¿DE QUIÉN ERA DE VIDO?

Ahora parece que nadie se hace cargo del ex superministro kirchnerista.

Por Ricardo Kirschbaum

Si José López y Ricardo Jaime, ambos presos por corrupción, eran “de Néstor Kirchner”, ¿de quién “era” Julio De Vido, que estuvo doce años en el gabinete nacional?

Esta distinción la hizo la esposa del ex ministro, una abogada que no tiene un pelo de ingenua y que meditó cada palabra en la entrevista que concedió.

Lo que quiso decir tácitamente Alessandra Minnicelli es que del esquema que había armado Néstor con la obra pública no participaba su marido. Hipótesis, en principio, difícil de probar y de creer.



De Vido era el superior jerárquico del ex secretario López (alguna vez calificado como “mi mano derecha” por el ex ministro preso) y del ex titular de Transporte. En segundo lugar, “si eran de Néstor”, ¿qué hacían? ¿Robaban en nombre del Presidente?

Siguiendo con ese razonamiento, ¿De Vido era de Cristina? Por las declaraciones de ella, no. No se animó a poner las manos en el fuego por él, una variable del Poncio Pilatos de la Argentina de la corrupción. No lo bancó.

Hasta Guillermo Moreno le aplicó el peronómetro a su ex jefa y le bajó dos puntos. Para hacer eso, no comprometerse con un ex subordinado, están los radicales, provocó. Solo conocen un lado de la reja, aclaró el ex secretario de Comercio recientemente condenado.

La abogada Minnicelli presenta a su esposo como un virtual “agente libre” en el kirchnerismo que “tiene muchas cosas para contar”.

De Vido sigue rumiando su furia no solo contra Cristina sino también contra los diputados peronistas que lo dejaron caer. Tanto sus cartas como las declaraciones de la esposa contienen amenazas explícitas de posibles revelaciones.

A Gioja le dijo “ortiva”, es decir delator, porque no se solidarizó con él cuando el bloque, por presunta indicación de la ex Presidenta, se ausentó del debate y lo desaforaron.

El ex gobernador de San Juan y presidente del PJ, luego de decir que la obra pública en su provincia fue auditada, ahora quiere calmar al ex ministro preso tirando aceite al mar embravecido. Promete visitarlo en Marcos Paz.

No está solo. Hay una larga fila, que encabeza el senador Miguel Pichetto, que se ha formado en las afueras de la cárcel. Hasta allí llegó ayer Aníbal Fernández a expresar su solidaridad.

Pero Gioja agregó otra perla y dijo: “Los trapos se lavan adentro”.

¿Adentro de qué? Lo que está en discusión no es la disciplina partidaria sino una investigación por corrupción.

Si esa es la ropa que hay que lavar dentro o si es otro asunto que no se conoce aún, mejor sería que el jefe formal del PJ lo aclarara rápido.

Hay otra cuestión que puede derivar en lo que dijo Minnicelli. ¿Qué es lo mucho que tiene De Vido para contar? Y si lo citan, ¿lo contará?

En principio, parece difícil que se autoincrimine para incriminar a otros, en venganza. Lo de De Vido también está dirigido a algunos gobernadores y ex gobernadores que lo han frecuentado cuando el ex ministro era un hombre fuerte del kirchnerismo.

Ahora parece que no era de nadie y con Néstor solo se saludaban protocolarmente cuando se cruzaban en la Casa Rosada.

Clarin

ZAFFARONI SIN VERGUENZA

No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a Zaffaroni. Debe ser que carece de vergüenza. No puedo creer que, a pesar de haber sido uno de los personajes más dañinos, durante los más de 12 años de kirchnerismo, todavía siga levantando el dedito para dictar cátedra.

Por Alfredo Leuco

Es el autor ideológico de una solicitada que firmaron decenas de cristinistas fanáticos donde aseguran “que la república cruje y la democracia y el pluralismo están en peligro”.

Es el mismo Zaffaroni que defiende a la dictadura chavista venezolana al igual que la mayoría de los firmantes de ese panfleto. Y hablan de pluralismo y república los que nos llevaron al lado de Cuba, Venezuela e Irán y los que manejaron el país con un autoritarismo feroz, con el Congreso reducido a la servidumbre, con la justicia colonizada y con un oligopolio de medios de comunicación que se la pasaron atacando opositores y periodistas independiente y chupándole las medias a Cristina y su banda que se dedicó a saquear al estado como definió el fiscal Pollicita. Ahí están Leopoldo Moreau y su brulote antisemita contra Waldo Wolff, Héctor Recalde, Roberto Baradel, Victor Hugo Morales y Milagro Sala entre otros preocupados por la renuncia de Alejandra Gils Carbó y la autonomía del Ministerio Público.

Justo ellos que armaron una agrupación llamada “Justicia Legítima” para garantizar la impunidad de los ladrones de estado que nos gobernaron. Justo ellos que no dijeron una palabra cuando Amado Boudou, destituyó de un cachetazo al anterior procurador, Esteban “El Bebe” Righi con el aplauso de Cristina.

Zaffaroni habla del peligro totalitario del gobierno de Macri y se bancó en silencio y de rodillas como todos los firmantes que un detenido por terrorismo de estado fuera el jefe del ejército designado y defendido por Cristina. Hablo del general César Milani que, como si esto fuera poco, también está acusado de enriquecimiento ilícito.

Zaffaroni no tiene vergüenza. Es es el padre ideológico de jueces como José Villafañe que se cansaron de dejar asesinos en libertad, como Pepito Echegaray que mató de un balazo en la cabeza a Abril Bogado, la chiquita de 12 años.

Zaffaroni se llena la boca hablando de los pobres y en contra de los ricos y cobra una jubilación de privilegio de casi 400 mil pesos por mes pese a que ya era un hombre de fortuna.

En el acto y en la solicitada, Zaffaroni tuvo la complicidad de Estela Carlotto que ya abandonó toda idea de autonomía y se entregó por entera a la militancia cristinista. Dijo la titular de Abuelas que “Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri”. Es como decir que 10 millones de argentinos votaron a un genocida. ¿Creerá eso de verdad? ¿O es la desesperación por ver como se caen a pedazos las mentiras de la cleptocracia pinguina a la que tanto aportó ella y Hebe de Bonafini? Todavía tienen que pedir disculpas por instalar frases mentirosas como “que devuelvan los nietos” y “la gendarmería mató a Santiago Maldonado”.

Pero lo más aberrante de Zaffaroni, que tiene una vida y una trayectoria repleta de hechos aberrantes, es que no tiene autoridad moral para hablar de la dictadura de la que fue funcionario y de la inseguridad o manejo de las fuerzas represivas ya que es el autor ideológico del sistema que premia a los victimarios de delitos y castiga doblemente a las víctimas y a sus familiares.

Por eso no me canso de hacerle a algunas preguntas. Doctor Zaffaroni:

-¿Corresponde que usted ocupe ese lugar de tanto prestigio pese a que fue juez y juró por los estatutos de dos dictaduras a falta de una y que una de ellas fue el más feroz genocidio perpetrado por Videla y sus cómplices?

– ¿Es cierto que durante el terrorismo de estado usted no le dio lugar a ninguno de los 120 habeas corpus sobre detenidos desaparecidos que pasaron por su despacho y que por el contrario redactó un manual militar en el que justificaba los golpe de estado y en el que discriminaba a los homosexuales para que no fueran parte del Ejército?

-¿ Podría confirmar si las Madres de Plaza de Mayo encabezadas por Hebe de Bonafini ahora lo definieron como “juez de la patria” porque milita para el kirchnerismo pero antes lo habían incluido en una lista de 437 jueces que colaboraron con la dictadura militar?

-¿Cuanta verdad hay en esa información que afirma que usted calificó a Néstor Kirchner de nazi de la Patagonia por violar la división de poderes en Santa Cruz y que luego se hizo amigo del presidente, de la presidenta Cristina pero sobre todo de su vice presidente Amado Boudou a quien invitó a su cumpleaños y justificó en sus delitos?

