EL JUICIO A LAS JUNTAS DE COMANDANTES, QUE GOBERNARON DE FACTO 1976-1983

1. La teoría de los dos demonios

El Dr. Raúl R. Alfonsín en los últimos años del gobierno militar expresó en varias oportunidades que la ciudadanía argentina estaba agredida por dos terrorismos de signo contrario: por un lado las organizaciones subversivas terroristas y por el otro "grupos descontrolados de las fuerzas armadas y de seguridad". Esta versión permitió inicialmente a los políticos continuar las relaciones con los mandos del poder militar, tratando de lograr beneficios particulares o partidarios. Posteriormente cuando la Junta Militar, antes de dejar el gobierno clarificó públicamente que todo lo actuado en la lucha contra la subversión –aún por las Fuerzas de Seguridad y Policiales– era un acto de servicio, el sentido inicial cambió, englobándose en el segundo campo a todas las instituciones participantes.

Por ello, al asumir como presidente Alfonsín, enjuició sólo a los mayores niveles de conducción de las Fuerzas Armadas que habían impartido las órdenes y a los máximos dirigentes de las organizaciones armadas subversivas terroristas. Esta visión política, fue bautizada por la izquierda como la “teoría de los dos demonios” la que fue apoyada por los partidos políticos en general y los dirigentes de los ámbitos económicos sociales y gran parte de la población (influida por los medios de comunicación social) ya que con ello lograban colocarse de “espectadores” y sin responsabilidades en la lucha fratricida.

Esta teoría simplista pero interesada, evitó enjuiciar a políticos y funcionarios del gobierno constitucional anterior al Proceso de Reorganización Nacional, al tomar como punto de partida el 24 de marzo de 1976. Esta teoría tuvo también –aunque por distintos motivos– la crítica de los ex miembros de las organizaciones subversivas terroristas, quienes opinaron. Con esta aberrante interpretación de lo sucedido, el alfonsinismo abordó el problema del pasado simplificándolo a una pelea de bandas de delincuentes.

La política alfonsinista sobre la historia descalifica todo el proceso previo de nuestra sociedad y las condiciones políticas institucionales en las que se desarrollaron los conflictos dentro de esta escalada de violencia. Perdían así relevancia los golpes de estado con participación de partidos políticos, la proscripción, etc. En su lugar y en lugar de la verdad se colocó el Código Penal. Quedaban así reducidos al plano jurídico más de 30 años de historia. Más aún, podríamos decir que la metodología aplicada (el proceso penal) y la teoría que lo sustentó (los dos demonios) contribuyeron a ocultar la historia y obturar sus enseñanzas. Tal vez, ese haya sido su objetivo. No se podía con esa teoría y de esa forma explicar los recurrentes golpes de estado. Ni siquiera el del 24 de marzo de 1976 fue considerado antijurídico, tan es así que las Juntas Militares no fueron acusadas por el delito de sedición ni de usurpación de poderes del Estado. En cambio, el Código Penal, sí le permitió al radicalismo y a muchos otros colocarse por fuera de las responsabilidades históricas. Dejaron sólo a la guerrilla y a las FFAA en el lugar de la barbarie.

Volviendo a la teoría de los dos demonios cabe describirla como históricamente falaz, institucionalmente hipócrita y éticamente insostenible. Acá nos parece pertinente transcribir las declaraciones de Alicia Pierini, secretaria de Derechos Humanos en el primer gobierno de Carlos Menem: "Cuando asumí ya había sido dictado el indulto. Con ese tema siempre tuve una idea original si se quiere: siempre cuestioné toda la política del alfonsinismo; cuestioné que se viera enmarcado dentro del Código Penal lo que había sido una lucha política, con crímenes de guerra, pero lucha política. Cuando se hace el juicio a las juntas en el año 1985 yo cuestioné que esto jurídicamente no tenía destino, que sería un hecho político con formato jurídico. Porque en derecho penal hay autores, coautores, cómplices, encubridores. Si seguíamos aplicando el derecho, acá no quedaba nadie en pie o por lo menos medio país iba a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. La verdad es más importante que el castigo. Es más importante el hecho político que el jurídico… (Viviana Gorbato, Montoneros los soldados de Menem, ¿Soldados de Duhalde? (Ed. Sudamericana, 1999)

2. El Juicio a las Juntas de Comandantes

Tres días después de la asunción al Poder Ejecutivo Nacional el Dr Raúl Alfonsín dispuso mediante el Decreto 158/83 la instrucción por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de una causa contra los miembros de las tres primeras Juntas Militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional instalado como gobierno de facto a partir del 24 de marzo de 1976.

Este tribunal, al no tener competencia para juzgar a las Juntas Militares como tales, resolvió procesar a los integrantes de la primera Junta Militar en su carácter de “comandantes de sus respectivas fuerzas”. Cabe aclarar que el gobierno militar de facto instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, tenía como órgano supremo la denominada “Junta Militar” (constituida por los tres comandantes de las FFAA). En ella residía la totalidad del poder político y por lo tanto la responsabilidad última de la guerra contra el terrorismo. Esa Junta Militar reunida en pleno fue la que decidió continuar la guerra para aniquilar la subversión (Acta de Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional; publicada en el B.O. 29/3/76), donde se ordenó cómo, cuándo, dónde y en qué forma se aplicarían los medios militares en esta guerra.

La uniformidad de estos procedimientos de combate en toda la nación acredita este hecho. También instruyó a la Cancillería en cómo debía proceder en relación con los reclamos internacionales por los DDHH, la relación con la Iglesia Católica respecto de los supuestos desaparecidos, etc. La mutua colaboración entre las distintas FFAA no podría haber sido planeada ni ejecutada sin la aprobación de la Junta Militar. La intención del fiscal Strassera de juzgar a las Juntas como responsables primarias en la lucha contra la subversión terrorista fue rápidamente descartada por la Cámara Federal. De esta forma se evitó tratar las responsabilidades políticas y, consecuentemente, excusar de imputaciones a los gobiernos civiles anteriores (1973, 74, 75 y primeros meses del 76) al mismo tiempo que se “judicializaban” actos bélicos.

Por último el llamado Documento Final (referido a la guerra contra el terrorismo) que fue de autoría de la Junta Militar, dio por aprobado todo lo actuado en contra de la subversión terrorista, incluyendo los “procedimientos inéditos” a los que así califica y admite su existencia. Este documento fue difundido en forma pública el 28 de abril de 1983. Sancionada la Ley 23.049 “Modificaciones al Código de Justicia Militar” promulgada el 13 de febrero de 1984 que estableció en su artículo 10, entre otras cosas, la falta de obligación de la “Instrucción” (la suspensión de las etapas de los hechos imputados) daba un muy exiguo plazo de seis meses y el control por parte de las Cámaras Federales, a la actividad del Consejo Supremo. Se observó desde un principio que esa ley en realidad vulneraba el principio constitucional de que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa…” (Art.18 de la Constitución Nacional) y beneficiaba, al no ser reconocido el enfrentamiento armado como hechos bélicos, a las organizaciones armadas clandestinas como se comprobó ya que fueron tratados como delitos comunes finalmente prescriptos y nunca investigados.

Evidentemente el Dr Alfonsín fue presionado por sus “promesas de campaña” por la izquierda y las organizaciones de DDHH –compuestas por familiares y militantes– viéndose obligado por razones políticas e ideológicas de su entorno a promulgar una ley anticonstitucional, que favorecía la expectativa que había creado para llegar al poder. Los partidos políticos que usufructuaron siempre del poder en cargos públicos en todo el país (incluso en el gobierno de facto donde los partidos políticos aportaron los intendentes: UCR 310; PJ 169; MID 94; otros partidos 122) no quisieron, en general, discutir la ley. Se subieron a la ola de las reivindicaciones que, luego de los juicios, fue imposible parar.

El 4 de octubre de 1984, sobre la base de la nueva y cuestionada ley la Cámara Federal en lo Penal se avocó al juicio quitándole las actuaciones al Consejo Supremo de las FFAA con la excusa de lentitud en el proceso que no podría cumplir con el plazo acordado. En ese momento el sumario contaba con 1.600 fojas y por cuerda separada corrían 500 expedientes, así como también mantenía en “prisión preventiva rigurosa” a dos de los tres procesados (Tte Grl Videla y Alte Massera). Al avocarse esa Cámara recibió un apoyo importante en personal y medios para su trabajo, con la colaboración permanente de 30 empleados afectados hasta los fines de semana, a cargo del secretario de actuación Dr. Juan Carlos López y el prosecretario de Cámara Sr. Julio César Estévez. Dotación que no dispuso nunca el Consejo Supremo de las FFAA por lo que se desprende que esa era una acción prevista por el gobierno.

Paralelamente, Alfonsín ordenó una investigación por parte de la CONADEP (ver capítulo 8 pertinente) convocada por decreto, la que por sus características no tenía la idoneidad requerida para el ámbito judicial. Sólo aportó denuncias, en la mayoría de las veces sin pruebas (con presuntas víctimas y datos muy incompletos, la mitad sin documento de identidad para ser identificado, otros ni siquiera con la fecha de desaparición, etc., lo cual además de extraño confirmaba la idea de sumar la mayor cantidad de denuncias para juzgar a los militares ya que los terroristas quedarían a salvo) y conducida, en los niveles intermedios y como “escribas”, con personas parcializadas que eran militantes y familiares de los presuntos desaparecidos.

Finalmente el 9 de diciembre de 1985 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dictó su “sentencia” en la Causa 13 del año 1984 cuyo expediente tenía 38.000 fojas y en la que constaba que declararon 833 personas y se recibieron 80 exhortos remitidos por vía diplomática, armándose 700 casos de personas. De la parte final de la misma (pág. 843) “Graduación e individualización de la Pena” rescatamos el 4º párrafo que echa por tierra las afirmaciones del Prólogo del Nunca Más: (…) “Aunque ello no quita gravedad objetiva a los delitos cometidos, corresponde hacer mérito de que los hechos juzgados se produjeron como reacción a los criminales ataques que la sociedad y el Estado argentinos sufrieron por parte de las organizaciones terroristas. Esa agresión, además de haber debilitado la fe en la aptitud de los medios legales para la preservación del orden y los derechos individuales, produjo una angustiosa sensación de inseguridad sin la cual estos hechos no hubieran podido ocurrir”. (Lo resaltado es nuestro).

