Temas desarrollados: Organismos de planificación y de ejecución para afectar los DDHH de las FFAA. Los organismos nacionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La Secretaria de DDHH de la Nación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
El 4to Pilar: comienzo de la historia
Cuando a mediados de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) comenzaba a sufrir los embates de las fuerzas legales, Mario Roberto Santucho, jefe máximo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Comandante del ERP, pergeñó la estrategia del “4to Pilar” sobre el que debía asentarse la actividad revolucionaria: La Solidaridad Internacional (1er Pilar: El Partido, 2do: el Ejército del Partido, 3ro: El Frente de Liberación- nunca logrado).
Así designó a Rodolfo Mattarollo (1) a cargo de un grupo de integrantes y colaboradores de su organización para encarar un ambicioso Plan de Propaganda en Europa, con la finalidad de desacreditar al gobierno argentino y presentar a las organizaciones subversivas terroristas actuantes en el país como entidades integradas por “jóvenes idealistas” que se oponían a un gobierno que calificaban de autoritario (el de María Estela Martínez de Perón) sucedido por un gobierno de facto (Proceso Militar) y que luchaban por democratizar a la Argentina.
La idea surgió de lo observado en la población de los EEUU durante el conflicto con Vietnam del Norte donde, lo que las tropas ganaban en la línea de combate se desmoronaba en el frente interno, ante los durísimos cuestionamientos contra la guerra formulados por la sociedad desde Washington y Nueva York.
Mattarollo se instaló en París como representante de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), a la que se fueron anexando aliados importantes entre los numerosos exiliados o escapados de la Argentina a partir de 1974 (por amenazas de la triple A) y también posteriormente, al hacer uso de la opción de salir del país que brindaba el gobierno de facto desde 1976. Entre ellos citamos: Eduardo Luis Duhalde (marxista leninista, hoy Secretario de DDHH de la Nación. Ver SDDHH-Las ideas, Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca Deheza (históricos del PC), Lili Massaferro (FAR- Montoneros), Roberto Guevara (hermano del Che), Manuel Gaggero (PRT-ERP), Juan Gelman (Montonero) y Miguel Bonasso (Montonero, hoy diputado nacional).
Estos activistas estaban radicados en París, Roma o Madrid aunque dos veces al año se reunían en Ginebra (Suiza) para presentarse ante los organismos internacionales y difundir a la opinión pública las supuestas violaciones a los DDHH sufridas por la sociedad argentina, con la idea precisa de instalar en los gobiernos europeos y en la “mass media” la analogía del caso argentino con el genocidio nazi. (¿?)
En un terreno como el europeo, sensibilizado hasta la crispación por los horrores cometidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, esta siembra obtuvo resultados notables y la mayor parte de sus gobiernos, en manos de la Social Democracia, apoyó y financió la creación de numerosas ONG con idénticos objetivos que, naturalmente, dieron cobijo a integrantes de las organizaciones terroristas. Así nacieron: La Comisión Argentina por los DDHH (CADHU) en Francia y España; la Comisión de Solidaridad de presos, muertos y desaparecidos en Argentina (COSOFAM) en Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Inglaterra y México; el Comité Argentino de Solidaridad (CAS) en Bélgica; El Comité Argentino de Información y Solidaridad (CAIS) en Francia. España, Francia, Italia, Alemania y Portugal fueron los países que adhirieron con mayor fervor a esta temática.
Por su parte Suecia constituyó un caso paradigmático, dado que se convirtió en un real santuario del terrorismo internacional, hasta que en abril de 1975 al producirse el fracasado intento de secuestro y asesinato de la Ministra Ana Greta Leison (del ex gobierno de Olaf Palme) (2) y el también frustrado intento de voladura de la embajada alemana en Estocolmo por el grupo subversivo alemán “2 de Julio”, cambió radicalmente su actitud y posteriormente decretó la expulsión de cientos de extranjeros al descubrir los planes de la “Operación Europa”, plan maestro para desestabilizar al continente europeo mediante la constitución de una brigada de 1500 terroristas latinoamericanos competentes, dispuestos a crear un ambiente de pánico en el continente: liberar prisioneros y acumular dinero mediante secuestros y asaltos a bancos.