-¿Se puede estar en la Corte Interamericana pese a que hay fallos suyos denigrantes de la condición humana y decididamente inmorales y humillantes para las víctimas? Hablo del fallo Tiraboschi donde usted minimizó la violación de una nenita porque fue realizada con la luz apagada y porque no fue penetración sino sexo oral al que fue obligada la chiquita? Al imponer la pena por abuso deshonesto, sostuvo que no correspondía aplicar la pena máxima porque, entre otras razones, la víctima, una niña de ocho años, había sido abusada con la luz apagada y, en palabras de la sentencia, “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia de la menor”.

-¿No tiene ninguna responsabilidad además de haber pagado la multa correspondiente por haber alquilado sus departamentos para que en 5 de ellos se ejerciera la prostitución? ¿No cree que sus excusas fueron poco creíbles cuando señaló que fue su amigo íntimo el que administraba esos departamentos y que usted no conocía a los inquilinos?

– ¿Sintió vergüenza cuando fue al Senado de la Nación a defender su nominación y se descubrió que no había pagado 94 aportes previsionales del Registro de Trabajadores Autónomos, según la AFIP y que había omitido bienes y cuentas bancarias en el exterior en su declaración jurada?

-¿No siente algo de pudor o de culpa por ser cuestionado e impugnado por personas intachables como Rodolfo Terragno, Diana Cohen Agrest o Santiago Kovadloff?

– ¿Cree de verdad que se puede construir una sociedad democrática con vigencia plena de los derechos humanos y la paz con premios y sin ningún castigo? ¿El abolicionismo no nos lleva a la primitiva ley de la selva?

No se asuste doctor Zaffaroni. Sé que nunca le gustaron los medios de comunicación críticos. Alguna vez hasta los responsabilizó por multiplicar noticias policiales en algo que usted definió como terrorismo mediático.

Está claro que usted es el Víctor Hugo Morales del derecho. Comparan este gobierno con una dictadura. Desayunan bronce. Pero son personas sin vergüenza. Y sin moral.

ARGENTINA, PAÍS GENEROSO: TRAVESTIS EXIGEN PENSIÓN POR "DERECHOS CERCENADOS EN LA DICTADURA"

Son 14 personas que realizaron una presentación judicial para que el Estado les pague una pensión social. Destacan que "no se les permitió ejercer libremente su actividad sexual"

Según publicó el sitio Tiempo de Justicia, 14 travestis realizaron una presentación en la justicia para pedir que se ordene que les paguen las pensiones sociales Ley 5110.

Según sostienen "en el período comprendido entre 1976 y 1983, fueron víctimas de acciones en su contra por parte de personal de fuerzas de seguridad". Destacan que "no se les permitió ejercer libremente su actividad sexual".

Por estas razones y con el patrocinio de un abogado recurrieron a la Justicia y pidieron que un juez ordene a la Caja de Pensiones Sociales que se les abone el beneficio. Desde hace más de 4 años la provincia paga la pensión social Ley 5110 a quienes estuvieron detenidos durante el último gobierno de facto por "razones políticas, gremiales y estudiantiles".

El juez de Circuito de los tribunales provinciales de Rosario, Eduardo Arichuluaga, debe resolver si hace lugar o no al pedido de estas personas.

"FAYANDO Y FAYANDO" *

"Nos envejece más la cobardía que el tiempo. El tiempo sólo arruga la piel. El miedo arruga el alma" 

Facundo Cabral

Por Enrique Guillermo Avogadro

Hoy la Justicia ocupa el lugar central de la vidriera donde se exhibe lo peor de la Argentina, tanto por el enorme desprestigio que la rodea, cuanto por la discusión acerca de las reformas necesarias. Las responsabilidades alcanzan a los tres poderes del Estado, y su buen desempeño, con independencia, seriedad y celeridad, resulta esencial para nuestra propia convivencia como sociedad y para la inserción de nuestro país en el mundo, con la consecuente llegada de indispensables inversiones: para que la incidencia de la deuda pública en el PBI descienda, éste debe crecer y, por otra parte, el millón de empleados públicos que sobran sólo podrán ser despedidos cuando la actividad privada pueda absorberlos.

El inventario de los males que la aquejan incluye la modificación kirchnerista del Consejo de la Magistratura, la nefasta aceptación de la renuncia de los magistrados cuestionados, el inicuo comportamiento de los jueces federales, el enriquecimiento inexplicado de algunos, la falta de preparación de otros, la colonización del fuero penal por la escuela garantista (herencia de Zaffaroni), la industria de los juicios laborales, la enorme duración de los procesos, el colapso edilicio y la falta de equipamiento informático, el nepo/amiguismo en el ingreso del personal a la carrera judicial y varios etcéteras.

Una vez más, y por razones cada vez más repugnantes, ha vuelto a ser cuestionada. Regresó a la picota por obra del Juez Ariel Lijo y su orden de detención del ex Vicepresidente, Amado Boudou. En la nota anterior, "Punteros, malandras y porongas", ya expresé mi opinión sobre el tema, pero la difusión de las imágenes y filmaciones captadas durante el procedimiento ha suscitado una discusión que amerita otro análisis, ya que una parte de la ciudadanía y del periodismo se rasgó las vestiduras frente a la presunta e humillación a la que habría sido sometido el reo -se trata de un delincuente común, cómplice y testaferro del régimen saqueador que acaba de pasar a la historia- cuando se lo vio en piyama, descalzo y despeinado, mientras se le leía la orden de prisión.

Comenzó una polémica, amplificada en las redes sociales, acerca de la eventual violación de los derechos humanos del imputado, y otra vez se reveló nuestro costado más hipócrita. Nada se dijo de los perjuicios directos que este incansable ladrón causó a los más humildes y desprotegidos de nuestros conciudadanos, muchos de los cuales siguen descalzos -hace poco tiempo se viralizó la fotografía de un chico en un colegio rural, sin zapatos, mientras portaba la bandera- sino que se olvidaron las situaciones, mil veces más graves, que afectan a los militares y civiles presos, muchos sin condena firme, desde hace tantos años.

Los recientes presos por corrupción, mucho más jóvenes, son trasladados al Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde pueden comprobar en carne propia la precariedad de las instalaciones y de los servicios que allí se brindan; pero los antiguos huéspedes son ancianos cuya edad promedio supera los 76 años y presentan patologías de toda índole, incluyendo numerosos de casos de cáncer terminal, están casi ciegos o paralizados.

Entre los muchos casos que fueron llevados en penosas condiciones a los tribunales que los juzgan en los procesos mal llamados de "lesa humanidad", hombres de edad muy avanzada, algunos de los cuales se encuentran afectados por males de Alzheimer y Parkinson, los más emblemáticos fueron los del General Antonio Bussi y del Comisario Luis Patti. Además de recordar que fueron elegidos por sus vecinos varias veces como Gobernador de Tucumán e Intendente de Escobar, respectivamente, fueron obligados a comparecer estando cuadripléjicos; sus penosas fotografías en camilla recorrieron el mundo y, sin embargo, no hubo queja alguna de parte de los organismos de pseudo derechos humanos, ni se levantó una sola voz desde la política que se refiriera a ellos. Ahora, muerto el primero y cuando los jueces decretaron la prisión domiciliaria del segundo, se organizan escraches para repudiarlo; ¿se necesita alguna muestra más de la tuerta mirada de esas organizaciones? Pero no fueron los únicos episodios aberrantes de este largo período de venganza caníbal que se desatara a partir de la llegada del kirchnerismo al poder y que el gobierno de Cambiemos no ha hecho nada por interrumpir.

El mes pasado, desde el penal de Ezeiza fueron llevados a un tribunal de Bahía Blanca un grupo de detenidos; el traslado se efectuó en un camión celular, destartalado y sucio, a pesar de la avanzada edad -superaban los 82 años- y de las enfermedades de los imputados. Por la noche y durante doce horas, con las luces interiores encendidas permanentemente y las ventanillas cegadas, se los trató como ganado; entre otros comportamientos humillantes, el vehículo no se detuvo ni para que pudieran ir al baño -el existente en el interior estaba clausurado- y debieron utilizar en su reemplazo botellas provistas por los agentes penitenciarios. Tampoco hubo entonces queja alguna, ni reacción de la Secretaría de Derechos Humanos. El contraste con el trato brindado a los presos por corrupción, que incluyen traslados en avión y vehículos de alta gama, no puede resultar más repulsivo.