La mencionada sentencia aclara en la página 844 que en el presente juicio se trata de delitos comunes, el Tribunal impondrá las penas que correspondan con arreglo al sistema de los artículos 55 y 56 del Código Penal. Finalmente se nombra a los sentenciados con la pena que se le atribuye a cada uno, para determinar luego el cómputo de vencimiento de las mismas.

1. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua.

2. Emilio Eduardo Massera. Prisión perpetua.

3. Orlando Ramón Agosti. Cuatro años y seis meses de prisión.

4. Roberto Eduardo Viola. Diecisiete años de prisión.

5. Armando Lambruschini. Ocho años de prisión.

En todos los casos “más la inhabilitación absoluta perpetua”. La sentencia fue apelada ante la Corte Suprema, por medio de un recurso extraordinario por los cinco condenados por el Ministerio Fiscal y por un grupo de particulares damnificados.

El 30 de diciembre de 1986, el Alto Tribunal dictó sentencia con modificaciones:

1. .Por unanimidad confirmó las condenas de Jorge R. Videla, Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini.

2. Por unanimidad revocó las condenas de Roberto Eduardo Viola en relación a dos casos y a Orlando Ramón Agosti en otros tres. Por mayoría redujo la condena del primero a 16 años y 6 meses de prisión y al segundo a 3 años y 9 meses de igual pena.

3. Por mayoría se mantuvo la responsabilidad de los condenados en carácter de autores mediáticos de los hechos de sus subordinados.

NOTA: Los inicialmente procesados en la causa: Brigadier General (R) Omar Rubén Graffigna; Teniente General (R) Leopoldo Fortunato Galtieri; Brigadier General (R) Arturo Basilio Lami Dozo y Almirante (R) Jorge Isaac Anaya, fueron absueltos al final del proceso.

NUESTRA HISTORIA - ARGENTINA INÉDITA

PAPELÓN JUSTICIALISTA

Cristina fue la persona que más daño le hizo a la Argentina en democracia. Lideró el régimen más corrupto y autoritario desde 1983 y, como si esto fuera poco, llevó al peronismo a la crisis más grave de su historia.

Por Alfredo Leuco

Cristina siempre despreció al justicialismo aunque por conveniencia, varias veces supo disfrazar bien ese rechazo visceral. Para empezar, Cristina no votó al justicialismo ni en 1973. Eligió la boleta de Abelardo Ramos y luego, con ella y su marido en el poder de Santa Cruz, utilizaron los símbolos partidarios y se colgaron 7 veces de la boleta electoral de Carlos Menem, al que luego defenestraron. Después fueron cobijados por Eduardo Duhalde que hizo presidente a Néstor y le aportó medio gabinete y una crisis muy compleja que ya estaba encaminada hacia una salida no traumática. Pero al poco tiempo, otra vez la traición. Calificaron a Duhalde como un padrino mafioso digno de Marlo Brando y Francis Ford Cóppola y lo tiraron por la ventana. En realidad, Cristina siempre despreció el partido Justicialista y lo ninguneó todas las veces que pudo y sometió a la esclavitud a gobernadores y legisladores que agacharon la cabeza por fondos para sus provincias o para sus bolsillos. Por la plata baila el mono.

Poco a poco desde el poder, fue minando la voluntad de intendentes y gobernadores para sembrar las listas de muchachos de La Cámpora que se convirtieron en un grupo sectario que actualmente oficia como una suerte de guardia pretoriana de la exitosa abogada que nunca ganó un juicio pero que varias veces perdió el juicio.

El golpe de gracia se lo dio al justicialismo en las últimas elecciones. Hizo una maniobra insólita que solo ella entendió y por su capricho feroz, armó otro partido, Unidad Ciudadana porque no se animó a ir a una interna contra Florencio Randazzo, por ejemplo. Eso potenció la confusión entre las filas de los peronistas y la agrupación de Cristina se fue haciendo cada día más sectaria y verticalista. Al partido lo congelaron y enviaron a dos dirigentes muy dóciles a conducirlo: a José Luis Gioja y Daniel Scioli. Eso generó todo tipo de contradicciones. Le cuento una: el vicepresidente del Partido Justicialista, Daniel Scioli, se convirtió en diputado nacional por las listas de otro partido, Unidad Ciudadana. El presidente, Gioja, fue enviado a suturarse el orto por Cristina y ni esa humillación pudo sacar un gesto de dignidad de un ex gobernador sanjuanino que ahora no tiene simpatías ni siquiera en su provincia.

El PJ fue transformado en una cáscara vacía. En un sello de goma.

Más allá de esta decadencia hay que decir que el peronismo es un recuerdo que trae votos, como dijo Julio Bárbaro. Por eso hay un grupo de dirigentes jóvenes que gobiernan municipios y provincias, que quieren armar algo nuevo, un partido de centro, que sea republicano, que abandone la corrupción y el patoterismo y que se ubique ideológicamente lejos de Macri y de Cristina. En ese debate y en esa discusión hay que inscribir la serie de reuniones, marchas y contramarchas que estamos viendo por estos días.

En medio de ese proceso, una jueza designada por el peronismo y amiga de los peronistas, tomó una decisión insólita que merece que el Consejo de la Magistratura estudie su posible destitución o pase a retiro. María Romilda Servini mediante un texto confuso, hiperpolitizado y lleno de cuestiones no judiciables designó a Luis Barrionuevo como interventor. No se explica cuál fue el motivo de nombrar a Barrionuevo, un dirigente desprestigiado y que genera más división y rechazo que posibilidad de normalización partidaria. En estos casos extremos, cuando se interviene un partido, se nomina a alguien de prestigio ético y académico y respetado por todos los sectores como podría ser el doctor Alberto García Lema, por ejemplo.

Que quede claro. La jueza Servini cometió un despropósito y un desatino tan grande que quedó al borde de su final como magistrada. No creo que el gobierno de Macri haya tenido algo que ver con esto. Más bien parece un pase de facturas interno de la jueza que insisto, fue designada por el peronismo y que tiene muchos amigos peronistas.

De todos modos a ese incendio producido por la jueza, tanto Gioja como Barrionuevo y otros peronistas le arrojaron nafta. Bravuconadas, desorientación, acusaciones tiradas a la marchanta, aprietes e insultos produjeron un culebrón tragicómico que hundió más al partido ante la mirada del ciudadano común.

Esto me lleva a la pregunta del millón. ¿Se imagina que hubiera pasado en este bendito país si Scioli ganaba las elecciones? ¿Cuánto hubiera durado sin ser destituido por Zannini y La Cámpora? ¿Cuán cerca estaríamos de ser la Venezuela chavista más podrida que madura? ¿Se hubiese investigado algún caso de la mega corrupción? ¿Quedaría algún juez independiente? ¿Hubieran sobrevivido los periodistas y los medios independientes?

El peronismo busca su destino. Tiene que renacer de las ruinas en la que lo dejó Cristina. En ese sentido lo que dijo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey fue demoledor: “El Pejota sufrió el síndrome de Estocolmo y se enamoró de su secuestradora”.

La democracia necesita un peronismo renovado. Que levante sus mejores banderas de justicia social y que entierre para siempre el robo organizado y la violencia, que pelee con buenas armas por llegar al gobierno pero que si pierde deje gobernar. No hay democracia sin alternancia. Hay dirigentes jóvenes que están en esa tarea que se hace cuesta arriba por la presencia de Cristina. Es que el peronismo hoy no tiene un candidato tan taquillero como ella. Lo tiene que construir y eso lleva tiempo. Pero tampoco tiene un candidato que, como ella, garantice la división del peronismo y por lo tanto la reelección de Macri.

Más allá de las chicanas, que Barrionuevo no es afiliado, que hoy hubo una apelación por la intervención o el delirio de que esto es obra de Macri y tiene que ver con lo que le pasó a Lula en Brasil lo cierto es que si el peronismo sigue en manos de estos dirigentes tiene un futuro negro. Se pelean por la llave de un local partidario. Si no escuchan las nuevas demandas de la sociedad de mayor transparencia y democracia republicana, van a discutir por quien lleva el cajón del muerto hasta el cementerio.

Gioja y sus muchachos irrepresentativos dicen que incluso van a ir a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que quieren proscribir el peronismo. Un despropósito gigante. Sus muchachos cantaban ayer: “Que papelón/ que papelón/ un quema urnas/ es el interventor”. Hacían referencia a un episodio real que ocurrió en Catamarca.

Es cierto que hay una frase del general Perón que trata de justificar estas peleas a los gritos y muchas veces a los tiros. Dice que los peronistas con como los gatos, por los gritos, parece que se están peleando pero en realidad se están reproduciendo. Este no parece ser el caso. En los resultados electorales está la única verdad que es la realidad. Cristina perdió tres elecciones seguidas. Y en la provincia de Buenos Aires, otrora un bastión del peronismo, en las últimas elecciones parlamentarias, Cambiemos ganó en 108 de los 135 distritos. Es un dato. Cristina, tal como hizo con muchas cosas, se apropió del peronismo y lo vació. Lo disecó. Lo dejó en terapia intensiva. Ahora la vida del Partido Justicialista es de pronóstico reservado. Es patético. Cristina lo hizo. Y Macri lo disfruta.

SOBRE EL CAMBIO Y SU CRITICA

A veces, se critica a políticos porque cambian de partido o de referente político. Se dice que -en dicho supuesto- se traicionan los ideales. También sucede en otros órdenes de la vida además del político.