Simultáneamente corría la “Operación Leo”, destinada a reclutar efectivos para reinstalarlos en Tucumán. Las autoridades suecas comprobaron que en ambos casos las directivas emanaban de la JCR.
En cuanto al 4to Pilar, estaba claro que objetivo fundamental de la campaña emprendida consistía en lograr que el gobierno argentino suspendiera el empleo del poder militar sobre las actividades terroristas y utilizara las leyes de tiempo de paz para juzgar a sus miembros capturados (tal como había sucedido en Alemania, España e Italia), sin considerar las enormes diferencias cuantitativas y cualitativas de las organizaciones argentinas respecto de las europeas, que nunca habían constituido un grave peligro para sus Estados como sí lo era en el caso argentino.
Al resultarles impracticable obtener ese objetivo orientaron su actividad a profundizar su acción psicológica para desprestigiar al gobierno argentino, mientras planificaban detalladamente, a mediano y largo plazo, un cuidadoso desarrollo del empleo politizado y unilateral de los DDHH.
Asumieron como premisa básica negar la existencia de una guerra interna, hecho que les permitía ocultar su responsabilidad como parte agresora, establecer su condición de víctimas políticas, opositoras al gobierno y preparar el terreno para plasmar el gran negocio de las indemnizaciones resarcitorias, que aún a la fecha siguen percibiendo, además de prever la venganza jurídica a desarrollar con el slogan de “terrorismo de estado” para presionar a los gobiernos constitucionales próximos y completar el circuito de la victoria política sobre las FFAA.
Organismos de planificación y de ejecución para afectar los DDHH de las FFAA (Los identificaremos como: las “Usinas o Fábricas” y los “Obreros”)
Planteado ya este método exitoso de explotar un principio tan preciado como el de los DDHH con aviesos fines políticos, es necesario dejar explícito que esta modalidad netamente distorsiva de la realidad histórica deriva de un minucioso trabajo compartido entre quienes tienen la capacidad para pergeñar las directrices ideológicas del plan y aquellos que simplemente las motorizan poniéndolas en ejecución.
Desde luego que esta división no es categórica, pero sirve para entender cómo se produjo este ataque sistemático y prolongado durante los últimos 35 años. De tal forma vamos a delinear esas categorías previas para mayor claridad de nuestros lectores y sin que ello implique una diferencia total entre ambas. Así tenemos:
Las “usinas o fábricas” que generan planes de explotación de los DDHH con fines políticos e ideológicos:
Las potencias internacionales o países rectores.
Los organismos nacionales.
· La Corte Suprema de Justicia de la Nación
· La Secretaría de DDHH de la Nación
· El Centro de Estudios Legales y Sociales
Los “obreros”, difusores y multiplicadores de las consignas recibidas y agentes activos de hostilidades sobre los marcados como “violadores de DDHH”
Sólo organismos nacionales
· El Consejo de la Magistratura
· Los Jueces Federales
· Las ONG de derechos humanos “tuertos”
Las potencias internacionales o países rectores:
Cuando James Earl Carter asumió como presidente de los EE.UU. (1977) lanzó su política exterior de defensa de los DDHH netamente dirigida a limitar las capacidades de sus principales enemigos (Rusia y China) durante la plena vigencia de la Guerra Fría. En esa época la mayor parte de los países latinoamericanos todavía luchaba contra la agresión comunista a sus territorios bajo la forma de Guerra Revolucionaria, alentada por Cuba (satélite de la URSS) con particular virulencia a partir de La Tricontinental de la Habana (1966) y la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS 1967).
Los EEUU habían intervenido en forma activa en esa guerra (doctrinaria y logísticamente) en apoyo de los países de su continente porque consideraban, con buen sentido, que dicho intento de su principal contendiente tenía por finalidad “invadir su patio trasero”, es decir dominar un área que consideraban de su directa influencia.
Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo y el peligro de la Guerra Revolucionaria fue declinando, la gestión Carter (en particular la funcionaria Patricia Derían) comenzó a presionar a los gobiernos que desde años atrás venía alentando (muchos de ellos conducidos por regímenes militares de facto) instándolos a finalizar la guerra (buscando una suerte de rápido exterminio o acuerdo con las fuerzas guerrilleras) y a instalar regímenes democráticos en la región.