El otro aspecto de la cuestión Boudou se centró en la orden de prisión preventiva del ex funcionario. La ley establece que esa medida de privación de la libertad se debe decretar cuando existe peligro de fuga o se puede poner el riesgo la investigación; dada la edad de los militares y su falta de medios económicos, pensar que puedan escaparse sería una estupidez, y nadie podría alterar las pruebas en hechos ocurridos hace cuarenta años.

No puede exceder de los dos años, prorrogable por un año más si hubiera fundamentos. En el caso de los presos políticos, amén de otras aberraciones violatorias de todos los principios del derecho que sustentan el edificio de la civilización occidental -irretroactividad de la ley penal, juez natural, legalidad, principio de inocencia, etc.- esos límites han sido superados exageradamente. Para poner números concretos, hay que decir que el 76% no tiene condena firme, y el promedio de extensión de sus prisiones preventivas llega a los 6 años, aunque en algunos casos alcanzan a los 15; peor aún, 287 detenidos en esas circunstancias ni siquiera han llegado a juicio, o sea, nunca han sido declarados culpables de los crímenes que se le imputan.

Tengo esperanzas en que la reciente renuncia de la Procuradora General de la Nación, la inefable Alejandra ¡Giles! Carbó, que tendrá efecto a partir del 31 de diciembre próximo, y la reforma de la ley del Ministerio Público, en tratamiento hoy en el Congreso, permita el rápido desplazamiento de los innumerables impresentables disfrazados de fiscales con los que colonizó los tribunales, con la obvia complicidad de esos otros canallas, los jueces -verdaderos asesinos togados- que llevaron adelante los juicios de la venganza.

¡Teléfono para Germán Garavano, Ministro de Justicia, y para Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos! No se puede ser acomplejado ni timorato, en especial cuando enfrente están los mismos que pretenden destituir al Gobierno y convocan a organizar comandos de resistencia sin que a nadie se le mueva un pelo.

(*) De "Yira, yira", tango de Enrique Santos Discépolo

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

TIENEN MÁS MIEDO LOS DOCENTES QUE LOS ALUMNOS CON LAS PRUEBAS "APRENDER"

Con motivo del operativo "Aprender" que está llevando adelante el Estado Nacional para saber como se encuentra la educación en general y el nivel de los alumnos en particular, ya han empezado, NUEVAMENTE, las tomas en algunas Escuelas, porque no aceptan de ninguna manera que les digan por todos los medios, una vez finalizadas las pruebas, que en estos 12 años de una gestión nefasta y permisiva, en que nos han convertido a nuestros adolescentes... literalmente en burros que saben mucho de mensajitos por celular y redes sociales, pero poco de cultura general.

Los chicos no saben leer, escriben con horrores de ortografía y la Escuela, especialmente la secundaria, se ha convertido en "cotos" de caza de alumnos débiles de mente captados por inescrupulosos que utilizan la educación como bastiones políticos para, luego de usurpar las aulas, sacar provecho en beneficio propio y utilizar a esos mismos jóvenes como armas ideológicas.

  
Acabo de ver en televisión a un chico que no superaba los 15 años opinando en una Escuela de la localidad de Banfield, Provincia de Buenos Aires, (que está tomada). Junto a un profesor, tratando de argumentar su reclamo sobre la empresa que se encarga de realizar la evaluación, asegurando que la misma "no está capacitada para dicha tarea porque se trata de una multinacional que no conoce la situación en la que se encuentra nuestro país". 

El chico, muy suelto de cuerpo y con un absoluto desprecio por sus colegas del resto del país, declaraba que "No es lo mismo esta evaluación en Chaco, Formosa o Tucumán donde la situación socio económica es diferente, que en Buenos Aires". Discriminación y soberbia, además de una mezcla extraña entre política y falta de conocimiento, el joven al que, seguramente lo han llevado de las orejas a realizar estas declaraciones, ha cometido un delito que el INADI, en este caso, dejará pasar por alto, pero se trata de discriminación porque esta evaluación se hace para que lleguemos a una igualdad en todo el país. 

Fieles a su costumbre de ir siempre mirando para atrás, con el famoso "no se pero me opongo", una vez mas utilizan a los chicos porque saben que el problema no radica en los alumnos, sino en los propios docentes que ocupan mas horas en hacer política que en respetar y hacer respetar los programas de estudio vigentes.

Lamentablemente, aún quedan resabios de ideologías que ya no son aceptadas en Rusia, China y hasta la propia Cuba porque se dieron cuenta que no se puede quedar fuera de un mundo globalizado si se pretende competir dentro de las actuales reglas de juego.

Una vez mas, los argentinos debemos mirar hacia adelante para no retroceder como lo hicimos durante tantas décadas con un costo social que nos va a representar mucho esfuerzo revertir y en especial con este tipo de dirigentes y docentes que equivocaron de profesión o algo peor, no tienen vocación de enseñar.

"El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento"
John Locke - (1632-1704) Filósofo inglés.


Ricardo Bustos
Locutor Nacional - Comunicador
Capioví - Misiones

PUNTEROS, MALANDRAS Y PORONGAS

"Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez"
Francisco de Quevedo

Por Enrique Guillermo Avogadro

Debo el título de la nota a Jorge Ossona, catedrático en innumerables universidades, que publicó con ese mismo nombre y con el sello de Siglo XXI Editores, un indispensable estudio sobre la ocupación de tierras y los usos políticos de la pobreza en el conurbano bonaerense; le agradezco haberme inspirado y permitido utilizarlo.

Es que, en estas horas, han ingresado nuevamente a la pista central del circo argentino varios de los más tristes personajes de esta tragicomedia en que se ha convertido nuestra historia reciente. Me refiero, obviamente, a Amado Boudou, Luis D'Elía, Ariel Lijo, Julio de Vido y Sergio Maldonado y el cadáver de su hermano. Todos ellos, de un modo u otro, merecen entrar en una de las tres categorías inventariadas en el título.

El ex Vicepresidente de la Nación, el famoso Guita-rrita, llegó a las tablas semanales por su sorpresiva detención de la madrugada de ayer. Cuando los efectivos de la Prefectura Naval, por orden del Juez Lijo, lo despertaron y condujeron a tribunales, batió un récord al transformarse en el primero en ir preso después de ocupar tan alto cargo. Su privación de libertad fue uno de los reclamos más fuertes de la sociedad, que veía en él el emblema de la impunidad, y no soportaba más su sonrisa triunfadora y su impúdica exhibición de lujos después de tantas denuncias que lo involucraban en hechos delictivos de todo tipo, desde la falsificación de los papeles de un auto y la permanente mentira sobre su domicilio, hasta llegar al robo de siete millones de pesos al sufriente pueblo de Formosa y a actuar como testaferro de la familia Kirchner en la apropiación de la máquina de imprimir dinero.

Claro que usted sabe, si ha tenido la paciencia de leer estas notas semanales que escribo hace ya trece años, que no lamento en absoluto lo sucedido, pero también sabe qué opino acerca de los indignos inquilinos de Comodoro Py, y la conducta de Lijo no ha hecho más que darme la razón. Tanto este magistrado cuanto su colega, Daniel Rafecas, fueron denunciados el lunes pasado ante el Consejo de la Magistratura por demorar por años los expedientes que involucraban a los grandes malhechores de la asociación ilícita gobernante; esa iniciativa correspondió al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a la agrupación Será Justicia, y se fundó en los resultados de una auditoría ordenada por el mismo Consejo.

Pues bien; sin conocer la resolución de Lijo que ordenó la detención de Boudou confieso que me llamó la atención que hubiera sido dictada contra un individuo que siempre estuvo a derecho, es decir, que no intentó evadirse y concurrió a los juzgados cada vez que fue citado y, a mayor abundamiento, se encuentra sometido a varios procesos orales. Lo extemporáneo de la medida hace que ésta huela a podrido y resulte atribuible a la necesidad del Juez de lavar su imagen, comprometida por sus vinculaciones con el suspendido camarista Eduardo Freiler, para intentar zafar del complicado brete en que se encuentra su carrera y, quizás, hasta su propia libertad.

