Reforma del Estado ¡Ya!

Esperamos que en las elecciones de octubre la renovación legislativa apunte a un compromiso republicano dirigido a cambiar, con una reforma sustentable, una de las asignaturas pendientes más urgentes del país: la de contar con un Congreso responsable.

Por Raquel Eugenia Consigli y Horacio Martínez Paz

Córdoba es, junto con Santa Fe, una de las provincias más influyentes en el ámbito de la política y la economía argentinas, después de la provincia de Buenos Aires.

Con una superficie de 168 mil kilómetros cuadrados y una población total que supera los tres millones de habitantes, la provincia de Córdoba lleva a la Cámara de Diputados de la Nación 18 representantes, según el sitio www.diputados.gov.ar, y a la de Senadores tres, como el resto de las provincias argentinas, como se verifica en el sitio de la Cámara Alta, www.senado.gov.ar.

En este momento, nuestros representantes en el Senado son Roberto Daniel Urquía, Carlos Alberto Rossi y Haidé Delia Giri. El primero es el heredero en ejercicio de un imperio industrial aceitero en la ciudad de General Deheza, al sur de la provincia, hijo de quien fuera intendente de facto de dicha localidad durante la "dictadura". Navegó cómodo en el kircherismo, hasta que ante la famosa Resolución 125 no tuvo más remedio que darse vuelta, votando en contra de ella, ya que de lo contrario no hubiera podido volver a sus pagos. El segundo, Rossi, es un moderado, escasamente conocido en la provincia. La última y más desconocida todavía, premiada con el reciente viaje a España de la presidentA, votó, sin ningún argumento creíble, a favor de aumentar las retenciones al agro. Lo curioso de la senadora Giri (surgida probablemente de la ley de cupo femenino), es que, además de parecerse a un célebre personaje de Antonio Gasalla, es nacida en la provincia de La Pampa, por lo cual no se explica en calidad de qué está representando a los cordobeses.

Calculamos que esta situación se repite en otras provincias del país, si bien algunos de estos representantes de la ciudadanía han entendido que su misión en la función pública consiste en ponerse al servicio de sus mandantes y honrar su cargo devolviendo con honestidad y responsabilidad lo que la sociedad les ha confiado: la realidad presente y futura de sus representados.

Si bien las modernas herramientas de comunicación, en particular Internet, posibilitan el conocimiento de gran parte de los legisladores y políticos por parte de la ciudadanía, resulta imperativo conocer cara a cara al legislador que nos representa, así como su desempeño cotidiano, que resulta casi tan vital como conocer al policía de la esquina.

El sistema electoral argentino, sin embargo, inexplicablemente incompatible con la democracia, permite, desde hace más de 25 años, la llegada al Congreso de la Nación de personajes totalmente desconocidos por los votantes, cuya única lealtad parece ser al partido político que los catapultó al sillón -y a las prebendas, particularmente los fueros- de alguna de las Cámaras.

Debemos sumar a todo esto los vicios maliciosamente introducidos por la reforma constitucional de 1994. En ella se derogaron sabios conceptos de nuestra Constitución de 1853/60. En nuestra carta magna original, y dentro de la división necesaria de poderes, los senadores accedían a sus bancas por voto indirecto, y eran sólo dos por provincia. De esta forma, en la Cámara Alta las provincias estaban representadas en forma igualitaria, más allá de su peso en el contexto nacional debido a su población, a sus recursos o a la explotación de los mismos.

Transformar el Senado de la nación en una cámara de diputados paralela fue un gran error, alejado del criterio federal que primaba entre quienes confeccionaron la Constitución de 1853. El tercer senador por provincia respondió a las condiciones que en el Pacto de Olivos impuso el ex presidente Alfonsín (dos senadores por la mayoría y uno por la minoría), a fin de asegurarse que habría un legislador de su partido en la Cámara Alta. De esta forma, Argentina firmó su membresía en el Club de la Partidocracia.

En julio de 2008, a raíz del conflicto con el campo y de la consecuente votación al proyecto del gobierno de elevar las retenciones al agro, conocido como “Resolución 125”, los cordobeses -y todos los argentinos, gracias a los medios de comunicación- tuvimos la oportunidad de conocer la cara y la voz de nuestros representantes en el Congreso.

Lo que motiva esta nota, más allá de estos datos preliminares, es constatar que los tres senadores cordobeses ocupan su sitio desde hace 6 años, al igual que algunos de los diputados. Sin embargo, en el interior es muy poco lo que sabemos de ellos y de su desempeño como legisladores, más allá de esporádicas y fugaces apariciones en los medios.

Es por eso alarmante observar que, ante los desatinos y enfrentamientos entre compatriotas fogoneados desde los atriles de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada, amén de las extralimitaciones en las funciones de la primera magistrada del país y su consorte, las voces en disenso no han surgido de los partidos políticos ni se han reflejado en alguna intención por parte de los legisladores por controlar los excesos del poder, que es una de sus obligaciones primordiales.

Así por ejemplo, en los últimos días el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner -que no ocupa ningún cargo más que el de “consorte”- ha incurrido en una serie de actos de extrema arrogancia, usando los bienes del Estado como si fuera el presidente en ejercicio, mientras “ordenaba” relegar a un segundo plano al vicepresidente Cobos. Pocas voces en contrario se han escuchado de los legisladores, primando en cambio la condena de los medios de comunicación y de algunos particulares.

Creemos que se necesita con urgencia una reforma del Estado que garantice a la ciudadanía el conocimiento cabal de sus representantes en el poder legislativo, a fin de que los argentinos podamos reclamar a los mismos en forma directa y efectiva cuando la situación lo amerite.

Esperamos que en las elecciones de octubre la renovación legislativa apunte a un compromiso republicano dirigido a cambiar, con una reforma sustentable, una de las asignaturas pendientes más urgentes del país: la de contar con un Congreso responsable, que sea capaz, a su vez, de devolver a los argentinos en forma de contrapeso al poder ejecutivo, la confianza que los votantes han depositado en sus representantes en las Cámaras.

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