viernes, 5 de diciembre de 2008

El paquete de blanqueo y repatriación de capitales, con serios cuestionamientos, promete una dura batalla en el Congreso

El proyecto tal como está redactado es tan injusto como reñido con la ética, una vez más, el Estado castiga a los contribuyentes más cumplidores. La iniciativa gubernamental colisiona contra la ecuanimidad tributaria, puesto que quien en mayor medida transgredió la ley, es quien el que más se favorece con esta moratoria

Por Aldo Norberto Bonaveri

La semana pasada, la presidenta Cristina Fernández sorprendió al país al anunciar el paquete de medidas, en el marco de la clausura de la 14º Conferencia Anual Industrial, ante un auditorio que permanecía expectante por conocer el plan del gobierno para contrarrestar la crisis.

Dentro de lo que se venía anticipando por fuentes oficiosas, se recibió con beneplácito el ambicioso designio en materia de obra pública, a el se destinarán $ 71.000.000.000, (un monto comparable a los ahorros depositados en las cuentas de capitalización de las AFJP) y, del que se aguarda que en el gremio de la construcción se incorporen 400.000 nuevos empleos. Los proyectos inherentes contemplan un menú de acometidas; así es como se ejecutarán obras de estructura, caminos, hospitales, escuelas, viviendas, etc. En cuanto al financiamiento surgirá de las arcas de la ahora capitalizada ANSeS.

De la proclama, lo mejor recibido por los principales actores de la economía resultó retornar al Ministerio de la Producción. Hasta aquí la iniciativa del gobierno no concita polémica y, su aprobación es prácticamente generalizada. Veamos a continuación los puntos que desde el momento mismo del anuncio, dieron lugar al debate y los cuestionamientos. Bajo el título de “Régimen de Normalización Tributaria, Promoción y Protección del Empleo Registrado con Prioridad en Pymes y Exteriorización y Repatriación de Capitales”. Proyecto ómnibus ingresado para su tratamiento al Congreso de la Nación.

Si la ley se sanciona, ésta sería la más grande indulgencia impositiva de los anales argentinos, los especialistas tributarios no registran un plan más propicio para los deudores. Las moratorias acontecidas desde el retorno a la democracia ocurrieron en 1986, 1992 y 2001. Invariablemente se las presentó como la última oportunidad, jamás hubo otra tan generosa como la ahora propuesta y, en ningún caso se alcanzaron los resultados tal como se habían estimados.

El proyecto prevé la condonación de todas las multas y punitorios, a quienes adhieran a la refinanciación de impuestos y pagos adeudados, incluirá a los particulares y a todo tipo de empresa, Para la cancelación se programó un plazo de hasta 10 años, beneficiando inclusive a querellados penalmente, aun con sentencia firme.

Se podrá suscribir la moratoria durante un lapso de 6 meses a partir de la sanción de la ley; no obstante el mayor recorte será para quienes ingresen en los 2 primeros, estos no pagarán 70% de los intereses y punitorios. Haciéndolo sobre el capital y el 30% restante.. Quienes los hagan entre el 3º y 4º mes, obtendrán un perdón en el 60% de intereses y punitorios; en tanto que aquellos lo concreten con posterioridad se soslayarán abonar el 50% de estos conceptos. La gracia incluye las deudas contraídas hasta fines del 2007, en materia de; IVA, ganancias, contribuciones patronales, monotributo, y todos los demás impuestos nacionales.

El jubileo impositivo, en alguna medida, está en sintonía con los anuncios grandilocuentes del pago al Club de París y a la reapertura del canje de deuda. La pretendida señal es irradiar confianza, mostrándose magnánimo en la oferta; en este caso, el mensaje a los capitales que se procuran repatriar consiste en enfatizar que “no importa de donde provengan” “no somos indiscretos”. Evaluando las conductas asumidas por el gobierno recientemente, suponer que esta convocatoria pueda alcanzar gran repercusión parece una candidez, el manotazo perpetrado a los fondos previsionales depositados en las AFJP no aparece con el argumento más convincente.

