El EAAF comenzó este lunes 9 de Septiembre con los trabajos de excavación –y si tienen éxito, se hará la exhumación de cuerpos– en la zona de la Colonia Aborigen-Machagai, provincia de Chaco, para continuar con “la investigación de la Masacre de Napalpí”. Así se conoce la matanza de alrededor de 200 integrantes de las tribus indígenas Qom y Mocoví a manos de la Policía chaqueña y grupos de estancieros, ocurrida el 19 de julio de 1924. Bajo el pretexto de considerarlo “un crimen de lesa humanidad” y por lo tanto “imprescriptible”, el Estado continúa sacando dinero de nuestros bolsillos para mantener este lucrativo negocio que engrosa las cuentas bancarias de jueces, fiscales y organizaciones vinculadas con este nefasto “curro”.
Por ejemplo, la “unidad de derechos humanos” de Resistencia, integrada los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, (todos integrantes de la agrupacion ultrakirchnerista ‘justicia legítima’), quienes pidieron la intervención del EEAF en la “investigación judicial” de la “masacre” que el ministerio público fiscal calificó como “delito de lesa humanidad”.
La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la medida y su colega Miguel Aranda la fiscalizará. En las “tareas” colaborará el Municipio de Machagai.
El pasado lunes estuvieron presentes en el Lote 39 el propio Aranda, la fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Pamela Michlig, el fiscal ad hoc de la “unidad de derechos humanos”, Diego Vigay (‘justicia legítima’), la secretaria de derechos humanos, Celeste Segovia, y la presidente de la “comisión de derechos humanos de diputados”, Gladys Cristaldo.
El historiador del pueblo Qom Juan Chico calificó como “muy importante el trabajo que va realizar el EAAF, como parte de toda la reconstrucción que se viene realizando”.
“Los crímenes cometidos por el Estado Nacional contra los pueblos indígenas no deben quedar impunes para que no vuelvan a ocurrir nunca más , no sólo contra los pueblos indígenas, sino contra cualquier grupo humano. Tenemos que tener respeto hacia el otro, porque todos somos seres humanos”, agregó el presidente de la Fundación Napalpí, nacido hace 42 años en la misma Colonia Aborigen-Machagai.
La fiscalía federal lleva adelante “la investigación” de la “Masacre de Nalpalpi” con el criterio de que el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
“Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas. La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas”.
Testimonios y archivos
La “investigación” reúne “testimonios de sobrevivientes”, el trabajo de investigadores e historiadores y documentación de diversos acervos.
Figuran los testimonios de sobrevivientes como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y de los hijos de las sobrevivientes Melitona Enrique –Mario y Sabino Irigoyen– y de Rosa Chara –Carmen Delgado–. Se incluye además el trabajo de investigadores e historiadores sobre Napalpí y el genocidio indígena e informes y documentación de los Ministerios del Interior y de Defensa de la Nación. Se suman los del Archivo del Congreso Nacional, el Archivo Histórico del Chaco, el del Superior Tribunal del Chaco, del Aero Club Chaco, del periódico el Heraldo del Norte y materiales del médico y etnólogo alemán fallecido en 1938 Robert Lehmann-Nitsche, además de los del Instituto Iberoamericano.
“Juicio por la Verdad”
Con las excavaciones se daría por concluida la “investigación” y la fiscalía requerirá al juzgado federal la apertura de un “juicio por la verdad” –al no existir imputados con vida–, con la pretensión de que sea oral y público y con el objetivo de que se dicte “una sentencia que reconstruya ‘la verdad de lo sucedido’ y establezca las responsabilidades pertinentes”.
Fuente de la informacion: El Ciudadano Web
La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la medida y su colega Miguel Aranda la fiscalizará. En las “tareas” colaborará el Municipio de Machagai.
El pasado lunes estuvieron presentes en el Lote 39 el propio Aranda, la fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Pamela Michlig, el fiscal ad hoc de la “unidad de derechos humanos”, Diego Vigay (‘justicia legítima’), la secretaria de derechos humanos, Celeste Segovia, y la presidente de la “comisión de derechos humanos de diputados”, Gladys Cristaldo.
El historiador del pueblo Qom Juan Chico calificó como “muy importante el trabajo que va realizar el EAAF, como parte de toda la reconstrucción que se viene realizando”.
“Los crímenes cometidos por el Estado Nacional contra los pueblos indígenas no deben quedar impunes para que no vuelvan a ocurrir nunca más , no sólo contra los pueblos indígenas, sino contra cualquier grupo humano. Tenemos que tener respeto hacia el otro, porque todos somos seres humanos”, agregó el presidente de la Fundación Napalpí, nacido hace 42 años en la misma Colonia Aborigen-Machagai.
La fiscalía federal lleva adelante “la investigación” de la “Masacre de Nalpalpi” con el criterio de que el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
“Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas. La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas”.
Testimonios y archivos
La “investigación” reúne “testimonios de sobrevivientes”, el trabajo de investigadores e historiadores y documentación de diversos acervos.
Figuran los testimonios de sobrevivientes como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y de los hijos de las sobrevivientes Melitona Enrique –Mario y Sabino Irigoyen– y de Rosa Chara –Carmen Delgado–. Se incluye además el trabajo de investigadores e historiadores sobre Napalpí y el genocidio indígena e informes y documentación de los Ministerios del Interior y de Defensa de la Nación. Se suman los del Archivo del Congreso Nacional, el Archivo Histórico del Chaco, el del Superior Tribunal del Chaco, del Aero Club Chaco, del periódico el Heraldo del Norte y materiales del médico y etnólogo alemán fallecido en 1938 Robert Lehmann-Nitsche, además de los del Instituto Iberoamericano.
“Juicio por la Verdad”
Con las excavaciones se daría por concluida la “investigación” y la fiscalía requerirá al juzgado federal la apertura de un “juicio por la verdad” –al no existir imputados con vida–, con la pretensión de que sea oral y público y con el objetivo de que se dicte “una sentencia que reconstruya ‘la verdad de lo sucedido’ y establezca las responsabilidades pertinentes”.
Fuente de la informacion: El Ciudadano Web
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