Por Gabriel Boragina

En la jerga corriente argentina, suelen denominárselos popularmente "panqueques" asimilando la manera particular en que se prepara este alimento, y por la forma rápida en que "se dan vuelta".

Sin embargo, a veces esta crítica es apresurada o, directamente, injusta. Porque todos podemos mudar nuestra manera de pensar, dado que no somos los dueños de la verdad, ni la tenemos revelada, ni gozamos de omnisciencia.

Por el contrario, es encomiable que reconozcamos nuestro error y nos adhiramos a una idea, empresa o cualquier otra opinión que ahora reconozcamos como la correcta.

Que un delincuente decida dejar la delincuencia y pasarse al bando de las personas honestas no puede ser objeto de censura, ni critica alguna, si la decisión es sincera y firme.

Claro que, cuándo el cambio es ostensiblemente contradictorio y moralmente grave ya no podría decirse lo mismo. En el ejemplo anterior, sería el de un honesto que decide pasarse a la delincuencia. O -en otro plano- si alguien que militaba en el "partido demócrata cristiano" de cualquier país, de repente se afilia al partido nazi o comunista, obviamente ahí si se justifica la sospecha, y aun la critica a esos cambios específicos.

O -en otro ejemplo hipotético- si alguien que ha militado entusiastamente contra el aborto, de repente se pone -con el mismo fervor- a favor de lo que ha combatido, pero en sentido contrario, también es digno de desconfianza y de recelo.

En temas menos serios, es decir, donde las diferentes posiciones sustentadas no sean tan tajantes, habrá que recurrir a otros parámetros para medir si el cambio es franco o no, con independencia que se comparta o no la mudanza de una forma de pensar hacia otra.

En esta línea, es fundamental que el decir sea acompañado con el hacer. Y no que se quede en el mero decir. Siguiendo con los ejemplos anteriores, si el delincuente "dice" querer pasar, o que ha pasado, a las filas de los honestos, debe demostrarlo coherentemente con comportamientos -de allí en más- decentes. Los hechos hablan en voz más fuerte que las palabras.

La persona que cambia de ideas debe ser coherente y consecuente con las nuevas doctrinas que abraza. De hecho y de palabra. Si esto no es así, aquí sí que cabe la censura a un "cambio" que no ha sido veraz, sino fingido. Un violador serial que predique la continencia sexual no es creíble.

Cuando las mutaciones tienen una rotación muy alta, como la que se verifica en aquellas personas que cambian continuamente de trabajo, de estudios, residencia, gustos, de pareja, etc. estamos frente a otro problema, que recibe distintos nombres según el campo donde se observa. Así, habrá que hablar de inestabilidad laboral, vocacional, emocional (si se trata del mundo de lo afectivo), etc.

Puede deberse a inmadurez en la mayoría de los casos por el estilo, sin importar para nada la edad de la persona en cuestión, porque la madurez o falta de ella no va asociada a aquel factor (aun cuando popularmente se crea en el error de que sí).

El cambio es natural, pero las alteraciones bruscas, abruptas o sorpresivamente inmediatas denotan cierta anomalía en el ánimo del agente. Y no se condicen con el equilibrio natural.

El mundo de la economía -en otro ejemplo- es un mundo de cambios. Los consumidores mudan de proveedores cuando encuentran otros que los sirven mejor y a menor precio. Nadie se escandaliza por ello ¿Por qué anatematizar otro tipo de cambios?

Siempre que el cambio sea positivo, ya fuere para la persona que cambia o para los demás, debe aplaudirse el cambio. En caso contrario desde luego que no. Y -en nuestra opinión- el cambio es positivo solo cuando se orienta hacia el bien común, entendido este como el bien de todos sin exclusión, el que no siempre ha de implicar una acción concreta. Muchas veces el cambio positivo consiste en una abstención, como, por ejemplo, sortear una pelea, pasar un mal momento, permitir que algún ser querido cometa un error para que aprenda del mismo a evitarlo en lo futuro, etc. En otros casos se requerirá una acción concreta (hacer un favor, etc.) En cada situación, el agente deberá evaluar si el bien consiste en actuar o dejar de hacerlo.

No es recusable el cambio cuando es genuino, cuando es claro y se demuestra en forma sostenida y en el tiempo. Ninguno está exento de cometer errores, porque no gozamos de omnisciencia, y el traspié es propio de nuestra condición humana. La crítica al desliz ha de ser con ánimo constructivo y no destructivo. Y lo constructivo es la búsqueda de la verdad.

Sin el cambio no podría concebirse ni el progreso ni el retroceso humano. La civilización tal como la conocemos actualmente no hubiera sido posible. Por lo que el cambio en si mismo es un hecho que no puede racionalmente ser objeto de censura, porque forma parte esencial de la evolución. El único cambio censurable es el involutivo, aquel que ataca en pequeño o en grande el avance social y personal de cada uno de los individuos.

Con todo, el cambio en las opiniones de los políticos y -sobre todo- de sus acciones debe ser visto con especial recelo para poder distinguir si son genuinos, o son fruto del oportunismo electoralista al que la mayoría de los candidatos son tan afectos. Este tipo de cambios no son, normalmente, sustanciales, porque el arco ideológico político contemporáneo es bastante similar en casi todos los partidos, sobre todo si tenemos en mira (comparativamente) finales del siglo pasado y comienzos del presente. Los cambios en las ideas políticas de las últimas décadas suelen ser de meros matices, en una concordancia ideológica que gira en torno a la socialdemocracia.

Los cambios sociales son siempre producto de la transformación de las ideas, lo que nada nos dice -por supuesto- de la bondad o nocividad de las ideas que se ponen de moda en una u otra época.

PRISIÓN PREVENTIVA: RESPETAR LA LEY Y LOS DERECHOS DE TODOS

Con motivo de una serie de prisiones preventivas dictadas en sonados casos de corrupción que involucran a altos funcionarios de la administración anterior, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES consideró en un documento que hizo público a fines del año pasado lo siguiente: “El principio rector es que rige la libertad del imputado durante el desarrollo del proceso penal. La privación de la libertad no es un fin en sí misma sino un medio instrumental y cautelar. La prisión preventiva es una grave restricción a la libertad personal pues implica una detención sin condena sólo admisible si se fundamenta debidamente”.

Esa misma mirada nos obliga a tomar conciencia de la situación en que se encuentran los detenidos de avanzada edad -personas entre 60 y 69 años: 477; entre 70 y 79 años: 650; entre 80 y 89 años: 384; y personas de 90 o más años: 49- acusados de delitos de lesa humanidad.

Sin perjuicio de la gravedad de la figura de lesa humanidad que contempla el Estatuto de Roma, cabe detenernos en una realidad: la prisión provisional sin condena de tales personas se ha mantenido luego de dos, tres, diez y más años, negándoseles una correcta asistencia médica, la detención domiciliaria y los beneficios que gozan los demás presos, conformando un estándar jurídico especial que atenta contra el principio de igualdad ante la ley, y que no está previsto por nuestra legislación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.3), pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia (arts. 8.2, Pacto de San José de Costa Rica, y 9.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En tal sentido, al imputado se le reconoce durante la sustanciación del proceso, un estado jurídico de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye (que también se denomina principio de inocencia o derecho a la presunción de inocencia, art. 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos) que no tendrá que acreditar (aunque tiene derecho a ello), y puede formularse diciendo que todo acusado es inocente (art. XXVI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (art. 8.2 Convención Americana de Derechos Humanos), lo que ocurrirá cuando se pruebe (14.2 del Pacto Internación de Derechos Civiles y Políticos) que es culpable (art. XXVI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), en las condiciones de garantía que se establecen en éste capítulo.

De ello se desprende que el encarcelamiento preventivo, para ser conforme a derecho y permitido por una sociedad democrática, debe, en primer lugar, encontrarse justificado a través de las propias finalidades que motivaron su creación.

La normativa al respecto fue receptada por nuestro derecho interno mediante la sanción de la ley 24.390, que establece como límite máximo para la prisión preventiva sin condena, hasta dos años. En casos muy graves y complejos, se puede extender a tres años; y si hubiera sentencia de primera instancia no firme, otros seis meses. Nada más.

En la misma línea, cabe tener presente que a fin del año pasado se celebró el Día de los Derechos Humanos en recuerdo de la Declaración Universal que unió a las naciones en defensa de la justicia y la dignidad humana.

Un reciente relevamiento indica que, hasta el momento, de un total de 1.573 detenidos acusados de delitos de lesa humanidad, hay 959 prisiones preventivas, con fechas de detención que promedian los 5 años. Baste mencionar que, por ejemplo, entre 2 y 3 años, hay: 76; entre 3 y 6 años: 378; entre 6 y 10 años: 224 y más de 10 años: 144 casos.

En los hechos, esas prisiones operan como castigos, como verdaderas penas impuestas sin condena.

A la fecha, han fallecido en prisión una cantidad considerable de personas sin condena y el grado de avance de los juicios en 12 años es del 30% de las etapas procesales, lo que significa que a este ritmo terminar los juicios llevará al menos otros 30 años.

Aprovechamos la iniciativa del Presidente de la Corte Suprema, dirigida al mejoramiento del servicio de justicia, para señalar la necesidad imperiosa de corregir esta situación de inequidad que ofende los principios suscriptos en la mencionada Declaración Universal.

El Directorio

RECUERDOS IMBORRABLES

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Juan 8:31-38.

Por Carlos E. Viana
Circulando por cualquier calle, vemos todavía miles de retratos e inscripciones, pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los dirigentes que armaron esta campaña: Cristina Kirchner, madres, abuelas, hijos, periodistas y otras yerbas, son desautorizados por la conclusión unánime de los veintiocho peritos, incluyendo los de parte: El cuerpo permaneció siempre en el río, que no hubo arrastre, ni sujeción, no había golpes ni lesiones y murió por hipotermia e inmersión. Santiago Maldonado. 

