Por Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
Luego de vegetar tres meses en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía, el día del tratamiento de la reforma tributaria tuvieron que fatigarse siete horas de febriles discusiones técnicas y políticas en el bloque peronista entre sus habitantes y los radicales, con el abrochado final en la propia presidencia de la Cámara de Senadores, para que en la madrugada del viernes 13 el mensaje 4009 Sistema Tributario Provincial fuera transformada en Ley con media sanción con el voto unánime en general de parte de los 19 representantes territoriales del radicalismo, peronismo y el socialismo.
La media sanción del Senado desguazó sustantivamente el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo el 18 de abril, eliminando las trabajosas tablas elaboradas por el Observatorio de API-Catastro sobre los predios urbanos y rurales a los fines de calcular el avalúo fiscal y sus consecuentes alícuotas. Se cambiaron las consideraciones técnicas por intereses políticos territoriales; manual de la política cuando no se tiene la mayoría.
En definitiva, se incorporaron al nuevo texto las sugerencias hechas por los senadores radicales y primordialmente la mayoría peronista adelantadas en exclusiva por nuestro Diario: el avalúo agropecuario se tocó un poco menos que lo anotado por el Gobierno (pero se eliminó el observatorio de referencia y la actualización automática), y a cambio se optó por – tal como pedían las entidades del sector – aumentar las alícuotas; en este caso entre el 50% y el 200%. Algunos campos comenzarán a pagar bienes personales y renta mínima presunta.
El avalúo urbano y suburbano no se modificará, incorporando los valores fictos con aumentos de alícuotas de entre el 20% al 65%., según los rangos.
Con opiniones divididas en ambos bandos políticos, y abstenciones en la votación en particular, finalmente el sector industrial quedará exento de tributar Ingresos Brutos; mientras que para el comercio se aumentará el tributo sobre IB para las empresas radicadas fuera de la Provincia. Se incorpora a la construcción en el pago de Ingresos Brutos con un 2% para las locales y 3% las extra provinciales; y se exime de Ingresos Brutos mismo a las empresas del auto transporte de pasajeros de media distancia, siempre y cuando ofrezcan a cambio el boleto gratuito para los estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios.
Hasta aquí el trazo grueso técnico impositivo. Quedará para helénicos análisis la dermis política de una media sanción que seguramente será despanzurrada en diputados, tal como lo adelantó el presidente del bloque del FPV Darío Mascioli. De todos modos, cuando la media sanción del viernes pasado regrese facialmente transformado, allá sobre inicios del mes de la primavera, si el senado insiste con los dos tercios (que hoy los tiene) podrá convertirse en Ley para que Antonio Bonfatti pueda cobrar los vencimientos impositivos de septiembre con aumentos.
El gobierno pensaba recaudar en abril cuando mandó el “proyecto de adecuación y armonización de los tributos provinciales” unos 1.500 millones de pesos que engrosarían las cajas comunales y municipales con un 6% de incremento coparticipable. Del 100 % solicitado por el Poder Ejecutivo el peronismo quería darle un 30%, a lo cual los radicales se plantaron amenazando con no sesionar, hasta que finalmente hubo fumata blanca y el gobierno recibiría sobre fines de agosto un 65% aproximadamente de lo ansiado.
Para entonces ya habremos transitado el primer trimestre del pronosticado oscuro segundo semestre del año; mientras tanto habrá que ver si los jefes comunales y municipales tiene paciencia - y plata en sus cajas - para amortizar lo que el jefe del bloque kirchnerista de diputados Mascioli definió como un trámite que no será “rápido ni sencillo” con tratamiento en cinco Comisiones y reuniones con todas los sectores involucrados.
Desde la Casa Gris insisten con el enigmático “Plan B” para el supuesto que la reforma no diera los frutos que desde luego no son – ni por asomo – los esperados.
Todo este panorama abonado por un enrarecido clima de sospecha sembrado por el diputado nacional peronista Oscar Martínez desde su ambigua y extraña posición de líder del Partido 100 % Santafesino, quien denunció públicamente nombramientos de familiares de legisladores en la propia Cámara y el gobierno supuestamente, según elucubra Martínez, a cambio del voto favorable del peronismo a la reforma.
Por lo pronto, el ex Gobernador Jorge Obeid deslindó toda responsabilidad política de los senadores de su Partido señalando que tiene un “profundo respeto por lo que hacen los legisladores; no cuestiono las decisiones que ellos toman porque tienen legitimidad para hacerlo”. El senador Alcides Calvo, vinculado al espacio del diputado nacional Omar Perotti, sostuvo que los senadores peronistas “morigeraron el impacto de la reforma” quitándole facultades al Poder Ejecutivo que “procuraba arrogarse para modificar alícuotas y mínimos en Ingresos Brutos, y que también abarcaba a impuesto inmobiliario, para procurar ajustes al impuesto hasta el año 2018”.
No pocos piensan que el peronismo no debería haberse involucrado en la riesgosa necesidad de cargarse al hombro la reforma. Cada uno de los exponentes justicialistas en el recinto el pasado jueves y madrugada de viernes rescataron la responsabilidad del peronismo en darle al Gobierno de Bonfatti (y sobremanera municipios y comunas de su propio signo político que los urgían) esta acotada herramienta en la seguridad, según explicitó el rafaelino Alcides Calvo, que será utilizada responsablemente.
Queda aún la batalla dialéctica en Diputados, con seguridad muy agresiva hacia el oficialismo desde el peronismo opositor, que una vez más entrará en serias contradicciones internas si no logra torcer la voluntad de quienes arreglaron el proyecto el jueves pasado en el senado y lo ratificarán dentro de un mes.
Caso contrario, no habrá reforma y por fin se revelará el Plan B del gobierno.
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