LA CAMARA DE SENADORES APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DEL DÍA DEL PADRE (24 DE AGOSTO)

Con media sanción pasó a la Cámara de Diputados para que se convierta en Ley.

Desde hace aproximadamente quince años la Fundación Marambio esta bregando para que se establezca el día 24 de agosto como fecha oficial para celebrar el Día del Padre, en homenaje al General D. José de San Martín, propiciando distintos proyectos de Ley que nunca fueron aprobados.

Estas propuestas fueron siempre apoyadas con toda la información que tenemos al respecto por nuestra página www.diadelpadre.org y publicaciones en nuestros Boletines de Noticias mensuales, en este año en los de junio y de agosto, que lo pueden ver haciendo clic a continuación: www.marambio.aq/infoprensa/junio2017.html (titulo 6) y www.marambio.aq/infoprensa/agosto2017.html (titulo 9), respectivamente.

Esta vez, sin nuestra intervención o quizás influidos por tantos años bregando para conseguir esa Ley, la Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción a este proyecto de ley que lo establece, pasando con media sanción a la Cámara de Diputados de la Nación; esperamos que esta vez sea aprobado.

Ahora, el proyecto impulsado, primero por separado y luego unificado, por los Senadores mendocinos Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (FpV) será tratado en la Cámara de Diputados para convertirse o no en ley.

En sus artículos, establece el 24 de agosto de cada año como Día del Padre "en honor a la fecha en que el General José de San Martín se convirtió en tal" y que "se celebrará cuando la misma coincida con el día domingo, o en su defecto, el domingo posterior de cada año calendario".

La fecha del Día del Padre, que se conmemora actualmente, desde el año 1966 en casi la totalidad de nuestro país, es el tercer domingo del mes de junio, en reconocimiento a un padre norteamericano, cuando el presidente de los EEUU Lyndon Johnson lo instauró en su país y los Argentinos lo adoptamos, en lugar de conmemorarlo el día 24 de agosto, como ya está establecido a nivel nacional desde el año 1956, en homenaje a un padre argentino, el Padre de la Patria, General José de San Martín; en el día del nacimiento de su hija Merceditas.

Hace varios años en la República Argentina, según el expediente 84056/56 del 22 de Octubre de 1956, el Concejo Nacional de Educación, había resuelto oficialmente instituir en el calendario escolar el Día del Padre, disponiendo que se conmemore el día 24 de agosto en todos los establecimientos educacionales del país, pero por presiones de interés económico nunca se ejecutó.

Sólo en las escuelas de la provincia de Mendoza, se mantuvieron fieles al Libertador al celebrarlo y es la única provincia que lo hace en esta fecha, de acuerdo a lo establecido por Ley 5131/87, reglamentado por Resoluciones 316/2000 y 774/2001, además el Honorable Concejo Deliberante del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires por Resolución (expediente 394-CC-2008) instituyó que en todo el territorio de ese partido el día 24 de agosto de cada año, como Día del Padre Argentino.

Texto del nuevo Proyecto de Ley aprobado por el Senado, haga clic AQUÍ.

SI CAMBIEMOS FUERE EJEMPLAR…

El cuadro de situación exige reformas, cambios, modificaciones y transformaciones. Si algo es irrefutable, eso es que así no se puede continuar. Las mutaciones son ineludibles. Está comprometido el futuro común.

Por Alberto Asseff

La decadencia argentina es una realidad que todos sufrimos, más allá de estadísticas. En 1960 por caso Corea del Sur tenía un ingreso per cápita de us$944 y nosotros seis veces más, con 5.605. En 2016 ellos tienen un índice de 25.458 y nosotros de 10.148. En medio siglo, Corea del Sur creció 26 veces y nosotros no llegamos a duplicar nuestros bienes. Por eso muchos de los hijos argentinos de los más de 50 mil coreanos residentes se van a vivir y trabajar en Corea, aunque con añoranza por su país natal, el nuestro. 

Mil datos podrían consignarse. En 1910 la Argentina tenía mayor alfabetización que Italia, España, Grecia, Japón, Corea, China, Portugal y cien países más. Hoy el 50% de nuestros alumnos secundarios deserta y el 65% tiene serios problemas en lengua y matemática. Sólo el 15% de las escuelas bonaerenses tienen doble jornada, en contraste con Japón, China o Corea que la poseen extendida, con altísimos rendimientos.

Un cuadro de situación como el apenas boceteado exige reformas, cambios, modificaciones y transformaciones. Si algo es irrefutable, eso es que así no se puede continuar. Las mutaciones son ineludibles. Está comprometido el futuro común. 

O hacemos otro país o el que tenemos experimentará una penosa agonía. Pero no la lucha por mejorar, sino la de tratar de estirar un tiempo adicional su declinación inexorable.

Podremos debatir si el déficit fiscal lo debemos bajar drásticamente o de modo gradual, pero lo incontrovertible es que hay que reducirlo. Lo mismo con la inflación, la presión tributaria, la litigiosidad laboral, la corrupción, la burocracia, incluida la judicial, el unitarismo o centralismo, la concentración de la población en el AMBA y en el Gran Rosario, Gran Córdoba y otras megalópolis provinciales que replican localmente la deformación demográfica que padece la Nación. 

Y hay que modificar la política electoral con su anacrónica papeleta impresa por cada partido, una invitación al fraude. No puede ser que estemos en estado de elección permanente, en una campaña interminable. Así no se puede gobernar.

Habría que ser más audaz y por citar una medida transformadora, deberíamos crear, como lo hizo China con Deng, hace cuarenta años, Zonas Económicas Especiales que impulsadas por la desgravación impositiva y otras desregulaciones se erijan en receptoras de inversiones tecnológicas, industriales y de servicios produciendo una formidable expansión. 

Hoy Paraguay lo está haciendo en Ciudad del Este, en la Triple Frontera, que potencialmente absorberá a la economía misionera y del nordeste argentino.

No se trata de reproducir el esquema de promoción de Tierra del Fuego, razonable desde lo geopolítico, pero deficitario en lo financiero. Lo que se propone es una economía expansiva en la generación de puestos de trabajo y de bienes competitivos y transables en el exterior, además del mercado interno. No armaderos, sino fábricas que empleen el conocimiento. El resultado debe ser cuadruplicar el PBI en 30 años.

No es admisible que discutamos sobre el régimen previsional sin previamente sincerarnos y coincidir todos que la relación 1,1 trabajador registrado activo por 1 jubilado es absolutamente insostenible. Hay que acotar ese ominoso 40% de trabajadores en negro y es menester agregar valor a la labor, único modo de que suban los salarios y con ello los aportes al sistema de retiros.

Los cambios requieren promover ideas y decisiones contraculturales. La principal, no puede ser que recelemos de la economía privada y que depositemos todas nuestras expectativas en las políticas públicas. Éstas son fundamentales para morigerar inequidades, brindar igualdad de oportunidades, corregir abusos, combatir los monopolios, orientar la inversión y cien estrategias más. Pero jamás el Estado podrá suplantar a la iniciativa privada, motor propicio de la prosperidad de una nación. 

El Estado, por caso, debe estimular la Investigación, pero si las empresas privadas no hacen lo suyo nunca podremos avanzar tecnológicamente.

Debemos hablar con franqueza, el capitalismo de Estado se desplomó con la caída del Muro de Berlín en 1989. Esto debe internalizarse en la conciencia de nuestra nación si es que aspiramos a desarrollarnos.

Ciertamente para ese colosal objetivo de cuadruplicar en tres décadas nuestra economía son necesarias varias premisas. Una ya la dijimos. Otra es que existan Políticas de Estado en las áreas básicas. La tercera es que el Cambio sea protagonizado por una coalición de partidos y dirigentes independientes que exhiban una conducta ejemplar. Que no haya la más mínima suspicacia de conflictos de intereses ni de enriquecimiento ilícito.

La confianza en nosotros mismos nos devolverá el esplendor y las expectativas de hace un siglo. La confianza en nuestros dirigentes hará el resto. No el milagro, sino lo que la Argentina ya supo hacer. Nuestra misión es renacer para volver a ser la luz del sur hemisférico.

Alberto Asseff
Diputado nacional mc y diputado del Mercosur
Presidente nacional del partido UNIR

SAQUEOS Y VENTILADORES

Las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza se seguirán poblando de delincuentes como los descriptos, pero no podemos ni debemos resignarnos a que ése sea el único costo que deberán pagar.

