La medida excepcional de privación provisional de la libertad debe ser acompañada en nuestro país por una mayor celeridad en los juicios
Mucho se ha discutido en las últimas semanas acerca de la prisión preventiva a partir de hechos que son de público conocimiento, como las detenciones de numerosos ex funcionarios del gobierno anterior, acusados de graves escándalos de corrupción; el pedido de desafuero y prisión preventiva a la ex presidente y actual senadora Cristina Kirchner, y algunas excarcelaciones, como la del ex vicepresidente Amado Boudou. Pero el mayor problema no pasa por esta medida de tipo cautelar y excepcional, prevista en la legislación penal de la gran mayoría de los países democráticos, sino por los prolongados juicios que, lamentablemente, caracterizan a nuestro país.
Como consecuencia del conflicto político derivado del caso de la ex presidente, el gobierno nacional ha adelantado que impulsará un proyecto de ley que limita la facultad de los jueces para dictar prisión preventiva con pautas objetivas destinadas a determinar la obstrucción de justicia o el peligro de fuga.
Es necesario tener en cuenta, además, el alto número de personas que se mantienen prófugas en nuestro país: 51.262 hasta el mes último.
La prisión preventiva o provisional es una decisión excepcional porque restringe la libertad de una persona a quien se le imputa la comisión de un delito antes de que se dicte sentencia de condena en su contra, por lo que esa privación importa una afectación del principio de inocencia.
Todas las legislaciones determinan el marco dentro del cual un juez puede dictarla. En la Argentina, en el orden federal y de la ciudad de Buenos Aires, está regulada en el Código Procesal Penal, según el cual podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si este hubiere gozado de excarcelaciones anteriores hicieren presumir, fundadamente, que intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones.
El reciente dictado de varias prisiones preventivas contra procesados que habían sido previamente indagados dio lugar a muchas críticas sustentadas principalmente en la laxitud de los conceptos que llevaron a tomar estas medidas. Se citaba como justificación de esas privaciones de la libertad la posibilidad de que el detenido pudiese eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones. Es claro que los jueces deben evaluar los casos donde corresponde su dictado debiendo considerar los extremos previstos por el legislador. La decisión será revisada luego por las instancias superiores hasta llegar a las diferentes cámaras de casación penal, lo que asegura la posibilidad de evitar abusos.
Según estudios realizados, el 60% de los detenidos en las cárceles de nuestro país lo están bajo esta figura y la situación muchas veces se prolonga por años. Esa población carcelaria, como en otras partes del mundo, está integrada por personas que provienen de las franjas más pobres y vulnerables de la sociedad. A su vez, cientos de militares acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad también están privados de la libertad preventivamente por lapsos que se extienden por años; incluso sin tener en cuenta que la mayoría han superado los 70 años con creces y, sin embargo, no se les concede el beneficio de la detención domiciliaria en razón de la edad y sus delicadas condiciones de salud.
Lamentablemente, esta realidad que caracteriza a nuestro sistema judicial y carcelario solo despierta la crítica de un pequeño sector de la población. Entretanto, ha provocado la alarma de una porción importante de la ciudadanía la detención preventiva de ex funcionarios acusados, procesados e indagados por la realización de numerosos delitos contra la administración pública, e incluso de figuras tan graves como el encubrimiento agravado. La fundamentación de muchas de las decisiones judiciales aludidas es la "situación de poder" pasible de llevar a la comisión de los dos extremos contemplados en el Código Procesal Penal. En la medida en que sea posible identificar comportamientos concretos, esa decisión parece convincente, pues muchos de ellos han sido capaces de destruir pruebas, de utilizar aviones privados para permanecer prófugos o han aprovechado la situación de libertad de la que vinieron gozando para realizar transacciones tendientes a asegurar los cuantiosos recursos malhabidos, que resultaron el fruto de sus actos delictivos. Entre otros, es el caso del excontador de Cristina Kirchner Víctor Manzanares, con prisión preventiva desde julio pasado, acusado de obstruir a la Justicia tras indicar a los inquilinos de una empresa de la familia Kirchner, intervenida judicialmente, que depositaran alquileres adeudados en una cuenta particular. Manzanares, además, admitió haber recibido órdenes de la expresidenta para borrar con "Liquid Paper" y corregir datos en libros contables de la empresa Hotesur, algo prohibido por el Código Civil y Comercial, que pone de manifiesto la capacidad de la ex jefa del Estado para destruir pruebas que la incriminen, entorpeciendo la acción de la Justicia.
Dentro de los criterios por tomar en cuenta a la hora de disponer prisiones preventivas, debería también incluirse el relativo al grado de comprobación que se haya alcanzado del delito cometido. Esto es particularmente esencial, por ejemplo, en los casos de "flagrancia", donde es lícito y razonable suponer que la persona apresada durante la comisión de un delito tendrá más incentivos para fugarse, debido a la casi segura condena que la espera.
Los recientes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso, donde muchos individuos cometieron delitos de gravedad, constituirían un caso paradigmático de la aplicación de esta variante justificativa de la prisión preventiva. Es de lamentar que, en forma llamativa, prácticamente todos los detenidos en esos violentos hechos del 14 y el 18 de diciembre hayan sido liberados a las pocas horas de apresados, como ocurrió también en otras oportunidades.