El dirigente de Pu Lof, que cruzo el río delante de él, declaró que iba detrás, antes había declarado que había visto con unos prismáticos, cuando unos gendarmes lo subían a una camioneta por la fuerza y que después había perdido los largavistas. Santiago Maldonado no sabía nadar y cruzo el río unos metros mas arriba de donde lo hizo el araucano, en un lugar profundo donde no se hacía pie.

Un juez que hizo historia

No obstante estas evidencias, el Juez Gustavo Lleral no cambió la carátula de “desaparición forzada de persona”, antes había pedido permiso para inspeccionar el campo que ilegalmente ocupan los integrantes de Pu Lof y después permitido que estos palparan de armas a los miembros de las fuerzas de seguridad que hacían el peritaje y rastreo. El Juez anterior no lo había hecho en su momento ante la oposición de la comunidad Pu Lof.

Volviendo al actual Juez actuante Gustavo Lleral leamos que declaro: “Hay que realizar una reconstrucción histórica de los hechos” y en esto se aproxima a la verdad, porque es realmente histórico este antecedente que las leyes de los araucanos están por encima de la Constitución Nacional. El juez ha sentado jurisprudencia, pero debería recordar como fue su juramento cuando asumió su cargo.

Traición a la Patria

Sergio Maldonado, hermano del muerto dijo después de conocer la pericia: “Él no murió estando de turista, estaba en un operativo donde hubo represión de Gendarmería”. En esto tiene razón, Santiago estaba en un operativo de Pu Lof, lanzando pedradas contra la gendarmería, cortando ilegalmente y por la fuerza, en una estratégica ruta nacional, paralela a la frontera chilena y reclamando por la substracción de una importante porción de nuestro territorio nacional, a favor de la soberanía de los araucanos del RAM. Claro, el Juez está tan ocupado que no recuerda los artículos 119 y 14 de la Constitución Nacional. El primero sobre traición a la Nación y el segundo sobre el derecho de libre circulación de todos los habitantes del territorio nacional. Al parecer Sergio coincide en esto con Santiago. También es revolucionaria la jurisprudencia de Lleral al no contemplar los mismos artículos, amparado en la “Constitución Ramista”.

Marcha de paz

De la marcha por Santiago en Plaza de Mayo, participaron la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Centro de Abogados de Derechos Humanos y la CTEP, con los dirigentes Vilma Ripoll, Alejandro Bodart y María del Carmen Verdú y el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien le pidió al gobierno: “dejen de mentir”, mientras Estela de Carlotto exhibía con una sonrisa un retrato de Santiago Maldonado y declaraba: “Santiago era un pibe de paz, una vez más reclamamos saber quiénes son los responsables de su muerte”. Quizá recordaba la paz proclamada por su hija cuando hacía la apología de sus compañeros que ponían una bombas que mataban gente, niños de nueve meses y niñas de tres años. ¿ Estela, quienes son los responsables de estas muertes? Los integrantes de “Memoria Verdad y Justicia”, organización que encabezaba la marcha, deberían tomar “memoriol”.

La marcha culminó con saqueos y policías golpeados ante la vista del premio Nobel de la paz, que se había olvidado junto a sus compañeros de marcha, de los miles de asesinatos cometidos por su amigo Fidel Castro.

Los gremios indecentes

Los gremios docentes apoyaron que se dieran clases sobre la supuesta desaparición forzada del ahogado violento, acusando a la Gendarmería. Con esta didáctica de amor y paz, deberían dar clases después de la hora de protección al menor. No dejan de ser originales ¿Porque proteger la mente de los niños? Si siguen educando así comencemos a pensar en el exilio.

Cristina quería votos

Mientras Cristina Kirchner, La Cámpora y otras yerbas intentaban capitalizar electoralmente la desaparición, por no saber nadar, de Santiago Maldonado, con “la platita que había hecho haciendo política”. No le fue muy bien, la ciudadanía no la votó como ella aspiraba ansiosamente.

Los asustados

Lo más curioso es que periodistas serios, de prestigio, como Alconada Mon, González Prieto y otros, tuvieran como únicos sospechosos a la Gendarmería, con un supuesto “pacto de silencio”. Claro, un pacto de silencio entre cuarenta gendarmes más sus mujeres es una suposición de ciencia ficción y sospechar sin pruebas de la Gendarmería, es una anticultura de culpar a quienes nos defienden y justificar los delincuentes.

El coraje

Es de rescatar el coraje político de la Ministra de Seguridad, quien después de ordenar una investigación interna sostuvo la acción de la Gendarmería Nacional, que no hizo más que cumplir con su deber moral y constitucional, de defender la soberanía nacional, el orden y el derecho de los ciudadanos a transitar libremente, contra la violencia de quienes la atacaban por hacerlo. Todavía hay reservas morales en Argentina. Mientras los retratos e inscripciones por Santiago Maldonado son los testigos que nos recuerda la verdadera “Desmemoria, Mentira e Injusticia”.

Informador Publico

EXTRAVIADO Y SIN DESTINO

"La absolución del culpable es la condena del Juez".
Publio Siro

Mucho hemos hablado todos, desde que Mauricio Macri se perfilara como seguro ganador en el ballotage de 2015, acerca de la lluvia de inversiones que acompañaría el cambio de rumbo ya que, a partir de su asunción, nos convertiríamos en un país atractivo y confiable. Rápidamente, el Gobierno consiguió hacer los deberes elementales: salimos del default, arreglamos la enorme mayoría de los conflictos judiciales en el exterior, recuperamos la confiabilidad en las estadísticas oficiales y modificamos el irracional alineamiento internacional con el arco de naciones que padecían el "socialismo del siglo XXI", ya probadamente fracasado y corrupto.

A pesar de todo ello, el diluvio que esperábamos se transformó en una leve llovizna que no consiguió empapar la economía nacional, tan necesitada de la fe de empresarios locales y extranjeros para su evolución positiva, con la consiguiente creación de fuentes de trabajo genuino y formal. El blanqueo instrumentado por Cambiemos consiguió ampliar mucho el universo de quienes pagan sus impuestos, ya que las tenencias externas comenzaron a tributar, pero no tuvo el mismo éxito en lograr que los capitales argentinos que miran desde afuera volvieran a la patria; inclusive algunos ministros del Gobierno se han visto obligados a confesar que no los traen de vuelta por falta de confianza, no en la gestión que comparten, sino en la Argentina, que lleva décadas extraviada.

Además de atribuirles una falta de "calle" importante para manejarse con el periodismo, debemos reconocer que, al menos hasta ahora, no les faltan motivos.

Es cierto que el nada honorable Congreso, transformado en un aguantadero de delincuentes de distintos pelajes, fue responsable del terrible daño que causó a la reputación del país cada vez que anuló leyes promulgadas relativamente poco tiempo antes, que sancionó normas "interpretativas" para que no todos fuéramos iguales ante la ley penal y que ésta fuera aplicada con retroactividad, que permitió que se echara a escobazos y por televisión a los miembros de la Corte Suprema, que cubrió con fueros de impunidad a sus integrantes reclamados por el Poder Judicial, que ahora eligió como presidentes de sus comisiones a los mismos que destruyeron y saquearon cada actividad, que aplaudió de pie la cesación de pagos internacionales, que aprobó el memorándum con quienes cometieron terrorismo en el país, que aprobó privatizaciones y estatizaciones sucesivas de las mismas empresas, que mantuvo al país en emergencia económica durante la década en que más ricos hubiéramos debido ser, en fin, en cada oportunidad en que se transformó en un circo donde los payasos se limitaron a levantar la mano para dar luz verde a cuanta locura se le ocurrió al transitorio inquilino de la Casa Rosada.

También es cierto que, cuando ese mismo Congreso modificó la composición del Consejo de la Magistratura a instancias del kirchnerismo, abriendo sus puertas al ingreso de la politiquería más infame -una rectificación en que Cambiemos aún debe a la sociedad- ese organismo que debiera garantizar la correcta administración de justicia, vigilando la conducta de los jueces y la evolución de sus patrimonios, dejó de cumplir ese rol fundamental para transformarse en protector de los peores magistrados y en un antro de negociaciones espurias. Sólo reaccionó cuando la presión de la ciudadanía y de la prensa le resultó insoportable: las renuncias forzadas o las destituciones de Norberto Oyarbide, Eduardo Freiler, Antonio Solá Torino, Raúl Reynoso y poquísimos más se debieron a que se tornaron en demasiado indefendibles, pero la lista tiene aún una enorme cantidad de jueces prevaricadores, corruptos e impunes.

Pero, sin lugar a dudas, el responsable mayor de nuestra decadencia es el Poder Judicial, lamentablemente encarnado de cara a la sociedad en el fuero federal, en especial el de la Capital, que tiene su base de operaciones en el gigantesco edificio de Comodoro Py.

Porque hay preguntas que, de tan obvias, se vuelven retóricas: ¿considera usted que en la Argentina hay seguridad jurídica?, ¿se sentaría usted a jugar en una mesa sabiendo que las reglas podrán modificarse para permitir ganar siempre al dueño de casa?, ¿aceptaría usted disputar un partido donde el referí, invariablemente, invalidará sus marcaciones y no cobrará las faltas de su adversario?, ¿debemos aceptar como borregos que nos juzguen y decidan sobre nuestra libertad, nuestra honra y nuestro patrimonio personajes tan cuestionados?

Y el Poder que tiene la responsabilidad de que eso suceda es precisamente el Judicial, que ha hecho todo lo posible para cavar y enterrarse en una tumba muy profunda y, con él, a la República. Las instituciones de ésta están corroídas hasta la médula por la corrupción pero, sobre todo, por la descarada impunidad que le otorgan -y reciben- los jueces y camaristas federales en lo criminal. Lo sucedido en Ecuador y en Perú y lo que en este mismo momento está pasando en Brasil habla a las claras de cuál debe ser el proceder de la Justicia y cubre de vergüenza a la nuestra. Las razones sobre las que se apoyan las erráticas conductas de los magistrados son múltiples y, a veces, coincidentes: incapacidad para el cargo, afinidad política, rastrera sumisión al poder de turno, vocación por el lujo y la ostentación, vicios humanos de todo tipo, etc.