Por Enrique Guillermo Avogadro

"Un verdadero príncipe, un gobernante que se precie de tal, debe ofrecer la vida antes que entregar la dignidad de sus súbditos y la suya propia"

Federico Andahazi

Ninguno de nosotros -a esta altura, ni siquiera el 20% que la votó en todo el país en octubre- considera a Cristina Elisabet Fernández una verdadera princesa, ya que ha dado acabada pruebas de privilegiar sólo su interés, personal y pecuniario, antes que los de la Patria o, inclusive, a su partido político y, menos aún, que los de quienes robaron para la familia Kirchner durante décadas, en la Provincia de Santa Cruz y en todo el país más tarde.

La Argentina, más allá de los inesperados y exitosos acuerdos que consiguió suscribir el Gobierno el jueves con los gobernadores y con la CGT, está inmersa en una situación económico-financiera sumamente complicada: necesita endeudarse en el exterior para sostener el imprescindible gradualismo (30% de los habitantes son pobres) en el ajuste por la debilidad del ahorro interno, tiene una de las más altas tasas de inflación del mundo, para intentar controlarla el Banco Central sube las tasas de las LEBAC a límites enormes, la presión impositiva es desmesurada, el costo laboral y previsional nos impide ser competitivos, el Estado tiene un déficit que alcanza al 10% del PBI, el colapso de la infraestructura vial y ferroviaria incide gravemente en los costos internos, y sobran en todas las administraciones públicas más de un millón de empleados, a los que no se puede despedir mientras no haya quien los absorba.

Ese panorama, como es lógico, está incidiendo en la falta de inversiones genuinas, esas que inocentemente esperabamos como una lluvia. Sin ellas, resultará imposible que la Argentina crezca a un ritmo que le permita reducir el porcentaje de deuda en relación al PBI, colocando al país en una zona de gran vulnerabilidad ante la eventual aparición de "cisnes negros" en el mercado internacional; el default de Venezuela, ¿será uno de ellos?

Ante esa combinación de factores negativos me pregunto cuánto ha incidido en ellos la feroz rapiña a que fue sometida la Argentina durante los últimos años. Si recordamos que durante la década pasada ingresaron en las arcas públicas nada menos que US$ 970 mil millones, y que el país quedó en ruinas, tendremos al menos una respuesta parcial. Sería suficiente pensar cuánto nos costó la ambición de Néstor Kirchner de quedarse con YPF en materia de pérdida del autoabastecimiento energético y, consecuentemente, en la enorme cantidad de esenciales divisas que nos hemos visto obligados a dilapidar para importar gas y electricidad, y de perpetuarse en el poder a través del más impúdico clientelismo,

Pero no basta, porque día a día aparecen nuevos chancros expuestos que muestran hasta qué punto llegó el saqueo. Veamos algunos ejemplos que permiten una aproximación: los fondos desaparecidos de Santa Cruz; la mina de carbón de Río Turbio; los negociados con Hugo Chávez con bonos de deuda argentina; los inexistentes caminos y centenares de propiedades a nombre de Lázaro Báez; la venta fraudulenta de dólar futuro; el lobby de las constructoras encabezadas por Skanska y Odebrecht; la explosión del juego y la tolerada evasión impositiva de Cristóbal López; la penetración del narcotráfico gracias a la sociedad con Cristina y su gerente Anímal Fernández; los US$ 50 millones en propiedades en Miami del "valijero" y secretario presidencial Daniel Muñoz; "Sueños Compartidos" y la Tupac Amaru; Fútbol para Todos; los sobreprecios en los cargamentos de gas licuado; el enriquecimiento de Ricardo y Pablo Barreiro, Osvaldo Sanfelice y Martín Aguirres; el negociado de Ciccone; las cadenas de hoteles de los Kirchner y Relats; Rudy Ulloa Igor y su transformación de cadete en empresario de multimedios; la apropiación de tierras fiscales en Calafate; la malversación de subsidios en la Secretaría de Transportes (colectivos y ferrocarriles) y en el INCAA; el brutal incremento de la pauperización y su consecuencia en el crecimiento de los asentamientos y villas de emergencia; el latrocinio en el PAMI y en IOMA; las cajas fuertes de Florencia Kirchner; las montañas de dinero pesadas en "La Rosadita"; el gran abanico de medios de prensa sostenidos exclusivamente por la publicidad oficial; la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; los viajes de personajes en aviones privados y el transporte de diarios y medialunas a Río Gallegos en los Tango; etc., etc..

¿Cuál fue el costo para el país de la disparatada guerra contra el campo que abortó por el voto "no positivo" de Julio Cobos? ¿Cuánto se robó con las indemnizaciones a los terroristas y a sus familiares? ¿A cuánto alcanzan los saldos de las cuentas de Cristina y su familia en las islas Seychelles y otros paraísos fiscales? ¿Cuánto nos costó y qué objetivo real tuvo la expedición de Guillermo Moreno a Angola?; ¿fue, como creo, para cambiar las montañas de billetes de ? 500 que juntaba Néstor, para acariciarlos y entrar en éxtasis, por diamantes africanos? Sin duda, otra vez estamos hablando de miles de millones de dólares.

Tal como algunos suponían y pocos esperaban, la sucesión de prisiones preventivas decretadas contra ex funcionarios de primer nivel del kirchnerismo ha provocado pánico entre los afectados, en especial porque el ánimo de todos ellos se vio francamente perjudicado por la falta total de solidaridad de la "noble viuda"; en la medida en que varios de quienes ahora viven atrás de las rejas han involucrado -como lo hizo ella misma- a sus propios hijos en la comisión de un sinnúmero de delitos gravísimos (lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude y complicidad en la corrupción, etc.), la preocupación de cada uno se ha incrementado exponencialmente.

Ya vimos "arrepentirse" a personajes menores como Leonardo Fariña y Federico Elaskar, pero ahora se han sumado Alejandro Burzaco y Alejandro Vanderbroele, que han comenzado a hablar de los negocios de Cristina y su hijo Máximo, de Amado Boudou, de Ricardo Echegaray, de Juan Manuel Abal Medina, de Gabriel Mariotto, de Julio Grondona y de Gildo Insfrán. Julio de Vido amenaza epistolarmente contar lo mucho que sabe y, seguramente, lo seguirán Lázaro Báez, tan pronto la remolona Justicia se lleve puestos a sus hijos, y Luis D'Elía y el propio Anímal Fernández, transformados en las más llorosas viudas de don Néstor. En esta materia, todo lo que leemos diariamente en la prensa no ha hecho más que empezar, y en Comorodo Py, con el despido de Eduardo Freiler, se respira un aire levemente más puro.

Con certeza, las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza se seguirán poblando de delincuentes como los descriptos, pero no podemos ni debemos resignarnos a que ése sea el único costo que deberán pagar. Es imprescindible que devuelvan las inmensas fortunas que han robado, para que sirvan para paliar, al menos en parte, el monumental daño que su accionar ha generado en términos de pobreza, miseria y costo argentino. De acuerdo con la definición del Tratado de Roma, el kirchnerismo cometió un verdadero genocidio, como bien saben los qom y los wichis.

En estos días, está circulando por las redes una versión que atribuye al insólito e inexplicable viaje a Europa de Alicia Kirchner, Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, que se encuentra en crisis terminal, el propósito de buscar y negociar asilo político para su cuñadísima y sus hijos. Estoy convencido que se trata de un disparate, toda vez que hoy ningún país otorga protección a los acusados de corrupción; Alberto Fujimori, ex Presidente del Perú, fue extraditado por Japón, pese a ser ciudadano también de ese país, y hoy se pudre en una cárcel de Lima.

Las excepciones, claro, son los falsos paraísos comunistas de Venezuela y Cuba, pero no me parece que, con las veleidades que la caracterizan, Cristina se muestre proclive a residir en ellos, donde le resultaría imposible exhibir sus joyas y sus exclusivas carteras Louis Vuitton.

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

QUE DEVUELVAN LO ROBADO

Urge que los jueces cuenten con la ley de extinción de dominio para castigar a los funcionarios que cometen ilícitos y lograr que el dinero del Estado vuelva a él.

Son cada vez más comunes en numerosos países las noticias vinculadas con la recuperación, por parte de los Estados, de dinero y bienes obtenidos como producto de la corrupción. Leyes nacionales y convenios internacionales permiten cada vez más "recuperar lo robado", como bien ha dicho la diputada Elisa Carrió, autora de uno de los proyectos presentados en ese sentido en la Cámara baja.