Otro caso paradigmático en este sentido lo constituyen los países de clara tradición colonialista: Gran Bretaña, España, Portugal, Holanda, Francia, Italia, Alemania, quienes luego de haber sometido a servidumbre a los pueblos originarios de los 5 continentes y cometido abusos inhumanos de toda índole, entre los que se destaca la trata de esclavos a nivel mundial, asumen los roles de países rectores en materia de DDHH , como si el tiempo transcurrido hubiera borrado sus crímenes y la defensa de esos derechos debiera computarse a partir del momento en que se han normalizado sus conductas ¡He aquí un notable ejemplo práctico de la irretroactividad de la ley! (con la salvedad que ese principio se les niega a sus perseguidos)
Otra muestra de esta naturaleza la constituye el discurso de la Secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton, sobre la “Agenda de DDHH de la Administración Obama”, dado en la Universidad de Georgetown el 14 de diciembre de 2009. Allí destacó los elementos fundamentales del Plan de Acción de la Administración Obama de la siguiente forma: “Hacer que todos los países rindan cuentas conforme a las normas universales de derechos humanos es una prioridad. Estados Unidos evaluará su propio desempeño, al participar en la Revisión Periódica Universal de su propio historial en materia de derechos humanos con las Naciones Unidas”. “Al responsabilizarnos a nosotros mismos, reforzamos nuestra autoridad moral para exigir que todos los gobiernos se adhieran a las obligaciones conforme al derecho internacional”.
Expresiones que a primera vista aparecen como loables pero , a poco que escarbemos surgen falsas e hipócritas, dado que los EEUU ni siquiera han suscripto El Pacto de San José de Costa Rica ni el Estatuto de Roma (1988 Corte Penal Internacional) .
El Imperio exhibe el “garrote” de los DDHH para disciplinar a Estados menos poderosos.
Los organismos nacionales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
En el análisis de los dos casos que citamos a continuación el Tribunal Superior del país dejó establecida jurisprudencia de suma gravedad para el tratamiento futuro de delitos de “lesa humanidad”.
La CSJN expresó taxativamente que los casos Arancibia Clavel y Lariz Iriondo eran diferentes. Sin embargo, al no considerar en sus fallos las particulares similitudes existentes entre ellos referente a que ambos tenían la misma naturaleza por ser delitos de carácter político, entró en auto contradicción .
Arancibia Clavel, ciudadano chileno, miembro de una institución oficial de su país (DINA) formó parte del grupo que asesinó al general chileno Prats y su señora esposa en la República Argentina durante 1974. Fue sometido a proceso en 1996.
Lariz Iriondo, ciudadano español, miembro de la organización terrorista vasca ETA, autor de numerosos atentados con explosivos en el territorio de su país entre 1982 y 1985, con pedido de captura internacional y por el cual el Reino de España requirió su extradición al conocer su presencia en la Argentina en el año 2002.
Al tiempo de iniciárseles proceso habían transcurrido 22 y 17 años respectivamente de las fechas de comisión de sus delitos; es decir que en los dos casos habían vencido los plazos de prescripción de la acción penal, de acuerdo con la legislación argentina. También en ambos casos los instrumentos legales que configuraban sus delitos como de Lesa Humanidad (Estatuto de Roma-2004 y/o Tratado de Extradición con el Reino de España- 1989) tuvieron vigencia varios años después de cometidos aquellos crímenes, por lo tanto resultaban inaplicables.
Como consecuencia de lo expuesto, tanto Arancibia Clavel como Lariz Iriondo debieron haber quedado en libertad, o tal vez deberían haber sido los dos procesados y condenados en el supuesto de aplicarse el concepto del Derecho Internacional Consuetudinario (ius cogens). No fue así, se emplearon principios jurídicos esencialmente diferenciados en cada caso. Si bien los detalles y circunstancias hacían a estos casos distintos entre sí, no era menos cierto que guardaban ciertas características análogas, tales como la prescripción de la acción penal y la inaplicabilidad de los Estatutos o Tratados cuya vigencia fuese posterior a la comisión de los delitos. Tales similitudes imponían un tratamiento que respetara esas instituciones del Derecho en los dos casos.