De todos modos, sorprende que tanto Gildo Insfrán, Gobernador vitalicio de Formosa, y Ricardo Echegaray (ex jefe de AFIP) no hayan sido siquiera llamados a prestar declaración indagatoria en la causa que tanto complica a Boudou, José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, es decir, la apropiación de Ciccone Calcográfica. Sin los dos primeros, el que pagó por un ¿asesoramiento? para que su Provincia negociara su deuda con el Ministerio de Economía de la Nación y el que otorgó las facilidades para el pago de impuestos que negó a sus anteriores dueños, toda la maniobra hubiera resultado imposible y, sin embargo, continúan ajenos al juicio.

Lo que sucedió ayer con Boudou me recordó al General César Milani, huésped del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, ahora procesado por enriquecimiento ilícito; como le dije a él mismo, está mal preso por los delitos que se le atribuyen y que se relacionan con los hechos ocurridos en La Rioja y Tucumán en los 70's, pero está bien preso por ladrón y, sobre todo, por haber manchado el uniforme de la Patria al haber intentado poner al Ejército al servicio del proyecto clepto-político de Cristina Kirchner.

También reingresó a la pista central el payaso Luis D'Elía, el mamarracho que prestó apoyo solidario a Boudou en sus recientes desventuras, muy preocupado por su propia libertad, tan en juego por estos días. El piquetero enriquecido -¡uno más!- se lamentó públicamente por la soledad en que su jefa espiritual dejó a su antes ponderado funcionario; es más, con un fuerte exabrupto, exigió que Cristina encabezara un "comando" que saliera a combatir contra la embestida judicial que ha mandado a tantos de sus más conspicuos laderos a la sombra tumbera. ¿Qué tipo de resistencia imagina que podrá ejercer, si ella misma ya debiera estar presa? ¿No sabe, acaso, que hoy la única preocupación de la ex Presidente es conservar su libertad y la de sus hijos, y gozar de la incalculable fortuna que tienen en el exterior?

Por su parte, De Vido adquirió el derecho a participar del show con la carta que envió a los medios, en la que muy veladamente amenazó con empezar a contar lo mucho que sabe, y quiénes fueron los beneficiarios finales de todas las maniobras que, bajo su comando directo, se realizaron para vaciar todas y cada una de las cajas de dinero público posibles: gasoductos, redes de alta tensión, importaciones de energía, empresas vendidas o expropiadas, trenes y colectivos, rutas, caminos, puentes, represas, minas y hasta películas que nunca fueron exhibidas. Es que la soledad en que se encuentra este colombófilo, abandonado por todos, debe pesarle en exceso, después de haber sido el más eficiente saqueador para sus jefes. Si don Julio comienza a hablar, muchas cabezas públicas y privadas, tal vez algunas cercanas al poder actual, rodarán por el polvo, y será muy bueno para la República que así suceda, caiga quien deba caer.

Sergio Maldonado volvió a sufrir un revés en su patético intento de ofrecer el cadáver de su hermano en el altar de los falsos derechos humanos, cuando las pericias determinaron que no sólo el tatuador no había sufrido agresión alguna, sino que su cuerpo estuvo sumergido en el lugar en que fue encontrado durante todo el tiempo. Así, cayeron sucesivamente las imputaciones a la Gendarmería y al Ministerio de Defensa por la "desaparición forzosa" y hasta la teoría del "plantado" del cuerpo. Anhelo, sin ninguna esperanza, que pida públicas disculpas por su triste actuación, exprimida al máximo por delincuentes como Hebe Bonafini, Estela Carlotto, Horacio Verbitsky y Eugenio Zaffaroni; de estos cuatro nada, porque los conozco demasiado.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que siente en la nuca el peligroso aliento de Elisa Lilita Carrió, fue apurado por el Presidente de la República y por el Ministro de Justicia, Germán Garavano, por la morosidad del accionar del Poder Judicial y por el desprestigio social que lo acompaña. Reaccionó con furia, y atribuyó justificadamente esos males a la enorme cantidad de vacantes de jueces y a la falta de equipamiento acorde con la época; me pregunto por qué nadie dijera que el enorme presupuesto que maneja diariamente y que, seguramente, le permitiría adquirir los medios necesarios para dotar a los tribunales al menos de computadoras modernas.

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

EL RELATO QUE CORROMPE LOS DERECHOS HUMANOS

El dinero, la ambición, el personalismo y la sed de venganza fueron distorsionando el prestigio y la finalidad de algunas organizaciones.

La alianza de conveniencia mutua entre el gobierno kirchnerista, que asumió el poder el 25 de mayo de 2003, y varios de los principales organismos de derechos humanos se tradujo, en los hechos, en dinero, subsidios, leyes, presencia mediática y redituables asociaciones. Era el contexto más adecuado para un gobierno que, como en tantos otros asuntos, priorizaba el parecer al hacer, el relato mentiroso a la verdad, alimentando un discurso pensado para proyectarse más allá de la historia, con una carga simbólica capaz de hacer prevalecer y justificar cualquier destino con el dinero de todos. Una auténtica y gigantesca estafa moral basada en el odio y la venganza.

La trayectoria de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto es la de una docente jubilada, ama de casa, quien, como presidenta de una institución que transita sus 40 años de vida como "Abuelas de Plaza de Mayo", no ha podido evitar las contradicciones y las polémicas a partir de que el dinero, la ambición y el personalismo militante fueron distorsionando y erosionando el prestigio y la finalidad de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En 2008, consultada sobre las acciones de los militantes del Movimiento Peronista Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de grupos similares que operaban en la década del 70, los calificó elogiosamente de "mártires", negando el amplio abanico de gravísimos delitos que se les comprobaron. Con ese mismo falso y distorsionado idealismo, que tanta sangre derramó en los años de plomo, se refería a su hija desaparecida como integrante de "una generación que dejó la vida y nos dejó la democracia". Paradójicamente en su afán militante salió también con vehemencia a defender al general César Milani negando toda evidencia en su contra.

Alterando también los hechos, cargó contra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), acusando a esa institución de "promover la impunidad para los responsables del terrorismo de Estado" cuando, al igual que Abuelas pero en la vereda opuesta, Celtyv defiende los justos pero silenciados derechos de las víctimas inocentes del terrorismo subversivo de aquellos años. Con este mismo espíritu beligerante, no sorprendió que tildara de "disparate" la propuesta pacificadora de la Conferencia Episcopal, que promovía la reconciliación nacional. 



"No hay que confundir Abuelas con Madres", señalaba Carlotto, marcando distancia con la agrupación dirigida por Hebe de Bonafini y, al mismo tiempo, alejándose todo lo posible del escándalo Schoklender.

Sin embargo, con aquel mismo estilo agresivo y destemplado de Hebe de Bonafini, casi un par con el que rivalizó en la interna de esos mismos organismos, Carlotto no pudo disimular su militancia partidaria y arremetió recientemente contra la ministra de Seguridad por el caso Maldonado, al afirmar que "Patricia Bullrich es una gendarme, pero una gendarme mala". Incluso, sostuvo la hipótesis de que el cuerpo de Maldonado "fue plantado" en el lugar en el que se encontró, instando a averiguar dónde había estado conservado y quién lo tenía. "Es una muerte desde el Estado y en democracia", y como tan superficialmente acostumbran a calificar, aseveró enfáticamente que se trata de "un delito de lesa humanidad" acusando al Presidente de falta de sensibilidad, frialdad y autoritarismo, llegando a asimilar la ideología de los gobiernos de facto con la de esta democracia. También, en su momento, apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio quien, según ella, "se maneja como si viviera en una isla de esclavos". 

"Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri", extrapoló, incapaz de percibir las abismales diferencias en otra muestra del registro distorsionado de la realidad en el que cae con frecuencia.

Además de haber colocado a numerosos parientes y amigos en cargos públicos, Carlotto ejerció la presidencia de la Comisión Bonaerense de la Memoria, organismo integrado por representantes de entidades de Derechos Humanos, el sindicalismo, la Justicia, la Universidad, la Legislatura, funcionarios y profesionales, de los que se alejó en 2002 cuando le cuestionaron el manejo de los cuantiosos fondos estatales. El resultado fue que denunció que le habían falseado la firma, lo que la llevó a confrontar con su sucesora en el cargo.