Recuperar lo que le ha sido robado al propio Estado, o sea, a cada uno de los ciudadanos que lo componen, le permite a éste volver a direccionar esos recursos a los fines de su propia existencia. Entre ellos, educación, seguridad y justicia.

En nuestro país, la denominada ley de extinción de dominio y repatriación de bienes dio su primer paso el año pasado cuando Diputados, con una amplia mayoría de legisladores, aprobó un proyecto que sintetizó varias iniciativas.

Esa sanción de Diputados fue fuertemente criticada en la Cámara alta, que emitió su propio dictamen modificatorio del proyecto. Su tratamiento, sin embargo, nunca llegó a ese recinto. Para que se convierta en ley, la Cámara baja debería aceptar los cambios que eventualmente introduzca el Senado o bien insistir en su sanción original mediante una mayoría especial de votos.

Por otro lado, diversos especialistas que destacan la inestimable ayuda que proporcionará a jueces y fiscales la ley de extinción de dominio, alertan que ya existen en el país dos disposiciones que bastan para actuar de inmediato en casos de corrupción de funcionarios públicos: las leyes de responsabilidad del Estado y de administración financiera del Estado.



Es más, amparada en la legislación en vigor, la diputada nacional electa Graciela Ocaña anunció que solicitará en lo inmediato a la Justicia el embargo de la sucesión de Julio Grondona, en la sospecha de que su patrimonio es producto de fondos ilícitos.

El caso de los bolsos con millones de dólares que intentó ocultar el ex funcionario kirchnerista José López en un seudoconvento de General Rodríguez fue el disparador determinante y, al mismo tiempo, el más grosero para que la Cámara baja decidiera avanzar sobre la extinción de dominio. Impulsaron el proyecto en esa instancia el bloque Renovador, acompañado por el oficialismo. En cambio, el Frente para la Victoria se opuso y hubo unas pocas abstenciones.



Entre otras cuestiones, aquel proyecto -una norma de carácter civil, no penal- contempla tanto los bienes ubicados en el país como en el exterior, sin fijar plazo de prescripción para la extinción de dominio; esa figura se diferencia de la de decomiso, que cuenta con limitaciones marcadas, y la extiende a los delitos de corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, asociación ilícita y secuestros extorsivos, entre otros. Sin dudas, el objetivo final es garantizar la transparencia de las instituciones y contar con más mecanismos ágiles para que los delincuentes reciban su debido castigo y los bienes sean restituidos a sus verdaderos dueños, o sea, todos los contribuyentes.

Una de las mayores críticas que un plenario de comisiones del Senado realizó a la sanción de Diputados fue, precisamente, que el hecho de que apuntara sólo a lo civil volvería la ley inconstitucional, en el entendimiento de que, si no existe una sentencia penal, el decomiso de dineros y bienes no es posible.

Por esa razón, el dictamen al que arribó un plenario de comisiones de la Cámara alta después de haber escuchado la opinión de numerosos especialistas fue que la extinción de bienes provenientes de actos ilícitos se realizará en el fuero penal. Se acordó, además, que el procurador del Tesoro de la Nación será quien vele por la defensa de los bienes que retornarán al Estado como producto del narcotráfico y de otros delitos complejos; la forma de administrarlos y la restitución de los que correspondan a la persona que finalmente resulte absuelta por inexistencia de delito.

La permanencia de la extinción del bien en el fuero penal fue fundamentada por los senadores en que son dichos magistrados quienes resuelven causas de esa naturaleza y quienes conocen sobre delitos complejos.

Respecto de la figura del arrepentido, también existieron fuertes cuestionamientos. Se trata de un instituto que existe desde la década del 90 para casos de narcotráfico, pero cuya aplicación hasta el momento no ha resultado como se esperaba. En el Senado se ha llegado a decir, incluso, que el proyecto de extinción de dominio sancionado por Diputados era un "mamarracho", una iniciativa "inaceptable, que viola los principios de igualdad, de culpabilidad y de inocencia". El debate senatorial sobre esa ley entonces se empantanó. Y ya ha pasado más de un año sin que se pueda avanzar en la discusión de cuáles serán las mejores herramientas para concretar el aporte institucional más acabado a la transparencia, una meta tan declamada, pero sobre la que no se han dado aún todos los pasos que se necesitan.



En las últimas semanas venimos observando una aceleración judicial en causas por corrupción que, por diversas cuestiones, venían siendo demoradas. Es necesario que los jueces cuenten también con los instrumentos para poder quebrar el pacto de silencio con el que se maneja el crimen organizado y, luego, disponer de la restitución de lo robado. Quebrar la omertá entre los delincuentes es el punto de partida para avanzar en las investigaciones, pero hace falta más.

La propia sociedad civil viene reclamando, en los más variados ámbitos, transparencia. Han existido peticiones públicas por la sanción de la ley de extinción de dominio, como la que en su momento se abrió en la plataforma change.org. Las urnas también han hecho sentir su reclamo de ética. Los legisladores deberían retomar el debate, acercar posiciones y sancionar la ley más adecuada para que, en nuestro país, quien roba al Estado no salga impune y para que lo robado sea destinado a los fines a los que siempre esos dineros debieran ser asignados.

Editorial La Nación

COMO FUE EL COMIENZO DE LA LUCHA CONTRARREVOLUCIONARIA CON MÉTODOS ILEGALES

…Finalmente las leyes enmudecieron cuando en 1973 la sociedad argentina a través de sus legisladores, resolvió considerar actos lícitos de resistencia a la opresión a verdaderos crímenes de lesa humanidad, quebrando así un orden de valores que es el sostén del derecho… “Donde callan las leyes hablan las armas”. Del Epílogo del libro Definitivamente Nunca Más del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) en marzo de 1985.
   

El mismo día de su asunción como presidente Cámpora emitió el Decreto 11/73 mediante el cual liberó a todos los terroristas sentenciados y en proceso. Dos días después el Congreso de la Nación dictó una “Amnistía amplia” para convalidar ese hecho consumado (Ley 20.508 del 27 de mayo de 1973). En forma simultánea disolvió la Cámara Federal en lo Penal, cuya efectividad en la lucha jurídica contra el terrorismo había producido logros evidentes y derogó la totalidad de la legislación antisubversiva. Automáticamente los nueve jueces y tres fiscales que la componían fueron cesanteados, mientras que el personal administrativo que la integraba fue redistribuido a los destinos menos deseables del Poder Judicial.

Casi en forma inmediata comenzó la intimidación y persecución contra los magistrados. El primero en sufrir un atentado fue el ex juez Carlos Malbrán, ametrallado en ambas piernas en la puerta de su casa logró regresar a la misma y refugiarse, con lo que salvó milagrosamente su vida. 

La siguiente víctima fue el juez Jorge Quiroga quien, el 28 de abril de 1974 resultó asesinado por dos guerrilleros montados en una motocicleta quienes, a poco de salir de su domicilio, subieron a la acera y le dispararon a su espalda dejándolo sin vida.

El tercer intento de asesinato lo sufrió el ex juez Eduardo Munilla Lacasa quien salvó su vida gracias a una aguda percepción y rápida reacción cuando, al detener su coche ante las barreras bajas del Ferrocarril en un paso a nivel, notó que el auto a sus espaldas estaba tripulado por tres individuos con armas largas. Se bajó de su auto en forma inmediata, cruzó las vías y ya en el lado opuesto tomó una bicicleta de un vecino que le permitió llegar a su domicilio sano y salvo.

La cuarta víctima resultó el ex secretario general de la Cámara, Sr Carlos Bianco, secuestrado, maltratado y mantenido prisionero durante dos meses en una “cárcel del pueblo” del PRT-ERP. La secuencia e intensidad de los hechos descriptos convenció a los ex integrantes de la CAFEPE de la necesidad de abandonar el país para salvar sus vidas y las de sus familias.

