Por Rogelio Alaniz
Y las PASO han provocado consecuencias. Esas consecuencias no son legales pero alteran la realidad, modifican las relaciones de fuerzas de poder y sacuden los mercados económicos y financieros. En ningún papel está escrito que esto sea así, pero que no esté escrito no quiere decir que no ocurra. En dos notas que escribí antes del 11 de agosto, dije que si los resultados electorales eran parejos las PASO no eran más que una encuesta, pero si la diferencia entre el primero o el segundo eran de más de diez puntos, las elecciones previstas para agosto corren el riesgo de transformarse en un trámite, porque lo más importante se ha decidido en las PASO. ¿Está bien? ¿Está mal? Según se mire puede ser una cosa o la otra, pero lo que no se puede desconocer lo que fue y lo que es.
El próximo presidente de los argentinos será Mauricio Macri o Alberto Fernández. Por lo menos serán los dirigentes más votados. Al esquema podemos sumarlo a Roberto Lavagna. Entre los tres estará representado más del noventa por ciento de los argentinos. Señalo este detalle para advertir que son estos tres señores los que deben hacerse cargo de la gobernabilidad de la Nación. El que gobierna porque gobierna, y el que es oposición o futuro presidente porque de sus palabras e incluso de sus decisiones depende la tranquilidad, el bienestar e incluso la vida de millones de personas. El país está pasando por momentos difíciles. En este punto, aunque sea por diferente razones, estamos todos de acuerdo. Pues bien, este punto de acuerdo es el que obliga a los candidatos a no jugar al carnaval con nafta.
Cuidar las palabras debería ser la primera consigna para todo político responsable. Sobre todo en momentos como estos en los que el equilibrio económico y financiero es demasiado frágil. El gobierno nacional ha dado algunas señales para atender las urgencias sociales. Con paliativos, con montos que seguramente no son lo más satisfactorios, pero algunas respuestas ha dado. Si esto es así, corresponde a la clase dirigente no azuzar las demandas sociales en estos meses. Ganar la calle en las actuales condiciones genera más problemas que soluciones. En términos prácticos las movilizaciones callejeras no van a conseguir un peso de más o un peso de menos, pero hay motivos para que algunos de esos dirigentes callejeros no están tan preocupados por un bolsos de comida de más o un nuevo plan social, como por agitar la caldera social con fines políticos. La izquierda, porque sus dirigentes suponen que esas refriegas callejeras son la antesala de la revolución social y sobre todo porque es en la calle donde tienen cierto protagonismo, en tanto en las urnas nunca llegan a representar más del dos por ciento de la población.
Pero también al peronismo en sus versiones radicalizadas le interesa la calle como fragua social; sobre todo le interesa para incentivar el caos no porque les interese la revolución social, sino porque quieren que el gobierno de Macri abandone el poder hecho trizas. Fernández debería saber -si mañana es presidente- que esas mismas movilizaciones acosarán a su gobierno. Es más, no sería descabellado pensar que estas movilizaciones de los aparatos barriales más que una crítica al gobierno de Macri son una advertencia al futuro gobierno de Fernández. O las dos cosas. También las organizaciones barriales se acomodan a las nuevas circunstancias, y entre otras cosas informan a quien quiera escuchar que no se van a retirar del escenario público y cada vez que las circunstancias lo aconsejen estarán en la calle para ejercer las cuotas de poder que han ganado y, sobre todo, para reclamar partidas de dinero que hagan posible el ejercicio de esas cuotas de poder.
La responsabilidad política decisiva del gobierno y de la oposición es asegurar la gobernabilidad hasta que se produzca el cambio de poder político. No sé si esto lo beneficia a Mauricio Macri o a Alberto Fernández, pero estoy convencido de que beneficiaría a la sociedad. El caos, el desorden, en estas coyunturas generan más problemas que soluciones y los problemas a los que más afectan son a los sectores más débiles o desprotegidos. Políticos con estatura de estadistas en situaciones como estas no agitan la caldera social sino que se esfuerzan por contenerla. No debe haber especulación electoral o ideológica que justifique lo contrario. Esto ocurre, sin ir más lejos en Chile, en Uruguay, países en los que oficialismo y oposición, sin desmerecer sus certezas, se hacen cargo de la continuidad jurídica, y no juegan con fuego especulando con un voto más o jugando con la desgraciada alternativa de “cuanto peor mejor”.
Nunca oculté mis preferencias políticas, pero ninguna preferencia habilita desconocer lo obvio, porque entonces la preferencia no es una elección para entender lo real o incluso imaginar el futuro, sino una alienación. Digo esto para señalar a continuación que más allá de entusiasmos legítimos y del derecho de la ciudadanía a votar en los comicios de octubre por el candidato que más respete, Alberto Fernández dispone de una altísima posibilidad de ser el nuevo presidente de los argentinos. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Mi preferencia personal importa poco, porque lo que interesa en este caso es la legitimidad política y el respeto por lo tanto a la voluntad mayoritaria de la sociedad.
Hay muchos motivos que explican la posible victoria del peronismo, pero ninguno de esos motivos ocultan los derechos de una oposición que seguramente será fuerte, a ejercer el rol que le asignó la sociedad, es decir, controlar el poder, y sobre todo controlar las instituciones, la división del poder, las libertades de todos y la independencia de una justicia que necesita sancionar a los responsables de la cleptocracia que asoló al país en durante doce años. La vida de una nación no concluye con una elección y en toda elección lo más importante no es que alguien gane o que alguien pierda, sino que el poder real y simbólico se reparta democráticamente y el oficialismo gobierne y la opción vigile, acuerde cuando haya que acordar y critique cuando haya que criticar.
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