Firmante de una solicitada en apoyo a Aníbal Ibarra tras la masacre de Cromagnon, calificó a los padres de las víctimas de "delincuentes", lo cual le valió un amplio repudio. Tampoco dudó en pedir por la libertad de terroristas internacionales de la ETA española, el MIR chileno, o las FARC colombianas. En la lista, sumó también a Milagro Sala cuya inocencia Carlotto defiende con una cínica pregunta: "¿Cuándo la vieron a ella empuñar algo que fuera peligroso, salvo el martillo o alguna pala?".

Junto con Madres, avaló perversamente la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de cargar contra la empresa Papel Prensa sobrepasando cualquier límite ético en una disputa política en otro uso espurio de los derechos humanos, como definió de manera crítica la propia Graciela Fernández Meijide. 



Es oportuno recordar que, en 2010, en el acto central por el Día Nacional por la Memoria y la Justicia celebrado en las instalaciones de la ex ESMA, una Cristina Kirchner abrazada a Carlotto afirmó que el caso Noble era "la prueba del ácido" de la democracia argentina. Refiriéndose una vez más en público a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, amenazó con ir a la justicia internacional, según ella, para "terminar este capítulo tan trágico de la historia de la verdad". Después de denunciar durante años que Marcela y Felipe Noble eran "parte del ocultamiento de un delito", Carlotto no supo siquiera pedir disculpas cuando la Justicia se expidió. Como quien teme gastar las palabras, dijo lacónicamente: "No fueron nuestros nietos".

"Cuando fui citado por la jueza Servini de Cubría -explicó un joven llamado Roberto J. Gutiérrez, sindicado erróneamente como nieto de Carlotto y sometido a un maltrato que le ocasionó un grave daño moral-, comprendí que esta mujer es tan distinta de como la ven todos, tan insensible que no me resultó extraño enterarme de que había hecho con su familia un negocio de los derechos humanos". Gutiérrez, además, la acusó de haber manipulado los ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, causa que sigue abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro caso, el de Hilario Bacca, una airada Carlotto cuestionó a la justicia por autorizar que ese hijo de desaparecidos mantuviera la decisión de llevar el nombre y apellido dado por sus padres apropiadores. Al momento de encontrarse al nieto número 122, y aplicando falaces e interesadas fórmulas matemáticas propias, Carlotto afirmaba que ese hallazgo demostraba que fueron 30.000 o más los desaparecidos, dado que el padre del recuperado no figuraba denunciado como desaparecido. En su afán por manipular los dolorosos hechos vividos y a pesar de que sólo hubo 230 denuncias, Carlotto continúa pretendiendo instalar que fueron 500 los niños desaparecidos.

Durante la llamada "década ganada", desde el poder se hizo mucho más que aplicar el canon kirchnerista, distorsionar la democracia, imponer el mandato del relato único como cuestión de fe, estigmatizar al opositor o al crítico e instalar y justificar la corrupción como método válido para financiar a una facción política y enriquecerse personalmente con los recursos del Estado. Con la complicidad de muchas de las organizaciones a las que benefició, la sesgada política de los derechos humanos sólo incluyó a algunas víctimas e ignoró a otras en su afán por mantener al país encadenado a los odios del pasado. El vasto agujero negro en el que se esfumaron millones de dólares destinados a sostener lo que terminó siendo la "industria" de los derechos humanos, resulta un enigma que no ha sido todavía investigado.

A esta altura resulta inaceptable continuar distorsionando la verdad histórica y manipular tendenciosamente los derechos humanos para ponerlos al servicio de la mezquindad política, con burdos fines económicos e ideológicos alejados de la reconciliación y el reencuentro entre compatriotas que debiera primar a la hora de construir unidos el futuro de nuestra Nación.

Editorial La Nación

JULIO DE VIDO: MEDIEVALISTA,VATE Y EXÉGETA

Los grandes medios dieron a conocer en el último día de octubre una Epístola de Julio De Vido, a quien su proverbial colombofilia se le transformó en una tragicómica paradoja: la de acabar como vulgar pajarraco tras las rejas de una jaula cualquiera.

Por Antonio Caponnetto

La misiva tiene alpiste, si se nos permite el tropo; y está titulada “La mano en el fuego”, no tanto como mención al elemento fundante de El Oscuro de Efeso sino a la deslealtad de La Potranca de Tolosa.

Quedará para expertos de toda índole comentar los párrafos de la magna esquela devidiana.

Principalmente aquellos en los que el autor sostiene el carácter injusto de su prisión. Aserto que estamos prontos a suscribir, pues no es la celda sino el paredón el destino más equitativo para sujetos de esta laya; y mucho más aún,para sus mandantes y mandanta; la cual, si tuvieran un gramo de honor, debería presentarse voluntariamente arrestada ante el Servicio Penitenciario, aduciendo que la elemental regla de la decencia y de la responsabilidad consiste en hacerse cargo los superiores de las que juzgan indebidas afrentas para sus subordinados. Lo que se deduce en cambio es que, o no hay agravio en la captura del dependiente, o no hay honor en la jefa. O esto es un sálvese quien pueda, mientras podamos.

Quedará también para los juristas de nota analizar las quejumbrosas victimizaciones que dice padecer el palomo,como la del circo mediático judicial montado a su alrededor, o la de ir a parar a oscura bartolina sin condena previa. “Pregúntenmelo a mí”, dice Julius. Y se lo preguntamos nomás; pero no en referencia a su destino de hampón sino al de los centenares y centenares de militares cautivos, a quienes –siendo él poder político- no se les ahorró circo, arbitrariedad, desafuero, crueldad refinada, ilegalidad manifiesta y,al fin,la desolada muerte.

Mas no nos ocuparíamos de estas endechas julias en pleno octubre, si las mismas no incursionaran en altas esferas humanísticas, que nos obligan a meditar sobre la inequidad de mantener recluso a un letrado de valía tan empinada.

Dice Julio principiando la misiva, que “la mano en el fuego es un viejo refrán, tan antiguo como la Edad Media , propio del Tribunal de la Inquisición”. Y sus afanes republicanos acrecen a medida que constata que su ayer nomás empleadora no está dispuesta a asumirlo como propio en defensa de su impoluta gestión.

Lamentamos decirle al Docto del Pabellón 3 que aquella frase hizo célebre la valentía y la heroica resistencia de Mucio Escévola, joven patricio del siglo VI A.C, que desafiando las amenazas de torturas indecibles ordenadas por el tirano Porsenna, ya caídos del trono los Tarquinos,colocó voluntariamente su mano diestra en el brasero de sacrificio, hasta mutilársela, sin proferir gemido alguno; jurando que esa misma capacidad sufriente y oblativa la tendrían todos los soldados romanos enfrentados a la abyección. Precisamente en nombre de todos ellos ponía él su mano en la devoradora fogata. Lo cuenta Tito Livio en las Décadas(II,11), y Dionisio de Halicarnaso en Antigüedades Romanas (V,35); para que el mundo sepa que no es lo mismo quedar manco como el príncipe Mucio que cual motonauta Scioli. No es lo mismo ser inmortalizado por la paleta de Romanelli, en el Palacio del Louvre, que por una selfie en La Ñata.

Agrega el avechucho – superando ya toda gala de sapiencia y maestría- que “en realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme; créame que Antonio Torquemada (el máximo impulsor de la Inquisicion ) tampoco”. Lamentamos decirle que el insigne fraile dominico Torquemada –quien vivió virtuosamente y murió en olor de santidad- no se llamaba Antonio sino Tomás, y que si bien no tiene el mérito de haber sido el máximo impulsor del Tribunal de la Santa Inquisición , fue sí uno de sus personajes más gloriosos y honorables. Uno de esos claros varones de Castilla, de los que habló Hernando del Pulgar. “El relámpago de España y el honor de su Orden”, según lo ha bien descripto el cronista Sebastián de Olmedo.