Todos los miembros del Poder Judicial entendieron el mensaje mafioso y cuál sería el precio a pagar en el supuesto de intentar reflotar un tribunal como el disuelto. El tiempo de la justicia había finiquitado en la Argentina. Se daban entonces todas las condiciones favorables para que las organizaciones armadas ilegales pudieran imponer mediante el terrorismo un mayor dominio territorial sobre la base, no sólo de sus acciones criminales sino también de su presencia en todos los campos de la sociedad, corroborándose lo que decía su propaganda acerca de la “estrategia de guerra revolucionaria integral” en curso. El desgobierno anárquico duró solamente 49 días, al cabo de los cuales Cámpora renunció en forma forzada, luego de repetidos desplantes de Perón que se mostraba muy preocupado por el cariz que había tomado su gestión, inclinada peligrosamente hacia un estado de anarquía revolucionaria, fase previa a la toma del poder por las organizaciones armadas ilegales de ideología marxista. Su reemplazo provisorio –Raúl Lastiri– como Presidente Provisional impuesto por Perón tenía que cumplir dos tareas básicas: La primera, preparar la tercera presidencia de Juan D. Perón y la segunda, frenar la acción militar y política del socialismo marxista leninista aliado de organizaciones que se decían peronistas y que se mimetizaban vivando a Perón pero que en realidad luchaban por acceder al poder presionando al viejo líder para, en el corto plazo, reemplazarlo por un gobierno marxista. (Caso de Montoneros).

Tuvo entonces que reencausar la gestión de gobierno. A su llegada, Perón comenzó a tomar acciones en los dos campos citados. En la represión armada –erróneamente– impulsó los métodos violentos ilegales como fue la creación de la “Triple A”, al mismo tiempo que colocó un mando policial mucho más experimentado y riguroso como era el Comisario general Villar, además de modificar ciertas leyes penales.

En lo político aceleró la depuración de aquellos marxistas infiltrados en su movimiento rompiendo abruptamente con la organización Montoneros – su otrora “juventud maravillosa”- para recostarse en el viejo peronismo sindicalista y partidario.

Fue famosa su “Orden Reservada” del 1 de octubre de 1973 durante una reunión con el presidente provisional de la Nación, Raúl Lastiri, el ministro del interior Benito Llambí y todos los gobernadores. Iba dirigida a ”Los delegados del Movimiento Nacional Justicialista en las provincias” y suscripta por el Consejo Superior Peronista con la firma de Perón, ya presidente electo, que el diario La Opinión publicara el día siguiente 2 de octubre. El mencionado documento comenzaba con un cuadro de situación que caracterizaba como de guerra contra nuestra organización (el peronismo) y nuestros dirigentes, llevada a cabo por grupos marxistas terroristas y subversivos.



Decía más adelante: …para terminar con esa campaña, todos los grupos que adhieren al justicialismo, deben participar en esa lucha, la que será por todos los medios que consideren eficientes. El diario de referencia acotaba finalmente: …este documento constituye el punto más alto de la radicalización del proceso de depuración ideológica iniciado por el justicialismo, luego del asesinato del ex Secretario General de la CGT, José Rucci. 

La realidad fue que ya a fines de 1973 se hizo evidente la reacción contra la actividad guerrillera de izquierda por parte de algunos sectores víctimas de sus múltiples asesinatos y de otras acciones. Los sindicatos en general y los grupos peronistas ortodoxos afectados comenzaron a actuar contra los militantes, ideólogos y dirigentes de la izquierda radicalizada, así como contra sus locales y bienes.

El mencionado documento puede completarse con las palabras expresadas por el ya presidente constitucional Juan D. Perón desde la quinta presidencial de Olivos casi cuatro meses después (el día 20 de enero de 1974), ante el sorpresivo ataque a la Guarnición militar de la localidad de Azul, el día sábado 19 de enero por un grupo de setenta subversivos terroristas del PRT-ERP: Me dirijo a todos los argentinos frente al bochornoso hecho que acaba de ocurrir en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Azul donde una partida de asaltantes terroristas realizaron un golpe de mano, mediante el cual asesinaron al jefe de la unidad, Coronel don Camilo Gay y a su señora esposa y luego de matar alevosamente a soldados y herir a un Oficial y un Suboficial, huyeron llevando como rehén al Teniente Coronel Jorge Ibarzábal (1) . Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires, ante una evidente desaprensión de sus autoridades. El gobierno del pueblo respetuoso de la Constitución y la ley, hasta hoy ha venido observando una conducta retenida frente a estos desbordes que –reitero– nada pueden justificar en la situación que vive la república. Tampoco, desde nuestro movimiento, hemos querido producir un enfrentamiento, desde que anhelamos la paz y propendemos a la unión y solidaridad de todos los argentinos, hoy ocupados en la reconstrucción y liberación nacional. Pero todo tiene un límite: tolerar por más tiempo hechos como el ocurrido en Azul, donde se ataca a una institución nacional con los más aleves procedimientos, está demostrando palmariamente que estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar contra el Estado, al que a la vez se infiltran con aviesos fines insurreccionales. Nuestro Ejército, como el resto de nuestras Fuerzas Armadas que han demostrado su acatamiento a la Constitución y a la ley, en provecho de una constitucionalización, no merecen sino el agradecimiento del pueblo argentino, que frente a lo ocurrido debe sentirse herido en lo más profundo de su sentimiento patriótico. Ya no se trata sólo de grupos de delincuentes sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección foránea, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados. Es la delincuencia asociada a un grupo de mercenarios que actúa mediante la simulación de móviles políticos tan inconfesables como inexplicables.
En consecuencia, ni el gobierno que ha recibido un mandato popular, claro y plebiscitario, ni el pueblo argentino, que ha demostrado con creces su deseo de pacificación y liberación, pueden permanecer inermes ante estos ataques abiertos a su decisión soberana, y tolerar el abierto desafío a su autoridad, que pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, cada día expuesta a la acción criminal de estas bandas de asaltantes. No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible. Por lo que sería aún peor si mediara como se sospecha una tolerancia culposa. “En consecuencia, el gobierno nacional en cumplimiento de su deber indeclinable, tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar el mal en sus raíces echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios necesarios.
El Movimiento Nacional Justicialista movilizará asimismo sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en defenderla. Pido asimismo a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partida activa en defensa de la república que es la atacada en las actuales circunstancias. Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones y que es preciso destruir antes que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro.
Pido igualmente a los compañeros trabajadores una participación activa en la labor defensiva de sus organizaciones, que tanto ha costado llevarlas al momento actual de su magnífico funcionamiento. Esas organizaciones son también objeto de la mirada codiciosa de estos elementos, muchas veces disfrazados de dirigentes. Cada trabajador tiene un poco de responsabilidad en esa defensa, y espero confiado porque los conozco, que la sabrán defender como lo han hecho en todas las ocasiones. Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que pretendemos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. Sin ello, ni la reconstrucción nacional ni la liberación serán posibles.
Yo he aceptado el gobierno como un sacrificio patriótico y porque he pensado que podría ser útil a la república; si un día llegara a persuadirme que el pueblo argentino no me acompaña en ese sacrificio no permanecería un solo día en el gobierno. Entre las pruebas que he de imponer al pueblo es esta lucha. Será, pues, la actitud de todos la que me impondrá mi futura conducta. Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo. (Lo resaltado es nuestro).


Hemos transcrito todas las palabras del presidente en ejercicio para que el lector interprete realmente el mensaje que imponía su líder a los dirigentes políticos y sindicalistas de su partido “tomar las medidas que fueran necesarias para eliminar la amenaza descrita” acentuando lo ya expresado en la Orden Reservada del 1 de octubre de 1973. Eduardo Kimel en su libro 30 años de Historia Política Argentina 1965- 1995, Ed. SRL, Bs. As., de mayo de 1996, dice respecto a la aparición de la “Alianza Anticomunista Argentina” (las “3 A” o “Triple A”) y su vínculo con el gobierno:

El Ministerio de Bienestar Social, denominado el Ministerio del Pueblo, por su conductor López Rega, apareció como el centro orientador y organizador de la violencia. El 30 de enero de 1974, la Triple A, dio a conocer una larga lista de personalidades que, según el mismo serán ajusticiadas de inmediato en el lugar en que se encuentren. Entre ellas se mencionaban a: ex coronel Luis Perlinger, ex coronel Jaime Cesio, Hugo Bressano (a) “Nahuel Moreno”, Silvio Frondizi, Mario Santucho, Armando Jaime, René Salamanca, Agustín Tosco, Rodolfo Quieto, Julio Troxler, etc. La Triple A, había surgido públicamente el 21 de noviembre de 1973 cuando se adjudicó el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Su formación y desarrollo estaban directamente relacionados con la dirección del Ministerio de Bienestar Social que suministraba la cobertura legal y logística para el desenvolvimiento de las operaciones ilegales de la represión que se emprendieron. López Rega, que acentuaba su poder personal dentro del gabinete nacional y su influencia sobre el líder del movimiento peronista, logró estrechar los lazos del llamado entorno con la derecha sindical y política, que si bien tenían disidencias en los objetivos estratégicos y las metodologías utilizadas, reconocía las coincidencias en la definición de los enemigos comunes que había que enfrentar; la JP (Juventud Peronista), la guerrilla y la izquierda. El “lopezrreguismo”, a través de la Triple A, encaró la parte pesada de esa actividad, consistente en la eliminación física de ese enemigo.
El abogado Eduardo Luis Duhalde, un conocido marxista leninista –hoy fallecido– varios años secretario de Derechos Humanos de la Nación y quien fuera director, junto con Rodolfo Ortega Peña, de la revista Militancia, en un testimonio personal que aparece en la página 218 del libro al que nos referimos precedentemente; dice textualmente:

