Sí, las cifras son claras. Según los números, el Teniente Coronel Chávez ha ganado palmariamente el referendo del 15 de febrero pasado. Pero comprobar eso no basta. La cuestión es otra y más fundamental: ¿ha triunfado limpiamente el dictador venezolano en la consulta popular, sin hacer trampa?
Por José Leopoldo Decamilli
Quienes han seguido de cerca los últimos acontecimientos de Venezuela no pueden llegar a otra conclusión: la “victoria” de Chávez fue lograda merced a un proceso electoral fraudulento.
Pero veamos primeramente los números. De un total de 16.767.511 votantes, el “Sí” a favor de la perpetuación del tirano venezolano en el poder obtuvo 6.003.594. Por el “No” se decidieron 5.200.000. Matemáticamente el éxito de Chávez es manifiesto.
¿En qué se funda nuestra afirmación de que el proceso electoral fue fraudulento?
En los siguientes hechos. En primer lugar porque ya la realización del referendo, forzado por el Gobierno y con la complicidad del Poder Judicial y del Poder Legislativo, es anticonstitucional. Chávez ha impuesto la realización del referendo a pesar de que la Constitución Nacional vigente establece con meridiana claridad que una propuesta ya rechazada en un referendo anterior no puede ser repetida en un mismo período constitucional (Art. 345). Como se sabe la propuesta había sido rechazada el 2 de diciembre de 2007. Chávez viola además el Art. 7 de la Constitución Nacional, que prescribe como norma democrática esencial la alternatividad en el poder, cuando propone precisamente su abolición y la sustitución por otro que cimente la prolongación indefinida de una persona en el gobierno?
Pero, en segundo término, todo el proceso electoral fue llevado a cabo de tal modo que sólo sirviese para afianzar la posición del Gobierno. ¿Cómo puede tener lugar una consulta respetuosa de la voluntad de los ciudadanos donde el órgano encargado de velar por la objetividad del mismo está constituida casi en su totalidad por personas adictas al mandatario? No hay que extrañarse por eso que el Consejo Supremo Electoral haya cerrado los ojos y guardado profundo silencio ante los abusos del gobierno en todo el transcurso de la campaña electoral. Los instrumentos mismos de la votación (registro electoral incontrolado, votación electrónica, máquinas caza huellas) tampoco garantizan la objetividad de la consulta popular. La consecuencia de todo esto se refleja en el elevado porcentaje de personas que se han abstenido de votar (5.000.000), por no confiar en la imparcialidad de los árbitros de los comicios y en la limpieza de los resultados de la votación.
Chávez puso al servicio de su campaña electoral todo el aparato del Estado, como si fuera su cortijo privado. Los recursos de la nación fueron utilizados desfachatadamente en beneficio de su proyecto de tiranía sempiterna. La violencia contra las instituciones críticas o independientes fue organizada desde un comando central que orientaba las acciones de represión de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y de los grupos paramilitares. Son ellas las que impiden a los gobernadores y alcaldes el ejercicio de las funciones para las que fueron elegidos; las alcaldías dirigidas por opositores son atacadas y ocupadas; los concejales son secuestrados; políticos, periodistas y estudiantes son perseguidos y agredidos con balas de goma y gas lacrimógeno: las dependencias de la Iglesia Católica y de la universidad son atacadas con bombas “molotov”; hordas armadas asaltan también el Ateneo de Caracas; se intimida amenazadoramente a los empleados públicos y obreros de las empresas estatales para que voten “correctamente”, so pena de la pérdida de sus puestos de trabajo o de los beneficios que reciben por medio de las misiones.
Con tales procedimientos se mantienen los dictadores de todos los rincones del mundo. Cuba viene realizando desde hace decenios elecciones de este tipo, que arrojan resultados mucho más halagüeños.
En resumen: el escrutinio ordenado por el Presidente Chávez es anticonstitucional y, por tanto, viciado de nulidad absoluta. Es también nulo porque no es una consulta libre de la voluntad popular, sino un burdo simulacro plagado de violencia y engaños.
¿Cuál debe ser la conducta de la oposición en el futuro? Creo que ella debe intensificar la unificación de las fuerzas democráticas en torno a un programa, mínimo pero preciso, de recuperación política, social y económica del país. Pero debe además – y esto también es indispensable- intensificar una campaña, nacional e internacional, en la que se exige la objetividad y transparencia de los órganos electorales, para garantizar la realización de comicios auténticos, reales; no puramente formales.
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