Por Natasha Niebieskikwiat
-Derechos Humanos de la Nación administra el registro que acaba de crearse para que los venezolanos denuncien abusos del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué obtuvieron hasta ahora en las citas que hubo?
-Recabamos testimonios en Buenos Aires como en el interior. Tenemos testimonios ya sobre falta de medicina, y alimentos, pero también víctimas y testigos de prisiones en prisiones y organismos de inteligencia. Asesinatos también. La gente tiene que confiar. Somos optimistas y creemos que vamos a extender el plazo para recibir denuncias. No existe en ninguna parte del mundo un registro así.
-Otra cuestión que surgió en los últimos días es la adenda que negocian con los británicos al acuerdo que se hizo para identificar a los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, que no lo estaban, desde 1982.
-El Plan Proyecto Humanitario es sin duda uno de los hechos por los que este Gobierno va a ser recordado. Tenía por objetivo identificar a los héroes de 121 tumbas que al final dieron con 122 cuerpos allí. Hoy tenemos 114 identificados. Por otra parte tenemos un universo mayor de familiares que dieron su ADN para identificar a sus seres queridos. Pero hay al menos cuatro tumbas en las que faltaría determinar quiénes son los que están enterrados allí. Eso, con los ADN que ya tenemos, podría completar la información. Esta adenda ya fue conversada con el embajador británico Mark Kent. Tenemos la esperan-za de resolver las cuestiones mayores antes de que finalice está gestión. Igualmente tiene que ser refrendado por las familias.
-En los últimos meses surgieron reclamos de indemnizaciones de las fuerzas de seguridad que fueron víctimas del accionar de la guerrilla y cuestionamientos a las que recibieron las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Qué opina?
-El tema de las indemnizaciones despierta curiosidad en muchos, y obviamente sospechas, en el marco de todo el universo de corrupción que día tras día se va despertando o conociendo de la gestión anterior. Y este es un tema tan sensible, donde se manejó muchísimo dinero, con un universo de beneficiarios muy alto. En este momento tenemos una denuncia formal presentada ante la Justicia por Jovina Luna (hermana de un conscripto muerto en el ataque de un comando de Montoneros al Regimiento 29 del Ejército en Formosa, en 1975). Ella reclama una ley reparatoria hacia los familiares de los soldados que defendieron la institucionalidad, y por otro lado reclama por qué se les pagó indemnización a aquellos que se levantaron contra el orden institucional. Yo creo que es legítimo el reclamo de que aquellos que murieron defendiendo la Patria, la institucionalidad, estando bajo el régimen de la ley obligatoria del servicio militar, debían recibir una reparación del Estado. Y es legítimo, más aun, cuando se confronta que los que recibieron sumas cuantiosas son aquellos que no por un ideal de respeto a los derechos humanos, se levantaron contra el orden constitucional, porque era el gobierno de Isabel Perón. No fue durante la dictadura militar, fue en democracia y fue contra el orden constitucional.
-De haber un nuevo gobierno de Macri, ¿existe posibilidad de que haya una ley reparatoria para las fuerzas de seguridad?
-Estamos trabajando ahora para que haya una ley reparatoria. Hay un proyecto del diputado Arce, que venimos impulsando desde el año pasado, que nosotros como secretaría de Derechos Humanos dimos el aval, a su vez con el aval del presidente Mauricio Macri, y se está trabajando para consensuarlo, y esperamos tenerlo cuanto antes.
-¿Cuánto dinero ha dado el Estado en indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado?
-El estimado que tenemos, y que distintas fuentes coinciden, es cercano a 30.000 millones de pesos, a valor actualizado. Tenemos que recordar que hay leyes desde 1991, desde la época de Menem. Y después hubo una exageración en el gobierno de Cristina Kirchner, que fue la última ley, que habilitó a tener un resarcimiento económico a todos aquellos que demuestren haber sido privados de libertad desde 1955 hasta 1983, por cualquier causa política. Eso abrió a un universo gigantesco. Pero lo más grave, quizás, es que lo que se ha pagado, que son cerca de 30.000 millones, pero que todavía hoy tenemos en carpetas de investigación más de 27.000 expedientes, habiendo nosotros procesado ya 12.000 en nuestros cuatro años.
-¿Puede explicarlo mejor?
-De las 12 mil que procesamos nosotros muy pocas se pagaron, pero hay en curso 27.000 carpetas ingresadas en solicitudes al Ejecutivo, entre exiliados, detenidos del ‘55 al 83, pensiones. Y eso hace un número de casi 40 mil.
-El gobierno de Macri vivió siempre una “batalla campal” con los organismos de Derechos Humanos. ¿Cómo lo ve?