Algunos de esos problemones afectan también a los demás fueros y a las otras jurisdicciones pero, con más de 50 años de ejercicio profesional, tengo la más absoluta certeza de que la gran mayoría de los magistrados del país son probos, preparados y justos; y algunos hasta han sido perseguidos por hacer cumplir la ley a rajatabla contra los deseos del poder.

Para dejar el extravío y recuperar nuestro destino, para gritar ¡BASTA! a esa mala Justicia, para decirle al Poder Judicial que estamos hartos, que no soportamos más y queremos vivir en una sociedad en la que todos seamos libres por ser exclusivamente esclavos de la ley e iguales ante ella, lo invito a que nos acompañe el jueves 12 de abril, a las 19:00 horas, a Plaza Lavalle, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia, o en cada ciudad del país, frente a sus tribunales.

Una vez más, haga un esfuerzo, demórese en llegar a su casa y acompáñenos. Hágalo por sus hijos, por sus nietos y por usted mismo. Porque sólo de nosotros depende nuestro futuro, y porque sin Justicia no lo tendremos. Piense que "con una Justicia seria, independiente, transparente y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será".

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA LOS GOBIERNOS DE JURE Y DE FACTO

“Las afirmaciones hechas durante una campaña de victimización propia y desprestigio del antagónico, no tienen como objeto la búsqueda de la verdad, sino contribuir a la conquista del objetivo buscado”
(Anónimo)

La Declaración Universal de Derechos Humanos sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, tuvo la inicial adhesión de 48 naciones sobre las 58 que la integraban en su momento. Hubo dos ausentes y 8 abstenciones.

En la actualidad, en el caso de un conflicto armado internacional, se aplican los Convenios I, II, III y IV que fueron aprobados en 1949. Posteriormente, como se explicó en el Capítulo 1, para proteger en forma más eficiente a las víctimas de las guerras contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los conflictos internos, en 1977 se aprobaron dos protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra:

El Protocolo I que refuerza la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales y amplía la definición de los mismos a las guerras de liberación nacional.

El Protocolo II que refuerza la protección de las personas afectadas por conflictos internos, completando así el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra.

El siguiente cuestionario y sus respuestas pretenden recordar la imagen de lo que ocurría en el país en cuanto al enfrentamiento fratricida y los derechos humanos.

1ra pregunta: ¿Algunas de las partes enfrentadas (instituciones de seguridad y de defensa del Estado y las distintas organizaciones armadas revolucionarias) cumplieron con las normas humanitarias, comenzando por el derecho a la vida?

Respuesta: No, ¡ninguna!

2da pregunta: ¿Quienes comenzaron a realizar los crímenes con el objeto de tomar el poder, asesinando civiles y militares y realizando secuestros extorsivos que incluían el asesinato para obtener recursos?

Respuesta: Los insurrectos armados. (Ver los tres tomos de In Memoriam editados por el Círculo Militar entre 1998 y 2000, completados con Los otros muertos, editorial Sudamericana, 2014).

3ra pregunta: ¿Por qué el Estado no aplicó las normas del Protocolo II?

Respuesta 1º: Porque ya las habían aplicado en los años 1971 a 1973 y, los 2.000 procesados y 600 sentenciados conforme a Derecho, fueron liberados sin compromiso por el Presidente Cámpora y un Congreso irresponsable o cómplice y los así amnistiados volvieron a tomar las armas contra el Estado, asesinando a uno de los jueces y atacando a los otros. Esta situación fue la razón por la que el Estado, ante la disyuntiva, decidió no continuar con la lucha con métodos legales.

Respuesta 2º. Además, porque su desarrollo había superado la capacidad de las fuerzas de seguridad y policiales y constituían ejércitos en formación, incursos en una guerra revolucionaria en lo urbano y lo rural. (El Ejército Revolucionario del Pueblo, el Ejército Montonero, etc.).

Respuesta 3º. A partir de la peligrosidad manifiesta demostrada en sus acciones de guerra (así designadas en sus documentos internos, revistas, partes de guerra, panfletos, y en los medios masivos de comunicación, etc.) y a lo ocurrido con la CAFEPE, el Código Penal ya no fue tenido en cuenta en esta “guerra revolucionaria”. Ahora regían los códigos de guerra. No había delincuentes. Había enemigos y en la guerra a los enemigos si son peligrosos se los mata. Ambos contendientes así lo entendieron.

4ta pregunta: Los gobiernos constitucionales de Perón y Martinez de Perón. ¿Utilizaron los mismos métodos que los posteriores gobiernos militares de facto?

Respuesta: Inicialmente Perón creó una organización paramilitar, la “Triple A”, que utilizaba métodos ilegales. A su muerte, la Presidente, por decisión política de un gobierno constitucional envió el Ejército y a las otras FFAA para aniquilarlos. Primero en la zona rural de Tucumán y luego de 9 meses en el resto del país, teniendo las autoridades nacionales conocimiento de los métodos utilizados para cumplir la orden. Posteriormente, el gobierno de facto que desplazó a la Presidente continuó con los métodos ya iniciados, incrementando notablemente las operaciones contra las OPM a efectos de evitar su crecimiento y derrotarlas cuanto antes.

La propaganda contra el Estado Argentino antes, durante y luego de su derrota militar

Inicialmente, las organizaciones políticas armadas clandestinas que querían tomar el poder y posteriormente, las ONG y grupos de la izquierda intolerante, así como familiares organizados como defensores de los “derechos humanos” –sólo para sus militantes– que con distintos nombres les respondían a aquéllas, montaron desde el exterior una campaña de desprestigio internacional contra los gobiernos y las Fuerzas Armadas que las combatían.

Ya en 1974, durante el gobierno constitucional del general Perón, Mario R. Santucho (“comandante” del PRT-ERP), habiendo estudiado las experiencias de la guerra de Vietnam acerca de la influencia que tuvo la población de la comunidad internacional y la del propio EE.UU. sobre su política exterior –al oponerse tenazmente a la guerra– envió a Europa un grupo de militantes de su organización para comenzar a trabajar en acciones de propaganda y motivaciones sicológicas. Esos hombres y mujeres tomaron como centro de actividades a las ciudades de París, Roma y Lisboa. Al año siguiente,1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (29 Jun 74 – 24 Mar 76) el proyecto inicial de “solidaridad internacional” se incrementó rápidamente en Europa con la llegada de gran número de exiliados pertenecientes a la izquierda revolucionaria y a militantes, forzados por las amenazas de la “Triple A” y en razón del “Estado de Sitio” dictado por el gobierno constitucional que facultaba a los “detenidos a disposición del Poder Ejecutivo” hacer uso de la opción para salir del país, situación mantenida luego por el gobierno de facto.



Esa importante cantidad de exiliados y escapados, se constituyeron en gran mayoría –por su pensamiento ideológico cercano a la izquierda revolucionaria–en colaboradores del objetivo de acción psicológica de “desinformación” previsto por Santucho. Inmediatamente otras organizaciones se unieron y se extendieron por toda Europa y parte de América con esas ideas ya consolidadas acerca del trabajo a realizar. Finalmente, a partir de 1977/78 se agregaron los militantes de las organizaciones terroristas (incluyendo las “conducciones nacionales” de las principales organizaciones) que emigraron ante la derrota militar por temor y para preservar sus vidas debido a la gravedad de los hechos que habían cometido y por el conocimiento que de ellos, presumiblemente ya tenían los servicios de inteligencia de las FFAA debido a las delaciones de detenidos, documentos capturados, etc. Esas personas, cuyo principal factor común fue su ideología marxista leninista (en algunos casos ocultada para infiltrarse en el movimiento obrero argentino que era peronista) y la vinculación o pertenencia a las estructuras armadas ilegales, se organizaron rápidamente formando asociaciones dirigidas por conspicuos militantes que por su estadía y relaciones políticas habían logrado una buena llegada a los niveles gubernamentales extranjeros y a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

En esos años, según ex militantes de FAP, FAR y Montoneros exiliados en 1977, comienza a difundirse la falsa cifra de 30.000 desaparecidos cuando la lista que tenían en ese entonces era de solo 3.800 desaparecidos, según expresiones posteriores de quien la “inventó” con el objeto de impresionar a las autoridades y ONG holandesas, para lograr apoyos económicos y también propagandísticos en Europa. Sus relatos eran referidos sólo a la violación de los derechos humanos de los militantes revolucionarios y jamás sobre las víctimas ocasionadas por ellos. Es decir que el objetivo era convertirse de “victimarios” responsables de la tragedia, en “víctimas cuasi inocentes”. A partir de marzo de 1976 cuando después de un golpe de Estado ansiado por la mayoría de la población debido a la situación socio económica y sobre todo por el crecimiento subversivo armado) se hizo cargo un gobierno de facto (ver diarios de la época), aprovecharon esa imagen antidemocrática para desatar una campaña especial de desprestigio contra los militares, imponiendo mitos y lanzando eslóganes que calaron profundo en el extranjero. Así los terroristas se convirtieron de la noche a la mañana de: victimarios de casi 4.000 personas, 1.000 de ellas asesinadas, en víctimas mediante el perfil de “jóvenes idealistas que pensaban políticamente distinto”.

Se difundió que “hubo un genocidio en Argentina” sin aportar las condiciones específicas que avalaran ese delito, instalando falsamente la cifra de 30.000 desaparecidos. Aprovechando las terroristas embarazadas detenidas, se orquestó la falaz mentira de la existencia de un “plan sistemático de apropiación de bebés”, basándose en casos de delitos individuales de apropiación de recién nacidos, en contraposición con las órdenes escritas de los comandos superiores que establecían cuál era el proceder para devolver a niños y menores involucrados en las operaciones antiterroristas. Esta afirmación última se comprueba porque este delito no fue imputado a los comandantes en su juicio. Se trata el detalle en el Capítulo 11. Con esa propaganda y el uso de “acción psicológica”, ocultaban que la naturaleza del conflicto era la “Guerra Revolucionaria” iniciada por ellos e incentivada y apoyada por la Cuba comunista de Fidel Castro al servicio de la URSS. (Ver libro Fue Cuba de Juan B Yofre; Ed. Sudamericana, 2014).