…Los sectores de derecha del peronismo libraron una muy cruenta batalla con la juventud y los agrupamientos y tendencia más combativas o más revolucionarias. Sobre un mismo campo político se disputó la hegemonía del movimiento y el curso futuro de esa batalla. También se buscó alinear fuerzas para decidir al general Perón –cuyo liderazgo nadie ponía en duda– hacia uno u otro lado. Pero la disputa ya estaba decidida: Perón había optado por quienes aparecían desde el vamos, controlando la superestructura política y sindical, es decir la fracción dominante, expresada por José López Rega, Rucci, Lorenzo Miguel y José Ben Gelbar entre otros. Es en este esquema, que se inscribe la aparición de la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A)…

Otra bibliografía consultada, establece que la estructura orgánica funcional de la autodenominada “Triple A” se remonta a la presidencia de Lastiri (yerno de López Rega) cuando el entonces ministro de Bienestar Social, debido a amenazas, atentados y otros hechos menores –junto con necesidades políticas propias– encargó a un funcionario de su confianza que buscara a alguien que pudiera organizar el sistema de seguridad del Ministerio. En la oportunidad habría sido requerida la colaboración de un ex Oficial del Ejército Argentino (dado de baja en el grado de Teniente, por hechos estrictamente delictivos comunes): Salvador Horacio Paino, quien en un principio realizó la tarea de organizar los distintos grupos y adjudicarle los tipos de armamento y equipo. Posteriormente, Paino, fue separado y posteriormente, nuevamente encarcelado en Villa Devoto por delitos comunes. Tiempo después escribió un pequeño libro sobre la Triple A con algunas comprobadas falsedades.

También escribieron sobre esta organización de derecha varios periodistas de izquierda, como Ignacio González Yansen, un exiliado en la década del 70. En su libro La Triple A, prologado por el conocido montonero Horacio Verbitsky, acusa a una serie de pequeñas organizaciones políticas de derecha como participantes de la organización a la que nos referimos. El nombrado González Yansen dice: La federación que agrupó a los diversos núcleos de derecha peronista (CNU, JPRA, ALN, Comando de Organización, Juventud Sindical, Agrupación 20 de noviembre, Agrupación 17 de Octubre de Bienestar Social, etc.); fue impulsado por los nacionalistas de derecha que actuaban en todos los grupos y de los que, en algunos casos, eran fundadores. La realidad –dice– fue que el ministro López Rega promovió la organización, financió y armó las fuerzas de choque que constituyeron la Triple A.
Pero la mayor parte de los recursos humanos empleados fueron proporcionados por esa federación de grupos de derecha, de extracción fascista. Antiguos militantes de Tacuara y GRN, con miembros del CNU y el Comando de Organización (C de O), a las órdenes de Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón Cena …

Lo comprobado fue que la “Triple A” y los otros grupos llamados de derecha –por actuar sobre la izquierda ideológica y revolucionaria– aparecieron como reacción a los crímenes de éstas que los afectaban y evidentemente nacieron de la Orden Reservada de 1973 de Juan Domingo Perón, quien había quedado sumamente afectado por el asesinato de Rucci y los intentos de Montoneros de disputarle el poder y heredar su organización política para imponer el socialismo. (A la muerte de Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974, Mario Eduardo Firmenich viajó a Moscú y se declaró marxista leninista). Juan B Jofre, libro Nadie fue, pág 32.


En estas instancias cuando se planteaba cómo combatir a la subversión, el gobierno de Isabel Perón, trató de reeditar la idea de constituir el Tribunal Federal (CAFEPE) y muchos fueron los sectores de su partido que se expresaron en contra, invocando su impopularidad y la imposibilidad de encontrar magistrados para integrarlo. Esto llevó a que el gobierno constitucional para luchar contra el flagelo terrorista, permitiera o propiciara el accionar de organizaciones para-policiales como la Triple A, que ya estaban actuando con la aprobación del Consejo Superior Peronista.

Estos grupos armados contra la izquierda terrorista subversiva, sobre todo al principio, actuaron anárquicamente y utilizaron procedimientos ilegales, similares a los utilizados por la guerrilla (atentados, amenazas, intimaciones, asesinatos y desapariciones). Por supuesto, en el caso de la Triple A, sus acciones también formaban parte de la lucha interna ideológica y para obtener una cuota de mayor poder dentro del partido gobernante. Seis meses después de la muerte de Perón, el 9 de enero de 1975, firmado por la presidente María Estela Martínez de Perón se promulgó el Decreto Nº 2114 creando la Secretaría Privada de la Presidencia que institucionalizaba y ampliaba los poderes de López Rega.

El 5 de febrero la Presidente, con acuerdo general de sus ministros firmó el Decreto Ley (S) Nº 261 ordenando al Ejército Argentino, con apoyo de otras fuerzas, entrar en Operaciones en Tucumán contra la guerrilla rural del ERP que accionaba desde hacía más de un año en la zona del Aconquija y aledaños, incluyendo la capital, San Miguel de Tucumán. 

Al asumir como comandante de la Quinta Brigada de Infantería y a la vez comandante de la Zona de Operaciones en Tucumán, el general Adel Vilas manifestó: Juro que los exterminaremos (a los guerrilleros y terroristas) con métodos convencionales y no convencionales. (Conferencia: “Persecución de la Justicia federal a las FFAA” en la Asociación Unidad Argentina - AUNAR, dada por el Dr. Florencio Varela el 30 de septiembre de 2003). Es de hacer notar que ninguno de los tres poderes que constituían el gobierno constitucional cuestionó esos dichos públicos.

Esta aseveración se está refiriendo a la doctrina inscrita en los reglamentos del Ejército Argentino que determinaban los procedimientos de combate a utilizar contra fuerzas irregulares, contra elementos subversivos y/o contra guerrillas, documentos de carácter público que eran aprobados por la máxima autoridad militar en uso de sus responsabilidades delegadas por el Poder Ejecutivo. Tales procedimientos en el caso de los llamados partisanos (combatiente que oculta la condición de tal; no usa distintivos ni uniformes y no porta sus armas al descubierto: reglamento RV 136-1, vigente a partir de 1968) así como las leyes del Derecho Humanitario –Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949– expresan, que ese personal no tendrá el derecho de ser considerado prisionero de guerra por lo que no tendrá el tratamiento pertinente al llamado Derecho de Guerra.



El año que más crecieron las organizaciones terroristas subversivas fue 1975 (a pesar de que funcionaba un gobierno constitucional y que con Perón fallecido no podían justificar “la lucha por su vuelta” como utilizaron con anterioridad para captar a los jóvenes peronistas) período en que se cometieron la mayor cantidad y calidad de crímenes y atentados, incluyendo ataques a cuarteles de las FFAA con gran cantidad de efectivos. En ese período también se incrementaron los desaparecidos y los crímenes para combatir el crecimiento de las organizaciones terroristas.

Ninguna condena ha recaído en el proceso judicial abierto para determinar quiénes han sido los responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas a manos de la “Triple A” y de otros grupos paramilitares ocurridos durante los gobiernos justicialistas de Cámpora, Lastiri, Perón y de su viuda (1973-1976). El juez federal Norberto Oyarbide declaró los secuestros y asesinatos de esa organización (Triple A) imprescriptibles por ser “delitos de lesa humanidad”. Es decir que, con esa declaración, ha admitido implícitamente que el “terrorismo de Estado” se inició antes del gobierno Perón-Perón y mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Baste para ello, analizar la fecha de las denuncias de las desapariciones del Anexo 1 del informe de la CONADEP. (ediciones 1984 y en especial el de 2006 donde hay un Anexo II para víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria anteriores al 24 de marzo de 1976. Tomo II, págs. 975 a 1.124 (alrededor de 1.423). Ver Documento 1 de la página web www.granfraudeargentino.com complementaria de este libro).