De Vido –dado a sisar y a coimear en el presente antes que a la investigación serena del pasado- debe creer que la Inquisicion era el Sindicato de los Matones, con D´Elía y Moreno como “máximos impulsores”; y que, por lo tanto, no hay mayor ofensa que traer a colación a los inquisidores en toda comparanza de maldades. Destino ornitológico el suyo, pero de sula bassanus, popularmente conocido como pájaro bobo, de la familia de los spheniscidae o pingüinos, con quienes tan cercanamente convivió, birló y ultrajó a la patria. La hora de la corneja siniestra le ha llegado. Pero su saga no es la del Cid, sino la del Penado 14, aquel que “murió haciendo señas y nadie lo entendió”.

Casi al final de la carta, Julio el Torcaz se sensibiliza, como ante los difuntos del Once, y legítimamente resentido frente a la felonía de Cristina, que le negó la metáfora –según él inquisitorial- de la mano en el fuego, ensaya algunos alejandrinos con ripio: “la confianza se da o se quita, se gana y se pierde, la cosa es de a dos como en el amor [...]; nada se quema, sólo desilusiona y a veces mucho”. Sí, Julio. Tenía razón Marechal: “con el número dos nace la pena”. En este caso la pena de prisión por estafador, mafioso,corrupto y desfalcador de las arcas nacionales. Pero cuidado con creer que nada se quema. Pregúntenle a los mapuches.

Habiendo pasado por el rigor de los medievalistas y la estética de los vates, De Vido –acostumbrado a no arredrarse ante las cuestiones de peso- incursiona en la exégesis evangélica. “La gente no come vidrio, la historia nos dirá qué pasó [...], como siempre, el tiempo nos lo dirá: Ecce Homo, dijo Pilatos hace XXI siglos, pero pocos se acuerdan de él y todos recordamos y algunos adoramos al que nos redimió”.

Vea Julio. Si usted se quiere comparar externamente con el Ecce Homo, avise. No sabe las ganas que tenemos muchos de azotarlo y flagelarlo, en compañía de su troupe. Pero si la comparanza apunta más alto, esto ya se llama blasfemia y sacrilegio, y tiene un castigo que no sólo desilusiona sino que quema. Y para siempre.

Tampoco es cierto que pocos se acuerdan de Pilatos. Ustedes, por lo pronto, los políticos del Régimen, se acuerdan de él en cada elección y practican su método infalible de la voluntad popular. En cuanto “al que nos redimió”, no debería usted contarse entre los que lo adoran, pues el Redentor enseñó que no se lo puede servir a Él y a la par a Mamón. Mamón, aclarémoselo, no es un dirigente del gremio de los cerveceros, sino el patrono de la cajas fuertes ante las cuales entraba en éxtasis su paladín sin par: Néstor 1050 Kirchner.

Después de los registrados sinsabores, la misiva, por suerte, finaliza del mejor modo. “Si quieren saber dónde estoy, estoy dónde estuve siempre, al lado de Néstor Carlos Kirchner, quien continuó y profundizó la obra de Juan Perón”.

Es una tranquilidad, decimos, saber en dónde está. Porque la verdad es que lo íbamos a mandar a la mierda. Pero vemos que el hombre ya llegó...Ya llegó.

INOCENCIA PERDIDA

Mauricio Macri criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que estaban operando sobre el caso Maldonado con "fines políticos". ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! 

Por Enrique Guillermo Avogadro

"Yo os envío, como ovejas en medio de los lobos"

Mateo 10:16

El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70's y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.

Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!

Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.

Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el "club del helicóptero" para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.

Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la "desaparición forzada" en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.

El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.

En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.

Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.

Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados "jóvenes idealistas", que asolaron el país hace cuarenta años.

El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con "fines políticos". ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

¡DEJEN EN PAZ LAS TUMBAS, LAS ESTATUAS Y LOS NOMBRES DE LAS CALLES!

Por Carlos Alberto Montaner

Leo en Infobae que unos indios mapuches apearon de su pedestal un busto de José de San Martín en Argentina y lo lapidaron a ladrillazos hasta desfigurarle el rostro marmóreo. No era una inocente gamberrada, sino lo que hoy llamaríamos un crimen simbólico generado por el odio. Mientras apedreaban al Libertador de Argentina, Chile y Perú le gritaban, airados, no se sabe por qué, “colonizador, colonizador”.

En Estados Unidos, las estatuas del General Robert E. Lee han sido objeto de una gran controversia por los intentos de derribarlas. Lee fue un Ingeniero Militar que dirigió el Ejército Confederado sureño durante la Guerra Civil (1861-1865), héroe condecorado por sus previas acciones en la guerra mexicana, a la que acudió junto a Ulysses Grant, otro galardonado, que luego comandara los ejércitos yanquis por designación de Abraham Lincoln.

Acusan a Lee de esclavista, que lo fue, pero pequeño, como la mayor parte de los sureños blancos en el siglo XIX, aunque sus enemigos admiten que se trataba de un General competente y de un patriota austero y laborioso que ni siquiera estaba de acuerdo en la secesión de los estados rebeldes.

En el parque central de Nueva York hay una estatua de Colón que peligra. Un par de policías la custodian y protegen del rencor étnico. Han amenazado con volarla. Hay indígenas que no le perdonan a D. Cristóbal su hallazgo del Continente americano. Les molesta, especialmente, el concepto eurocéntrico del “Descubrimiento”. Y hay latinoamericanos ácidamente indignados contra el (presunto) genovés por lo que “nos hizo” junto a un puñado de españoles audaces hace más de 500 años.

Pero en España, además de víctimas del revisionismo histórico, son también victimarios. En el país hay un intenso esfuerzo de erradicar de los callejeros el nombre de militares franquistas que ganaron la Guerra Civil (1936-1939), mientras algunos, en serio, se proponen expulsar el cadáver del generalísimo Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde está enterrado bajo una lápida gigantesca que señala sus 40 años al frente del Estado español.

El presidente boliviano René Barrientos Ortuño, con la aliviada simpatía de casi todo el país, ante la imposibilidad legal de celebrarle un juicio al Che Guevara y fusilarlo al amanecer por acudir al país a matar soldaditos, dado que el código penal no autorizaba la pena de muerte, dio la orden extrajudicial de que lo liquidaran. Craso error y craso crimen. Hubiera sido mucho mejor entregarle el prisionero a Estados Unidos, como pidió reiterada e inútilmente la CIA por medio de su agente Félix Ismael Rodríguez.

Pero eso ocurrió hace medio siglo, precisamente en octubre de 1967. Evo Morales, quien, en una de sus hilarantes “evadas”, denunció, muy preocupado, que su país había sufrido los ataques arteros del Imperio Romano, acaba de reivindicar la figura del Che y rendirle homenaje al argentino asesinado a balazos tras ser capturado en combate tras su mini invasión a Bolivia.

Recuerdo una simpática crónica, creo que de Alfonso Ussía, de hace unos 30 años, cuando comenzaron a quitar los nombres de los oficiales franquistas de las calles, implorando que no hicieran esa barbaridad para no enloquecer a los carteros y a los taxistas. Proponía, en cambio, que les agregaran adjetivos calificativos a la nomenclatura callejera. Por ejemplo: General Emilio Mola “el bueno”, o “el malo”, dependiendo del humor de la época, pero que no le arrebataran el sustantivo con el que han conocido a la dichosa vía durante mucho tiempo porque era una manera insensata de crear una gran confusión urbana.

Tenía razón. Cada generación posee el derecho a revisar la historia, pero no a hacer tabla rasa de los juicios de valor anteriores. Lo preferible es que dejen las estatuas, las tumbas y los nombres de las calles tranquilos, y que agreguen unas nuevas estatuas, tumbas y nombres contrarios a los viejos, porque la historia es exactamente así, poliédrica, y no tiene sentido someterla a los vaivenes de los tiempos.

Ya se sabe que Napoleón era el adorado y genial emperador, o el cruel enano corso que destruyó a su país con aventuras insensatas, dependiendo de quien examinara su expediente, pero es absurdo reescribir lo que ocurrió, entre otras razones porque depende de la perspectiva del observador. Ya usted conoce la gastada estrofa de Campoamor sobre el color del cristal con que se mira. Don Ramón acertó.

