Convencido Néstor, de lo improbable de poder fragmentar a las cuatro entidades; en esta etapa; los esfuerzos se vuelcan a capitalizar cualquier resquicio interno ocurrido en dirigentes de segundo nivel, o bien explotar urgencias económicas derivadas de la sequía.Por Aldo Norberto Bonaveri
El país está verificando un horizonte agropecuario gravísimo. La magnitud de la sequía es tal, que sus implicancias trascienden notoriamente lo sectorial, donde los daños ocasionados son multimillonarios; el fenómeno está catalogado como el más el más severo en la materia de los últimos 70 años y, sus consecuencias se extienden mediante el detrimento económico y social, que conmueve a todas las regiones productivas, causando prácticamente la paralización del interior.
La caída en la producción de granos se estima entre 20 y 25.000.000 de TT, con relación al ciclo inmediato anterior; en ganadería el saldo es desolador, calculándose en 800.000 las cabezas de bovinos muertas de hambre o sed y en 3.500.000 terneros menos, así podríamos engrosar una nómina de pérdidas cuantiosas en todas las explotaciones agrarias. Habida cuenta de la gravitación que el campo tiene en sobre las distintas actividades industriales, comerciales y de servicios, las consecuencias se están haciendo notar fuertemente en caídas de las ventas, reducción del flujo de transporte, suspensiones y/o despidos de operarios y empleados y, serias alteraciones en la cadena de pagos.
El cuadro de situación es de una envergadura tal, que demanda se adopten medidas perentorias y a la altura de las circunstancias. El anuncio formulado por la presidenta, estableciendo la emergencia agropecuaria, es insuficiente y, como tal, no satisface las necesidades de los productores. En rigor de verdad, corresponde señalar que el decreto del PE (Nº 33) dista mucho de apuntar a solventar la crisis, aún cuando resulte un esfuerzo fiscal importante; en síntesis, con el dictado de la norma el gobierno no hizo más que dar cumplimiento a lo estatuido en la ley 22.913 (sancionada el 15.09.83)
Los alcances del decreto prevén la prórroga del pago de los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y bienes personales por un año, diferimiento que no es gratis, puesto que los aplazamientos mencionados devengaran un 14% en concepto de intereses. Serán beneficiarios los productores que tengan su establecimiento en aquellos departamentos o partidos de las provincias, que hayan declarado previamente la emergencia provincial (más del 50% de la superficie comprometida). En virtud de ello, quienes están comprendidos en esta situación, además obtendrán moras o exenciones (en caso de declaración de "desastre", como se tipifica cuando la explotación se afecta más del 80%), en el pago de los tributos provinciales.
Con lo expresado queda en evidencia, que el gobierno no avanzó un paso más allá de lo que es su obligación, ni tampoco puso en funcionamiento dispositivo especial alguno; no obstante, fiel a su estilo, acompañó la medida con su acostumbrada puesta en escena, complementando el anuncio con comentarios orientados a magnificarlo, al mismo tiempo de elaborar un mensaje predestinado a tergiversar la realidad, fundamentalmente consignado a los habitantes del área metropolitana, generalmente desconocedores de la problemática rural.
En tal sentido, vale destacar frases textuales de la presidenta expresadas en su alocución: “Esto es un gran esfuerzo que hacen todos los argentinos, porque no hay ningún otro sector de la actividad económica que tenga este tipo de beneficios”, claro está que omitió mencionar, que en el lustro 2003-2008, el campo sólo en materia de retenciones aportó u$s 25.000.000.000, independientemente de tributar, como el resto de los contribuyentes, ganancias, bienes personales y cualquier otra imposición del menú fiscal argentino. (Las retenciones se aplican únicamente a las exportaciones de productos y derivados agropecuarios y, combustibles)
En el mismo acto, Cristina Fernández dio a conocer la resolución (Nº 34), por la cual se eliminan todos los aranceles y las comisiones para la adquisición de las cartas de porte, pudiendo acceder por ellas a través de Internet en forma gratuita en la web de la AFIP. La proclama en cuestión, fue presentada demagógicamente como un gran beneficio para los productores; a los efectos de causar el impacto propagandístico buscado, enfatiza que con la medida el sector se ahorrará $ 200.000.000 anuales; presentado así, puede aparecer como una concesión importante. Para desmitificar el alcance del favor presidencial, nada mejor que remitirse a un reciente estudio efectuado por AACREA sobre el particular; en consecuencia el “gran” ahorro consiste en promedio por hectárea; u$s 0,20 para el girasol, u$s 0,23 para el trigo, u$s 0,31 para la soja y u$s 0,54 para el maíz
Si bien la gracia para los agricultores resulta irrelevante, es de magnitud el perjuicio para la Federación Agraria Argentina “FAA”, quien desde 1992 junto a la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, emite, distribuye y comercializa el documento indispensable para transportar sus granos. Para la entidad que comanda Eduardo Buzzi, los ingresos por dicho concepto constituyen una parte sustancial de su financiamiento, ello se entiende por las características de la institución, primordialmente integrada por pequeños productores.
