domingo, 10 de noviembre de 2019

¿A USTED, QUÉ TÍO ALBERTO LE GUSTA MÁS?

Evidentemente, gente como Correa y Alberto está obsesionada con la televisión y la ficción.

Por Alejandro Borensztein


Antes que nada debemos felicitar a Alberto Fernández por haber terminado exitosamente su segunda semana como presidente electo. Pensar que transcurrieron sólo quince días desde las elecciones y ya parece que aquella epopeya del campo nacional y popular ocurrió hace meses. Así de vertiginosa y loca es nuestra Argentina.

Esta locura en la que vivimos nos llevó a una nueva obsesión colectiva que es pretender descifrar ya mismo de qué se va a tratar el gobierno de Tío Alberto. ¿Qué señales da? ¿Para dónde vamos?

Por lo que hemos visto hasta ahora, para sintetizarlo de algún modo, podemos ir definiendo al futuro gobierno como una película argentina en coproducción con el Vaticano con un guión neomenemista tardío ortodoxo, musicalizada con temas de rock nacional de fines de los 60.

O sea, Mini Menem / Capilla Sixtina / Lito Nebbia como el trípode político económico y cultural sobre el que se sostendría el futuro gobierno, en el mejor de los casos. Menem para hacer el ajustazo, el papa para contener el fastidio popular y Lito para ponerle la mejor música. Por ahí va a venir la mano.

Obviamente lo van a disfrazar de otra cosa, le van a dar dos manitos de progresismo sintético para disimular un poco pero en el fondo todo pinta que allá vamos.

Como adelanto, digamos que evidentemente en estos pocos días el país ha mejorado bastante. Baradel ahora se muestra razonable diciendo que hay que aguantar y apoyar. Los gordos de la CGT ya dijeron que no es momento para andar haciendo reclamos salariales y varios sindicalistas avisaron que no van a pedir el bono de fin de año.

O sea, estamos mucho mejor que en la época de Vidal y de Macri cuando toda esta gente nos emputecía por cualquier cosa. Falta que le avisen a Papá Noel que no es necesario que venga, que si se le complica llegar hasta acá no hay problema, que se quede allá en el norte nomás, que muchas gracias y que este año nos arreglamos así como estamos.

Lo que sí genera alguna preocupación es la idea de que los sectores antagónicos del Frente de Todos puedan terminar enfrentándose entre ellos y generando un problema para el país. Por ejemplo, La Cámpora contra los gobernadores e intendentes o los sindicalistas contra Grabois y las organizaciones sociales, o Massa contra los Zaffaroni de este mundo, etc. etc. Por favor, llevemos tranquilidad. Todo esto es falso.

Por ahora la única crisis que se puede vislumbrar es entre aquellos sectores que apoyan lo que dice Tío Alberto los días miércoles y los que apoyan las cosas que dice el jueves o el viernes.

De los distintos Tíos Alberto que hemos visto, el de los miércoles es por lejos el mejor.

De hecho este miércoles, hablando con Maru Duffard para Canal 13, el presidente electo desautorizó a quienes piden la ejecución de los periodistas que cuestionaron al kirchnerismo. El tipo declaró que “cada uno puede decir o escribir lo que le plazca” y explicó que finalmente deberán hacerse responsables frente a sus audiencias. Obvio pero impecable.

Por más que Moyano patalee, de eso se trata. Cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer: los políticos seguir arruinando al país y los periodistas seguir escribiendo sus notas. Después el público decide.

Usted amigo lector sabe que conmigo no van a tener ningún problema porque yo hace 12 años que repito siempre lo mismo: nada mejor que el kirchnerismo (para las columnas de humor político, obviamente). Moyano, que fue quien pidió investigar a los medios y a los periodistas, tampoco se puede quejar porque yo nunca me meto con él. No como vidrio.

En cambio el Tío Alberto de los jueves y el de los viernes, digamos las cosas como son, hasta ahora fue un desastre. El juevismo y el viernismo son dos líneas internas que preanuncian conflictividad.

El viernes pasado el presidente electo volcó hablando de la Warner, de Bugs Bunny y del pobre Correcaminos cuyo único pecado es tratar de evitar que el Coyote se lo coma.

No habla bien de Tío Alberto que el tipo se identifique con el Coyote cuando es obvio que todos estamos del lado del Correcaminos. Imaginemos la serie al revés. Un coyote temible que persigue a un bello correcaminos y al final de cada capítulo se lo devora con esos dientes espantosos chorreando sangre mientra el pobre bicho grita desesperado. Sería horrible. Un escándalo mundial. Los chicos no podrían dormir a la noche.

Lo mismo vale para Bugs Bunny, un conejo que come zanahorias y escapa de Sam, un viejo bigotudo miembro de la National Rifle Association de EEUU, que lo persigue con una escopeta para matarlo.

¿Cómo puede ser que el mismo Tío Alberto que el miércoles critica, con justa razón, la represión en Chile, el viernes pida que al pobre Bugs Bunny lo caguen a tiros?

Todo este debate ridículo fue el viernes de la semana pasada. El Tío Alberto de los viernes es para el olvido.

El Tío Alberto de los jueves no es mejor que el de los viernes. Este jueves le dio un reportaje de una hora a Rafael Correa, el ex presidente ecuatoriano buscado por la justicia que tiene un programa de reportajes en la televisión rusa de Putin. Una hora sin cortes. Televisivamente un plomazo. Te la encargo.

Los medios sólo rescataron las definiciones de Tío Alberto sobre la deuda y le dejaron pasar todo lo demás, como por ejemplo la descalificación de todos los ciudadanos latinoamericanos que no votan por los Kirchner, por Correa o por Maduro (serán todos oligarcas y lacayos del imperio pero nunca son menos del 50%).

También desarrollaron una genial interpretación de la serie “El Chavo” según la cual Doña Florinda es una tilinga (textual) con aspiraciones burguesas que maltrata al pobre Don Ramón quien, según Correa y Alberto, representa a la clase trabajadora latinoamericana oprimida. Posta. Ver para creer.

Debo decir que, al menos en los capítulos de “El Chavo” que yo vi, Don Ramón es un adorable vago que no quiere laburar y Doña Florinda es una viuda que cría sola a su hijo Quico y hace lo que puede con la miserable pensión del orto que le pagan gobiernos revolucionarios como los de Rafael Correa o Cristina Kirchner.

Pero son miradas. En cualquier caso, evidentemente esta gente está obsesionada con la televisión y con la ficción. Que se preparen en Polka.

En otras palabras, esperemos que este debate entre las líneas internas de Tío Alberto lo ganen los miercolistas, porque los juevistas y los viernistas son de terror.

Por ahora tampoco suman los Tíos Alberto de los días lunes y martes porque son los días en los que el tipo deja que los demás digan barbaridades sin salir a desmentirlas. Sobran ejemplos.

Finalmente, Tío Alberto de sábado y domingo tuvimos uno solo y se la pasó boludeando en México, de modo que todavía no hubo masa crítica como para poder evaluar como es el tioalbertismo de fin de semana. Veremos este domingo como termina.

Mientras tanto, el viernismo se reunió, obviamente este viernes, en la CGT. Estaban Caló, Moyano, Daer, Piumato, Viviani, Acuña, Cavalieri, Rodriguez y Palazzo, entre otros. Mucho colesterol y mucha foto de Evita pero la igualdad de género te la debo. Como le dije amigo lector, los viernes de Tío Alberto son dificilísmos.

Habrá que estar atentos al 10 de diciembre cuando sea el traspaso del mando. Cae martes. Ya no me gusta, hubiera preferido miércoles. Esperemos que no se arme lío cuando se crucen los machirulos del viernismo con las feministas del lunesismo.

Van dos semanas recién. Nos vamos a divertir.


Clarín


sábado, 9 de noviembre de 2019

VOLVIERON, ¿PERO MEJORES?


"La historia retrocedía a toda
carrera hacia la tribu y el ridículo".

Mario Vargas Llosa

Por Enrique Guillermo Avogadro

A pesar de cuanto cabía esperar a partir de la razonablemente amable reunión que mantuvieran Mauricio Macri y Alberto Fernández a pocos días de las elecciones del 27 de octubre para comenzar una civilizada transición, el Presidente electo se apresuró a mostrar la hilacha.

Más allá de los malabares que se ve obligado a hacer con respecto a Venezuela, un asunto prioritario para Estados Unidos y Brasil, países a los que necesita más que el agua en el desierto, y de los desatados ataques a la administración saliente en la Argentina, tres temas están mostrando claramente hacia dónde derivará su acción cuando llegue a la Casa Rosada: la impunidad para los políticos y empresarios procesados o ya presos por corrupción, la reconstrucción del frente populista en Hispanoamérica y la reiterada pretensión de avanzar contra la prensa independiente.

Lo que comenzó con un par de payasos mediáticos que reclamaban la creación de una suerte de CONADEP para el periodismo y con los dichos recientes de Rafael Bielsa en igual sentido, dirigidos a proteger a Hugo Moyano, se transformó en algo mucho más serio y peligroso por las expresiones del propio Alberto Fernández, cuestionando a la prensa y a los propietarios de los medios. Ya se habrían concretado cancelaciones de contratos a varios conductores que han sido críticos del kirchnerismo.

La visita a Andrés Manuel López Obrador tuvo la marca de la tensión que vive el futuro Presidente argentino entre la dominante presencia de Cristina Fernández, propietaria de los esenciales votos del Conurbano bonaerense y antigua amiga y socia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y sus necesidades de reconstruir las marchitas relaciones con Jair Bolsonaro y Donald Trump, cuyo Departamento de Estado no olvida la contra-cumbre de Mar del Plata de 2005, que organizó Néstor Kirchner para humillar a George W. Bush ni la apertura de la valija con secretos militares que concretó Héctor Timerman con un alicate en 2011.

México no integra el Grupo de Lima, que clama por el fin de la tiranía de Nicolás Maduro, y Alberto se propone abandonarlo y, a cambio, dar impulso al Grupo de Puebla, un rejunte de personas identificadas con el clepto-populismo que se reunirá hoy aquí.

Por supuesto, nada dice de las acusaciones de corrupción que golpearon a cuatro ex mandatarios de Perú, que están en prisión, fugados del país o se han suicidado. Como se ve, la teoría de la persecución sólo se aplica (recordando aquél "al enemigo, ni justicia") a los compañeros de ruta, a los cuales se les perdonan las violaciones a los derechos humanos, el fraude y el latrocinio, como a Evo Morales, Fernando Lugo o Rafael Correa.

Ese posicionamiento tiene su correlato en el escenario local. El triunfo de Fernández² hizo que comenzaran a soplar fuertes vientos que renovaron el aire en algunas celdas de Ezeiza y Marcos Paz, amén de haber hecho girar las veletas de Comodoro Py; algunos fueron lo suficientemente potentes como para dejar ir a muchos detenidos por las causas de corrupción. La excarcelación de Luiz Inácio Lula da Silva, ordenada luego de que el Tribunal Supremo modificara su jurisprudencia y le permitiera esperar en libertad hasta agotar sus recursos, llevó esperanzas a los muy pocos que aquí aún miran al mundo a través de las rejas.

Cristina venía pregonando su interesada teoría de lawfare y Alberto la hizo suya, responsabilizó a la prensa, confesó que ella está libre sólo por los fueros parlamentarios y la decisión del peronismo, y amenazó veladamente a los jueces que la han procesado. Por supuesto, el principal objetivo de la banda sigue siendo garantizar la impunidad de Florencia Kirchner, el único miembro de la familia que no cuenta con esa protección.

En consonancia, Eduardo Barcesat y Raúl Zaffaroni, sostienen que las investigaciones sobre el falso progresismo en América del Sur son "persecuciones políticas" y, consecuentemente, todos los ladrones (y los empresarios que confirmaron la información de los cuadernos) deben ser puestos en libertad en forma inmediata. Exigieron la intervención del Poder Judicial jujeño, apoyados en la pública opinión de Alberto, que considera indebida la prisión de Milagro Salas, cuyas condenas fueron confirmadas por unanimidad por la Corte Suprema.

A la luz de lo que está sucediendo en Chile (recomiendo esta lectura: https://elmontonero.pe/columnas/lecciones-de-chile), donde a la protesta genuina y pacífica se le montó la subversión terrorista apalancada por Cuba, Venezuela y otros regímenes más fuertes que están detrás, me pregunto qué hubiera pasado de haber obtenido Mauricio Macri su reelección, en especial porque allí y aquí los oficiales a los que se ordena reprimir la violencia callejera son inmediatamente procesados por hacerlo.

De todas maneras, sorprendió la vergonzosa diferencia entre la necesidad imperiosa de aumentos salariales y bonos compensatorios que exigían los sindicatos, y la inmediata renuncia a todas esas reivindicaciones gremiales tan pronto se conoció el triunfo de Alberto Fernández.