El proyecto tal como está redactado es tan injusto como reñido con la ética, una vez más, el Estado castiga a los contribuyentes más cumplidores. La iniciativa gubernamental colisiona contra la ecuanimidad tributaria, puesto que quien en mayor medida transgredió la ley, es quien el que más se favorece con esta moratoria. En síntesis el mensaje dado al pueblo argentino es paupérrimo y en consecuencia, las secuelas serán tan profundas, que llevará mucho tiempo para que el empresariado (cualquiera sea envergadura) vuelva a creer.

Si bien lo señalado es totalmente cuestionable no es lo más grave; distintos especialistas tributarios y reconocidos jurisconsultos, coinciden en señalar que la moratoria fiscal podría ser funcional al lavado de dinero. Sin duda una opinión tan idónea como autorizada es la del ex titular de la AFIP, Alberto Abad, quien textualmente expresó: “La moratoria es un salto al vacío porque permite blanquear dinero o bienes mal habidos sin que se investigue su origen”

La permisividad de la norma propuesta, podría significar la cesación de causas penales por denuncias recientes de corrupción, como la de Skanska o el escándalo de la valija de Antonini Wilson, las dos sin sentencia. En uno de sus artículos queda establecido que no pueden acogerse al blanqueo funcionarios de gobierno, pero no pesa impedimento para que se amparen sus conyugues u otros familiares, ni tampoco existen obstáculos para que lo hagan terceros vinculados. Cualquier argentino medianamente informado sabe de otrora asalariados, son ahora devenidos en testaferros, que a la sombra de poder de turno se transformaron en prósperos empresarios; con semejante instrumento a disposición, ¿alguien cree que no será utilizado para barnizar negociados con un manto de legalidad?

Analizando el proyecto surgen conclusiones que no resisten otras interpretaciones; en todos los casos se advierte que mejora la situación de los infractores; paraliza acciones penales, alienta la prescripción, crea el caldo de cultivo para la afloración de la plata negra y, asiste a la impunidad.

La historia escrita tras 89 blanqueos dictados en nuestro país, demuestra que esta metodología nunca fue eficiente; con las condiciones imperantes en nuestro país, habida cuenta de la proliferación de contradicciones e incertidumbres, como así también de los permanentes giros en la política económica, no se vislumbra muy probable que capitales impolutos resuelvan repatriarlos y mantenerlos dos años inmovilizados.

En este contexto, una hipótesis que cobra fuerza es que los fondos más proclives a ingresar, serían aquellos de origen dudoso. Tal conjetura no tiene espacio para sorprender, máxime cuando aunque “duela” debemos reconocer, que Argentina ostenta un alto grado de corrupción y, un alarmante crecimiento del narcotráfico. Por ende el blanqueo se convierte en un atractivo para el lavado de dinero.

Últimamente estamos observando como crece en nuestro país la presencia de los cárteles de la droga, estos se están introduciendo en las capas “permeables” de la sociedad y, nada obstará, para que por una substanciosa “comisión”, pero irrelevante para las organizaciones de traficantes de estupefacientes, argentinos poco escrupulosos se presten a terciar en la maniobra.

Lo que difícilmente resultará convincente para inversionistas sin máculas, si se muestra atractivo para operadores marginales. Los capitales no están obligados a declarar su origen, al gobierno solamente le interesa que paguen a lo sumo un 8%. De proponérselo, con los recursos del narcotráfico podrían adquirir “legalmente” un buen porcentaje de los bienes nacionales. Como epítome cabe decir que el dinero “sucio” y mal habido, en un verdadero “cambalache” tendrá equivalencia de derechos, con aquel lícito que tributó un 35% de impuesto a las ganancias.

El tema recién comienza a tratarse a nivel de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición se manifiesta muy crítica y dispuesta votar en contra, en el bloque oficialista, aún cuando no pocos legisladores evitan expresarse públicamente, internamente ponen reparos a levantar la mano tal como el proyecto bajó del ejecutivo, los habituales aliados al FpV reclaman cambios al texto original. Ha juzgar por los primeros escarceos, no le resultará fácil al kirchnerismo imponerlo tal cual lo pergeño.

Pregón Agropecuario

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