Otros países han adoptado, en general, criterios bastante equivalentes al que establece la legislación argentina. Así, toman en cuenta para decidir una prisión preventiva que haya fuertes indicios de culpabilidad; que exista riesgo de fuga que ponga en peligro el cumplimiento de la pena (si el juicio finalizase con una sentencia de culpabilidad); que el imputado pueda destruir pruebas, suponga un peligro para la víctima o pueda cometer otros hechos delictivos (en el caso de algunos delitos graves).
Aun cuando existe consenso en que la prisión preventiva no debe convertirse en una regla por sus perniciosos efectos y su afectación del principio jurídico de inocencia, los regímenes legales de todos los países desarrollados prevén su utilización para tornar efectivo el sistema de enjuiciamiento penal. Al mismo tiempo, debe enfatizarse la necesidad de que los juicios se lleven a cabo con la mayor celeridad posible. Es claro que una práctica de prisiones preventivas extendidas en el tiempo no es la solución que cualquier Constitución inspirada en fundamentos liberales pueda considerar una opción razonable. Pero es cierto también que, de verificarse los supuestos que marca la ley, la sociedad debe poder prevenirse de que los imputados no entorpezcan la investigación ni puedan eludir la acción de la Justicia.
Según estudios realizados, el 60% de los detenidos en las cárceles de nuestro país lo están bajo esta figura y la situación muchas veces se prolonga por años. Esa población carcelaria, como en otras partes del mundo, está integrada por personas que provienen de las franjas más pobres y vulnerables de la sociedad. A su vez, cientos de militares acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad también están privados de la libertad preventivamente por lapsos que se extienden por años; incluso sin tener en cuenta que la mayoría han superado los 70 años con creces y, sin embargo, no se les concede el beneficio de la detención domiciliaria en razón de la edad y sus delicadas condiciones de salud.
Lamentablemente, esta realidad que caracteriza a nuestro sistema judicial y carcelario solo despierta la crítica de un pequeño sector de la población. Entretanto, ha provocado la alarma de una porción importante de la ciudadanía la detención preventiva de ex funcionarios acusados, procesados e indagados por la realización de numerosos delitos contra la administración pública, e incluso de figuras tan graves como el encubrimiento agravado. La fundamentación de muchas de las decisiones judiciales aludidas es la "situación de poder" pasible de llevar a la comisión de los dos extremos contemplados en el Código Procesal Penal. En la medida en que sea posible identificar comportamientos concretos, esa decisión parece convincente, pues muchos de ellos han sido capaces de destruir pruebas, de utilizar aviones privados para permanecer prófugos o han aprovechado la situación de libertad de la que vinieron gozando para realizar transacciones tendientes a asegurar los cuantiosos recursos malhabidos, que resultaron el fruto de sus actos delictivos. Entre otros, es el caso del excontador de Cristina Kirchner Víctor Manzanares, con prisión preventiva desde julio pasado, acusado de obstruir a la Justicia tras indicar a los inquilinos de una empresa de la familia Kirchner, intervenida judicialmente, que depositaran alquileres adeudados en una cuenta particular. Manzanares, además, admitió haber recibido órdenes de la expresidenta para borrar con "Liquid Paper" y corregir datos en libros contables de la empresa Hotesur, algo prohibido por el Código Civil y Comercial, que pone de manifiesto la capacidad de la ex jefa del Estado para destruir pruebas que la incriminen, entorpeciendo la acción de la Justicia.
Dentro de los criterios por tomar en cuenta a la hora de disponer prisiones preventivas, debería también incluirse el relativo al grado de comprobación que se haya alcanzado del delito cometido. Esto es particularmente esencial, por ejemplo, en los casos de "flagrancia", donde es lícito y razonable suponer que la persona apresada durante la comisión de un delito tendrá más incentivos para fugarse, debido a la casi segura condena que la espera.
Los recientes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso, donde muchos individuos cometieron delitos de gravedad, constituirían un caso paradigmático de la aplicación de esta variante justificativa de la prisión preventiva. Es de lamentar que, en forma llamativa, prácticamente todos los detenidos en esos violentos hechos del 14 y el 18 de diciembre hayan sido liberados a las pocas horas de apresados, como ocurrió también en otras oportunidades.
Otros países han adoptado, en general, criterios bastante equivalentes al que establece la legislación argentina. Así, toman en cuenta para decidir una prisión preventiva que haya fuertes indicios de culpabilidad; que exista riesgo de fuga que ponga en peligro el cumplimiento de la pena (si el juicio finalizase con una sentencia de culpabilidad); que el imputado pueda destruir pruebas, suponga un peligro para la víctima o pueda cometer otros hechos delictivos (en el caso de algunos delitos graves).
Aun cuando existe consenso en que la prisión preventiva no debe convertirse en una regla por sus perniciosos efectos y su afectación del principio jurídico de inocencia, los regímenes legales de todos los países desarrollados prevén su utilización para tornar efectivo el sistema de enjuiciamiento penal. Al mismo tiempo, debe enfatizarse la necesidad de que los juicios se lleven a cabo con la mayor celeridad posible. Es claro que una práctica de prisiones preventivas extendidas en el tiempo no es la solución que cualquier Constitución inspirada en fundamentos liberales pueda considerar una opción razonable. Pero es cierto también que, de verificarse los supuestos que marca la ley, la sociedad debe poder prevenirse de que los imputados no entorpezcan la investigación ni puedan eludir la acción de la Justicia.
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