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado


viernes, 8 de noviembre de 2019

ALBERTO F, ¿NO SABE O NO PUEDE?



Las declaraciones de Alberto F, en consonancia con la política exterior de Cristina, eso de recrear un polo progresista en la región, no son buenas.


Por Malú Kikuchi 


De acuerdo al escrutinio definitivo de las pasadas elecciones presidenciales, la fórmula del Frente de Todos obtuvo el 48,24% de los votos, mientras Juntos por el Cambio alcanzó el 40,28%. Haciendo cuentas exactas, los FF ganaron por el 7,96%, casi el 8%.

No era esa la diferencia que esperaban en el peronismo. La remontada de Macri en el último mes fue inesperada y muy bienvenida por la próxima oposición en el congreso nacional y los congresos provinciales. Pero en el Frente de Todos esperaban una distancia del 20%. Alberto la necesitaba.

Con una diferencia grande su margen de maniobra política hubiera sido igualmente grande e incuestionable. Pero con un 8% escaso, Alberto depende de los votos de Cristina. ¿Está de acuerdo con esta situación, estuvo acordada con CFK? Sólo ellos lo saben, pero el resultado es malo.

La Argentina está pasando por una situación económicamente complicada y de muy difícil solución. La incertidumbre en cuanto a respuestas imprescindibles para saber hacia donde se dirige el país, no llegan. La promesa de poner de pie al país, sigue sin que se conozca el cómo.

Se sabe que a las promesas electorales se las lleva el viento de la realidad. Faltando 32 días para asumir la presidencia, sólo se conoce el nombre del futuro ministro de trabajo, Claudio Moroni. ¿Y en economía, en educación, en seguridad, salud, desarrollo social y los demás ministerios? Silencio.

A veces, el silencio puede ser bueno en política, en este momento no lo es. Demasiadas preguntas, demasiada incertidumbre. Mientras un sindicalista digamos que mareado por el triunfo propone “darle a la maquinita y después vemos”, Alberto advierte que “el 10/12 no es mágico”.

Se dice que Felipe Solá suena como canciller. Es un ingeniero agrónomo, ¿qué sabe de diplomacia? Ni siquiera habla otro idioma que no sea el español. Cancillería tiene muchos hombres del PJ aptos y preparados para el cargo. Habría que recordar que Néstor K decía “el que suena, suena”.

Volviendo a la pregunta inicial, Alberto F tiene en claro qué quiere, qué pretende para la Argentina ¿y no lo dice porque optó por esa estrategia? En este momento la estrategia es mala, confunde, no aclara el panorama. Y si espera que Cristina le nombre los ministros, la estrategia es peor.

Supongamos que CFK le echa en cara que ella, la viuda de negro, inconsolable, sacó el 54% de los votos. Habría que recordarle que en el 2007 sacó el 45, 28%, muy sobre el filo. Pero ahora puede reclamar un piso del 30%. Otorgarle, de mala gana, un 10% a Massa y un casi 8% a Alberto.

¿Alberto estará obligado a negociar todos y cada uno de los nombramientos? ¿O sólo peguntará por las áreas que le interesen a Cristina? ¿Hasta donde llega el poder de Alberto votado por el 48, 24% de los argentinos? Esa pregunta la hacemos acá y la hacen en el exterior.

La incertidumbre no ayuda. La errática y en constante descenso histórico de la Argentina, tampoco contribuye a generar confianza. Las declaraciones de Alberto F, en consonancia con la política exterior de Cristina, eso de recrear un polo progresista en la región, no son buenas.

Soñar con lo que fue la unión de Kirchner, Chávez, Lula, Correa y Evo, es un imposible. Néstor y Chávez han muerto. Correa exiliado. Lula preso. Evo disputando una curiosa elección con Mesa. Lo que fue, pasó. López Obrador queda muy lejos y Madura está a años luz de Chávez.

La reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires es un mal presagio, cambiar a Piñera por Enriquez Ominami, también marca una dirección que no ayuda con los países centrales. ¿Cómo se va a renegociar la deuda? El inevitable salvataje económico, ¿vendrá de China? ¿A cambio de qué?

Los argentinos odian el imperialismo yanki. Los norteamericanos hacen negocios, invaden territorialmente pero no se quedan. El gran imperio chino, con 1.350 millones de habitantes, a pesar de tener un enorme territorio necesita más espacio y riquezas naturales que Argentina tiene.

Los chinos piden territorio, lo ocupan y se quedan. Es una buena inmigración, son estudiosos y trabajadores. Pero con los americanos compartimos raíces comunes, judío cristianas y occidentales; con China las diferencias son infinitas. Quizás llegó el momento de pensarlo en serio.

Y de pedirle al presidente electo que nos diga con quiénes y cómo piensa poner al país de pie. Ya es hora.


miércoles, 6 de noviembre de 2019

ALBERTO SE SACÓ LA CARETA

Alberto se sacó la careta y abajo estaba el rostro de Cristina. Ya lo había dicho con toda claridad: “Cristina y yo somos lo mismo”

Por Alfredo Leuco

Alberto Fernández se sacó la careta. Ya no necesita fingir de moderado ni prudente. Ya ganó las elecciones y en 35 días asumirá la presidencia. Alberto se sacó la careta y abajo estaba el rostro de Cristina. Ya lo había dicho con toda claridad: “Cristina y yo somos lo mismo”. Muchos eligieron no escuchar o mirar para otro lado. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Muchos empresarios obsecuentes y genuflexos le hacían propaganda diciendo que Alberto venía a poner racionalidad democrática al autoritarismo feroz de Cristina y respeto a la división de poderes republicana.

Era toda una ficción. Era lo que estos empresarios querían creer. Una expresión de deseo que no va en línea con la historia de Alberto. Incluso, muchos colegas que quiero y aprecio, con honestidad pero demasiada ingenuidad, también compraron el discurso del Alberto bueno que viene a limitar a la Cristina mala.

Algunos periodistas incluso, entrevistaron a Alberto como quien habla con Charles De Gaulle o Winston Churchill. Y se equivocaron. Porque Alberto es Alberto. Y Alberto es Cristina. Son lo mismo. Creo que es la verdad más grande que Alberto dijo. Somos lo mismo.

Ayer quedó demostrado en México que quien dice haberse formado con Bob Dylan y Los Beatles tiene la misma mirada jurásica que en los 70.

Responsabiliza al imperialismo cultural de todos los dramas de América Latina, sataniza a Bugs Bunny al tratarlo de estafador, pese a que está rodeado de estafadores que no están dibujados y se suma con el “Eje bolivariano” que apuesta a la censura más antidemocrática y al nacional populismo más cleptocrático.

Tal vez en las formas, Alberto trata de no parecerse a Cristina. Pero ayer compró a libro cerrado toda la teoría de la mentira que es el Lawfare. Los principales impulsores en nuestro país son Eugenio Zaffaroni que convenció al mismísimo papa Francisco para que repitiera esas mismas falsedades.

Ese intento de que los ladrones tengan coronita y que la impunidad se instale en la región, es básicamente una visión conspirativa. ¿Cuál es el corazón de esta ficción que destruye la justicia y la credibilidad en las instituciones?

Estos muchachos dicen alegremente que hay un supra poder mundial, integrado por los yanquis, los medios y la oligarquía que inventó una forma de perseguir a los líderes populares que están representando a las grandes mayorías postergadas en América Latina. Como no los pueden vencer en las urnas, los quieren vencer en los tribunales y meterlos presos acusados falsamente de corrupción.

Ayer Alberto lo dijo clarito. Al comienzo de la columna lo escuchamos de su propia boca. Con esos misiles de falsedades que disparan los medios, lograron impactar en Rafael Correa, en Lula y en Cristina. Correa integra con Nicolás Maduro y el cubano Raúl Castro, el trípode donde se apoyan Rusia, Corea del Norte e Irán y hasta grupos de narcotraficantes para instalarse en la región.

Los mueve un objetivo geopolítico pero también el interés económico de conformar un bloque que pueda sumar a China en su pelea con los Estados Unidos y el mundo occidental y republicano.

Cualquiera puede googlear la información y certificar que aviones rusos llegaron cargados con cientos de millones de dólares en efectivo para asistir a Maduro. Y también llegaron armas de última generación.
Maduro es tristemente muy conocido. Narco dictador y terrorista de estado. Produjo más de 6 mil crímenes de lesa humanidad según el informe de Michelle Bachellet. Ya se lo dije pero lo repito.

Bachellet lo informó. La heredera del socialismo de Salvador Allende en Chile. No fue Bolsonaro ni Trump. No la pueden acusar de derechista oligárquica. Y como si esto fuera poco, la demagogia payasesca de Maduro, metió a los venezolanos en un exilio que se acerca a los 5 millones que se fueron del país y a los que se quedaron a una crisis humanitaria donde alimentos y medicamentos son una joya difícil de encontrar.

Raúl, el hermano de Fidel es el faro que ilumina a los revolucionarios del continente desde que bajaron de la Sierra Maestra. Esto explica que Correa tenga un programa en la televisión rusa y haya entrevistado tanto a Cristina como a Alberto. Y ambos hayan repetido el mismo discurso mentiroso de la Lawfare.

Correa vive en Bélgica, lejos de la justicia ecuatoriana, acusado de haber cobrado coimas de Odebrecht por Lenin Moreno quien era su vice y ahora es el presidente de Ecuador elegido por la soberanía popular. Repito: Lenin Moreno no es Bolsonaro ni Trump.

Pero lo más grave que dijo Alberto fue que Cristina es una perseguida política y que no pudo ser condenada porque no hay pruebas. En ese momento se le cayó la careta. Es una mentira grande como la Patagonia.

Cristina fue la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al estado. Lo dice la justicia que la tiene procesada por 10 causas y con 5 pedidos de prisión preventiva, uno de ellos confirmado por Corte Suprema de Justicia que tiene mayoría peronista, no mayoría gorila. Hay pilas de pruebas. Cruces telefónicos, papeles y evidencias contundentes.

Hay 31 testigos arrepentidos de haber participado del festival de la coima y la corrupción. Víctor Manzanares, el propio contador de los Kirchner, confesó todo y aportó libros contables que certifican el robo del siglo y el monumental enriquecimiento ilícito de la familia Kichner y su cártel de los Pinguinos. Ayer se lo comenté.

Daniel Muñoz era un secretario con presencia y actividad de secretario. Murió ultra millonario con propiedades en Estados Unidos como un departamento en el hotel Plaza de Nueva York. Pero Fabián Gutiérrez fue poco más que un cadete, que un che pibe.

Y se le descubrieron 36 propiedades. Si los secretarios y los cadetes robaron tanto, todos no podemos imaginar la colosal fortuna que se llevaron Néstor, Cristina y Máximo. Alberto dijo que no hay pruebas. Es la confirmación de que el cemento que la unió nuevamente con Cristina es la impunidad para todos y todas. No hay otra explicación.

No quiero exagerar mi pesimismo ni ser agorero. Pero temo que si Alberto dijo que Cristina es víctima de un sistema judicial que persigue a los líderes populares con el apoyo del periodismo, pronto van a estar todos libres. Ya todos están repitiendo el mismo discurso. Lázaro Báez, Cristóbal, De Vido, Boudou.

Todos son angelitos perseguidos por sus ideas revolucionarias y jamás se quedaron con un vuelto. Todos dicen que los que se arrepintieron fueron extorsionados por el gobierno de Macri que logró quebrarlos. No solamente van a salir en libertad todos los ladrones de estado.

También van a perseguir a los funcionarios políticos, jueces, fiscales y periodistas que hicieron su trabajo de denuncia e investigación y no se arrodillaron ante el altar de Cristina.

La sociedad republicana debería estar alerta. Todavía no asumieron y ya atropellan a la justicia y agreden e insultan con el criterio patotero de Hugo Moyano y los talibanes que La Cámpora dejó en el estado durante estos cuatro años.

Volveremos para ser mejores, dijo Alberto. Tengo mis serias dudas. Estamos seguros que volvieron. Se nota en el clima crispado y hostil. Pero todo indica que volvieron para encubrir y disfrazar todos sus pecados y delitos.

Sergio Massa, José Luis Gioja, dos dirigentes insultados por Cristina, recorrieron los medios instalando la irresponsable idea de que el gobierno de Macri había metido la mano en el escrutinio provisorio y que los números definitivos iban a mostrar una victoria más amplia de los Fernández. Eso también fue mentira. Los números son casi los mismos.

Fernández ganó por 8 puntos y se quedó con las ganas de hacer una elección arrasadora que le diera una paliza aleccionadora a Cambiemos. Varios tiranos con lenguaje guevarista y metodología fascista están celebrando los incendios que están fogoneando en América Latina y este fin de semana se van a reunir en Argentina con Alberto como anfitrión.