-Yo creo que no va a haber nada que lo mejore en tanto y en cuanto los organismos de derechos humanos sigan alineados a definiciones partidarias e ideológicas, equivocadamente para mí. Y sintiéndose los dueños de la temática de los derechos humanos. Y ahí está la cuestión. Yo participé de una reunión, la única reunión que hubo de los organismos de derechos humanos con el presidente de la Nación en Olivos , al principio de la gestión. Una reunión que propicié yo. En ese momento yo estaba discutiendo la continuidad en el cargo de quién iba a ser el presidente del Archivo de la Memoria. Y ahí dijeron “la Secretaría es nuestra y el Archivo es nuestro”. Y ahí yo les contesté “están equivocados, la Secretaría, el Archivo y todo lo que la Secretaría tiene es del Estado nacional, es de todos los argentinos”.
-¿En qué situación están las denuncias en ONU de Milagro Sala?
-Absolutamente cerrado el tema.
-De todas maneras, ella fue controvertidamente detenida…
-La primera detención fue controvertida, esto lo dijimos. Pero luego todo el proceso fue totalmente transparente. Y el cuidado de ella en detención también. Y se cumplió con todas las normas internacionales.
-¿Y hace alguna autocrítica?
-Me es difícil encontrar la autocrítica en estos casos. Fuimos totalmente abiertos al diálogo, transparentes. En el caso de Milagro Sala, nosotros accedimos con Germán Garavano y con el equipo del Ministerio a la mesa por la liberación de Milagro Sala, pusimos a disposición toda la información desde el primer día; informamos permanentemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas en Ginebra. Dimos todas las respuestas. En el caso de Santiago Maldonado (el artesano denunciado como desaparecido en una protesta contra Gendarmería en el sur que finalmente apareció ahogado en el Río Chubut) pusimos todas las respuestas que teníamos al alcance. Intentamos desde el primer día el vínculo con el hermano, que fue negado. Fui yo el que le dio la primera información al CELS, fui yo el que se la dio al director ejecutivo de todo lo que se estaba haciendo y a partir de ahí fue Horacio Verbitsky el que tergiversó todo y comenzó la gran pelea.
-¿Pero no fue un error querer levantar el 24 de marzo como feriado?
-Eso, en su momento, sí. Evidentemente fue un error desde el punto de vista de que no fue consensuado ni fue dialogado. Independientemente de las posiciones que cada uno tengamos. Yo en ese momento manifesté que entendía que en el 24 de marzo era mucho más saludable tener a los chicos en las escuelas y hacer actos de homenaje, a que sea un día donde la gente se lo toma porque es un feriado puente, de vacaciones. Pero son posiciones, y esto se podía haber discutido. Sí, en el manejo fue un error.
-¿En qué estado está el caso Maldonado a nivel internacional?
-Cerrado absolutamente. Nos hace sentir muy orgullosos. Y dicho en la boca de Bachelet, en la reunión privada que tuvimos días atrás, antes de que ella diera el informe que hizo sobre Venezuela.
-Hay temas pendientes de derechos humanos en Argentina más allá de la dictadura militar, las condiciones carcelarias por ejemplo. ¿En qué está eso?
-Este tema lo hablamos puntualmente con Bachelet en Ginebra. Le dije “tenemos un problema”. Tenemos un problema de cárceles, un servicio penitenciario obsoleto, edificios de más de 100 años sin cuidado durante añares, la superpoblación que existe y que tiene que ver por un lado con el mayor trabajo de la policía, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado con los problemas de la Justicia, que tiene que ver con las prisiones preventivas excesivas. Pero hay muchísimo trabajo que se está haciendo. Recorremos las cárceles, logramos que el Congreso conforme un mecanismo de prevención de la tortura, que es el que recorre y puede dar testimonio de lo que ocurre en las cárceles y sugerir medidas correctivas. La construcción de plazas carcelarias: en Mendoza, en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires, la cárcel modelo que inauguró María Eugenia Vidal para los presos jóvenes y los que están a punto de salir. El tema carcelario fue abandonado durante décadas por la Argentina, igual que por toda Latinoamérica. No es algo que atrae votos, esto está claro, pero es una imposición moral que este gobierno se puso de entender la situación y trabajar en función de mejorar esa situación. Ahí también entra la discusión que tiene que darse de las prisiones domiciliarias, que es el cumplimiento de la ley, también: que las personas mayores de 70 años o estado de salud quebrantado tienen que tener el derecho a la prisión domiciliaria sin excepción.
-¿Se refiere a militares con juicios de lesa humanidad con más de 70?
-Sí.
-¿Usted ha sido un dirigente importante en la comunidad judía, cree como se ha dicho que declarar a Hezbollah entre los grupos terroristas fue un acto electoralista?
-No, no es un acto electoral. Yo creo que las medidas hay que tomarlas. Creo que es importante cuando se determinan, la denuncia del embajador de Israel es clara: cualquiera podía enarbolar una bandera de Hezbollah acá en Argentina, cualquiera podía enviar plata libremente a Hezbollah para financiarlo. Tiene que ver con un tema de educación cívica.
Clarín
No hay comentarios:
Publicar un comentario