Cualquier persona medianamente conocedora de la realidad gremial agraria o, al tanto de los desencuentros del gobierno con el campo, no tiene la menor duda que el asunto de la gratuidad de las cartas de porte tiene por finalidad castigar a la FAA. En las esferas del poder están convencidos que la sanción económica corresponde, dada la posición critica adoptada desde que se desató el conflicto, por la dirigencia federada con su presidente a la cabeza, De esta manera el kirchnerismo saca a relucir una de sus herramientas predilectas, premiar o escarmentar con recursos monetarios, según se trate de amigos o adversarios.
El gobierno, lejos de convocar al dialogo, sin adoptar las medidas correspondientes, haciendo caso omiso de los reclamos planteados por la Comisión de Enlace, soslayando pedidos de suspensión por seis meses de las retenciones a las exportaciones agrícolas, formulados por el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner y, varios intendentes, desoyendo sugerencias de otros gobernadores, está empecinado en desconocer cualquier requerimiento que pueda interpretarse como cediendo ante el campo, un enemigo declarado para la dinastía K.
Con relación al capitulo de la 125 la estrategia oficial para confrontar con el agro ha variado, la táctica ahora pergeñada en Olivos contempla bajar los decibles en cuanto ataques verbales, pero ello no significa perder el objetivo de fomentar la división del sector agropecuario, por el contrario, por estos tiempos los intentos en esa dirección se han renovados. Convencido Néstor, de lo improbable de poder fragmentar a las cuatro entidades; en esta etapa; los esfuerzos se vuelcan a capitalizar cualquier resquicio interno ocurrido en dirigentes de segundo nivel, o bien explotar urgencias económicas derivadas de la sequía.
Para consumar su propósito el presidente consorte confía misiones especiales en sus lugartenientes predilectos, Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, asignándole a cada uno roles distintos pero concordantes.
El jefe de la AFIP, esta encargado de contrarrestar los reclamos agrarios; a tal efecto, las respuestas no pretenden convencer a los productores, sino que constituyen la excusa para enviar mensajes subliminales a la sociedad. Ello queda palmariamente reflejado al expresar “deberían estar festejando” cuando se refiere a la declaración de emergencia y la gratuidad de las cartas de porte, el ex mandamás de la ONCCA, es conciente que los hombres de campo están disconformes con las medidas, tampoco procura que estos le crean cuando asevera “que el Gobierno nacional está dando todo de sí". La intención es confundir a las comunidades urbanas, presentando al campo como eterno disconforme.
Al secretario de Comercio Interior, en cambio no se le pueden pedir sutilezas, por el contrario, del inefable funcionario el matrimonio presidencial espera que aplique arbitrariamente los poderes especiales y métodos heterodoxos que tanto “respetan” sus obligados interlocutores. En ese rol, Moreno distribuye maíz por zonas azotadas por la sequía, sin la participación de la SAGPyA, ni los intendentes de las localidades donde recalan los envíos, planifica la organización de feedlot, reparte subsidios; su habitual aspereza se atempera cuando logra contertulios que acceden a sus planes y, fundamentalmente cuando intuye que puede escindir a determinados cuadros, de las conducciones de las entidades organizadas.
Lamentablemente no hay ningún indicio que nos haga presagiar la solución de un conflicto no resuelto, por el contrario hoy el campo tienes problemas más graves que el año pasado, en el gobierno no existe señal alguna de abordar el tema de fondo. Con el recambio de funcionarios en el segundo semestre del año anterior se ganó en idoneidad, empero las variantes introducidas no arrojaron ningún resultado, es triste ver ministros o secretarios probos que están desdibujados y, sin capacidad de decisión, soslayando los problemas o pretendiendo sostener lo que no se puede justificar.
Los que deciden están obstinados en someter a la dirigencia agraria, en el campo el clima de descontento cada día es mayor y, la bronca el dominador común: Las bases están apurando para comenzar con acciones concretas, las conducciones de las entidades están haciendo esfuerzos para no apresurar los tiempos y, al menos esperar hasta marzo para lanzar un plan de lucha, que vislumbran extendido en el tiempo y con varios frentes para atender.
Sin duda que la cautela es el camino más sensato, no obstante hay riesgos de desborde, la lamentable y condenable agresión que fueron objetos en Laguna Paiva, Santa Fe, los diputados nacionales Agustín y Alejandro Rossi, es una muestra de tanta impotencia y malestar contenido.
Pregón Agropecuario
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