiene droga para uso personal. Si eso es despenalizar la droga, yo soy japonesa. No tiene nada que ver. En los países donde se han despenalizado las drogas, no se han despenalizado todas, sino las blandas. La marihuana, y algunos llegan hasta el hachís. Lo que hay son programas de recuperación para los adictos que consumen cocaína, heroína o lo que sea. El Estado se hace cargo de un programa de desintoxicación sin que entren en crisis de abstinencia.
–¿Por qué este tema se dilata a nivel político? ¿Hay connivencia del poder con la comercialización?
–Zaffaroni dice que no se puede comercializar si no hay connivencia de la policía y del poder político. Yo no me animo a aseverarlo así, pero es posible. No hay ningún sector que sea perfecto ni haga todo bien.
–¿La lógica del sistema penal que expulsa y afecta a las mujeres, como en el ejemplo de los edificios de los tribunales, es la misma que encierra a los niños que delinquen? Hasta el poder político pide meter presos a los menores desde que Scioli llamó a bajar la edad de imputabilidad a 12 o 14 años.
–Es una de las cosas que a mí me tienen loca. Todo el mundo ya sabe lo que yo pienso sobre el aborto, así que cuando aparecen con estos planteos yo digo: ¿para qué quieren que nazcan? ¿Para qué? Para maltratarlos, para meterlos presos, para abusarlos, para explotarlos, para dejarlos en la calle, para matarlos. Para eso quieren que nazcan (suspira). Sin palabras.
–¿La Corte va sentar posición sobre la edad de imputabilidad? Tienen un fallo pendiente sobre la constitucionalidad del régimen de privación de la libertad de los menores de 16 años en institutos.
–Es el caso del Instituto San Martín. Algo vamos a hacer. En su momento decidimos no liberar a todos los menores internados allí porque son blancos móviles. A esos chicos, que han tenido algún conflicto con la ley penal pero son inimputables porque son menores de 16 años, la policía ya los tiene marcados. A veces no tienen dónde ir, o los maltrata la familia, o la familia no los quiere tener. No se los puede largar a la calle así, porque los van a matar. No quiero esas muertes sobre mi conciencia. Primero buscamos averiguar cuántos son, qué jueces de menores intervienen y qué conocen sobre cada caso. Sabemos que ni los institutos de menores ni las cárceles son una maravilla, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí podremos hacer es intimar a los poderes públicos para que se ocupen de que los institutos funcionen como deben y tengan lo que necesiten. Pero no hay un planteo sobre la edad de imputabilidad.
–¿No haría falta, en realidad, una reforma penal juvenil que contemple a los menores como tales?
–Claro que hay que reformar el sistema. Hay cincuenta mil proyectos en el Congreso, pero no los tratan. Porque no les interesa, porque no da votos, porque el Poder Ejecutivo pide cosas más urgentes y porque los legisladores no trabajan mucho. El Congreso es una institución fundamental, el foro de discusión de la ciudadanía, donde se representan los distintos modos de pensar y se debería buscar consensos. Sin embargo no lo hacen, no cumplen con lo que deben. ¿Entonces qué pasa? Pasa que la Corte tiene que decirles “oigan, señores, ustedes tienen que hacer esto”. Como sucedió con el caso Badaro: tienen que fijar un índice (de movilidad de las jubilaciones). Les damos un tiempo, si no lo hacen lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero ahí es cuando nos acusan a los jueces de querer gobernar. Con el tema de los menores puede terminar pasando exactamente lo mismo, porque no hay una ley penal juvenil o como quieran llamarla. ¡Que se ocupen de los menores! Pero que se ocupen, y no como si fueran mayores. A un chico de diez años, ¿quién le enseñó a usar una pistola?
–¿Cuáles deberían ser los pilares de la reforma?
–Bajar la edad de imputabilidad seguro que no. Por lo pronto, la protección y la educación siempre. Y el hacerles entender que son personas que tienen derechos y valen. La sensación que tienen ahora es que su vida no vale nada. Por eso el paco. Si le decís a un chico de 19 años cómo se ve el año que viene, te contesta “muerto”. Si no lo mata el paco, lo mata la policía. Tendría que ser un régimen destinado a proteger, no a estigmatizar o encerrar.