El huracán chavista que destruye todo a su paso en Argentina tiene relaciones carnales con el cristinismo. De eso no hay duda. También se enorgullecen de eso. Fueron Néstor y Julio de Vido los que manejaron la embajada paralela con Venezuela que les posibilitó hacer negocios corruptos con la energía, la bicicleta del mercado negro de dólares sucios, entre otros casos.

El propio Claudio Uberti ante la justicia confesó que hubo una coima de 50 millones de dólares que se dividieron entre Chávez y Néstor. Y que 25 palos verdes en efectivo llegaron en un avión fletado a tal efecto. Así es la Plata Grande que produjo la Patria Grande.

¿O todo esto también será invento de la justicia y los medios para perseguir a Cristina? ¿Quién tiene tanto poder de convencer a jueces, fiscales, periodistas, colaboradores muy cercanos de los Kirchner para que todos lleguen al mismo diagnóstico?

Podemos discutir de ideologías. Podemos polemizar sobre la pesificación, la inflación o la desocupación y cuáles son los mejores caminos para salir de la profunda crisis económica. Pero es inaceptable que nos mientan en la cara.

No podemos quedarnos callado cuando Alberto Fernández dice que todas las causas contra Cristina son un invento y que no hay pruebas. A Alberto se le cayó la careta. Pero no se le cayó la cara de vergüenza.

martes, 5 de noviembre de 2019

ORDEN O CAOS


Si bien la antinomia "Capitalismo o Marxismo" hace rato que dejó de existir, resulta evidente que ha nacido una nueva, esto es, "Orden o Caos".

Por el Dr. Jorge Enrique Yunes (*)

Hace ya algún tiempo, se viene observando a nivel mundial, y más concretamente regional, una suerte de reclamos populares que estallan sin solución de continuidad en distintas partes del globo, poniendo en jaque tanto al gobierno de turno como a las instituciones establecidas. 

Lo vimos en ciudades tales como Barcelona, París, Quito, La Paz y ahora también en Santiago de Chile. 

Estos hechos describen un origen y un patrón de conducta común que resulta verdaderamente digno de analizar.-

Se observa en todos los casos una franja etárea muy joven que la lleva a cabo, con la mirada complaciente de los adultos que ya se encuentran retirados de la barricada.-

El lugar, es la vía pública. No se gesta en la soledad de un ámbito privado. Se trata siempre de ganar la calle. Coparla. Tener el manejo de la misma. Son multitudinarias.-

Si bien aparentan resultar "espontáneas", las consabidas redes sociales, como novedoso y efectivo instrumento convocante, han dejado mal parados tanto a los partidos políticos como a sus dirigentes, quienes ante esta aguda crisis de representatividad que hoy experimentan, sólo les queda apoyar y acompañar desde atrás, para no quedar así desfasados frente a la vertiginosa realidad de los acontecimientos.-

El cariz de los reclamos, si bien se muestra a todas luces legítimo, resulta ser variopinto, e incluye además soluciones que revisten un neto carácter ideológico, lo cual es sistemáticamente negado por los reclamantes, quienes se empecinan en enfocar la cuestión en la legitimidad de los mismos.-

Los reclamos suelen ir acompañados de actos vandálicos, los que no cesan a pesar de la intervención de las fuerzas de seguridad y de las nuevas medidas político económicas implementadas por el gobierno en concordancia con los reclamos efectuados.-

En todos los casos se advierte una "aparente" transversalidad de los grupos actuantes, lo que imposibilita el diálogo del gobierno con los mismos, ya que éste no se encuentra frente a un partido político, un sindicato o una organización social determinada, los que, "a contrario sensu" de los anteriores, están organizados jerárquicamente, precisamente para así poder mantener aceitados los diversos canales de diálogo. En definitiva, no se busca dialogar, se busca imponer.-

Finalmente se puede concluir que si bien la antinomia "Capitalismo o Marxismo" hace rato que dejó de existir en favor del sistema capitalista, con la caída del muro de Berlín primero y luego con la inevitable disolución de la Unión Soviética después, resulta evidente que ha nacido una nueva, esto es, "Orden o Caos".-

(*) Abogado; Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales; Analista Político; e-mail: estudiojuridicoyunes@gmail.com; Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina.-


sábado, 2 de noviembre de 2019

PIRRO [1], ¿ESTÁS?



"La primera ley de la historia es no atreverse a mentir; 
la segunda, no temer a decir la verdad".
S.S. León XIII

Por Enrique Guillermo Avogadro


De las dos esperanzas que confesé en mi última nota respecto a lo que sucedería el domingo pasado, sólo una se transformó en realidad: el Partido Nacional logró llegar al ballotage en Uruguay. Así, puso en serio riesgo la continuidad al frente del Estado del Frente Amplio. Hay que esperar hasta el 24 de noviembre para la definición, pero apuesto por Luis Lacalle Pou.

En cambio, en la Argentina, pese a la insospechada y hasta inexplicable (en este contexto económico) remontada, a Juntos por el Cambio le faltaron muchos votos para lograrlo, y el Frente de Todos, con la fórmula Fernández², se sentará en los sillones del poder nacional el 10 de diciembre. Lo mismo hará Axel Kiciloff -que revalidó sus credenciales de mentiroso serial y sectario el mismo domingo- en la crucial Provincia de Buenos Aires.

El país, pintado con los colores -amarillo y azul- de las respectivas coaliciones electorales, semejó la camiseta de Boca Juniors ya que, salvo donde perdió la encomiable María Eugenia Vidal, todo el pujante centro del país (la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza) votó por la reelección Mauricio Macri, aportándole los dos millones trescientos mil votos más que obtuvo con respecto a las PASO, mientras que las provincias más pobres (aún así, el Presidente mejoró su performance en la mayoría de ellas) y, sobre todo, el trágico Conurbano bonaerense, garantizaron la victoria del peronismo unido o, visto lo que sucedió desde entonces, sólo pegoteado.

Me refiero, claro, al palco de Chacarita, donde festejaron, básicamente, Cristina Fernández, Kiciloff, La Cámpora, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y un demudado Sergio Massa. Y al acto de la reasunción del impresentable Gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en el cual Alberto Fernández se mostró rodeado de otros gobernadores (excluidos de la celebración capitalina por decisión de la viuda de Kirchner), de lo más granado del sindicalismo y hasta de Daniel Scioli; esas dos fotos debieran ser incorporadas a varios prontuarios.

Quedó expuesta así la ruptura en el tejido de esa construcción exclusivamente electoral que fue el Frente para Todos, y la certidumbre de los enormes conflictos que se desatarán en su interior a partir de ahora. Porque Cristina hará sentir que es la dueña de los votos y exigirá ejercer el poder real, en competencia con la fracción no-kirchnerista que un Alberto desdibujado en ese mapa pretende construir como base propia con los señores feudales de las provincias y con los gremialistas de derecha.

Espero, sinceramente, que ese enfrentamiento no se transforme en una reedición de los años de plomo, en los que la Triple A y la izquierda subversiva -con Perón/Isabel en el gobierno y ambas en nombre de ellos- dirimieron sus diferencias a tiros, bombazos y asesinatos, nunca investigados. Se me podría objetar que ya no hay ideologías extremas en juego -si es que en aquél entonces fueron sus motivaciones reales- pero apareció en escena otro actor mucho más peligroso aún, el narcotráfico.

En materia de relaciones internacionales, por el contrario, no parece haber demasiadas diferencias en las miradas de los Fernández: ambos reforzarán la simbiosis con el clepto-"progresismo", el Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla; éste, que se reunirá aquí en diciembre, manifestará su apoyo a los insurrectos de Chile, de Perú y Ecuador que financian, al ladrón y asesino Nicolás Maduro, al prófugo Rafael Correa, al fraudulento Evo Morales, al condenado Luiz Inácio Lula da Silva (la pública apelación de Alberto por su libertad, calificándolo como "preso político", fue la razón de la furibunda reacción de Jair Bolsonaro en su contra) y al cuestionado José Pepe Mujica, y ratificará la ruta para la recuperación del poder en toda la región; según el propio Diosdado Cabello, ese plan está cumpliendo sus objetivos. Ese posicionamiento agregará obstáculos a la complicada agenda del futuro gobierno con el FMI, con Brasil y con los Estados Unidos.

Por lo demás, el primer viaje de Alberto será al México de Andrés López Obrador, conspicuo miembro de esa tendencia, quien días atrás obligó a sus fuerzas armadas a liberar al hijo del Chapo Guzmán, detenido por liderar el famoso Cártel de Sinaloa, justificando la orden en "evitar un baño de sangre"; resignó así el poder del Estado y lo cedió a los zares de la droga.

Todas esas pinceladas van mostrando un panorama enrevesado para el período que se iniciará el 10 de diciembre. Sin crédito, será harto difícil para los Fernández² cumplir las inmediatas promesas "baglinianas" de llenar heladeras y bolsillos sin caer en hiperinflación. Y la falta de mayorías propias en el Hº Aguantadero impedirá una reforma bolivariana de la Constitución y los obligará a negociar cada una de las leyes que pretendan.

Las urnas probaron que la mitad de la ciudadanía está atenta y dispuesta a resistir una pérdida de las virtudes republicanas de transparencia y decencia, y ha demostrado en la calle que no tolerará más claudicaciones políticas y judiciales frente a la corrupción y a la impunidad. Pero cuidado, porque tampoco permitirá divisiones en la futura oposición.

Por eso me pregunto si esta victoria en las urnas no tendrá mucho de pírrica. No hay dudas acerca de qué se debe hacer en la Argentina y ahora será responsabilidad de los ganadores, igual que lo hubiera sido de Macri; así, es casi mejor que sea el peronismo quien lo haga, ya que innegablemente tiene muchísimo más entrenamiento político y mayor control sobre la inevitable reacción social.

Los "tiempos interesantes" que piden los chinos en sus maldiciones están ya muy cerca. Habrá que ver cómo los transita esta Argentina tan peculiar y tan suicida.


[1] Pirro, rey de Epiro, logró una victoria sobre los romanos al precio de miles de sus propios hombres. Al contemplar el resultado de la batalla, dijo: «Otra victoria como ésta y volveré solo a casa»


Enrique Guillermo Avogadro
Abogado


jueves, 31 de octubre de 2019

EL OBISPO CASTRENSE CRITICÓ EL ALARGAMIENTO DE LAS PRISIONES PREVENTIVAS PARA LOS ACUSADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Santiago Olivera incluyó esa crítica en un documento de obispos en El Vaticano.

Por Sergio Rubin

El obispo castrense, Santiago Olivera, criticó severamente este martes la prolongación indefinida de la prisión preventiva y la omisión del otorgamiento del beneficio de su cumplimiento domiciliario cuando se es mayor de 70 años, aún en los casos de claro deterioro de la salud, para los militares acusados de delitos de lesa humanidad. A la vez que advirtió que “querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos violando esos mismos derechos es un contrasentido”.

“Lamentablemente a veces se puede recurrir a prácticas que, intentando ser ejemplares, desembocan en situaciones de flagrante violación a las normativas sobre la prisión preventiva, aún a personas mayores de 70 años, y con claro deterioro en su salud, por ejemplo, llevándolos a las salas de audiencias en camillas, dice Olivera en una potencia que leyó en un encuentro mundial de capellanes castrenses que se realiza en Roma que trata precisamente la privación de la libertad en el contexto de los conflictos armados.

Monseñor Olivera dice que recogió “tantos testimonios tristes y dramáticos de personas mayores que fueron detenidas más de nueve años, en una prolongada ‘prisión preventiva’ sufriendo todo lo que ese estado les ha significado. Fueron y son calificados de ‘genocidas’ y, a pesar de ello, algunos fueron absueltos. Peor aún, están siendo juzgados con leyes técnicamente retroactivas, alejadas de los principios fundamentales del derecho penal, nacional e internacional.

Tras señalar que “no se respeta en absoluto el máximo legal para dicho estado de detención que alcanza a una duración máxima de prisión preventiva de dos años, pudiendo extenderse por causa justificada a tres años”, afirma que “en mi país, en el estado de prisión preventiva, un número considerable de estos detenidos pierden la vida por falta de la debida atención médica, que deberían poseer acorde con su edad avanzada”.

Puntualiza que a octubre se contabilizan 533 fallecidos en prisión; 847 procesados y 983 condenados. Mientras que el promedio de las prisiones preventivas supera los seis años: 149 caos, entre tres y seis años; 290 casos, entre 6 y diez años, y 93 casos más de diez años. Detalla que la edad promedio de los detenidos es de 75 años, siendo el menor de 60 años y el mayor de 90. Y 89 tienen entre 70 y 90 años, habiendo uno de 98 años.

“¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva, es decir, sin condena?”, se pregunta. Y agrega: “No podemos quedar callados cuando se priva a los acusados del derecho fundamental del debido proceso, como así cuando se les niega el beneficio que por edad o estado de salud está previsto en cuanto a la detención en su domicilio y cuando son excluidos de una asistencia médica elemental”.

Entre otros casos, menciona el de un marino de 82 años que fue detenido en 2011 y “recién recuperó su libertad, luego de ocho años, en agosto pasado por ser absuelto por unanimidad por el tribunal oral que lo juzgó”.


Clarín

viernes, 25 de octubre de 2019

LO QUE NO SE DICE Y NO SE SABE, PERO PUEDE SER EL FIN


El pueblo tiene que saber LXXXI 

Salta, 24 de octubre de 2019 

Ante los muchos y variados mensajes y videos que se han visto incrementados en los últimos días y ante la eminente decisión de definir el futuro político de la Argentina, determinando adonde iremos a parar a partir del 27 Octubre de 2019, trataremos de aclarar o dilucidar sintéticamente el futuro del País.

En la década de los 60, siguiendo directivas de la ex URSS, Fidel Castro -dentro de lo que se conoció como la Conferencia Tricontinental de La Habana- creó en Cuba en agosto de 1966 la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). En ella se convocó, reunió, adoctrinó y se adiestró política y militarmente a los principales jefes de los movimientos revolucionarios y antiimperialistas de la América Latina.

El objetivo era comunizar a la América hispana y producir una revolución regional con el empleo de la lucha armada. Se basaron en el éxito obtenido en Cuba.

Resultó un fracaso total. Fueron derrotados en el campo militar que ellos propusieron, para lo que utilizaron como armas los robos, secuestros, bombas indiscriminadas, asesinatos. Creyeron, y creyeron muy mal, que lo hecho en Cuba era a aplicable en toda América y contra todas las FF AA de los respectivos países. Así les fue. Sufrieron ampliamente la derrota en manos de los que defendieron sus Repúblicas.

A esta OLAS, acudieron representantes (combatientes), dirigentes de Montoneros, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del PRT, Partido revolucionario de los Trabajadores, legal en la Argentina), y de otras organizaciones revolucionarias de toda América, como los Tupamaros de Uruguay, el ELN de Bolivia, el Frente F. Martí de Chile, entre otros.

Frente a la derrota cambiaron su estrategia, aunque no su objetivo -que es la toma del poder por parte del marxismo internacional- aprovechando las ventajas que la democracia les ofrecía, a pesar de que no compartieran los principios democráticos.

Así entonces, acudieron al ideólogo italiano Antonio Gramsci, aplicando sus ideas fuerzas: dominio sin control de los medios de comunicación; control absoluto de la educación, imponiendo lo que se enseña, y manejo absoluto de la propaganda, desculturalizando a la sociedad.

Cabe recordar, a título de ejemplo, lo que dijo el dictador cubano Fidel Castro en Córdoba, antes de dejar el poder en manos de su hermano Raúl: “La revolución ya no necesita de la violencia”. Por supuesto que, de acuerdo a la concepción comunista, esto se debe entender de la siguiente manera: “Salvo que peligre la revolución”. Es así como el marxismo cambió el cuero de lobo sanguinario por la piel de un manso cordero, pero el corazón siempre es el de la fiera.

Después de la derrota por las armas infligida por la Nación a la guerrilla terrorista revolucionaria en la Argentina, guerrilla que respondía a los dictados emanados desde Cuba mediante la “Organización Latinoamericana de Solidaridad”(OLAS), la izquierda revolucionaria del país ingresó al “Foro de San Pablo”(FSP), organización conformada por partidos políticos y grupos de izquierda revolucionarios latinoamericanos, fundada por el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) el 3 de julio de 1990.

Cabe destacar que, en el momento de su fundación, el único miembro que ejercía era el Partido Comunista de Cuba. Veinticinco años después, la mayoría de sus miembros accederían al Poder mediante las urnas en varios países o formarían parte de coaliciones oficialistas, otros llegarían a ser primera fuerza de la oposición.

Este Foro (FSP) fue convocado por el PT de Brasil y el Partido Comunista de Cuba con el fin de redefinir los objetivos y las actividades de las izquierdas latinoamericanas luego de la caída del “muro de Berlín” y el derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética. Es importante destacar ahora que el objetivo común de todos sus integrantes es “la toma del poder en Iberoamérica”.

Dentro de ello, la Escuela de Frankfurt y su Decálogo (casi idéntico al decálogo de Lenin) también es utilizado para lograr su cometido. En la Argentina la ex presidente, en Córdoba, durante los últimos años de su mandato, firmó con su Secretario de Cultura un acuerdo de la convergencia.

Con solo ingresar al Foro de San Pablo, se puede verificar su accionar y todo lo dicho.

Ante algunos comentarios que se conocen por los medios de comunicación, aclaramos que ni Jesucristo, ni en los Evangelios, se habla de expropiaciones, ni de quitar a los que tienen para regalar a los más pobres. Sí se habla de que, como hijos de Dios Padre, debemos compartir lo que tenemos con nuestros prójimos y ayudar a los más necesitados.

No dice que hay que robar para distribuir, ni quitar tierras a los que más poseen para regalarlas a los que no tienen (lo dijo Juan Grabois, fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos; ¿vocero del papa?). Y tampoco dice que "... La riqueza es la escoria del Diablo..." como lo habría afirmado Bergoglio recientemente.

Su Santidad fue a Cuba, se reunió con sus gobernantes, pero no les dio audiencia a las “Damas de Blanco”. A los jerarcas comunistas si, pero a los familiares de Presos Políticos, no.

Si distribuir es lo que hará desaparecer la pobreza, ¿por qué no se reparte la mal conseguida fortuna de Cristina y sus socios corruptos? ¿Por qué no se aplica este concepto a los dirigentes comunistas o socialistas del siglo XXI, que se hicieron ricos a costa del hambre del pueblo?

Si el papa ha dicho "...los libertarios son un riesgo..." ¿a quién o quienes se refiere? ¿No será otro "engaño populista"?

Hoy debemos tener en cuenta lo que pasó recientemente en Perú, Ecuador, ahora en Chile y en Bolivia. Dios quiera que no sea así desde este domingo en nuestro país.

La llegada permanente de venezolanos y cubanos a la Argentina y a los países anteriormente nombrados, ¿no es para subvertir el orden y la paz, eso no se tuvo o no se tiene en cuenta?; ¿no tenemos leyes para impedirlos ni fuerzas para aplicarlas?

Esto, en apretada síntesis, es el panorama que está a la vista y los problemas van en aumento. Antes quisieron tomar el poder mediante el empleo de las armas. Ahora es mediante los disturbios organizados. Y cuando se reacciona ya es demasiado tarde.

Nos preocupa que analizando la situación en América Latina, vemos el crecimiento de los disturbios, a la vez el silencio y la inacción de las autoridades, fuerzas del orden y de la sociedad en general.

Sepa el pueblo ver lo que se viene, sepa optar y elegir, para que luego no tengamos que lamentar y/o llorar por los resultados.


“Soldado, nunca te arrepientas ni pidas perdón por defender a la patria”


Juan Carlos Jones Tamayo           Martín Rodriguez




martes, 15 de octubre de 2019

LA ARGENTINA, LOS 70 Y EL MENOSPRECIO POR LA HISTORIA

La Argentina es un constante menosprecio por la historia, una permanente pulsión por cambiarla.

Por Héctor Schamis
Como si la historia tuviera por misión la eficiencia, la búsqueda de un cierto óptimo social. Como si se pudiera manipular retrospectivamente “lo que salió mal” ayer, para repetirlo con la esperanza de que mañana, corregido, “sí saldrá bien”.

O sea, una ahistórica pasión por la historia. Ello a su vez deriva en una manera de hacer política “mirando en el espejo retrovisor”. Es decir, la política como la tarea de modificar el camino ya recorrido, más que enderezar la curva que viene.

La cual no es posible ver en el espejo retrovisor, con perdón por la insistencia con la pedestre metáfora. Es la concepción de la política como corrector del pasado, no como constructor del futuro.

Así como en las viejas disputas entre federales y unitarios, rosistas y sarmientistas, y varios más que continuaron hasta bien entrado el siglo XX, hoy se reciclan otros temas en una atiborrada agenda siempre melancólica. Unos vuelven a hablar de reforma agraria, por aquello de la oligarquía, omitiendo que, generaciones más tarde, dicha reforma ya fue hecha por el código civil: se llama ley de herencia. Otros tienen la desdichada ocurrencia de sugerir una “Conadep para periodistas”.

A propósito, nótese el intento de asimilar a periodistas críticos con torturadores, además de la implícita desvalorización de aquella tarea de recopilar información sobre crímenes de lesa humanidad, tan solo días después de terminado el régimen militar y con los carapintadas en los cuarteles. Todo ello 15 años antes del Estatuto de Roma, instrumento del derecho internacional que tipificó dichos crímenes y creó la Corte Penal Internacional.

Se trata de propuestas de prominentes partidarios de Alberto Fernández y, a propósito, sin que el candidato presidencial haya emitido opinión alguna al respecto. La perla de este espejo retrovisor, sin embargo, la constituye el intento del ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, de reescribir la historia argentina con una valoración positiva de la guerrilla de los años setenta…que se escape de los estudios sociales que la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable”.

Pues aquella guerrilla fue aún peor que eso. No hay nada positivo en la violencia de los años setenta. Pretender otorgarle ese cariz no solo es desviado, peligroso e inaceptable, según sus palabras, sino también irresponsable.

Es inadmisible manipular la memoria a expensas de la historia, “reescribirla” precisamente. Ya existe una historia contada con objetividad, basada en datos, testimonios y documentos. Es hasta trágico tener que volver a hacerlo hoy, ello es persistir en hacer política mirando por el espejo retrovisor.

El intento de “valoración positiva” de aquella etapa es más problemático que una divergencia entre historiadores. Con ello se intenta reintroducir una cultura política de la violencia, aquella que viene del suma cero y el “apriete”, y que se justificó entonces por la presumida superioridad moral de una camarilla autoritaria que termino siendo una banda criminal.

Pues esa camarilla tenía origen en el nacionalismo de Tacuara, pero terminaron supuestamente en la izquierda progresista. ¿Eran de verdad progresistas? No hay manera de saberlo, mas allá de su camaleónico oportunismo.

Eran apologistas de sus propios crímenes: “Cómo ajusticiamos a Aramburu”; “Así secuestramos a los Born”; “Por qué matamos a Rucci”, alardeaban con arrogancia desde El Descamisado y demás publicaciones. Los detalles se explicaban con obscena impunidad.

Esa camarilla reclutaba estudiantes secundarios, menores de edad a quienes hacían participar en acciones violentas, para luego entregarles cápsulas de cianuro e inducirlos al suicidio con el objetivo de no ser apresados con vida. Se trata de criminales de guerra, si ello fue por política, o bien infanticidas, si solo fue delincuencia común. O ambos.

¿Es posible alguna valoración positiva de algo así? Las cúpulas de esas organizaciones terminaron en la delación generalizada de sus propios militantes, como en el operativo retorno y la contraofensiva. Tampoco se explicaron las muertes de algunos dirigentes de nombre y la supervivencia de otros, a propósito de delación. Según algunos, todo ello ocurrió previo acuerdo con los mismos militares que decían combatir, léase, Emilio Massera.

También fueron corruptos. Nunca se supo dónde terminaron los 60 millones de dolares, de 1975, del rescate de los hermanos Born. Es que muchas de esas delaciones fueron tan solo la conducta normal de una banda de maleantes, quienes una vez en el aguantadero comienzan a eliminarse entre ellos simplemente para dividir el botín entre menos personas. Es la simple aritmética, alcanza con una película de atracadores de bancos.

“No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”, le cantaba Joaquín Sabina a una exiliada argentina de regreso a Buenos Aires. Es pertinente, no hay lugar para romanticismo alguno entre toda esta miseria humana. La sociedad argentina hace mucho tiempo que rechazó la violencia como instrumento válido de la política.

Alejarse un milímetro de esta noción es, lisa y llanamente, hacer apología del delito. Y, por supuesto, negarle a esa misma sociedad la posibilidad de un futuro promisorio.


Infobae

lunes, 14 de octubre de 2019

¡ESTÁ DESNUDO!


"Sólo hay un riesgo que deberías evitar a toda
costa, y es el riesgo de no hacer nada".