Para cumplir con su objetivo faccioso crearon organizaciones con nombres que ocultaban sus fines de toma del Poder, presentando el “conflicto armado interno” iniciado por ellos como el accionar de jóvenes altruistas que se defendían de la cruenta persecución de que eran objeto por una “dictadura militar sangrienta”, omitiendo expresamente que el 70% de los grandes ataques, atentados y asesinatos los cometieron ellos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón y María Estela Martínez. (1973 -1976).

Así crearon en el extranjero:

• La “Comisión Argentina por los DDHH” (CADHU) en Francia y España.

• La “Comisión de Solidaridad de Familiares de presos, muertos y

desaparecidos en Argentina” (COSOFAM), en Méjico, España, Inglaterra,

Francia, Italia, Holanda y Bélgica.

• El “Comité de Solidaridad Para Argentina” (COSPA) en Méjico.

• El “Comité Argentino de Información y Solidaridad” (CAIS) en Francia

• El “Comité Argentino de Solidaridad” (CAS) en Bélgica.

• Otros.

Su finalidad inicial, a fines de la década del 70, era lograr que el Estado Argentino suspendiera el uso del poder militar sobre las organizaciones terroristas subversivas y utilizara las leyes de tiempo de paz como en Italia, Alemania y España.

Recordamos que a diferencia de esas naciones las organizaciones de nuestro país tenían ejércitos propios en expansión, una logística importante con fábricas propias de armamento y explosivos, con un dispositivo nacional que cubría todo el territorio argentino (equivalente en superficie a la totalidad de los países de Europa) con alrededor de 25.000 militantes con capacidad para colaborar y/o actuar con su política armada en un frente rural y varios urbanos, lo que configuraba para el Estado Nacional un grave peligro a corto plazo, que difería en forma manifiesta con el escaso desarrollo y peligrosidad de los grupos terroristas europeos.

Ante el fracaso de su estrategia armada, ya habían cambiado de ideólogos (del Che Guevara y Mao por Gramsci) y se dedicaron a desprestigiar al gobierno y preparar el mediano y largo plazo mediante la politización y uso unilateral de los “derechos humanos”, con la premisa de negar sistemáticamente la existencia de una guerra interna, que habían asumido antes como propia y revolucionaria, para victimizarse ante los próximos gobiernos constitucionales, obteniendo reconocimiento y dinero en base al gran error cometido por los gobiernos militares de producir desapariciones que en verdad encubrían defunciones en la mayoría de los casos. Esa campaña efectuada fuera del contexto real de lo que sucedió, fue incrementada con el advenimiento del gobierno constitucional radical (Alfonsín) preso de sus promesas e influido por dos juristas y un reconocido periodista proclives a la intención estratégica de Gran Bretaña de debilitar al máximo las FFAA argentinas (luego de Malvinas) y con la anuencia de los partidos políticos que luego de clamar para que las FFAA se hicieran cargo del país y eliminaran la subversión terrorista, entonces estaban apurados para que se les devolviera cuanto antes y para siempre el Poder del Estado, sin preocuparse por la defensa nacional, a la que contribuyeron a debilitar cada vez más.

El mayor énfasis de su propaganda, fue puesto en ideas-fuerza para desinformar a la opinión pública nacional e internacional, instalando en la psiquis colectiva dos versiones:

La primera: que el gobierno de facto en 1976 fue el que comenzó la guerra mediante la represión indiscriminada, vulnerando en la misma todos los derechos humanos (por intrínseca maldad o para establecer un sistema socio-económico contrario a los intereses nacionales).

La segunda: que los muertos y desaparecidos eran 30.000 y que fueron víctimas de esa “represión indiscriminada”, ya que en su mayoría no eran militantes de las organizaciones subversivas terroristas, sino trabajadores, estudiantes y profesionales dedicados a sus tareas que, eventualmente, disentían políticamente con el gobierno de una “atroz dictadura militar”.

Es necesario que el lector comprenda algunas técnicas relativas a la “desinformación” y para ello transcribimos algunas acertadas expresiones de Richard Field, periodista británico:

“La primera técnica de los profesionales de la Desinformación consiste en crear, en el mundo exterior al drama, unas asociaciones y comités “de apoyo”, “de solidaridad”, “de derechos humanos” y luego, a través de ellos, difundir mundialmente una información falsa mediante una manipulación hábil u omisiones deliberadas”.

“La segunda es mantener en la opinión extranjera la idea de que la subversión no existe; que no es más que una invención de fuerzas oscuras, retrógradas, militaristas, a fin de justificar su poder y por consiguiente sus “represiones”…

Otra muestra “…Hacia mediados de setiembre de 1977, un análisis retrospectivo de los meses transcurridos en Argentina, desde marzo de 1976, es difundido mundialmente por la agencia “Associated Press”, bajo la firma de un tal Rodolfo Chardy, quien afirmó, entre unos hechos comprobados, que el General Videla había tomado el poder el 24 de marzo durante un golpe sangriento…”. Evidente mentira que desnudaba su posición política, ya que ni siquiera leyó los diarios o vio la TV. A juzgar por los resultados, hasta aquí su política de desinformación, apoyada totalmente por el gobierno de los Kirchner, ex simpatizantes de Montoneros, muy preocupados en distraer al país con los derechos humanos mientras cometían grandes irregularidades en beneficio propio y de sus amigos, ha tenido un importante éxito en el exterior e incluso en nuestro país donde grandes falacias y mitos han quedado como “verdades reveladas” que a fuerza de ser repetidas por funcionarios, jueces, periodistas, escritores, dirigentes sociales y un sector de intelectuales militantes de la izquierda política, (no pocos que en su momento apoyaron el accionar de las FFAA e incluso participaron en la función pública) son en este momento, difíciles de revertir en el corto plazo sin una campaña de esclarecimiento gubernamental de difícil concreción por ahora.

Para tener éxito en tal tarea, se debería disponer de un gobierno dispuesto a enfrentarse políticamente con todos aquellos que se han beneficiado durante tantos años y disponer medidas de corrección histórica del actual “relato oficial” basadas en documentos y probanzas irrefutables por su equidad y contundencia. Por supuesto que la injusticia de juzgar a los militares y otras fuerzas subordinadas vulnerando los principios elementales del derecho jurídico además de sentenciar culpabilidades, en la mayoría de los casos sin pruebas fehacientes luego de 30 ó 40 años, constituye una gravísima injusticia que debe ser corregida cuanto antes. Posiblemente pasarán años para que se logre persuadir a la opinión pública de la verdad histórica que permita comprender lo sucedido en nuestro país a partir de 1960 hasta nuestros días, donde los DDHH parcializados de los 70, siguen siendo una bandera partidaria que ningún funcionario se anima a cuestionar por ignorancia o por no ser políticamente correcto”.

Los medios de comunicación, que son formadores de opinión, por ideología, desconocimiento o mandato de sus propietarios, siguen repitiendo las cifras falsas que este libro va a rectificar con documentación real al alcance de todos y ratificando que existen 1.094 muertos y 2.368 heridos producto de los asesinatos de las organizaciones armadas revolucionarias cuyos causahabientes son los únicos que en el país no han sido indemnizados, (ni tampoco los victimarios juzgados). No olvidemos que desde la agencia oficial de noticias (TELAM) muchos medios de TV abierta, radios y periódicos estuvieron durante 12 años en manos del gobierno de los Kirchner o de sus “socios y amigos”, cuyos directivos militaron o simpatizaron con las organizaciones armadas clandestinas de los 60/70 y que además, el resto de la prensa ha estado y está presionada por el gobierno que finalizó, al depender en gran parte su subsistencia de la mayor o menor pauta oficial (publicidad) que le entreguen. La prensa independiente, de poca circulación y limitado alcance no está en capacidad de modificar la acción psicológica de la propaganda aún vigente.

Tampoco es menor el trabajo que han efectuado desde las escuelas primarias y secundarias públicas para que los chicos internalicen desde esa temprana edad el “relato falso de nuestra historia reciente” a fin de que quede en su inconsciente como una verdad revelada a defender en el futuro. En este caso creemos que sólo los familiares podrán ayudar a que los niños y jóvenes descubran la verdad de esta historia. 

La mentira como arma psicológica “nacional y popular” 

La mentira como expresa el dicho popular “tiene patas cortas” y sólo resulta efectiva durante un tiempo mientras el Poder Ejecutivo logra imponerse a los otros poderes mediante el autoritarismo y el adoctrinamiento (hoy llamado RELATO) sumado al dominio de los medios de comunicación y con el uso de ingentes fondos públicos destinados a propaganda y captación de voluntades, en lugar de destinarlos para el crecimiento y desarrollo del país.

En este campo de los derechos humanos y su relación con la “guerra revolucionaria” los ideólogos y miembros de las OPM tuvieron un doble “viento de cola”: primero porque Alfonsín y no Luder ganó las elecciones de 1983 y segundo también porque el ex gobernador y ex vicepresidente E. Duhalde ejerciendo el Poder Ejecutivo, por razones personales hizo lo imposible para que Menem que había completado la “pacificación judicial” no ganara las nuevas elecciones del 2003 impulsando y colocando como candidato triunfante al ignoto gobernador Néstor Kirchner en el “sillón de Rivadavia”.

Kirchner como ex JP se rodeó con aquellos ideólogos y ex miembros subversivos montoneros que llegaron al poder político del Estado desatando una persecución judicial de los militares y miembros de otras fuerzas legales que sirvió al nuevo presidente para sus planes de poder sobre la base de un “toma y daca” del Ejecutivo nacional con su esposa, en conjunción con la apropiación de dineros públicos y empresas derivadas de una enorme corrupción de los funcionarios.