Todas las evidencias e informaciones que pudimos reunir sobre la organización de la Triple A y otras organizaciones clandestinas que accionaron contra organizaciones de izquierda armadas o no, y contra las que llevaban las banderas del “socialismo nacional” comprometidas con la subversión terrorista, nos llevan a concluir que evidentemente la primera de ellas fue creada a instancias de Perón presidente electo y todas fueron estimuladas por él y los miembros del peronismo nacionalista ortodoxo, para evitar la infiltración en el movimiento justicialista por parte de las fuerzas político-militares de izquierda (marxistas leninistas) cuyo objetivo de destruir al “Estado burgués” para reemplazarlo por el comunista de inspiración cubana, era una realidad manifiesta desde la creación de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) en 1967 como motor de la revolución bajo inspiración cubana. (Ver libro de Juan B. Yofre, Fue Cuba).

A esta altura de los acontecimientos es importante señalar que Perón se hallaba consolidado en el poder político luego de su categórico triunfo electoral (62%) y que la estrategia desarrollada por él para llegar a esta situación ya resultaba anacrónica, debido a la actitud de las principales OPM:

1º La intransigencia del PRT-ERP ante su figura (no revolucionaria).
2º La aspiración de Montoneros de heredarlo, mientras mantenía sus exigencias de ser partícipe del gobierno.

La apelación a las “formaciones especiales” que proponían su vuelta al poder compuestas por su “juventud maravillosa” que debía desarrollar una guerra integral y prolongada para imponer el “socialismo nacional” y las citas a Mao y al Che, cedieron paso a la necesidad de depurar su Movimiento Peronista para gobernar en paz. Para ello se valió de una suerte de “Somatén” (Vieja institución paramilitar española), un método ilegal y non santo que profundizó los registros de asesinados y desaparecidos de sus enemigos. López Rega fue la cara visible de esa decisión. Era evidente que el presidente Perón que necesitaba pacificar rápidamente el país para poder gobernar, no creía necesario ni conveniente –por lo menos en esos años –aplicar el poder militar para resolver el fenómeno revolucionario en la Argentina.

(1) El Teniente Coronel Jorge Ibarzábal fue recluido en una “Cárcel del Pueblo” y luego asesinado tras 10 meses de cautiverio.

ARGENTINA INÉDITA

UN PLAN DEL GOBIERNO PARA "DESKIRCHNERIZAR" LOS DERECHOS HUMANOS

Cambiemos se propone tomar la iniciativa en un área sensible y central cooptada por el kirchnerismo

Por Laura Di Marco

Una tarde de infierno, los dos dogos de la jujeña Soledad Martínez, una de las víctimas de Milagro Sala, aparecieron degollados, colgados de una medianera: fue el mensaje mafioso con el que la Tupac pretendió amedrentarla para poder usurpar su casa. En 2006, una golpiza feroz desencadenó la muerte de Lucas Arias, militante de una organización competidora de la puntera K. Los ultrajes que sufrió una empleada municipal, Ivana Velázquez, por negarse a ser acompañante sexual del "Reptil", el hijo de Sala, también están debidamente registrados. Sin embargo, todos estos estragos -y muchos otros- no fueron escuchados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tampoco por Amnistía Internacional.

Ni Abuelas ni Madres visitaron jamás a los familiares del soldado Alberto Ledo, por cuya desaparición está procesado el general K César Milani. 

Los organismos de derechos humanos encabezaron un lobby internacional para que la ONU expidiera un dictamen declarando la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 

Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Penal Internacional -un representante del Estado argentino, que debería ser imparcial- acaba de afirmar públicamente que "en el actual Estado de Derecho deteriorado puede pasar cualquier cosa". ¿Cómo se explica semejante parcialidad? 

Usando un trazo grueso, hay dos razones: la hegemonía del kirchnerismo en ese altar donde construyó su poder y la falta de una política macrista de derechos humanos, un terreno en el que avanza a tientas y con amateurismo.

Sin embargo, envalentonado por el triunfo electoral, el gobierno de Macri apunta ahora a revertir ese déficit. El macrismo está en busca de su propio paradigma, en una cancha que le es ajena. El eje K de las políticas reparatorias setentistas no será abandonado, sino integrado a un mirador más amplio: el de la inclusión, el encuentro, el diálogo y la convivencia. 

Claudio Avruj presentará el 10 del mes próximo el nuevo plan: se trata de una política de Estado pensada hasta 2020.

Ya presentó algunos lineamientos la semana pasada, en Ginebra, donde también se reunió con el Comité contra las Desapariciones Forzadas. A puertas cerradas, Avruj acusó a los organismos de DD.HH. locales de intentar desestabilizar al gobierno argentino con denuncias falsas sobre el caso Maldonado, en el que también plantaron testigos falsos. "Así como no se les puede mentir a los jueces, tampoco se les puede mentir a ustedes", se despachó en la ONU.

La reciente visita de Luis Almagro a la Argentina vibró en la misma sintonía: el Gobierno le pidió al Secretario General de la OEA que la CIDH deje de ser un apéndice del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ligado a Horacio Verbitsky, y recobre su independencia. Cambiemos también planea colocar allí a un representante del Poder Ejecutivo.

¿Podrá el macrismo "deskirchnerizar" la política de derechos humanos? ¿Logrará transformarse en proactivo, en lugar de victimizarse por los bofetazos que viene recibiendo de entidades con peso e historia, que logran influir con mayor eficacia y rapidez en la comunidad internacional? ¿Por qué el CELS tiene semejante influencia global?

La mayoría de los organismos -la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres y Abuelas- construyeron su legitimidad y una poderosa trama de relaciones internacionales durante la dictadura. Legitimidad que muchos de ellos licuaron al mimetizarse con el kirchnerismo. En la CIDH, con sede en Washington, desde hace décadas trabajan funcionarios históricos que antes integraron el CELS.

Otra muestra de parcialidad: el Estado argentino acumula en la CIDH 400 requerimientos en su contra por violencia institucional. De esas demandas, durante la era K apenas un 10% eran promovidas por el centro que preside Verbitsky. Desde diciembre de 2015, esos requerimientos ascendieron al 90%. En los primeros días de la desaparición de Maldonado, el CELS pidió detalles sobre las acciones del Estado nacional en el caso. Un funcionario nacional informó que se había activado el sistema nacional de personas extraviadas y desaparecidas, tal es el nombre del programa oficial. Al día siguiente, Verbitsky publicó en Página 12: Macri ya tiene su primer desaparecido.

El caso Maldonado marcó un punto de quiebre, en el que confluyeron la tragedia y la toma de conciencia. Por un lado, la demostración científica de que el joven murió ahogado y permaneció 77 días en las profundidades de un río helado y meandroso produjo una herida profunda en la credibilidad de aquellos organismos ante la sociedad. Pese a ello, el expertise con el que se mueven en el plano internacional dejó al Gobierno atrapado en una sospecha: el amateurismo con el que los gendarmes tramitaron la liberación de la ruta habría provocado, en parte, el desenlace del caso del tatuador.

El daño internacional que ese affaire le infligió al Gobierno puso en negro sobre blanco un hecho obvio: el vacío de política en un área vulnerable. Hubo más puntos de inflexión. El fallo del 2x1 que benefició a represores tuvo el efecto de una bomba neutrónica. Reforzó el prejuicio de que Macri pretende liberarlos, mientras, en otro andarivel, es el propio Gobierno el que se convirtió en querellante contra Milani, que hoy está preso.

En pleno escándalo por el affaire de Milagro Sala, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que opera en el marco de la ONU, elaboró un dictamen en el que afirmaba que la detención de la dirigente jujeña era arbitraria. Sin embargo, fue la misma entidad que, meses más tarde, visitó la Argentina y escuchó a sus víctimas. El grupo se conmovió con sus relatos. Durante doce años, el kirchnerismo les había cerrado la puerta a varios enviados de organismos internacionales, incluidos los del área de Detenciones Arbitrarias. ¿El motivo? El temor a que pudieran elaborar informes críticos que dañaran el alma del relato.

Los agujeros negros de Cambiemos en el circuito diplomático complican aún más el asunto. Desde la renuncia de Leandro Despouy como embajador especial para los derechos humanos en el ámbito internacional, la representación de la Argentina en Ginebra quedó vacante. El radical renunció en el arranque de 2007 y la Cancillería aún no designó a su reemplazante.