En la diferencia existente entre estos dos fallos se proyecta la sombra de nuestra Guerra Revolucionaria y de la consecuente postura gubernamental. Mediante la sistemática alteración de los principios básicos del Derecho se pretende mantener una persecución judicial “sine die” sobre los miembros de las FFAA y subordinadas que combatieron militarmente a la subversión terrorista. Simultáneamente se exonera, utilizando similares prácticas, a la totalidad de los integrantes de las Organizaciones Político Militares que desencadenaron el conflicto terrorista en el país.
En suma, puede concluirse que mediante estos controvertidos fallos la CSJN sentó jurisprudencia anómala y por lo tanto “bajó líneas” a los tribunales inferiores señalándoles, en base a estos claros ejemplos, que en adelante las sentencias a dictarse dependerían del “tenor ideológico” del encausado, más allá de analogías de los ilícitos cometidos.
Aunque ha sido tratada con anterioridad en este trabajo, no puede dejar de mencionarse como “usina de violación de los DDHH” a la convalidación por parte la CSJN de la inconstitucional anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Poder Legislativo Nacional, a pesar de haber sido ratificada su constitucionalidad en más de diez oportunidades anteriores por el mismo Tribunal Supremo.
Fue una apertura del “cofre de Pandora”, que arrasó con instituciones tan preciadas como “la continuidad del Estado” y las imprescindibles seguridad y garantía jurídicas para los ciudadanos.
La Secretaria de DDHH de la Nación
La designación en este cargo específico de un personaje con los antecedentes pro terroristas de Eduardo Luis Duhalde (3) constituyó una inconfundible definición del gobierno de Néstor Kirchner. Su presencia a cargo de este organismo oficial constituye una injuria grave a los DDHH de todos los ciudadanos argentinos que lucharon- desde cualquier puesto y nivel – contra la agresión terrorista a la Nación, sus instituciones y la sociedad en general.
Desde luego que los deudos y parientes de las 17 mil víctimas del terrorismo en la Argentina censadas por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), deben tener un juicio de valor sobre aquella designación más duro y desesperanzado del que enunciamos nosotros.
Esto es así porque el personaje de marras (Duhalde) homologó ampliamente sus frondosos antecedentes:
· Al mantener alterada la real cifra de personas “desaparecidas” mezclándolas con los muertos en enfrentamientos (incluso en ataques a unidades militares) e insistir en el mendaz latiguillo de los “30 mil desaparecidos”, cuando él dispone de la cifra real.
· Al ocultar celosamente la identificación de los beneficiarios de la Ley 24.411 (resarcimiento monetario a familiares de terroristas desaparecidos o muertos durante la guerra revolucionaria) alegando “razones de seguridad” que encubren el destino de hasta 4 mil millones de dólares, beneficio que por otra parte se niega a las reales víctimas del terrorismo.
· Al colaborar en la instrumentación de leyes y procedimientos (contrarios a nuestra Constitución, al Derecho y a Tratados Internacionales) que permiten la interminable persecución en sede judicial a miembros de las FFAA y subordinadas que los combatieron durante los 70 .
· Al presentarse como “querellante” en cuanto juicio por crímenes de “lesa humanidad” se inicia (desde luego, sólo a integrantes de las FFAA, SS y PP), en los que su presencia ejerce una indisimulada presión sobre jueces y fiscales.
En suma: el peor enemigo en el puesto con mayor capacidad de daño.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
A fines de los años 70 el padre de una joven desaparecida resolvió ponerse a la cabeza de una organización que pretendía obtener respuestas a las tragedias vividas. Se trataba de Emilio Fermín Mignone, católico militante y rector de la Universidad de Luján, quien logró la colaboración de su amigo y también padre de desaparecido, Augusto Conte MC Donell, asimismo católico militante aunque con desviación hacia una izquierda radicalizada. Entre ambos lograron que la Fundación Ford aportara los fondos necesarios para iniciar su cometido.