Denis Waitley


Por Enrique Guillermo Avogadro

Dentro de quince días, los argentinos volveremos a las urnas para decidir si queremos vivir en una República o en un sistema autocrático, populista y corrupto. La economía está mal, muy mal, pero me resulta impensable que, a cambio de renovados espejitos de colores que nos han resultado tan caros en el pasado, sigamos suicidándonos en cuotas. Está en nosotros, sin desfallecer, hacer todo lo necesario para dar vuelta el resultado de las PASO, puesto que el país está hoy realmente en peligro.

Mi ilusión se funda tanto en la insospechada y multitudinaria recepción que los pueblos y ciudades tributan a Mauricio Macri en sus periplos diarios cuanto en los horrores que ya exhibe la campaña del Frente para Todos como muestra de lo que sucederá si la fórmula Fernández² se hace con el triunfo. Y, además, en que recuerdo las elecciones de 1983, cuando Raúl Alfonsín, a quien todas las encuestas daban perdedor frente al peronismo unido, que presentaba a Italo Luder, las ganó ampliamente.

Porque, como sucedió con aquel rey que pretendió que todos sus súbditos lo imaginaran revestido de ropajes, aquí también basta la mirada de un niño para anunciar que Alberto Fernández está desnudo.

Cristina Fernández, amparada en la enfermedad de su hija, guarda silencio y desaparece de escena para no arruinar el relato de amor y paz de su candidato. Sin embargo, las contradicciones entre ambos surgen claramente todos los días: Alberto dice que su compañera tendrá "cero injerencia" en su gobierno y sólo aportará su experiencia; pero, mientras pide a las organizaciones sociales que dejen la calle, éstas (indisolubles aliadas de la viuda) responden que no lo harán mientras Macri gobierne, y que seguirán ocupándola, con la misma metodología, si él resulta ganador. Se exhibe como pacificador, pero aparece en las fotos rodeado por lo peor del sindicalismo violento y corrupto: Roberto Baradel, Hugo Moyano, Hugo Yatsky, etc.. Polemiza con Patricia Bullrich, y se ubica del lado de los delincuentes, tal como preconiza su amigo y socio Raúl Zaffaroni, y contra la Policía y la seguridad ciudadana.

Envía a Estados Unidos a Sergio Massa, quien declaró que el régimen venezolano es totalitario, para intentar explicar que tendrá un racional posicionamiento internacional si llegara al poder pero, a contrapelo, la dueña del espacio lo obliga a decir que retirará a la Argentina del Grupo de Lima, que intenta encontrar una salida pacífica a la tiranía torturadora y asesina de Nicolás Maduro, mientras aparecen serios indicios de participación de cubanos en su campaña electoral.

Para confirmar ese giro, en el absurdo Parlasur los votos de los diputados kirchneristas se sumaron a los chavistas para impedir que el organismo condenara al régimen caribeño, marcando claramente cuál será la postura real de su eventual gobierno, que pretende recrear la Unasur y el siniestro Foro de San Pablo, con el apoyo de Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Silva, y volver a las andadas clepto-populistas que arrasaron América del Sur, como están intentando hacer violentamente en Ecuador.

Anímal Fernández anunció que, si triunfa Axel Kiciloff, gobernará la Provincia como lo hubiera hecho él si hubiera ganado en 2015. ¡Menuda amenaza para los bonaerenses, que entonces lo repudiaron por considerarlo gerente del narcotráfico! Si le sumamos la afirmación del propio candidato, que atribuyó a la pérdida de trabajo el crecimiento del narcomenudeo, tal vez el resultado sea la confirmación de los dichos del primero.

Pero la situación más vergonzosa, dado que afecta nada menos que al Poder Judicial en todas sus instancias y permite calificar a sus miembros como prevaricadores seriales, se da a partir de las PASO. Ya ocho detenidos preventivamente en las causas de corrupción han sido dejados en libertad invocando los plazos máximos legales para la prisión, la imposibilidad de alterar las pruebas del proceso o la falta de peligro de fuga, la edad de los imputados cuando superan los 70 años, o razones de salud, ya que el Servicio Penitenciario no tiene posibilidades de atenderlas.

Pero, mientras tanto, 1500 ancianos, con edades y plazos de encarcelamiento sin condena que superan largamente todos esos parámetros y que padecen enfermedades gravísimas o terminales, son mantenidos en las mazmorras por el solo hecho de haber sido acusados de delitos de lesa humanidad que habrían sido cometidos hace más de 43 años, marcando así una discriminación que clama al cielo. No existe un caso similar en el mundo occidental, donde rige el Tratado de Roma y las infracciones son juzgadas por el Tribunal Penal Internacional, ante el cual no pueden invocarse leyes posteriores al hecho del proceso y donde rige el principio de inocencia.

El Gobierno ha dado en el tema algunos pasos positivos, aunque tardíos, como la presencia presidencial en el acto de reconocimiento a quienes cayeron defendiendo el Regimiento de Monte 29, en plena democracia, contra un ataque de Montoneros. También lo fue la pretensión, ya anulada por esa Justicia tuerta, de limitar el monto de las indemnizaciones a aquéllos que dicen haberse visto obligados a emigrar durante el Proceso, hoy equivalentes a las que se pagaron a las familias de los desaparecidos, a los guerrilleros asesinados por las propias organizaciones subversivas e, incluso, a quienes murieron cometiendo atentados o atacando unidades militares.

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

domingo, 13 de octubre de 2019

POSIBILIDADES ELECTORALES

Posibilidad, de acuerdo al diccionario significa: circunstancia u ocasión de que una cosa ocurra o pueda realizarse. Una posibilidad, es sólo eso, algo que puede ocurrir, no es algo que indefectiblemente ha de ocurrir. El 27 de octubre la Argentina define elecciones presidenciales y… otras muchas.

Por Malú Kikuchi


En el caso que los FF ganaran la elección y Alberto F con Cristina, fuera presidente, aún quedarían muchas elecciones que definir. Se votarán 130 diputados y 24 senadores nacionales en ocho provincias, CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

Si pierde Juntos por el Cambio y repite el resultado de las PASO, puede retener alrededor de 100 diputados nacionales. El senado, si ganara Rodriguez Larreta quedaría como hasta ahora, pero con senadores PJ unidos. Juntos por el Cambio podría tener mayoría en el senado provincial. El gran tema es la elección en la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires cuenta con 135 municipios. Desde 2015 el FPV gobierna 56 municipios y el FR 10. Si ganara Axel Kicillof y repitiera su elección de las PASO, aumentaría los municipios en 21. Obtendría un total de 87 municipios. Juntos por el Cambio perdería esos 21 municipios.

De los municipios en juego sólo podría retener San Isidro (Gustavo Posse) y Vicente López (Jorge Macri). Mar del Plata probablemente la gane Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio). Y Bahía Blanca es una incógnita, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, 39% a 37%.

Si Rodríguez Larreta no llegara al 50% de los votos (hasta ahora eso nunca sucedió), habría balotaje en la ciudad y la transición se daría a partir del 25 de noviembre. Siempre si esos fuesen los resultados del 27/10. En ese caso habría que pensar en quienes y cómo sería la oposición a los FF.

Antes que nada Mauricio Macri debería decidir si va a continuar liderando el espacio o si daría un paso al costado. De toso modos quedarían Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y toda una pléyade de jóvenes promisorios y políticamente aptos.

Si Macri subiera varios puntos en la votación del 27/10, si se acercara al 40%, la situación de Juntos por el Cambio sería muy diferente a si perdiera votos con respecto a las PASO. Los partidos de Lavagha, Gómez Centurión, Del Caño y Espert, pierden votos. Recién el 27/10 se sabrá hacia quienes.

Por supuesto que son sólo posibilidades a partir del resultado de las PASO. Los encuestadores no son creíbles, se han equivocado demasiado. No sólo acá, en todas partes del mundo. Las encuestas telefónicas no son creíbles y las presenciales corren el riesgo de dar con personas que mienten.

Hasta que se encuentre un nuevo sistema de encuestar, sólidamente veraz, habrá que olvidarse de las encuestas. Atenerse al sentido común, saber que el gobierno de Macri falló en materia económica y ha sido respetuoso de las instituciones republicanas. Priorizó la obra pública.

Enfrente, el Frente de Todos, que vienen por todo. Por lo menos La Cámpora y el núcleo duro K. La inevitable guerra entre el PJ ortodoxo de los gobernadores y de Alberto F, en abierta guerra contra Grabois, Mamá Hebe, Zaffaroni, Mempo Giardinlli, Zannini, D’ Elía y …Cristina.

De un lado la República con todas sus falencias corregibles, del otro lado la hegemonía peronista y su eterna guerra entre la ortodoxia y la izquierda armada. La decisión es de los ciudadanos. Lo demás son posibilidades, una de ellas es que Alberto no alcance el 45% y que Macri esté sobre el 35%.

Posibilidades. Sólo posibilidades y las posibilidades por más probables que sean, no son realidades. El 27/10 una sola de ellas se hará realidad.

sábado, 12 de octubre de 2019

UCRONÍA: EL CASO “C.N.U.” - CAPÍTULO VI

Relato K y malversación de la justicia
La verdadera venganza terrorista

Por Mario Ernesto Durquet y Eduardo Salvador Ullua (Presos Políticos)


CAPÍTULO VI

DESARROLLO DE LOS ARGUMENTOS DE LAS DEFENSAS

EN LA CAUSA “C. N. U.”

6.1. Sobre la calificación de los hechos y la prescripción de sus acciones



Como primer punto de agravio, cabe señalar que —durante el plenario— la defensa alegó extensamente sobre contenidos jurídicos de reconocida naturaleza federal, los cuales —no obstante— fueron lisa y llanamente soslayados en la sentencia del Tribunal. En efecto, tal como surge de la grabación de la audiencia del día 29/11/2016, el Dr. Manuel Baillieau dedicó cuarenta minutos a brindar sucesivos fundamentos —exegéticos, históricos, normativos y jurisprudenciales— que específicamente refutan la posibilidad jurídico-penal de calificar a estos hechos como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, inexplicablemente, el Tribunal Oral Federal (TOF) que condenó a Durquet y demás imputados, pasó ello completamente por alto, centrando en cambio su análisis únicamente en interpretaciones personales sobre tópicos generales de índole histórica que —no sólo sortean los aspectos evidenciados por el gran bagaje probatorio— sino, antes, desatienden todo el análisis teórico expuesto por el doctor Baillieau cuando inauguró los alegatos.

De modo que el Tribunal, a partir de simplemente eludir todo un análisis bien documentado, por parte de una defensa ordenada, sobria y responsable, decidió emprender una recitación sobre un tema liminar, eligiendo así el camino discursivo que, al no consultar siquiera la parte inicial de los alegatos de la defensa, parece no advertir que su dogmática ponencia —nomás repetitiva de un relato prejuicioso— ya había sido ampliamente rebatida durante el plenario. Reemplazo de la lógica jurídica por el discurso, y de la verdad por el relato. Y el relato “prejuicioso” tal vez ni siquiera les pertenezca sino que les ha sido dictado por los verdaderos verdugos de este tipo de juicios 1.


Y aseguramos que dicha preliminar exposición defensiva no fue algo que el Tribunal pudiera pasar desapercibida. No sólo por la extensión que aquel planteo general ocupó y la factible novedad de la mayoría de su desarrollo —cuyos puntos al menos no se conocen abordados por la jurisprudencia (lejos aún se encuentran en los fallos CSJN “Arancibia Clavel”, “Mazzeo”, “Simón” y “Derecho”, ni en los fallos de la CFCP)— sino también por incidir sobre la conditio sine qua non de todas las imputaciones y de hacerlo, todavía, debatiendo sobre la interpretación que corresponde dar a normas constitucionales e internacionales que se dicen aplicables.

No correspondía entonces que el TOF omitiera expedirse sobre aristas pilares del caso que —además— pacíficamente se erigen en cuestión federal y que, por ende, conllevan incluso a pronunciarse tanto a la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ergo, la sentencia en crisis resulta ya de por sí inválida ab initio, dado que como bien sostuvo nuestro Máximo Tribunal “el a quo incurrió en arbitrariedad… pues no hizo ninguna referencia a un argumento oportunamente invocado y conducente para la adecuada solución del caso (Fallos: 314:547; 317:446; 318:920; 321:1019)” (“Arrillaga, Alfredo Manuel s/causa Nº 14102”).

Pero hilemos un poco más fino, contrastando pues las convicciones jurisdiccionales con el análisis expuesto en alegato defensivo (completamente evadido por el Tribunal).