Hay otras grietas. A mediados de septiembre, el italiano Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), visitó la Argentina para reunirse con Marcos Peña y otros integrantes del gobierno nacional. A la reunión también se sumó Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal. Hombre de prestigio entre los organismos, Cantón dirigió y armó la estructura de la CIDH en Washignton. Ante la sorpresa del jefe de Gabinete, el funcionario bonaerense planteó allí que el Gobierno debería declarar la desaparición forzada del artesano. Peña lo despachó con una negativa rotunda.

Paradójicamente, el kirchnerismo nunca pudo usar las oficinas de la ex ESMA como sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Esas oficinas se inauguraron cuando asumió Macri. Hacia aquel ex centro de detención se encaminó una tarde de diciembre de 2015 un militante K que había dirigido durante casi todo el kirchnerismo un centro emblemático de DD.HH. Iba a ponerse a disposición de la nueva administración. "Me sorprendés -le dijo el funcionario M que lo recibió-. Pensé que, por tu propia dignidad, venías a presentar la renuncia. ¡Vos sos un militante!". El hombre, sincero, le terminó confesando: "¿Sabés qué pasa? Estuve tantos años en el poder que ahora me va a costar mucho vivir fuera de él".

La Nacion

ALGUNA VEZ EL ESPEJO LES DIRÁ QUE LLEGÓ LA VEJEZ

"Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena." Ingmar Bergman 1918-2007) Cineasta sueco.

Por Ricardo Bustos

Es una Ley de la propia vida quien nos lleva inexorablemente a un final anunciado, para unos el lógico período biológico y para otros, los menos, por diversas razones que aceleran el proceso de partida, aunque lo cierto es que como decía Don Francisco de Quevedo, "la vida es la siesta de la muerte". Así las cosas y volviendo a este terreno de lo terrenal, si nuestra vida es apenas una siesta en un inmenso "tiempo espacio", lo ideal sería que al menos, en el final de ese sueño, los veteranos disfrutemos de la mejor manera posible y con los medios necesarios, la recompensa merecida.
Año 2017 en su acelerado viaje hacia el 31 de diciembre, nos está mostrando una vez mas que a nosotros, "los jóvenes con la juventud acumulada por los años", nos están negando esa cuota de paz y protección, los mismos que algún día transitarán, en otros años por el mismo camino,
Aquellos que todos los meses dependemos de la mísera dádiva de un organismo millonario como es ANSES, sabemos que no es fácil llegar a normalizar una situación que arrastra mugre hace décadas, pero sería justo que el gobierno actual, quien declara "haber venido para cambiar lo que está mal", tome como tema prioritario y urgente la situación grave por la que todos los jubilados atraviesan al límite de la subsistencia. Hay casos tan graves en los adultos mayores que no se pueden ni se deben aceptar. La desnutrición no se encuentra solamente en los niños y adolescentes.
Los jubilados necesitan contención en todo sentido. Medicamentos de calidad, profesionales de la medicina comprometidos con este inmenso colectivo de mayores, salarios dignos para que no dependan de algún familiar a la hora de sus necesidades básicas y respuestas urgentes ante cualquier emergencia por su salud.
Cuando observo mi recibo de haberes (la mínima) que está dos veces por debajo de una canasta familiar lógica, veo que soy solo un número al que le asignaron un espacio físico para percibir los haberes, un médico de cabecera a quien debo pedirle turno y con un poco de suerte a los dos meses me atiende, enviándome a realizar análisis que también, van a demorar otro mes y con los resultados en mano, otra vez a solicitar turno para el mismo médico que me hará esperar otros dos meses para decirme, seguramente, que ya es tarde para lágrimas.Hay tratamientos de enfermedades que en la mayoría de los hospitales públicos del país, se convierten en calvarios porque es tan extensa la lista de espera de miles de pacientes con pocos o ningún recurso económico, que muchas veces se llega demasiado tarde para intentar alguna solución al problema.
Argentina es como un adolescente que toma todo en broma porque esa es la lógica de su joven vida, por lo tanto se preocupa solamente por sus pares de diversión y el resto solo debe aceptar que su comportamiento es normal.
Sabemos que son muchos los problemas a resolver, pero también deberán comprender los funcionarios del gobierno que primero se deben aplicar soluciones a los problemas urgentes y tanto el adulto mayor, como los niños, son los dos extremos a los que deben dar urgente respuesta por la gravedad de la situación que están padeciendo millones en todo el país.
Bolsos con dólares en un Convento, rutas que no iban a ningún lado porque se cobraron pero jamás fueron construidas, vagones de trenes usados comprados por millones de dólares y no se pudieron utilizar porque no servían para nada, campos inundados porque no se hicieron las obras hidráulicas necesarias y el dinero estaba previsto para ello en los presupuestos, derroche de dinero en el "Fútbol para todos", subsidios para hacer películas que no las veían ni los protagonistas, viajes en avión dentro y fuera del país realizados por las autoridades y funcionarios del ejecutivo y legisladores, abonados con dineros del Estado (nuestro) sin poder justificar los motivos de los mismos y la lista de robo planificado a nuestros bolsillos es tan extensa que no alcanzaría el tiempo para poder volcarla en esta reflexión.
Antes podíamos contar hasta 100 para esperar algún resultado, ahora con 10 basta y sobra porque el tiempo se agota y las soluciones no llegan. Ojalá la mente de cada uno de los funcionarios que tienen la responsabilidad de cambiar todo lo que se hizo mal, brille aunque sea para abrir un camino que nos de la posibilidad de volver a creer. Lo merecemos todos los argentinos, de cualquier idea política, raza o religión.

Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Un lector que escribe
Capioví - Misiones

¿DE QUIÉN ERA DE VIDO?

Ahora parece que nadie se hace cargo del ex superministro kirchnerista.

Por Ricardo Kirschbaum

Si José López y Ricardo Jaime, ambos presos por corrupción, eran “de Néstor Kirchner”, ¿de quién “era” Julio De Vido, que estuvo doce años en el gabinete nacional?

Esta distinción la hizo la esposa del ex ministro, una abogada que no tiene un pelo de ingenua y que meditó cada palabra en la entrevista que concedió.

Lo que quiso decir tácitamente Alessandra Minnicelli es que del esquema que había armado Néstor con la obra pública no participaba su marido. Hipótesis, en principio, difícil de probar y de creer.



De Vido era el superior jerárquico del ex secretario López (alguna vez calificado como “mi mano derecha” por el ex ministro preso) y del ex titular de Transporte. En segundo lugar, “si eran de Néstor”, ¿qué hacían? ¿Robaban en nombre del Presidente?

Siguiendo con ese razonamiento, ¿De Vido era de Cristina? Por las declaraciones de ella, no. No se animó a poner las manos en el fuego por él, una variable del Poncio Pilatos de la Argentina de la corrupción. No lo bancó.

Hasta Guillermo Moreno le aplicó el peronómetro a su ex jefa y le bajó dos puntos. Para hacer eso, no comprometerse con un ex subordinado, están los radicales, provocó. Solo conocen un lado de la reja, aclaró el ex secretario de Comercio recientemente condenado.

La abogada Minnicelli presenta a su esposo como un virtual “agente libre” en el kirchnerismo que “tiene muchas cosas para contar”.

De Vido sigue rumiando su furia no solo contra Cristina sino también contra los diputados peronistas que lo dejaron caer. Tanto sus cartas como las declaraciones de la esposa contienen amenazas explícitas de posibles revelaciones.

A Gioja le dijo “ortiva”, es decir delator, porque no se solidarizó con él cuando el bloque, por presunta indicación de la ex Presidenta, se ausentó del debate y lo desaforaron.

El ex gobernador de San Juan y presidente del PJ, luego de decir que la obra pública en su provincia fue auditada, ahora quiere calmar al ex ministro preso tirando aceite al mar embravecido. Promete visitarlo en Marcos Paz.

No está solo. Hay una larga fila, que encabeza el senador Miguel Pichetto, que se ha formado en las afueras de la cárcel. Hasta allí llegó ayer Aníbal Fernández a expresar su solidaridad.

Pero Gioja agregó otra perla y dijo: “Los trapos se lavan adentro”.

¿Adentro de qué? Lo que está en discusión no es la disciplina partidaria sino una investigación por corrupción.

Si esa es la ropa que hay que lavar dentro o si es otro asunto que no se conoce aún, mejor sería que el jefe formal del PJ lo aclarara rápido.