En abril de 1979 se constituyó el CELS. Básicamente estableció como objetivo principal intervenir dentro y fuera del país en todo lo atinente a “derechos humanos” que, para ese entonces no habían adquirido la dimensión política con que hoy se los maneja. Fue una de las primeras organizaciones para la politización de este tema en la Argentina.
Los fines eran precisos: recibir y seleccionar denuncias sobre desaparecidos, hechos violentos ocurridos durante la Guerra Revolucionaria, relacionar sospechas y acusaciones con estos sucesos y – aunque no estaba expresado en esos términos- encontrar elementos que pudieran involucrar a militares, miembros de fuerzas de seguridad y policías, para imputarles diversos delitos. En los hechos ésa era su finalidad excluyente y marcó el rumbo que seguiría a partir de entonces.
A inicios de la década del 80 el tema de los DDHH todavía no era tan usado por sus deformaciones políticas e ideológicas, pero comenzaba a introducirse en el mundo político y en el de los intereses materiales. Para profundizar ese tratamiento se emplearon dos vocablos de profundo contenido emocional: represión y genocidio.
Represión y genocidio pasaron a expresar algo así como “persecución indiscriminada” y “asesinatos masivos” con ánimo de establecer una analogía (totalmente falsa, que no resiste ninguna comparación) entre los crímenes del nazismo y nuestra guerra contrarrevolucionaria y, si bien esos significados no se ajustaban en absoluto a lo ocurrido en la Argentina durante los años 70, un adecuado manejo de los medios periodísticos dio sus frutos y afirmó conceptos unilaterales para juzgar y nominar a ese período de nuestra historia contemporánea.- En poco tiempo el CELS los usó con creciente intensidad y así instaló un nuevo lenguaje que se utiliza hasta la fecha , sobre todo cuando se desea poner en tela de juicio a ciertas personas o sectores de la sociedad.
Hacia mediados de 1982 el CELS ingresó a una red internacional. El salto se produjo cuando Mignone firmó un contrato con la Human Rights Internet, empresa creada en EEUU para operar como nexo entre las organizaciones y recopilar el material que se le entregara para su posterior comercialización. Se trató de un avance significativo, pues ese tráfico informativo convertía al sistema en una base de datos de amplia y variada naturaleza, sobre todo en el caso del CELS cuyo archivo ya había alcanzado cierta dimensión que años después se incrementaría en forma notable con los aportes personales de Horacio Verbitsky como agente de inteligencia en la Central General de Trabajadores de la Argentina (CGTA) y más aún como miembro activo de la Inteligencia de Montoneros, con cuyo archivo se quedó a modo de “bien ganancial”
Después de la muerte de Mignone y con la titularidad de Verbitsky el CELS se expandió notablemente. Su estrecha conexión con la Organización de Estados Americanos (OEA) le abrió a su vez numerosos contactos en cadena que convirtieron a la entidad en una de las más influyentes en su campo: los DDHH, temática a la que a partir de 2003 se agregó una intervención que parece decisiva en el tratamiento de problemas básicos del Estado y gobierno argentino, como son la Justicia, las Organizaciones Políticas, el comportamiento del Poder Legislativo y la Defensa.
Sus contactos externos son motivo de cuidadosa atención, ya que le permiten ejercer el rol de principal referente latinoamericano en la materia. Entre estas vinculaciones no puede ignorarse su relación directa con Diálogo Interamericano, la ONG estadounidense creada por el propio patrón de la “TC” (Trilateral Comission, David Rockefeller) como organismo de planeamiento político para nuestra región, desde luego tal como lo entiende su fundador
Los importantísimos recursos financieros que maneja Verbitsky a partir de los aportes de la Fundación Ford (íntimamente ligada a Diálogo Interamericano y con serios contactos con la CIA) y otra similares como Foreign and Commonwealt office y la embajada Británica en Buenos Aires, hicieron que el CELS se transformara en un apetecible punto de referencia para todos aquellos que se mueven en el difícil mundo de las influencias. Posee delegados, representantes especiales y el propio Verbitsky asume las políticas que seguirá la organización que preside ante:
· la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).
· la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas.
· el Secretariado Internacional de Anmesty Internacional.
· la gravitante ONG Human Rights Watch (HRW) cuyo directorio integra; por citar únicamente algunas de las activas relaciones con instituciones similares en el orden mundial.