6.1.a. Errónea calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad

6.1.a.1. Transmutación pretoriana, tergiversación teleológica y desnaturalización 
del art. 118 de la CN 

Constitución Nacional (CN), art. 118: “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”.
Nuestro art. 118 CN —o anterior 102— se ha limitado históricamente a referir sobre cuestiones de mera competencia respecto a delitos cometidos contra el derecho de gentes, pero incluso fuera de los límites de la Nación (supuesto que ni siquiera es el que nos ocupa). Así se desprende de la literalidad de su texto, redacción que debe predominar según los uniformes lineamientos hermenéuticos —que fueron sintetizados por la CSJN en el precedente “Acosta”2—, es decir privilegiando la letra de la norma, acotándonos a la semántica de su texto y conforme al principio pro homine. Y así lo demuestra incluso nuestra tradición jurisprudencial al respecto, tanto de su actual numeral 118, como de la misma redacción que contenía el art. 102 antes de la consabida reforma del año 1994.

Más allá de su clara e inteligible redacción, por mencionar también a un prestigioso constitucionalista que se ha expedido sobre la naturaleza procesal del art. 118 CN, podemos citar nada menos que a Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Ed. Estrada, Bs. As. 1983, pág. 628. O al profesor Germán Bidart Campos, en su “Manual de la Constitución Reformada” (Editorial Ediar, tercera reimpresión, tomo II, pág. 303/304). Del mismo modo, el Dr. Miguel M. Padilla recordó que “el art. 118 se refiere… a la competencia federal en materia en la que está comprometido el derecho de gentes pero por delitos cometido fuera del territorio nacional.” (Disertación en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 29 de setiembre de 2004, Reflexiones jurídicas en torno de la doctrina de la Corte Suprema en el caso Arancibia Clavel, pág. 37). Y el Dr. Ezequiel Malarino, un abogado investigador y reconocido colaborador académico del Profesor Kai Ambos (fue incluso consultor técnico del Tribunal Penal Internacional para los crímenes de la ex Yugoslavia en el “caso Nicolic”), explicó que: “la referencia a delitos cometidos dentro o fuera del país tiene por única finalidad establecer el principio que regirá el lugar de celebración del juicio” (Desaparición Forzada de personas, Análisis comparado e internacional, editorial Temis S.A., pág. 28).


La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el año 2000, prohijó el dictamen del Procurador General Dr. Nicolás Eduardo Becerra, que —al interpretar específicamente el art. 118 de la CN— dijo que “el citado artículo claramente impone un mandato al legislador: la sanción de una ley especial que determine el lugar en que haya de seguirse el juicio. Por ello a falta de la ley especial que prevé la norma, ésta resulta inaplicable al caso… En tales condiciones, en mi opinión, resulta aplicable aquella jurisprudencia del Tribunal que indica: ‘La primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente” (C. 783. XXXV. “Ceresole, Norberto Rafael c/ República de Venezuela s/ daños y perjuicios”). De adverso, la excedida interpretación “dinámica” optada por los preopinantes, confirma en primer lugar que —efectivamente— ha mediado un cambio de criterio que rompe con los lineamientos exegéticos tradicionales de la CSJN (los cuales imponían privilegiar la letra de la ley y acotarse a su semántica).

Este viraje hermenéutico del TOF no es una cuestión menor, porque lo que está proponiendo es alterar la concepción —en rigor procesal— de la cláusula constitucional, para asumirla ex post facto como una norma de fondo; más concretamente como una axiomática ley penal en blanco (incluso, la más amplia y la más severa de todo nuestro ordenamiento jurídico); que de tal modo busca nada menos que incorporar a nuestro derecho interno un sinnúmero de disposiciones penales foráneas —incluido el ius cogens— de diferente datación.

Mediante esta disruptiva actividad judicial —y no constituyente ni legislativa— se pretende crear en nuestro ámbito derecho material doméstico 3, para todavía implantarlo en forma retroactiva, a través, como adelantamos, de un ex post facto cambio interpretativo del inmutable texto del art. 118 CN (que es exactamente el mismo que el histórico art. 102 CN), y que tardíamente pretende asumir a esta disposición como norma de reenvío hacia previas leyes penales internacionales (las cuales se procura aplicar sobre un período histórico que antecede a la nueva glosa constitucional).

De modo que dicha cláusula suprema de literal naturaleza y finalidad meramente procesal ha sido trastocada en su exégesis, para convertírsela en una norma sustantiva en blanco que remita directamente al derecho penal internacional (simulando además que en tales términos regiría desde sus albores). Y, a través de esta alquimia, se procura significar que, antes de los sucesos que nos ocupan, incorporábamos en nuestro país normas punitivas que —en verdad— ni contemplábamos.

Ahora, sin perjuicio de que la interpretación dinámica está absolutamente vedada en materia penal (por proscripción de la analogía), además que se ha acudido a este método ilegítimo y nada menos que trastocando una cláusula constitucional, encima no se lo ha hecho para concretar una exégesis en prospectiva —esto es, respecto a circunstancias que los constituyentes no pudieron contemplar y surgieron luego— sino en retrospectiva, esto es modificando aquello que los constituyentes pudieron relevar y decidieron descartarlo.

Porque lo cierto es que en la última reforma constitucional de 1994, hacía rato ya del Estatuto de Nüremberg y de sus juicios. También de la Convención de Imprescriptibilidad de 1970. La Argentina ya había ratificado la competencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) el 5/9/84 (que ya había dictado el fallo “Velázquez Rodríguez” del año 88 que se cita en “Arancibia Clavel”). Y por si fuera poco, incluso estaba para entonces vigente el Estatuto para los crímenes de la ex Yugoslavia de 1993. Y en el contexto de todos esos antecedentes, merece destacar que nuestro Congreso Nacional había decidido —por ley 24.309 de 1993— qué cláusulas debían reformarse y cuáles no, rechazando entre otras la modificación del art. 102 (actual 118 CN).


Además, el art. 6 de la ley 24.309 expresamente previó que “serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la convención constituyente apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la presente ley de declaración”. Claramente, la cuestionada interpretación judicial dinámica, que emula una modificación de la letra del art. 118 CN —incluso por fuera de la convención constituyente—, no sólo resulta incompetente desde el punto de vista institucional (el Poder Judicial no tiene facultades para tal alteración constitucional), sino que además viola el marco dispuesto por aquella ley 24.309. Y, peor aún, por si todo esto no bastara, resulta ser que  durante la reforma constitucional de 1994— la constituyente María Zunilda Lucero propuso incorporar una referencia expresa en el actual art. 75 —inc. 22— CN acerca de los delitos de lesa humanidad y de su imprescriptibilidad, resultando que los más de trescientos constituyentes jamás la acompañaron (entre ellos se encontraban el propio Zaffaroni y Maqueda). Ergo, ¿cómo es posible que —después de esa reforma de 1994 decidida por nuestro Congreso Nacional y acordada por más de trescientos constituyentes— enseguida, con una Constitución moderna de última generación, desde la CSJN pocos magistrados dijeran no sólo que había que actualizar esa misma carta magna, sino incluso que esa “renovación” debía hacerse paradójicamente— hacia el pasado, conforme a un derecho penal internacional que se remonta a la posguerra?

Nos encontramos ante un anacronismo y una creación pretoriana de derecho penal sustantivo doméstico que es tan evidente como escandalosa. Porque lo cierto es que, previo a los hechos aquí juzgados, las disposiciones foráneas en cuestión no rigieron en nuestro país, dado que ni siquiera existía semejante paráfrasis constitucional que violentara su redacción. Por ello, la datación de tales normas extranjeras poco interesa, lo que importa es cuándo apareció la nueva glosa de nuestra cláusula constitucional.

Es verdad que desde hace bastante tiempo el derecho penal internacional contemplaba ya diferentes reglas punitivas, pero es un error sostener que a la sazón el art. 118 de la CN —o 102 CN— fuera asumido como un texto que —más allá de su letra— pudiera nada menos que constituir una ley penal en blanco, que habilitara la aplicación incluso directa de la normativa penal internacional. Peor todavía, ninguna posición jurisprudencial podía hacer previsible algo así, sino todo lo contrario.

La prueba evidente de ello es que —para empezar— la doctrina monista del derecho, fue un criterio asumido por nuestra CSJN recién a partir del fallo “Ekmekdjian c. Sofovich” (7/7/92).

Previo a esto, recordemos “Ekmekdjian c. Neustadt” (1/12/88), el criterio era precisamente inverso, cuando el Máximo Tribunal señaló que el derecho reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos “no ha sido objeto aún de reglamentación legal para ser tenido como derecho positivo interno”. Insistimos, la CSJN, después, en el año 1992 modificó su postura, dejando en claro en “Ekmekdjian c. Sofovich” —consi
derando 26— que no compartía lo que dijo la composición anterior en “Ekmekdjian c. Neustadt”.

Pero además recién asomaba un monismo pro incorporación de garantías y derechos humanos reconocidos internacionalmente, más no derecho penal internacional; no regía entonces un criterio para ampliar las facultades penales del Estado (encima ilimitadamente en su aspecto temporal). Lo cierto es que el monismo punitivo asomó con la sentencia de la CSJN en el caso “Priebke” del 2/11/95.

Antes de “Priebke”, tenemos —por mencionar sólo al Máximo Tribunal—: 1) Causa “Juicio a las Juntas” (que el 30/12/86 confirmó la sentencia de la CCF que juzgó según la ley doméstica y declaró prescriptos once delitos), 
2) Causa “Camps” (que el 22/6/87 declaró la prescripción de varios hechos). 3) Causa “Jofre” (que el 11/2/88 declaró la extinción de la acción penal, sobreseyó y dejó en libertad a Jorge Alberto Maradona, fundado ello en la operatividad de la ley 23.492), 4) Causa “Hagelin” (que el 25/2/88 soslayó la aplicación de la Convención de Imprescriptibilidad). 5) Causa “ESMA” (que el 29/3/88 rechazó la inconstitucionalidad de la ley 23.521 y sorteó la aplicación de la Convención contra la Tortura dado que la ley 23.338 que la aprobó era ex post facto); 6) Causa “Agüero” (que el 24/5/88 con dictamen coincidente del Procurador D’Alessio, insistió en la constitucionalidad de la ley 23.521); 7) Causa “Sexton” (que el 15/08/1989 declaró la prescripción de numerosos hechos de privación y tormento a favor del general de brigada Sexton) y 8) Causa “Suárez Mason” que —el 13/8/98— denegó el derecho a la verdad en virtud de un sobreseimiento dictado en función de ambas leyes del perdón.

Aunque, por si fuera poco, todavía el caso “Priebke” es diametralmente diferente al que nos ocupa porque allí sí se trataba de delitos contra el derecho de gentes cometidos fuera del territorio de la nación y, de algún modo, sí podrían encontrar un parangón con las palabras del art. 118 de la CN. Más todavía, en el caso “Priebke” concurría además la aplicación del decreto 6945 y la ley 12.837 que adhirieron al acta de Chapultepec y, por ende, regía el deber previo asumido por la Argentina de extraditar a los criminales del eje.

De modo que la interpretación del art. 118 CN con el sentido y los alcances que hoy se pretenden (es decir como derecho material, como ley penal sustantiva en blanco referida además a delitos cometidos dentro de nuestro país), ni siquiera lo encontramos en el precedente “Priebke” —que como sostuvimos refería a una situación diversa— sino que surgió con “Arancibia Clavel”. Reiteramos, el caso “Priebke” nada tiene que ver con lo sucedido recién a partir del precedente “Arancibia Clavel”. De otro modo, tampoco podría explicarse lo resuelto por la CSJN en el fallo “Suarez Mason” del 13/8/98 —tres años posteriores a “Priebke”— (que denegó el derecho a la verdad en virtud de un sobreseimiento dictado en función de ambas leyes del perdón). Todas estas cuestiones están muy bien documentadas en los compendios jurisprudenciales y han sido materia básica de enseñanza universitaria. No se explica entonces cómo se mantiene lo contrario sobre la supuesta aplicación automática del derecho penal internacional, cuando —hasta no hace mucho— ni siquiera prohijábamos aquí un criterio jurídico monista.

Por supuesto reconocemos decididamente que es plausible que interpretemos dinámicamente nuestra Carta Magna para incorporar y/o ampliar derechos y garantías pro homine (como sucedió en “Ekmekdjian c. Sofovich”), pero es inaceptable que semejante exégesis se haga para acrecentar el poder más radical del Estado contra los individuos, incorporando un sinnúmero de disposiciones penales foráneas y aplicarlas todavía sin reparos temporales, con el subterfugio de afirmar que no habría retroactividad porque —antes de esta interpretación denominada “dinámica”— las normas tardíamente importadas ya regían en el plano internacional. Resultan contrarias a nuestro derecho (foráneas) como resultara foráneo el marxismo europeo que pretendía someternos por las armas.