Su plan político era quedarse 20 años en el poder mediante la alternancia entre esposos pero fracasó por su prematuro fallecimiento y quedó en manos de su esposa sin lograr ésta el dominio previsto del total de los principales medios de comunicación, para imponer “el relato mendaz sobre los hechos del 70” y la mentira sobre los éxitos de su gestión administrativa con los penosos resultados morales, educativos, culturales, económicos y sociales que dejaron el país al borde del colapso Su permanente uso como pantalla de los Derechos Humanos mediante la utilización de los dineros del Estado para comprometer a sus partidarios con un apoyo de recursos sin control, contradecía por el otro los escasos recursos dedicados a las FFAA a las que afectaba en su moral y espíritu de cuerpo con la persecución judicial de los cuadros que defendieron la Nación de la agresión armada marxista y del enemigo inglés en Malvinas.

Su gobierno otorgó presupuestos irrisorios a la Defensa Nacional en una época en la cual, por la guerra internacional de Malvinas, necesitaba armamento, materiales y vehículos además del reemplazo de aviones, submarinos e infinidad de otros elementos, que por otro lado la situación del país favorecía enormemente por los precios de las materias primas y productos del campo.

Pareciera que a pesar de llenarse la boca de nacionalismo, en los hechos se dejó unas FFAA sin capacidad para reaccionar ante una agresión armada internacional con la intención de dejar al país indefenso por años, para beneplácito de Gran Bretaña y otras naciones del mundo.

NUESTRA HISTORIA - ARGENTINA INÉDITA

LA VOCACIÓN NO DEBE IGNORARSE

"Sin mística no hay servicio"

Por Ariel Corbat


VOCACIÓN:

1. Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión.
2. advocación.
3. Inclinación a un estado, una profesión o una carrera.
4. Convocación, llamamiento.

Toda fuerza de seguridad tiene un marco de actuación legal que determina su misión, ámbito territorial e incumbencia profesional. Pero leer la normativa que guía institucionalmente a una fuerza no es suficiente para entenderla en profundidad.

Un error que suelen cometer los políticos devenidos burócratas con pretensiones tecnocráticas, es ignorar el profundo significado de la vocación en quienes forman parte de una institución de seguridad y creer, en consecuencia, que esas personas se guían por la lógica contractual de cualquier empleo.

Uno de los más exactos medidores de degradación institucional es, justamente, discernir quienes se enlistan y/o permanecen por vocación y quienes por necesidad de empleo. En la medida que haya más vocación que necesidad estas instituciones pueden exhibir una identidad de espíritu de servicio, que implica un grado de abnegación, sacrificio y orgullo profesional que no guarda relación con la escala de costo beneficio que podría determinar el sueldo.

Lo sencillo del asunto lo explica la vocación como formadora de la identidad: "trabajar de" algo no es lo mismo que "ser" ese algo. Quien sólo trabaja de, aunque pueda hacerlo bien, no está cumpliendo una vocación y por lo tanto no se desarrolla en plenitud ni ofrece todo de sí. Mucho menos en una función donde morir es un riesgo contemplado. Son muchísimas las historias que dan cuenta del efecto de la vocación en la voluntad humana, como ejemplo voy a limitarme a recordar el caso de Darío Ávalos que dedicó su vida a ser miembro del GEOF. No buscaba un trabajo, quería "ser" un GEOF. Y lo fue. (DARÍO ÁVALOS, SEMBLANZA DE UN GEOF).

Cuando el kirchnerismo con Marcelo Saín creó la PSA, Policía de Seguridad Aeroportuaria, se pensó en "especialistas civiles" que trabajaran de policías, sin proyectar un perfil vocacional definido. Como resultado de ese experimento la PSA todavía busca su alma, por lo que a diferencia de las otras tres fuerzas de seguridad federales es muy difícil conceptualizar la vocación que puede guiar la incorporación a la PSA como heredera bastarda de la Policía Aeronáutica Nacional.

Desde el macrismo, por su parte, se dio creación a la Policía Metropolitana cuyo principal "gancho" de reclutamiento fue atraer a efectivos de otras fuerzas con mejores sueldos y la promesa de una nueva institucionalidad sin el daño que experimentaban las otras, sean armadas, de seguridad o policiales, por el maltrato de origen ideológico con que las desconducía el régimen kirchnerista. La "Metro", pese a su impronta Federal y con su variada integración, no llegó a consolidar una identidad propia lo que de un modo grotesco terminó siendo explicitado por el horroroso colorinche vomitado en los uniformes de su derivación como "Policía de la Ciudad".



Policías de la Policía Federal Argentina movilizados para evitar ser traspasados a la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto en la creación de la PSA, como la Policía de la Ciudad, y ni hablar de las policías locales, el factor vocacional ha sido menospreciado, olímpicamente ignorado o en el mejor de los casos visto como un difuso complemento.

La cuestión policial en la Ciudad de Buenos Aires plantea una disyuntiva entre la histórica tradición y ser de la Policía Federal Argentina y la incógnita a develar de la Policía de la Ciudad. La resistencia de muchos policías federales a ser integrados como policías de la Ciudad acompaña desde antes de su inicio el proceso del traspaso. Otra vez, no se reparó en la vocación e identidad institucional como factor esencial a trabajar en el curso de ese proceso. Acaso, hermosa palabra la palabra "acaso", porque lo esencial es invisible a los ojos, los que planifican con las fuerzas no sepan apreciar aquello que, haciendo a la mística, no se obtiene con licitaciones o franquicias.

La vocación no debe ignorarse.

Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha

OBJETIVOS COMUNISTAS PARA AMÉRICA. DOCUMENTACIÓN DE 1963

El 10 de enero de 1963 la Sra. Patricia Nordman del periódico “De Land” (Florida) publicó en el “De Land Courier”, lo que ella identificó como un extracto del libro “El Comunista Desnudo”, (“The Naked Communist”), de Cleon Skousen, con el propósito de alertar al público sobre los peligros del comunismo en América.

Actuales Objetivos Comunistas (1963)

1. Aceptación de los Estados Unidos de que la convivencia es la única alternativa a la Guerra Atómica.

2. Que Estados Unidos prefiera capitular antes que participar en una guerra atómica.

3. Desarrollar la ilusión de que el desarme total de los Estados Unidos sería una demostración de fuerza moral.

4. Permitir el libre Comercio entre todas las Naciones, independientemente de su afiliación Comunista e independientemente de si podrían utilizarse elementos para la Guerra.

5. La extensión de préstamos a largo plazo para Rusia y los países Soviéticos.

6. Proporcionar ayuda estadounidense a todas las Naciones, independientemente de la dominación Comunista.

7. Conceder el reconocimiento de la China Roja. Admisión de China roja en la O.N.U.

8. Establecer Alemania Oriental y Occidental como Estados independientes a pesar de la promesa de Khrushchev en 1955 para resolver la cuestión alemana por elecciones libres bajo supervisión de la ONU.

9. Prolongar las conferencias de Prohibición de pruebas Atómicas porque Estados Unidos ha accedido a suspender las pruebas mientras las negociaciones están en curso.

10. Permitir representación individual de todos los satélites soviéticos en la O.N.U.

11. Promover a la O.N.U. como la única esperanza para la humanidad. Si se reescribe su carta, exigir que la O.N.U. se establezca como un Gobierno Mundial con sus propias fuerzas armadas independientes. (Algunos líderes comunistas creen que el mundo puede ser tomado fácilmente por la O.N.U. así como Moscú. A veces estos dos centros compiten entre sí como lo que están haciendo ahora en el Congo.)

12. Resistir cualquier intento de prohibir al Partido Comunista.

13. Acabar con todos los Juramentos de Lealtad.

14. Seguir dando acceso de Rusia a la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

15. Capturar uno o ambos de los Partidos Políticos en los Estados Unidos.

16. Uso de decisiones técnicas de los tribunales para debilitar las Instituciones básicas de los estadounidenses alegando que sus actividades violan los derechos civiles.

17. Obtener el control de las escuelas. Utilizarlas como correas de transmisión de Socialismo y la actual propaganda Comunista. Suavizar el plan de estudios. Obtener el Control de las Asociaciones de docentes. Poner la línea del partido en los libros de texto.

18. Obtener el Control de todos los Periódicos estudiantiles.

19. Usar revueltas estudiantiles para fomentar protestas públicas contra los programas o las organizaciones que están bajo el ataque comunista.

20. Infiltrar la prensa. Obtener el control de las asignaturas y de la revisión de libros, los escritos editoriales y de las posiciones políticas.

21. Obtener el control de posiciones claves en la Radio, Televisión y Cine.
22. Continuar desacreditando la cultura Americana degradando toda forma de expresión artística. Una célula comunista en Estados Unidos dijo: “hay que eliminar todas las buenas esculturas de parques y edificios, sustituirlas por figuras amorfas, torpes y sin sentido”.

23. Controlar la crítica artística y a los directores de museos de Arte. “Nuestro plan es promover la fealdad, el arte repulsivo y carente de sentido”.

24. Eliminar todas las leyes que rigen la obscenidad llamándolas “censura” y una violación de la prensa libre y de la libertad de expresión.

25. Romper los modelos culturales de Moralidad mediante la promoción de pornografía infantil y la obscenidad en libros, revistas, cine, radio y televisión.

26. Presentar la homosexualidad, la degeneración y la promiscuidad como “normal, natural y sano”.

27. Infiltrarse en las Iglesias y sustituir la religión revelada por la “Religión Social”. Desacreditar la Biblia y hacer hincapié en la necesidad de madurez intelectual que no necesita una “muleta religiosa”.

28. Eliminar la Oración o cualquier forma de expresión religiosa de las escuelas sobre el argumento de que viola el principio de la “separación de iglesia y estado”.