–¿Por qué cree que hay quienes se escandalizan cuando usted y otros penalistas advierten que la salida no es endurecer penas ni la cárcel?
–Hay días que creo que los argentinos somos esquizofrénicos. Me lo podrán rebatir los psicoanalistas, pero yo me puedo dar el lujo de decir alguna estupidez. Nosotros nos jactamos de tener una Constitución maravillosa, con todas las convenciones de derechos humanos incorporadas, somos mejores que todos, los norteamericanos, los europeos, pero después no la queremos cumplir. Cuando la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, no dice en un diario, ni en la televisión, ni en una marcha. Entonces pasa lo que pasa ahora en San Isidro, donde hay una marcha porque lo mataron al ingeniero Barrenechea y otra porque Brian está preso y es un pobre chico que vive en la villa. Las dos marchas a la vez: en una dicen que al chico hay que matarlo porque es un asesino y en otra, que lo discriminan porque es menor y negrito. Es la misma sociedad, totalmente esquizofrénica. Si el día de mañana tienen a un tipo preso dos años y luego el tribunal oral lo absuelve porque fue un invento de la policía, todos los diarios, empezando por el del amigo (Fernán) Saguier, se rasgarán las vestiduras diciendo “qué barbaridad, dos años preso y era inocente”. Todos los presos sin condena son inocentes. Lo dice la Constitución, que después no queremos respetar.
–¿Pero no es que los jueces proveen una “puerta giratoria”, como dijo su colega Ricardo Lorenzetti?
–Fue una expresión muy desgraciada de mi colega. Que me expliquen por qué están llenas las cárceles si acá hay una puerta giratoria. Nosotros tuvimos que meternos con las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Le tuvimos que decir al ministro de Justicia de Felipe Solá que hicieran algo con las cárceles y que sacaran a los chicos de las comisarías. ¿Y con las cárceles de Mendoza? Tenemos un problema con la Corte Interamericana que el Estado argentino se comprometió a solucionar, pero cada dos por tres tenemos un inconveniente con una cárcel. ¿Por qué? Porque las cárceles están superpobladas. ¿Y no era que había una puerta giratoria, y todos entran por un lado y salen por el otro?
–¿Sirvió de algo que la Corte interviniera por las cárceles bonaerenses?
–Entiendo que mejoraron, pero no todo lo que deberían. Era la época de Solá. Ahora tenemos un gobernador que quiere meter a los niños presos.
–¿Qué solucionó el gobierno de Scioli al anunciar, tras el crimen del ingeniero, una reforma policial y judicial, incluido un proyecto para limitar las excarcelaciones?
–Nada. No es solución decir “vamos a hacer pi, pi, pi, pi, pi”.
–Hasta la presidenta Cristina Kirchner lo avaló, responsabilizó a los jueces, pidió más presos y medidas más duras...
–Esto también es un problema de educación, pero de los políticos, que están acostumbrados y preparados para reaccionar de acuerdo con la sensación térmica de la sociedad y lo que la gente quiere oír. Hoy esa sensación es que a los menores hay que matarlos. De pronto, ya no hay delincuentes mayores. Durante el conflicto del campo no pasó nada en este país para los medios: no hubo robos, no hubo ningún problema delincuencial. Después, con lo del ingeniero Barrenechea, subió otra vez la sensación térmica. ¿Y la plata para la educación? ¿La plata para alimentar a esos chicos? ¿Para las madres embarazadas?
–Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de diseñar políticas de seguridad y sobre minoridad, ¿qué haría?