Al momento de los hechos, e incluso mucho tiempo después, avenida la democracia, nadie podía visionar que el derecho penal internacional fuera directamente aplicable, que un tribunal argentino pudiera condenar —por ejemplo— en función del Estatuto de Nüremberg. La letra constitucional nada decía en tal sentido y la propia jurisprudencia rebatía un pensamiento tan extraño. Sin embargo, la postura del TOF ni siquiera logra explicar todo este gran bagaje legal que ha marcado visiblemente a nuestra historia jurídica. En consecuencia, ante un consabido, evidente e innegable trocamiento constitucional, ex post facto y por demás imprevisible según los criterios judiciales imperantes hasta mucho tiempo después de los hechos aquí juzgados, que implica hoy la introducción vernácula de normas extranjeras de derecho material que antes ni vislumbrábamos como directamente imperantes en nuestro suelo, cabe simplemente anteponer la inveterada vigencia del art. 18 de nuestra Carta Magna y la proscripción de la creación judicial del derecho, tal como lo señaló la Comisión IDH en el “Castillo Petruzzí vs. Perú”, así como lo sentenciado por Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el precedente “Del Río Prada” del 21/10/13, en cuanto a la ilegitimidad de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia penal adversa.

La Comisión IDH dijo en “Castillo Petruzzi” que “el principio de legalidad es la piedra basal del estado de derecho y principio estructural del derecho penal. Al entroncar con los principios de certeza y de seguridad jurídica, se despliega en una serie de principios que le sirven de complemento: …
5) de irretroactividad y prohibición de la retroactividad desfavorable, 6) de prohibición de la analogía, 7) de reserva de ley y de ley orgánica, …9) de prohibición de la creación judicial del derecho, 10) de la no indeterminación de la ley.” 
(Sentencia del 30/5/99. Párr. 114).


El TEDH, en el caso “Del Río Prada” sostuvo que: “93… La ausencia de una interpretación jurisprudencial accesible y razonablemente previsible puede incluso conducir a una constatación de violación del artículo 7 respecto  de un acusado [definiendo que ello puede ocurrir también en relación con los elementos constitutivos del delito. Lo cual luego veremos que asume absoluta relevancia]…. Y prosigue: Si fuese de otra forma, no se atendería al objeto y el objetivo de esta disposición — que pretende que nadie sea sometido a actuaciones judiciales, condenas o sanciones arbitrarias—.”. Y agregó que “el Tribunal recuerda que el artículo 7 del Convenio prohíbe de forma absoluta la aplicación retroactiva del derecho penal cuando resulte desfavorable para el interesado. 117…, nada indicaba la existencia de una tendencia perceptible en la evolución de la jurisprudencia que fuera en el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006. La demandante no podía por tanto esperar el giro efectuado por el Tribunal Supremo”.

Tal como venimos sosteniendo, mantener aquí la interpretación dinámica del art. 118 de la CN, transformando a esta cláusula procesal en una norma sustantiva penal tan exageradamente amplia y en blanco, traduciría no sólo la afectación del principio de previsibilidad, sino que también conllevaría una creación judicial del derecho que vulnera toda legalidad. Y esto además guarda relación directa con el principio parlamentario (arts. 1 y 75 —inc. 12— CN).

Tengamos presente que asimismo existe un reconocimiento y un respeto internacional por la soberanía parlamentaria que, en lo que aquí respecta, implica que la restricción de cualquier derecho humano —como lo es la libertad ambulatoria de los justiciables— solamente pueda ser habilitada por las leyes formales que hayan atravesado la esfera legislativa.

Y en este sentido, basta recordar la Opinión consultiva 6/86 de la Corte IDH “26. …no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana,…. La Corte concluye que la expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado. … 35. En consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Interamericano. Sólo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención” (9/5/1986. Consulta solicitada por el gobierno de Uruguay). Por ende, es de por sí ilegítimo restringir la libertad de Durquet y demás condenados en base a disposiciones que no atravesaron oportunamente la esfera parlamentaria.


Tengamos en cuenta que incluso la Cámara de los Lores —cámara alta del parlamento inglés— (país emblemático en la tradición jurídica del common law, además uno de los países firmantes de la Carta de Londres y pionero en juicios delitos de lesa humanidad), destacó el requisito parlamentario y sostuvo en el Caso “R v Jones” (del año 2006), que los tribunales no pueden crear delitos. A modo de ejemplo, Lord Mance señaló que: “En una democracia parlamentaria moderna, es competencia por excelencia del Parlamento debatir y legislar la creación y regulación de los delitos. Incluso, los crímenes de derecho internacional público ya no pueden ser, si es que alguna vez lo fueron, objeto de una recepción automática o reconocimiento en el derecho interno de los tribunales”.

Lo cierto es que, si cotejamos además la normativa penal internacional que se esgrime en la materia, el requisito parlamentario también es reconocido allí, estableciéndose un reenvío hacia las respectivas legislaturas. Así, por ejemplo, los arts. 3 y 4 de la Convención sobre imprescriptibilidad.

Difícilmente podríamos decir entonces que las disposiciones foráneas —sobre todo aquellas de naturaleza penal— pudieran ser receptadas por nuestro país, sin haber atravesado oportunamente la instancia parlamentaria. Y mucho menos si estas facultades punitivas, pretenden todavía nutrirse de supuestas costumbres internacionales definidas como ius cogens. O de normas que incluso violan el principio de nulla poena sine lege —lo cual hoy es vital, porque basta señalar que el art. 23 del Estatuto de Roma, aplicable como ley penal ulterior más benigna, sanciona expresamente con nulidad la imposición de una pena imprevista.

La afectación a la previsibilidad del derecho que conlleva tan sorpresiva tergiversación del art. 118 CN, se acrecienta si además tenemos en cuenta la vulneración del principio de publicidad legal, pues tanto las normas que pretenden incorporarse —con total soslayo todavía del principio parlamentario— como sus reinterpretaciones jurisprudenciales, no han tenido siquiera previa difusión a nivel interno y por ende no han podido preverse.

Cabe señalar que el principio de publicidad legal es transversal en todo el derecho, rige en cada una de las ramas jurídicas. Cobran aquí relevancia, los Principios de Siracusa (24/8/84) que enuncian: “7. Las normas jurídicas que limiten el ejercicio de los derechos humanos serán claras y accesibles a todo el mundo”. El art. 102 de la Carta de Naciones Unidas que —como requisito— impone la publicación de Todo tratado y todo acuerdo internacional. El art. 6 de la Declaración Derechos y Deberes del Hombre (Res. 53/144 de la Asamblea Gral. de la ONU) que establece el derecho al “b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacionales”.
El art. 3 de la ley 24.080 (10/6/92): “Los tratados y convenciones internacionales que establezcan obligaciones para las personas físicas y jurídicas que no sea el Estado Nacional, son obligatorios sólo después de su publicación en el Boletín Oficial, observándose al respecto lo prescripto por el art. 2º del Código Civil”. El art. 50 de la ley 26.200 (5/1/07): “los elementos de los crímenes dictados por la Asamblea de los Estados Partes… del Estatuto de Roma, deben publicarse en el Boletín Oficial de la Nación”

Ahora bien, seguramente las disposiciones foráneas que han pretendido aplicarse en este juicio han tenido difusión entre Estados, eso no está en discusión. Pero el Estado es sólo uno de los sujetos del derecho internacional. A partir del reconocimiento universal de los derechos humanos, el individuo es el otro sujeto de derecho, ya no sólo el Estado es sujeto de derecho en el plano internacional, sino que también lo son las personas de existencia real.

Por ello, poco importa si entre los Estados ha mediado comunicación diplomática sobre la existencia de ius cogens, o sobre la formulación de acuerdos respecto a normas penales internacionales. Lo que importa es que se acredite si esos imperativos que luego se le quieren aplicar a los individuos —de forma además tan adversa—, les fueron debidamente difundidos con antelación. Y la publicidad hace a la previsibilidad del derecho. Pues, lo contrario importaría traducir al derecho de gentes en un derecho doméstico secreto.


La pregunta es: ¿el Estado comunicó previa y claramente a los ciudadanos que el art. 118 —viejo 102 o cualquier otro— de la CN permitía que el derecho internacional penal se aplicara aquí directamente sin atravesar siquiera la esfera parlamentaria? ¿Difundió además en qué consistía ese derecho penal internacional? ¿Comunicaba al menos que la tendencia jurisprudencial fuera en el sentido que recién décadas más tarde asumió?

Como hemos visto, a la sazón el Estado incluso anunciaba públicamente todo lo contrario, pues, además de lo que ya dijimos sobre la tardía aparición del monismo —y más aún del monismo punitivo— así como de la inesperada glosa del art. 118 CN, basta recordar al respecto cuál era todavía el criterio posterior de la Cámara Federal y de la CSJN en la conocida causa “13/84”, donde expresamente se descartó la aplicación del derecho internacional y hasta se declaró la prescripción de once imputaciones. En definitiva, las disposiciones del ius gentium no eran de aplicación dentro de nuestro país previo a los hechos que nos ocupan. Por el contrario, su incorporación obedeció a una contemporánea variación de criterio, que por vía pretoriana, tergiversando la redacción y violando la reforma constituyente del ‘94 transformó una cláusula constitucional —referida claramente a cuestiones formales de competencia— en la máxima y más severa ley material penal en blanco de nuestra nación, pretendiendo —por si fuera poco— significar luego que así imperaba ex ante. Esa vía pretoriana, desarrollada por los jueces de la justicia federal, seguramente ha sido ordenada por el César o la César del momento.


Y lo cierto es que tan repentina y extravagante paráfrasis no se condice con la literalidad del art. 118 de nuestra Carta Magna, ni se acota a su semántica, soslaya la reforma de 1994 —conculcando los arts. 1, 75 —inc. 12— CN y la ley 24.309— no respeta el principio pro homine, no rigió jurisprudencialmente de ese modo por décadas desde su albor, nunca había sido asumida así por los más renombrados constitucionalistas y no podía siquiera sospecharse durante años de dualismo jurídico (menos aún conocerse el contenido extranjero así incorporado), a la vez que —por vulnerar el requisito parlamentario exigido por nuestra Carta Magna y a nivel internacional— conculca también los principios de nulla poena sine lege previa y de publicidad, afectando indudablemente la previsibilidad del
derecho punitivo hoy utilizado.

6.1.b. Tipificación retroactiva

Sin perjuicio de todo ello, la defensa expresó también en el alegato que aún si se insistiera en sostener la anterior vigencia en nuestro país del derecho penal foráneo —importado a través de una cláusula constitucional mal interpretada repentinamente como una pseudo ley penal en blanco que conectara con el ius gentium—, lo cierto es que pese a ello la caracterización de los delitos de lesa humanidad efectuada por los sentenciantes, centrada en una supuesta “política de estado” con una modalidad “sistemática” y “generalizada” de ataque contra una población civil, tampoco parece responder a la previa concepción jurídica internacional imperante en el año 1975.


Sin dudas, debemos reconocer que hace cuarenta años, el único derecho penal internacional preexistente —referido a la definición de delitos de lesa humanidad— era entonces el Estatuto de Nüremberg y el del Lejano Oriente. Ello, insistimos, a pesar de que no contaron con la debida publicidad legal en la argentina y que ninguna norma doméstica ni interpretación jurisprudencial indicara que fueran aplicables —menos aún directamente— en nuestro orden doméstico. Peor todavía, Argentina no sólo que no está entre los cuatro miembros originales de la Carta de Londres, ni siquiera estuvo jamás entre los 19 países que adhirieron luego a dicha carta, como en cambio sí lo hicieron: Grecia, Dinamarca, Venezuela, Países Bajos, Bélgica, Etiopía, Australia, Noruega, Luxemburgo, Haití, Nueva Zelandia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, India, Panamá, Uruguay, Paraguay y Honduras. Y esto sin duda agrava más aún la imprevisibilidad.

Además esta falta de ratificación por parte de Argentina es relevante, pues cabe señalar que en 1993, en la sentencia del “caso Boudarel” (Georges Boudarel), la Sala de Derecho Penal de la Corte de Casación de Francia —uno de los Estados pioneros de estos juicios— confirmó que: “no hay motivos para la celebración de una investigación sobre los hechos denunciados..., bajo la clasificación de los delitos de lesa humanidad…” “Considerando que las disposiciones… de la Carta del Tribunal Militar Internacional de Tokio, que no fue ratificado ni publicado en Francia;… se deduce que el fin de la acción pública se declaró con razón y que, la negativa a realizar una investigación está justificada, la apelación no se puede recibir”.

Pero aún así, lo cierto es que dichos estatutos —a los que la Argentina ni siquiera adhirió— asumieron un concepto de delitos de lesa humanidad vinculado a un contexto de guerra, incluso, internacional.