29. Desacreditar la Constitución Americana llamándola inadecuada, pasada de moda, fuera de paso con las necesidades modernas y un obstáculo en la cooperación entre las Naciones en todo el mundo.

30. Desacreditar a los Padres Fundadores de Estados Unidos. Presentarlos como aristócratas egoístas que no tenía ninguna preocupación por el “hombre común”.

31. Restar importancia a todas las formas de la Cultura Americana y desalentar la enseñanza de la historia de Estados Unidos sobre el fundamento de que era sólo una parte menor del “panorama general”. Hacer mayor hincapié en la historia Rusa desde que los comunistas la tomaron.

32. Apoyar cualquier movimiento Socialista para el Control Centralizado sobre cualquier aspecto de la Cultura, Educación, los Organismos Sociales, Programas de Asistencia Social, clínicas de salud mental, etc.

33. Eliminar todas las Leyes o procedimientos que interfieran en el funcionamiento del aparato Comunista.

34. Eliminar el Comité de la Cámara de Representantes contra las actividades Anti-Estadounidenses.

35. Desacreditar y finalmente desmantelar el FBI.

36. Infiltrarse y Controlar las Uniones Sindicales.

37. Infiltrarse y Controlar las grandes Empresas.

38. Transferir algunos de los poderes de detención de la policía a Organismos Sociales. Tratar los problemas de comportamiento como trastornos psiquiátricos que nadie sino los psiquiatras pueden entender (o tratar).

39. Dominar la profesión Psiquiátrica y utilizar las leyes de salud mental como un medio para ganar el Control coercitivo sobre quienes se oponen a los Objetivos Comunistas.

40. Desacreditar a la Familia como institución. Fomentar la promiscuidad y el divorcio fácil.

41. Enfatizar en la necesidad de criar a los hijos lejos de la influencia negativa de los padres. Culpar a los padres de reprimir a los niños causándoles prejuicios, bloqueos mentales y el retraso.

42. Crear la impresión de que la Violencia y la Insurrección son aspectos legítimos de la tradición estadounidense; los estudiantes y grupos de especial interés deben levantarse y unir fuerzas para resolver los problemas económicos, políticos o sociales.

43. Derrocar todos gobiernos coloniales antes de que las poblaciones nativas estén listas para autogobernarse.

44. Internacionalizar el Canal de Panamá.

45. Derogar la reserva Connally* para que Estados Unidos no pueda evitar que la Corte Mundial asuma jurisdicción sobre problemas internos. Dar a la Corte Mundial la jurisdicción sobre las Naciones como individuos por igual.

*Reserva de Connally, por el cual Estados Unidos se reserva el derecho de etiquetar cualquier controversia internacional en que este envuelto como “doméstica.

LA AUTOAMNISTÍA QUE NADIE SE ATREVE A REPUDIAR

“Lo curioso no es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra”, refería Manuel Alcántara...

Por Jorge Fernández Díaz

El viejo maestro del articulismo español aludía de algún modo a la amnesia personal y también a la colectiva, a esas operaciones de ocultamiento que nos prodiga el inconsciente o que nos imponen los hábiles memorialistas del sentido.

En la Argentina se ha borrado la verdadera historia de los primeros e infaustos años 70, con sus abominables crímenes políticos y bajo la falsa idea de que recordarlos implicaría justificar la última dictadura.

Mediante este chantaje eficaz, según el cual quienes objetan aquellas “ejecuciones revolucionarias” están a favor de “la teoría de los dos demonios” y necesariamente trabajan para los genocidas, resulta que los terroristas deben ser evocados como jóvenes inocentes, lúcidos y democráticos, y Perón debe ser despegado de la salvaje persecución de “izquierdistas” que ordenó desde el poder, de los atentados perpetrados por la Juventud Sindical que actuaba bajo su inspiración y de las organizaciones paraestatales de represión ilegal que montó su gobierno.

Durante los últimos actos del 24 de Marzo, quienes jamás pidieron perdón por sus aberraciones, quienes practicaron como soldados el terrorismo en democracia y después se refugiaron como pacifistas en los organismos de derechos humanos, celebraron una nueva misa laica y declararon su autoamnistía.

Borrón y cuenta nueva, compañeros; teníamos razón en la lucha armada y no vamos a andar pisándonos el poncho, ni a darle pasto a las fieras. 

Somos buenos, nosotros somos buenos, y la “contradicción fundamental” consiste ahora en olvidar los pecados y divergencias, y unirnos para combatir al partido del “antipueblo”, reencarnación actual de aquel despotismo sangriento.

El “Nunca más” se ha transformado así en un libraco inútil y sospechoso, y campea en nuestro país un nuevo pacto de impunidad para quienes no quieren dar cuenta de sus actos ya no solo ante los tribunales, ni siquiera ante el juicio de la Historia.

En un momento de esa ceremonia escalofriante, los oradores aseguraron defender “la política como herramienta de transformación de la realidad”. Sin embargo, enumeraron enseguida facciones que son precisamente la negación del Estado de derecho y la consagración de la antipolítica, y lo hicieron con orgullo reivindicativo: Montoneros, FAP, FAL y ERP.

Figura en esa antología patriótica el Partido Comunista, que no fue mencionado en la lista de los colaboracionistas del régimen militar, siendo que los soviéticos y su sucursal argentina establecieron una provechosa alianza comercial con Videla.

También se soslayó que la cúpula montonera, creyendo que venía una especie de Lanusse y no el almirante Massera, anhelaba el golpe castrense, alarmada e incómoda por la cacería que el propio peronismo ortodoxo había desatado contra ella.

Y por supuesto, se ha omitido que los trostkistas revolucionarios tenían el mismo anhelo y pugnaban por apurar y agudizar las contradicciones; porque ya se sabe: cuanto peor, mejor.

Para entender la gravedad simbólica e institucional que implica rehabilitar de manera heroica y con adulteraciones grotescas aquellas aventuras a puro gatillo y trotyl, solo habría que imaginar qué ocurriría si en España se realizara hoy un acto celebratorio de la ETA o en Colombia se organizara una marcha para ensalzar la lucha de las FARC, cuyos dirigentes han tenido al menos la honestidad de pedirles disculpas a sus víctimas por los secuestros y masacres.

Aquí nadie se arrepiente y a nadie le importa nada; cunden la cobardía, la hipocresía y la indiferencia entre la clase dirigente (cuando no directamente el analfabetismo histórico), y una parte relevante de la intelectualidad actúa por acción o por omisión como facilitadora de este peligroso fraude convertido en doctrina.
Porque si bien es verdad que cuanto más se achica un grupo más se radicaliza, y que por lo tanto estos discursos son ignorados por su pequeñez sectaria, no es menos cierto que ese “relato” penetra en algunas aulas con fuerza pedagógica.

Militantes de este gran camelo son invitados por centros de estudiantes para bajar línea en las escuelas, y docentes agremiados divulgan la historia amañada bajo la aquiescencia de directores y de progenitores acojonados por el clima general, o con la mirada complaciente de esos otros padres que integran el orgulloso “Progresismo 4×4” de los barrios más paquetes.

No se trata únicamente de manipular la memoria, sino de transmitir la ocurrencia de que vivimos en la actualidad bajo un nuevo orden represor. Que como a Maldonado, a cualquiera lo pueden eliminar del mapa.

Nadie explica el monumental montaje político que se armó con ese drama, y entonces se suceden anécdotas como las que sufrió recientemente un amigo; su nieta de seis años llegó temblando del colegio, su madre la abrazó y le preguntó por qué estaba angustiada, y la nena le dijo: “Tengo miedo de que me desaparezcan”. Seis años.

No solo es necesario ocultar los homicidios setentistas y disfrazar a los guerrilleros de algo que nunca fueron (demócratas), sino que es preciso vincular el más tenebroso gobierno de facto con un simple gobierno constitucional. El pasado con el presente. Y esa jugada se puede observar en el documento del 24: su propósito fue demonizar a Macri y convertir a los presos comunes de la política en presos políticos de una nueva tiranía.

Ellos no son entonces los grandes corruptos que le robaron al pueblo, sino abnegados militantes del campo popular que están siendo proscriptos. En ese texto se lamenta que no hayan ido a la cárcel los directores de los principales diarios, y se sigue acusando a los periodistas de las peores calamidades.

Denuncian lo que callaban con Cristina (la penosa situación de las cárceles), mencionan razonablemente el asunto Chocobar (un error político del Presidente) y gritan “basta de matar”, pero hacen la vista gorda con los pobres que asesinan en las calles esos mismos delincuentes prohijados por su abolicionismo jurídico.

Y se mantienen, obviamente, solidarios con Venezuela, brillante laboratorio de su propio fracaso. Cualquiera, sin embargo, puede acordar con ellos en que la muerte de Nahuel Rafael es todavía una mancha y una duda, aunque parece que ya se olvidaron de las múltiples víctimas de violencia institucional ocurridas durante “la década ganada” -hechos aún impunes-, y naturalmente del escandaloso encubrimiento por la muerte del fiscal Nisman, cuyos principales sospechosos se encuentran dentro de su propia tropa.

La opinión que Graciela Fernández Meijide, en nombre de la ley y contra toda medida que implique comerse al caníbal aun en el extremo caso de Astiz (con cáncer y con pedido de prisión domiciliaria), mereció no solo insultos antes y después del acto, sino hasta la orden de hostigarla por parte de algunos exmontoneros.

A este articulista, como también a cualquier miembro del Club Político Argentino, le repugnan los criminales de lesa humanidad (mantengo por Astiz la misma simpatía que por una cucaracha voladora), y desearía que los beneficios que los asisten a él o a cualquiera de sus socios sean lo más restrictivos posibles.

Pero el ataque a Graciela fue una demostración más de que este colectivo que acaba de autoamnistiarse no tolera disidencias ni acepta el acuerdo democrático. No tienen por qué aceptarlo; en realidad nunca creyeron en él. Siempre fueron fascistas de izquierda. Pero fascistas al fin.
La Nacion