El CELS fue aceptado como filial oficial de la “International League for Human Rights” y consecuentemente, desde mediados de los años 80, conquistó una imagen de entidad “semioficial” en esta clase de asuntos. Sus definiciones son tenidas en cuenta, llega a los más altos estrados del poder político y judicial y, según las circunstancias, orienta campañas contra determinadas personas o instituciones valiéndose de las posibilidades que le brinda su posición de “periodista estrella” del periódico oficialista “Página 12”.
De hecho, actúa para bloquear posibles nombramientos en los cargos más importantes del Estado o bien influye para colocar personas afines a su ideología o posibles colaboradores. Tanto la red de conexiones que logró establecer el CELS como la importante cantidad de dinero que maneja producto de las donaciones y aportes que recibe (4) – en primer lugar de la Fundación Ford- la convirtieron en una ONG de significativa importancia , hecho que no pasó inadvertido para el matrimonio Kirchner que a partir del 2003 adoptó a Horacio Verbitsky como relevante asesor extraoficial, medida a través de la cual logró que el periódico “Página 12 se convirtiera en un disciplinado medio de apoyo a la política gubernamental y virtual vocero oficial de la misma ( mérito por el cual recibe el mayor porcentaje de la propaganda oficial). Puede afirmarse que desde el comienzo de la gestión Kirchner, Verbitsky se ha convertido en el verdadero mentor de la política de Defensa y junto a la gestión de la ministra Garré, han llevado a las FFAA a un nivel de desarticulación y reducción que la ubican a la cola de los países de la región y colocan a la Argentina en un estado de indefensión ante ataques armados en, o a su territorio.
Un hecho destacable por lo inédito en tal sentido lo constituye la intromisión de este personaje en el delicado tema del Personal Militar. El CELS, a través de Verbitsky, revisa los legajos del personal militar (que son trasladados a sus oficinas, sin que se hayan producido oposiciones ni protestas de los respectivos Jefes de Estados Mayores), los compara con su base de datos y dictamina quién sí y quién no continúa en funciones o es ascendido, de acuerdo a su mayor o menor actuación durante la Guerra Contrarrevolucionaria, así se trate de la conducta de los mismos calificados como la seguida por sus padres en el pasado(eliminación por portación de apellido). Es decir que el CELS dispone de la “bolilla negra”.
Con repasar someramente el curriculum de Verbitsky cabría recordar aquel dicho que expone los riesgos de… “poner al zorro al cuidado del gallinero”.
¡Ah! Nos olvidábamos de algo fundamental para destacar la ecuanimidad del CELS en el tratamiento de estos asuntos: Jamás hizo oír su voz de repudio o pedido de justicia ante los miles de muertes y secuestros perpetrados por las organizaciones subversivas terroristas, pese a que el primer objetivo que expresa esta ONG en su presentación oficial dice: “Denunciar violaciones a los derechos humanos”.[1]
(1) Nacido en 1939, Abogado , durante la década del 70 se desempeñó como defensor de terroristas- Como periodista militante dirigió el semanario “Nuevo Hombre “- Miembro del PRT-ERP y hombre de confianza de Santucho, fue comisionado por éste para iniciar una campaña en Europa a favor de las organizaciones guerrilleras.- Salió del país en 1974 y fundó en Francia la “Comisión Argentina por los Derechos Humanos” (CADHU) donde permaneció hasta 1983 haciendo presentaciones en organismos internacionales en las que formulaba denuncias contra el gobierno argentino.-Después de esa fecha participó en numerosas misiones internacionales como asesor en DDHH (África ,El Salvador, Etiopía, Bolivia, Sierra Leona). En julio 2003 nombrado Jefe de Gabinete de la Secretaria DDHH de la Nación y a partir del 30 de junio de 2005 pasó al cargo de Subsecretario de la gestión de Eduardo Luis Duhalde.