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LAS PRUEBAS DE BAHÍA BLANCA QUE ACORRALAN A LA EX PROCURADORA GILS CARBÓ

Navegando en la Web pueden encontrarse perlas. Este artículo fue publicado el 10 de Julio de 2017 en el sitio "La Nueva" de Bahía Blanca y contiene un excelente informe sobre Gils Carbó, quien administró la justicia a su voluntad.

Alejandra Gils Carbó no está pasando su mejor momento. Ni personal ni institucional. A la posibilidad de ser citada a indagatoria por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración, que conduce desde hace 5 años, se suman las críticas que arrecian por su desempeño durante el gobierno anterior. En el medio, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Publico de la Nación evalúa su gestión y está latente la posibilidad de que desemboque en un juicio político, tal como lo pidió el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes acusan a la jefa de los fiscales consideran que fue escandalosa su manipulación en las designaciones de funcionarios adictos al kirchnerismo, para formar una coraza contra las denuncias por corrupción. Dicen que pasó en casi todo el país, aunque Bahía Blanca se convirtió en un punto clave.

Y aseguran que existió un agravante en el entramado local: no solo hubo nombramientos digitados en el Ministerio Público sino que creen que se registró "intromisión e interferencia" en el Poder Judicial, por la influencia para nombrar a un juez subrogante que "pisó" una causa que compromete a Lázaro Báez y la irrupción de personal "dependiente" que intimidó a los empleados no contaminados.

Una gruesa carpeta con documentación partió hace algunos días desde nuestra ciudad y ya está en manos de algunos legisladores de la Bicameral.

“La Nueva” accedió a los informes y con esa base pudo reconstruir el tejido elaborado en el fuero federal de nuestra ciudad, que puede ser determinante para el desplazamiento de Gils Carbó.

Los legisladores que conforman la comisión de evaluación ya escucharon los testimonios de distintos fiscales -de un lado y del otro de "la grieta"-, funcionarios y representantes gremiales. Se espera el comparendo, todavía sin fecha, de Gils Carbó. Había sido citada para el 18 de mayo pasado, pero esa audiencia se postergó y todavía no se reprogramó. Puede ser uno de los últimos pasos para alcanzar el dictamen respectivo, que no es vinculante pero sí referencia para lo sucesivo.

El inicio de una historia que aún no tiene final

El 19 de octubre de 2014, el diario "La Nación" publicó que Lázaro Báez usó facturas truchas para evadir millones de pesos en impuestos y que actuó a través de una red integrada por empresas de Bahía Blanca. Al día siguiente se inició, en Buenos Aires, la causa N° CFP 10.451/14 (conocida luego como “Ficcadenti”), aunque en noviembre se declaró la incompetencia y el expediente pasó a Bahía Blanca.

Los acusadores de Gils Carbó creen que, ya el caso en la ciudad, el fiscal Antonio Castaño solo pidió, como única medida de prueba, un informe genérico a la AFIP sobre las firmas Calvento S.A., Grupo Penta y Cía. S.A., Constructora Patagónica Argentina S.A. e Iberoamericana de Servicios S.A., todas bajo sospecha.

El organismo, que conducía Ricardo Echegaray, ya había decidido para entonces bajar de categoría la dirección regional Bahía Blanca y dejarla con dependencia de Mar del Plata, con "personal afín".

El 11 de febrero de 2015, el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez aceptó la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía para entender en la causa remitida desde Capital y al mes siguiente se conocieron los nexos entre Báez, Leonardo Fariña y Juan Ignacio Suris.

Martínez buscó impulsarla, pero dicen que no tuvo respuesta desde la fiscalía.

El 8 de abril le corrió vista de la causa al fiscal Castaño y recién el 18 de mayo recibió respuesta, aunque sin requerimiento de instrucción. Como solo se solicitó algunas medidas de prueba, el juez corrió nueva vista y el fiscal general Alejandro Cantaro, al día siguiente, presentó la requisitoria, de manera escueta, como para salvar las formas.

Casi al mismo tiempo, la procuradora nombró a los fiscales ad hoc Miguel Palazzani y José Nebbia (resolución MP Nº 407) que, pese a estar vinculados a los delitos de lesa humanidad, habrían buscado frenar el avance de la causa Ficcadenti.

Con ese cometido presentaron numerosos "pronto despacho" y quejas por retardo de justicia ante la Secretaría de Derechos Humanos, sobre causas virtualmente "olvidadas", así como múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura (entonces con mayoría kirchnerista) contra Martínez, una de las cuales, sin el proceso correspondiente y con resolución en tiempo récord, derivó en su desplazamiento del cargo, el 18 de junio de 2015, casualmente dos días después de una batería de allanamientos que había ordenado en la ciudad por la asociación ilícita fiscal.

Veinticuatro horas después del apartamiento del juez bahiense, la procuradora nombró a Nebbia (resolución MP Nº 1839 del 19 de junio de 2015) como subrogante de la Fiscalía Nº 2, pese a que Castaño (titular de la Nº 1) podía cubrir esa función.


Un subrogante por otro subrogante, pero de Dolores

El Consejo de la Magistratura -se cree que con la influencia de Gils Carbó- no solo corrió del camino a Martínez sino que nombró en su lugar a otro subrogante, pero procedente de Dolores (resolución CM Nº 131, del 20 de junio de 2015).

Técnicamente, debería haber tomado ese lugar la doctora María Gabriela Marrón -hoy de licencia-, quien para entonces era titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía (había asumido el 18 de febrero de 2015). Sin embargo, se prefirió el traslado de Alejo Ramos Padilla, también exponente de la Asociación Civil Justicia Legítima que integra la procuradora.

La documentación refleja que, como se suponía, Ramos Padilla puso el pie sobre la causa Ficcadenti y comenzó a hostigar a quienes fueron señalados por Palazzani y Nebbia, con el silencio de Castaño y de Alejandro Cantaro, fiscal federal general y también vinculado ideológicamente a Gils Carbó.

"Lo primero que hizo fue pedir las causas Ficcadenti y Coleffi (en alusión a Álvaro Coleffi, procesado por revelar escuchas de la causa Suris) y luego se reunió con el abogado defensor de 2 de los imputados de la primera causa. Y después con los fiscales, en especial con Palazzani y Nebbia, con quienes se encontraba, por la tarde, en la secretaría de Derechos Humanos, en la calle Lamadrid", señala la documentación emitida, en base a testimonios.

Luego -agrega el informe- "contra toda lógica investigativa", autorizó a los imputados a extraer copias de la documentación secuestrada; le remitió a la perito contadora de la Corte solo copia de algunas partes de la causa (pese a que la había pedido íntegramente para hacer su informe) y citó a indagatoria a solo 2 imputados (José Antonio Ferreyra y Denis Ariel Ferreyra), pero por evasión simple y no por asociación ilícita fiscal. Sin embargo, después dejó esos actos sin efecto. Luego concedió la eximición de prisión a esos imputados. Y los fiscales (acusadores por naturaleza) no apelaron.

Un auto oficial que fue chocado y abandonado

Ramos Padilla salió públicamente a cuestionar la tarea de su antecesor y dijo que encontró un juzgado absolutamente desorganizado. Se mostró inflexible, de conducta intachable.

Sin embargo, después de su renuncia -el 31 de diciembre de 2015, luego de que la Corte declarara inconstitucional la ley de subrogancias- se pudo acreditar que hacia fines de agosto de ese año había prestado uno de los autos oficiales (Renault Megane, patente HRL 350) a dos personas que para entonces eran ajenas a la planta del Juzgado Federal Nº 1. El auto fue chocado y abandonado en Tres Arroyos y no hubo comunicación oficial ni extraoficial a la Cámara Federal de Apelaciones, el órgano jerárquico superior.

Luego se estableció que los ocupantes del coche eran Gustavo Puppo (secretario de Ramos Padilla en Dolores) y Leandro Massari, quien fuera pedido expresamente como empleado por parte de Ramos Padilla a Gils Carbó (pese a que no debería tener injerencia en el Poder Judicial), concretándose esa medida 5 días después, junto con Victoria Fraga, también de Justicia Legítima.