–Primero necesitamos educación básica, que es lo que está perdiéndose desde el golpe de 1930 en adelante. Cada golpe fue estropeando más la educación. Por ahí hay que empezar. Esto implica la inclusión de todos los chicos en edad escolar en el sistema educativo. Para eso hace falta un plan de gobierno que disponga de medios económicos para eso, y no para decir que le van a dar una computadora a una escuela de campo que no tiene electricidad. Pero también tenemos que tener comida: un pibe que no come no puede sentarse a aprender nada, porque no está alimentado como debe. Ya sé, esto lleva tiempo, pero algún día hay que empezar. ¿Qué hacemos con los que ya están en el problema? Tenés, por ejemplo, a los que son enfermos, los que consumen paco, que tienen poca esperanza de vida, pero la poca que tienen hay que mejorársela. Que no digan que esto cuesta plata, yo creo que se gasta mucha más plata en una gran cantidad de cosas inútiles. Quiero que me arreglen los trenes que están, antes de que me pongan el tren bala. Con lo que va a costar el tren bala, que va a ser caro y pocos podrán usar, ¡apliquemos ese dinero a otra cosa! Hay que fijar prioridades y la prioridad deberían ser los jóvenes.
Libertad sindical
–¿Por qué usted no votó el fallo sobre libertad sindical?
–Yo no declaro inconstitucionalidades de oficio, es decir, cuando nadie las pidió. En este caso no estaba pedida por la parte. Por eso no voté, no porque no estuviera de acuerdo con lo que decían mis colegas. Ya va a salir un voto mío en otra causa similar que tenemos en trámite.
–¿Qué impacto cree que va a tener esa resolución en los ámbitos laborales?
–Va a tener un impacto muy bueno. Le va a permitir a la gente tener mayor libertad de afiliación sindical y evitará que sea un sindicato el que domine el esquema laboral en general. Si tenés un solo sindicato que domina todo, no hay posibilidad de discusión ni opiniones diferentes. No puede ser, ¿acaso no vivimos en una democracia?
–¿Es correcta la apreciación del Gobierno de que los lineamientos del fallo son sólo para el sector público?
–No sé de dónde sacaron eso. Es lo que ellos interpretaron (se sonríe). El día que nos planteen eso concretamente, veremos qué decimos nosotros.
–¿El Gobierno estará obligado a reconocerle la personaría a la CTA a partir de esta sentencia?
–No es que estén obligados. Si el fallo los impulsa a tomar esa medida, mejor. No estaría mal.
–¿Usted cree que, como advirtieron la CGT y la Confederación General Económica, el nuevo escenario va a complicar las negociaciones laborales?
–Sí, claro... (acentúa el tono irónico). En una empresa chica, por ejemplo, ¿cuántos sindicatos puede haber? ¿Dos? Como mucho.
–Pronto también tendrán que resolver la constitucionalidad o ilegalidad de las retenciones móviles. ¿Cuál es el sentido de que la Corte se pronuncie sobre un tema que ya tuvo una salida política?
–No he visto la causa, no sé. A lo mejor no tiene sentido. Puede ser que la Corte diga que no tiene nada que decir. Depende de cómo llegue el planteo. A veces los recursos llegan tan mal fundados, que hay que rechazarlos. Nosotros no nos levantamos una mañana y se nos ocurrió fallar sobre la libertad sindical para hacer un desparramo y ponernos en contra a la CGT, a Piumato y todos los demás. Esto se viene trabajando hace tiempo porque había un caso. En el tema de las retenciones, así como podría ser abstracto, también podría ser que tengamos que interpretar la cuestión de la delegación de las facultades legislativas en el Ejecutivo, el tema principal. Si avanzamos, de todos modos, la primera discusión será si es un impuesto, una tasa o qué diablos es.
–¿Sobre la eliminación de las AFJP llegó algún planteo?
–Todavía no. En algún momento seguramente llegará.
–¿Con qué nos va a sorprender la Corte antes de fin de año?
–No sé, hay cosas que a ustedes los sorprenden y que para nosotros son normales.
–Para convalidar la obtención de muestras de ADN en allanamientos con el fin de determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos, ya tienen mayoría de cuatro votos. ¿Podría salir ese fallo?
–Es uno de los que podría salir antes de fin de año. Igual siempre, en este tipo de casos en que tratamos de que la mayoría sea lo más fuerte posible, hay muchas idas y vueltas, a menudo hasta por discusiones académicas entre nosotros.