- El 15 de noviembre de 2003 reivindicó la acción armada del PRT-ERP durante los gobiernos de Perón y Ma. Estela Martínez (testimonio ante el Archivo Oral de Memoria Abierta). Ocurrida la “Masacre de Pando” (Bolivia – Sep. 2008) gestada por el vicepresidente García Linera para inculpar y encarcelar a los alcaldes autonomistas (Prefecto Fernández), Unasur lo designó para levantar un informe sobre lo ocurrido en el cual vertió datos falsos para inculpar a los opositores de Evo Morales y exonerar a éste de toda responsabilidad que le cabía. La Unión de Organizaciones Democráticas de América (UNOAMERICA) envió representantes propios a Bolivia que constataron la falsedad del informe de Mattarollo, y su complicidad con el régimen boliviano, más tarde presentó denuncia pública contra el gobierno de Evo Morales por delitos de lesa humanidad, que luego oficializó ante la OEA (marzo de 2009) Ese fracaso de Mattarollo, sumado a las denuncias de ex miembros de las FARC que relataron sus estrechas relaciones con el alto mando de la organización terrorista colombiana (“Manos para la Paz” diciembre 2008), más la confirmación de esos datos al analizarse el contenido de las computadoras de Raúl Reyes, determinaron que presentara su renuncia como Subsecretario de DDHH. No obstante se lo mantiene como “asesor permanente” de dicho organismo. En septiembre de 2010 Néstor Kirchner, como Secretario de Unasur, lo designó a cargo de la Secretaría Permanente de Unasur en Haití.
(2)Para esa fecha (en Argentina regía el gobierno de Ma. Estela Martínez de Perón y la triple A estaba en su apogeo) se habían radicado en Suecia gracias a la ingenua generosidad de Olaf Palme: 400 desertores del Ejército USA (entre ellos 23 de Vietnam) 4410 argentinos, 397 Bolivianos, 492 Brasileños, 2411 Chilenos, 344 Colombianos, 214 Peruanos y 732 Uruguayos. Fuente: Terrorismo, La Red Internacional, Claire Sterling- Ed. Lasser Press.
(3)Abogado. En 1968, su estudio de la calle Rodríguez Peña al 200 era “un polo nacionalista revolucionario” (libro “Galimberti” de Larraquy y Caballero).A principios de los 70, Santucho lo contrató para defender al erp porque, le expresó que se iba a iniciar una guerra donde había que preparar los defensores (libro “Todo o nada” de María Seoane). En 1972 recibió en Chile a los terroristas escapados de Rawson. Como director de la revista “Militancia”, junto con Ortega Peña –asesinado por la “Triple A”- instigaba y hacía apología de las acciones terroristas, incluyendo dichos como:”sólo la guerra del pueblo salvará al pueblo”, “eliminar de esta tierra la raza de los explotadores”, etc. En 1976 se exilió a España y fue uno de los principales dirigentes que organizó las denuncias internacionales contra el país estructurando y coordinando una gran cantidad de organismos de denuncia de DDHH en Europa. Volvió al país en 1983 para seguir activando política e ideológicamente y comenzó a organizar junto con el CELS de Verbitsky toda la estructura jurídica-política para eliminar las leyes de “Punto final” y Obediencia debida” a fin de poder juzgar y condenar a todos los niveles de cuadros de las FFAA, de Seguridad y Policiales. En 1986, participó en Managua junto con Gorriarán Merlo del lanzamiento del Movimiento Todos por la Patria(MTP) que será quien ataque al RI Mec.de la Tablada.(libro “Memorias” de Gorriarán Merlo).Fue profesor de la UBA y hasta 2003 fue juez de Cámara de los Tribunales Orales, cargo al que renunció para participar de la campaña de Kirchner. .
(4)Según su propia página de Internet, el CELS señala la evaluación de su financiamiento en los últimos 10 años que parte de 521.839 dólares anuales para el 2001 y se remonta a 1.245.973 dólares anuales para el ejercicio 2010.Es interesante observar que el abultadísimo porcentaje de ese monto proviene de Estados Extranjeros (agencias y embajadas), Fundaciones extranjeras y Organismos Internacionales.
Ver. www.cels.org.ar
Presentación, Recursos, Apoyan al CELS, Finanzas, Alianzas y redes, etc.
(5)Fuente: Carlos Manuel Acuña, “Verbitsky, de la Habana a la Fundación Ford”, Ed. Del Pórtico.
Argentina Inedita