Los cargos contra Santiago Martínez fueron rechazados

Con la salida de Ramos Padilla, y superada la notable tensión que se había generado en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, el 6 de marzo de 2016, el Consejo de la Magistratura de la Nación -ya con otra composición que no contaba con mayoría kirchnerista- rechazó cada una de las 6 denuncias que habían motivado el desplazamiento de Santiago Martínez del juzgado, por supuesto entorpercimiento o demora en la investigación de delitos de lesa humanidad.

Se tuvieron en cuenta los argumentos del ex magistrado, acerca de que, por el contrario a la denuncia, él manifestaba que las causas por hechos cometidos durante el gobierno militar no avanzaron por culpa de los fiscales.

Según probó, eran ellos quienes no impulsaban acciones en relación a "una infinidad de víctimas", que aparecían claramente mencionadas en hechos de lesa humanidad o que habían declarado solo como testigos.

Entre las causas "Ejército" y "Armada", se pasaron de 179 víctimas que habían reunido los fiscales, a 1.040 que logró identificar el juzgado de Martínez, a partir de una profunda investigación y entrecruzamiento de datos que duró más de un año.

De esa manera, y luego de un fuerte debate entre kirchneristas y no kirchneristas, se desestimaron las acusaciones contra Martínez.

Fiscales ad-hoc, una figura sin sustento legal

   Quienes acusan a Gils Carbó también atacan la designación de fiscales ad-hoc, como Palazzani y Nebbia, porque aseguran que esa figura no tiene encuadre legal.

"Está completamente al margen de toda regulación normativa, desde que los fiscales ad hoc no deben cubrir ninguna fiscalía creada por ley, cosa que sí hacen los subrogantes, y tampoco son designados de acuerdo con el procedimiento legal (concurso, elección por parte del Poder Ejecutivo, acuerdo del Senado y juramento)", dijo un operador judicial.

Por otro lado, se cuestiona que fiscales ad hoc, como Palazzani y Nebbia, cubran distintos cargos, no solo en nuestra ciudad sino en otros lugares (Palazzani es titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, con sede en la Capital).

De hecho, al ingresar en el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gob.ar), a través del buscador figura como una fiscalía autónoma la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, con asiento en Sarmiento 173 de nuestra ciudad y a cargo de Palazzani y Nebbia, ambos ad-hoc.

En el medio de todo el controvertido panorama, que hoy parece disiparse, la causa Ficcadenti se mantiene con poco impulso, a más de 2 años de iniciada su instrucción formal en Bahía Blanca.

El titular del Juzgado Federal Nº 1, Walter López Da Silva (asumió a fines del año pasado) se declaró incompetente y le giró las actuaciones a su par capitalino Sebastián Casanello, quien ya tenía a cargo la causa conexa, conocida como "La Rosadita", y otra por encubrimiento contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Sin embargo, Casanello también se inhibió de intervenir y ahora la resolución quedó en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Algunos especialistas judiciales opinaron que sería conveniente reunir todos los expedientes conexos, para retroalimentar la prueba y conformar un eventual cuadro de cargo más contundente, aunque uno de los que fijó postura en contra de la intervención de Casanello es el fiscal general Cantaro.

En definitiva, La Cámara Federal bahiense tendrá la última palabra.

Julio Piumato: “Una agencia del gobierno anterior”

En su declaración ante la Comisión Bicameral, la semana pasada, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, consideró "escandalosa" la actuación de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación y reclamó un mecanismo más transparente para la designación de fiscales.


Piumato estuvo más de una hora y media ante diputados y senadores y, en ese marco, consideró que Gils Carbó "transformó la Procuración en una agencia del gobierno anterior", en alusión a la gestión kirchnerista y a partir de los concursos de fiscales.

El sindicalista reclamó el debate de una reforma a la Ley de Ministerio Público que contemple la aplicación de "un sistema de selección de fiscales similar al que existe en el Consejo de la Magistratura" dado que ahora -indicó- la designación de nuevos representantes del Ministerio Público, "como es unipersonal, depende del decoro"

Alejandro Cantaro: Se trataron de remedios excepcionales

El mismo día que prestó declaración Piumato, la comisión también escuchó algunas voces a favor de Gils Carbó. Entre ellas, la del fiscal federal de Bahía, Alejandro Cantaro, quien comulga con Justicia Legítima, integrada por la procuradora.

Cantaro argumentó que las designaciones cuestionadas, en particular la de fiscales ad-hoc, fueron situaciones excepcionales que obligaron a Gils Carbó a adoptar remedios extraordinarios.

Desde que se puso en marcha el cuerpo de legisladores, presidido por Graciela Camaño (Frente Renovador), ya asistieron los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán, José Campagnoli, Carlos Donoso Castex, Ricardo Sáenz, Germán Moldes y el exsubprocurador Luis González Warcalde, entre otros.


“No se puede descartar el escenario de la renuncia”

El fiscal general ante la Cámara del Crimen de la Capital, Ricardo Sáenz, confirmó que el dictamen de la comisión bicameral no es vinculante, aunque sí "un antecedente" y reconoció que es difícil el desplazamiento de la procuradora de su cargo, aunque no descartó su dimisión.

"La única comisión del Congreso que puede iniciar un proceso de destitución es la de Juicio Político de Diputados, donde no estarían los votos de quienes quieren alejar a Gils Carbó, porque hay muchos legisladores del Frente para la Victoria. De todas maneras, como siempre digo, los funcionarios públicos terminan sus mandatos por destitución y también por renuncia, por jubilación o una serie de causales. Me parece que no se puede descartar el escenario de la renuncia, como muchas veces le han señalado desde el gobierno actual que debe dar un paso al costado", explicó Sáenz, consultado por La Nueva.

El fiscal, que también es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, es quien adquirió fuerte notoriedad hace poco más de un año, cuando dictaminó que a su colega Alberto Nisman lo asesinaron, en función de su rol como fiscal del caso AMIA.

"Gils Carbó tiene una legitimidad de origen muy clara, fue elegida como manda la ley, con dos tercios de acuerdo del Senado, con la decisión de Cristina Kirchner como presidenta, pero creo que perdió legitimidad en el ejercicio, porque es la cabeza de un poder independiente y que se ha embanderado claramente con el gobierno que dejó el poder en 2015. Creo que sigue operando en la misma forma", sostuvo.

Sáenz, así como otros de sus colegas, declaró ante la Bicameral.

"Hemos expuesto las irregularidades en designaciones, en nombramientos, en traslados, en subrogancias que se prolongan en lugares clave, en violaciones de los acuerdos del Senado, porque el Senado daba acuerdo para determinado lugar y se trasladaba al funcionario a otro", dijo.

En la misma línea, citó como ejemplos los casos de "(Carlos) Gonella, (Miguel) Palazzani, que es de allí y (Abel) Córdoba. También los fiscales de Goya, Corrientes; Victoria, Entre Ríos y Tartagal, Salta, que fueron designados para esos lugares, pero cambiados a otros lugares, a dedo".

Redacción de La Nueva

COMUNICADO ASOCIACIÓN CIVIL ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia denuncia el grave escándalo producido en la apertura del 165º período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Montevideo, a causa de la indisimulada militancia ideológica de sus organizadores y dirigentes.

Además de rechazar sin causa la participación de nuestra Asociación, impidieron a los gritos que hablase el abogado Guillermo Fanego, los representantes de Puentes para la Legalidad y otras cuatro personas, quienes individualmente habían sido admitidos.

Con amenazas, insultos y empujones fueron expulsados por los representantes del CELS, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones extremistas que coparon el Capítulo dedicado a “Memoria, Verdad y Justicia”.

Es hora de que el gobierno argentino advierta los verdaderos propósitos de la CIDH y de estas organizaciones, que no son la defensa general e indiscriminada de los derechos humanos sino la destrucción del orden social.

Mientras acusan al Estado argentino por la detención de Milagro Sala y machacan falsamente con la “desaparición forzada” de Maldonado, mantienen “cajoneadas” las denuncias por el injusto trato carcelario a cientos de ancianos y enfermos acusados en las causas mal denominadas de “lesa humanidad”.

Carlos Bosch                            Alberto Solanet

 Secretario                                    Presidente