Hay otra cuestión que puede derivar en lo que dijo Minnicelli. ¿Qué es lo mucho que tiene De Vido para contar? Y si lo citan, ¿lo contará?

En principio, parece difícil que se autoincrimine para incriminar a otros, en venganza. Lo de De Vido también está dirigido a algunos gobernadores y ex gobernadores que lo han frecuentado cuando el ex ministro era un hombre fuerte del kirchnerismo.

Ahora parece que no era de nadie y con Néstor solo se saludaban protocolarmente cuando se cruzaban en la Casa Rosada.

Clarin

ZAFFARONI SIN VERGUENZA

No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a Zaffaroni. Debe ser que carece de vergüenza. No puedo creer que, a pesar de haber sido uno de los personajes más dañinos, durante los más de 12 años de kirchnerismo, todavía siga levantando el dedito para dictar cátedra.

Por Alfredo Leuco

Es el autor ideológico de una solicitada que firmaron decenas de cristinistas fanáticos donde aseguran “que la república cruje y la democracia y el pluralismo están en peligro”.

Es el mismo Zaffaroni que defiende a la dictadura chavista venezolana al igual que la mayoría de los firmantes de ese panfleto. Y hablan de pluralismo y república los que nos llevaron al lado de Cuba, Venezuela e Irán y los que manejaron el país con un autoritarismo feroz, con el Congreso reducido a la servidumbre, con la justicia colonizada y con un oligopolio de medios de comunicación que se la pasaron atacando opositores y periodistas independiente y chupándole las medias a Cristina y su banda que se dedicó a saquear al estado como definió el fiscal Pollicita. Ahí están Leopoldo Moreau y su brulote antisemita contra Waldo Wolff, Héctor Recalde, Roberto Baradel, Victor Hugo Morales y Milagro Sala entre otros preocupados por la renuncia de Alejandra Gils Carbó y la autonomía del Ministerio Público.

Justo ellos que armaron una agrupación llamada “Justicia Legítima” para garantizar la impunidad de los ladrones de estado que nos gobernaron. Justo ellos que no dijeron una palabra cuando Amado Boudou, destituyó de un cachetazo al anterior procurador, Esteban “El Bebe” Righi con el aplauso de Cristina.

Zaffaroni habla del peligro totalitario del gobierno de Macri y se bancó en silencio y de rodillas como todos los firmantes que un detenido por terrorismo de estado fuera el jefe del ejército designado y defendido por Cristina. Hablo del general César Milani que, como si esto fuera poco, también está acusado de enriquecimiento ilícito.

Zaffaroni no tiene vergüenza. Es es el padre ideológico de jueces como José Villafañe que se cansaron de dejar asesinos en libertad, como Pepito Echegaray que mató de un balazo en la cabeza a Abril Bogado, la chiquita de 12 años.

Zaffaroni se llena la boca hablando de los pobres y en contra de los ricos y cobra una jubilación de privilegio de casi 400 mil pesos por mes pese a que ya era un hombre de fortuna.

En el acto y en la solicitada, Zaffaroni tuvo la complicidad de Estela Carlotto que ya abandonó toda idea de autonomía y se entregó por entera a la militancia cristinista. Dijo la titular de Abuelas que “Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri”. Es como decir que 10 millones de argentinos votaron a un genocida. ¿Creerá eso de verdad? ¿O es la desesperación por ver como se caen a pedazos las mentiras de la cleptocracia pinguina a la que tanto aportó ella y Hebe de Bonafini? Todavía tienen que pedir disculpas por instalar frases mentirosas como “que devuelvan los nietos” y “la gendarmería mató a Santiago Maldonado”.

Pero lo más aberrante de Zaffaroni, que tiene una vida y una trayectoria repleta de hechos aberrantes, es que no tiene autoridad moral para hablar de la dictadura de la que fue funcionario y de la inseguridad o manejo de las fuerzas represivas ya que es el autor ideológico del sistema que premia a los victimarios de delitos y castiga doblemente a las víctimas y a sus familiares.

Por eso no me canso de hacerle a algunas preguntas. Doctor Zaffaroni:

-¿Corresponde que usted ocupe ese lugar de tanto prestigio pese a que fue juez y juró por los estatutos de dos dictaduras a falta de una y que una de ellas fue el más feroz genocidio perpetrado por Videla y sus cómplices?

– ¿Es cierto que durante el terrorismo de estado usted no le dio lugar a ninguno de los 120 habeas corpus sobre detenidos desaparecidos que pasaron por su despacho y que por el contrario redactó un manual militar en el que justificaba los golpe de estado y en el que discriminaba a los homosexuales para que no fueran parte del Ejército?

-¿ Podría confirmar si las Madres de Plaza de Mayo encabezadas por Hebe de Bonafini ahora lo definieron como “juez de la patria” porque milita para el kirchnerismo pero antes lo habían incluido en una lista de 437 jueces que colaboraron con la dictadura militar?

-¿Cuanta verdad hay en esa información que afirma que usted calificó a Néstor Kirchner de nazi de la Patagonia por violar la división de poderes en Santa Cruz y que luego se hizo amigo del presidente, de la presidenta Cristina pero sobre todo de su vice presidente Amado Boudou a quien invitó a su cumpleaños y justificó en sus delitos?

-¿Se puede estar en la Corte Interamericana pese a que hay fallos suyos denigrantes de la condición humana y decididamente inmorales y humillantes para las víctimas? Hablo del fallo Tiraboschi donde usted minimizó la violación de una nenita porque fue realizada con la luz apagada y porque no fue penetración sino sexo oral al que fue obligada la chiquita? Al imponer la pena por abuso deshonesto, sostuvo que no correspondía aplicar la pena máxima porque, entre otras razones, la víctima, una niña de ocho años, había sido abusada con la luz apagada y, en palabras de la sentencia, “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia de la menor”.

-¿No tiene ninguna responsabilidad además de haber pagado la multa correspondiente por haber alquilado sus departamentos para que en 5 de ellos se ejerciera la prostitución? ¿No cree que sus excusas fueron poco creíbles cuando señaló que fue su amigo íntimo el que administraba esos departamentos y que usted no conocía a los inquilinos?

– ¿Sintió vergüenza cuando fue al Senado de la Nación a defender su nominación y se descubrió que no había pagado 94 aportes previsionales del Registro de Trabajadores Autónomos, según la AFIP y que había omitido bienes y cuentas bancarias en el exterior en su declaración jurada?

-¿No siente algo de pudor o de culpa por ser cuestionado e impugnado por personas intachables como Rodolfo Terragno, Diana Cohen Agrest o Santiago Kovadloff?

– ¿Cree de verdad que se puede construir una sociedad democrática con vigencia plena de los derechos humanos y la paz con premios y sin ningún castigo? ¿El abolicionismo no nos lleva a la primitiva ley de la selva?

No se asuste doctor Zaffaroni. Sé que nunca le gustaron los medios de comunicación críticos. Alguna vez hasta los responsabilizó por multiplicar noticias policiales en algo que usted definió como terrorismo mediático.

Está claro que usted es el Víctor Hugo Morales del derecho. Comparan este gobierno con una dictadura. Desayunan bronce. Pero son personas sin vergüenza. Y sin moral.

ARGENTINA, PAÍS GENEROSO: TRAVESTIS EXIGEN PENSIÓN POR "DERECHOS CERCENADOS EN LA DICTADURA"

Son 14 personas que realizaron una presentación judicial para que el Estado les pague una pensión social. Destacan que "no se les permitió ejercer libremente su actividad sexual"

Según publicó el sitio Tiempo de Justicia, 14 travestis realizaron una presentación en la justicia para pedir que se ordene que les paguen las pensiones sociales Ley 5110.

Según sostienen "en el período comprendido entre 1976 y 1983, fueron víctimas de acciones en su contra por parte de personal de fuerzas de seguridad". Destacan que "no se les permitió ejercer libremente su actividad sexual".

Por estas razones y con el patrocinio de un abogado recurrieron a la Justicia y pidieron que un juez ordene a la Caja de Pensiones Sociales que se les abone el beneficio. Desde hace más de 4 años la provincia paga la pensión social Ley 5110 a quienes estuvieron detenidos durante el último gobierno de facto por "razones políticas, gremiales y estudiantiles".

El juez de Circuito de los tribunales provinciales de Rosario, Eduardo Arichuluaga, debe resolver si hace lugar o no al pedido de estas personas.