La razón de todo ello obedeció a que años antes, en 1919, cuando se celebró el Tratado de Versalles al final de la 1ra. Guerra mundial, donde Alemania se obligó a llevar a juicio a diferentes criminales, había prevalecido la posición Estadounidense que señaló lo siguiente: “las leyes y las costumbres de la guerra son estándares ciertos, que pueden encontrarse en libros autorizados y en la práctica de los Estados. Las leyes y principios de la humanidad varían con cada individuo, los cuales, por esta razón, deben ser excluidos de la consideración de un tribunal de justicia, especialmente de uno encargado de la administración del derecho penal”. Queda claro por qué, años después, si bien aparece la figura de “lesa humanidad”su concepción siguió ligada a la guerra.

Más todavía, Francia —uno de los estados miembros del Estatuto de Londres— dijo mucho más tarde que el Estatuto de Nüremberg no sólo se ligaba a un concepto de guerra internacional, sino que su objeto se circunscribía al juzgamiento de los criminales del eje.

En este sentido, en el citado fallo “Georges Boudarel” (quien enfrentaba una acusación de lesa humanidad por el conflicto en indochina), la Sala Penal de la Corte de Casación de Francia, del 1/4/93, sostuvo que el Estatuto de Nüremberg refiere sobre los crímenes de los países del eje y la Carta de Tokio de los criminales de guerra japoneses y que, por ende, los hechos debían ser tratados conforme al derecho común y se encontraban amnistiados. Con apoyo en dicha doctrina, en el conocido caso francés por la desaparición de Josette Audin (por el conflicto en Argelia), el 10/7/2002, el Juez de instrucción penal Jean Paul Valat, desestimó la calificación de “crimen contra la humanidad”. Aplicando la jurisprudencia anterior, el magistrado consideró que este delito no podía ser aplicado retroactivamente, recordando que, antes de esa fecha, la ley francesa sólo se penalizaba los delitos de lesa humanidad cometidos por las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.

De igual modo, en el año 2003, ante la denuncia presentada por Louisette Ighilahriz y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP), también por el conflicto en Argelia, la Sala Penal del Tribunal de Casación de Francia, mantuvo el mismo criterio, al decir que:
“las disposiciones del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg anexo al Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, se refieren únicamente a los actos cometidos en nombre de los países europeos del Eje”.

Francia es uno de los países miembros originales del Estatuto, pionero en los juicios de Nüremberg y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y nos está diciendo que dicho Estatuto de Nüremberg, no es de aplicación erga omnes, que no es ius cogens y que su objeto se agotó.

Precisamente, más allá incluso de la opinión de Francia (que evidentemente el TOF ha desoído), lo concreto es que antes de los hechos que nos ocupan, el único concepto acordado sobre delitos de lesa humanidad era su vinculación con la guerra —tal como lo definía el Estatuto de Nüremberg—. Tal es así, que en el año 1968 la comunidad jurídica internacional no se remitía a la vieja ley nro. 10 del Consejo de Control Aliado, ni al conocido caso “einsatzgruppen”, ni al proyecto de código de 1954 —de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad— que otrora habían intentado encontrar una definición fuera del vínculo con la guerra internacional.


En el año 1968 —cuando se aprobó el proyecto de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad— la Asamblea Gral. de la ONU siguió remitiéndose a la definición del Estatuto de Nüremberg. Así, el art. I.b) de la Convención sostiene que “Los crímenes de lesa humanidad —son aquellos— cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz” aclara enseguida: “según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg”. Ello es importante, porque incluso los crímenes “en tiempo de paz” previstos por el Estatuto de Nüremberg, lo son —según definición del art. 6.a) de dicho Estatuto— en la medida que lo sean para librar o preparar guerras. Y, más allá de cierto debate, lo real es que dicha remisión al Estatuto de Nüremberg fue sin dudas con fines conceptuales; de otro modo aquella tipificación carecía de toda distinción con los delitos comunes o domésticos. 

Basta señalar que el Tribunal de Nüremberg hizo la siguiente salvedad: “la política de la persecución, la represión y el asesinato de civiles en Alemania antes de la guerra de 1939, que eran propensos a ser hostil al Gobierno, se realizó la mayor parte sin piedad”, y que “la persecución de los judíos durante el mismo período fue establecido más allá de toda duda”, el Tribunal consideró que no había sido satisfactoriamente probado que antes del estallido de la guerra estos actos estarían cometidos en ejecución de o en conexión con, cualquier crimen de la competencia del Tribunal. Por esta razón, el Tribunal se declaró incapaz de “hacer una declaración general de que los actos antes de 1939 eran crímenes contra la humanidad en el sentido de la Carta”.

Luego el Consejo de Control Aliado, en el propio caso “einsatzgruppen” o, más aun, en el caso “Flick” al referirse a la carta de Londres afirmó que: “la frase ‘en ejecución de o en conexión con cualquier crimen de la competencia del Tribunal’ limita la definición de crímenes contra la humanidad”. A mayor énfasis, sobre tal vinculación conceptual con la guerra internacional,cabe reparar en el hecho de que —mucho más tarde todavía— en el año 1968 al incluirse al apartheid en la Convención de Imprescriptibilidad, se lo hizo precisamente por advertir que ello conduciría a un conflicto de proporciones internacionales.

La resolución de la Asamblea Gral. ONU Nº 2272, citada en dicha Convención contra la Imprescriptibilidad, expresamente señala que “observando con inquietud que la política del Gobierno de la República de Sudáfrica tiende a perpetuar el apartheid en Sudáfrica, robustece a los regímenes coloniales y racistas periféricos y amenaza la integridad y la soberanía de los Estados independientes vecinos”. Y luego de condenar el apartheid como delito de lesa humanidad, esta resolución “Reafirma que la situación en Sudáfrica y la situación explosiva resultante en el África meridional siguen constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

Y ciertamente tengamos en cuenta que desde 1966 (hasta 1988) Sudáfrica efectivamente estuvo embarcada por esta cuestión en un conflicto independentista con Namibia, el cual había cobrado proporción internacional, pues también participaron indirectamente EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania, Israel, Irán, Cuba y URSS. De modo que, en 1968 la Asamblea Gral. de la ONU, al remitir al Estatuto de Nüremberg, seguía considerando “crímenes de lesa humanidad” a graves delitos cometidos durante la guerra o con entidad suficiente como para provocar una de carácter internacional, como fue lo que finalmente ocurrió con el caso del apartheid de Sudáfrica.


Y esta posición fue reconocida en el Informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, en el caso “Larrabure Argentino del Valle s/su muerte” (20/11/07), cuando admitió que: “sólo cabe destacar que la categoría de los crímenes contra la humanidad aparece vinculada a la criminalidad de guerra dado que los actos debían haberse cometido ‘’’en ejecución o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del Tribunal, esto es: los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz. … parece claro que la conexión fue un elemento utilizado para distinguir los ‘crímenes contra la humanidad’ de los delitos comunes”.

La definición del Estatuto de Nüremberg de crímenes de lesa humanidad, según estuvieran ligados a la guerra, fue reconocida también por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en su informe del año 1986, al decir que “con arreglo al Estatuto del Tribunal de Nüremberg, sólo podía considerarse que se había cometido un crimen contra la humanidad con ocasión de un conflicto armado”.

Y aquí, en este entuerto judicial, la propia acusación ha negado que los hechos en tela de juicio se hubieran cometido en un contexto de guerra. Lo peor del caso es que, incluso mucho después de ocurridos los hechos, la definición que se manejaba era estrictamente la del Estatuto de Nüremberg; aunque la Comunidad Internacional era consciente que se trataba de un concepto que no conformaba, no había consenso al respecto y los criterios no eran uniformes, y por ello intentó por décadas una definición más precisa al respecto.


Bien vale mencionar que todavía el 25/5/1993 el art. 5 del TPI ex Yugoslavia —del Consejo de Seguridad de la ONU— seguía considerando que se estaba ante crímenes de lesa humanidad “cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil” (sólo incorporó la posibilidad de que esa guerra fuera interna y no sólo internacional).


La razón de ello es que, en el interregno, en el año 1984 en el seno de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, se aclaró sobre la definición de este concepto que: “Sin duda, la Asamblea General, como cada uno de los miembros de la Comisión, sabe lo que es un crimen internacional en sentido moral, en sentido emocional —y la emoción es válida y constituye un buen criterio—, pero para los miembros de la Comisión, que son ante todo juristas, definir lo que es un crimen internacional significa determinar primero las consecuencias jurídicas que lleva aparejadas el hecho de que un comportamiento se repute constitutivo de un crimen
internacional”.

Y se agregaba entonces que: “La cuestión que la Comisión tiene actualmente ante sí es la del contenido ratione materiae; en otras palabras, se trata de determinar en qué consiste un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad”.


Un año después, en 1985, en la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, fue duramente criticado el viejo proyecto de 1954 (que había pretendido superar el concepto de su vinculación con la guerra). Y se lo hizo en los siguientes términos: “El proyecto de código de 1954 se limitó a decir, en la parte pertinente de su artículo 1, que «los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, definidos en el presente código, son delitos de derecho internacional». Es evidente que no se trataba de una definición propiamente dicha. Afirmar que los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad son delitos de derecho internacional es referirse simplemente a la categoría a que pertenecen, sin especificar en qué se distinguen de otras nociones semejantes. Es como si el naturalista dijera que los tigres son fieras, sin añadir lo que los diferencia de las demás fieras” (Tercer informe sobre el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, por el Sr. Doudou Thiam, Relator Especial. 8 de abril de 1985).


Ese mismo año 1985, en el anuario de la Comisión de Derecho Internacional —Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su trigésimo séptimo período de sesiones— se dijo que “la Comisión había adoptado el criterio de la gravedad extrema para la tipificación de los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Había reconocido, no obstante, que este criterio era demasiado vago para permitir, por sí solo, identificarlos. Había que encontrar, pues, un contenido más concreto que la noción de la gravedad extrema”.

En el informe del relator especial del año 1985, surgía todavía esta pregunta de lo más elocuente “¿es posible una definición del delito contra la paz y la seguridad de la humanidad y, en caso afirmativo, cuál es la definición que se ha de proponer?”.

En el anuario del año 1986 de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, luego incluso de haber repasado expresamente la definición de la ley nro. 10 del Consejo de Control Aliado (que también pretendió desvincular la definición de la guerra), se dijo que “Refiriéndose al significado y contenido de la expresión “crimen contra la humanidad”, el Relator Especial estimó que ninguna de las definiciones era suficientemente completa para abarcar en todos sus matices el contenido de esta expresión. Algunas definiciones hacían hincapié en el carácter del crimen (barbarie, atrocidad, crueldad), otras lo hacían en su aspecto humillante o degradante, es decir, el menoscabo de la dignidad de la personas otras en la lesión de un derecho (menoscabo de los derechos fundamentales) otras en su carácter masivo (exterminio. esclavitud. etc.), otras, por último, hacían hincapié en la personalidad jurídica del autor: el crimen contra la humanidad sería un acto de soberanía estatal por el que un Estado atentaba contra la soberanía de un Estado la personalidad de un pueblo, etc.”.


Al finalizar dicho informe se aclaró expresamente que “El Relator Especial… dijo también que no se proponía ya ninguna definición del crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, dadas las controversias que había suscitado.”

En el anuario del año 1987 de la Comisión de Derecho Internacional, se asentó que: “En su actual período de sesiones, la Comisión tuvo ante sí el quinto informe del Relator Especial sobre el tema… En su informe, el Relator Especial había modificado varios proyectos de artículos propuestos... Esos proyectos de artículos comprenden la introducción al proyecto de código y se refieren a la definición y la calificación del crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad así como a los principios generales… En sus sesiones 2031a. a 2033a. la Comisión, después de haber examinado el informe del Comité de Redacción, aprobó provisionalmente los artículos 1 (Definición), 2 (Tipificación)”.


Pero aclaró en el punto “Comentarios” que: “Entre una definición conceptual, que estableciera los elementos esenciales del concepto de ‘crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad’, y una definición enumerativa, que remitiera a la lista de crímenes individualmente definidos en el proyecto de código, la Comisión optó provisionalmente por la segunda solución. Ahora bien, la Comisión decidió volver más adelante, en una etapa adecuada de su labor, sobre la cuestión de la definición conceptual de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad… Las razones que hicieron que la Comisión se decidiera por una definición enumerativa del tipo adoptado en el artículo 1 son a la vez doctrinales y prácticas. Por una parte, varios miembros de la Comisión manifestaron el temor de que una definición de tipo conceptual pudiera conducir a una interpretación extensiva y subjetiva de la lista de crímenes contra la humanidad, contraria al principio fundamental del derecho penal de que toda infracción debe ser tipificada con precisión en todos sus elementos constitutivos. Debía evitarse, pues, todo riesgo de tipificación por analogía del crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.” (Informe del Año 1987).

De modo que, aún en el año 1987, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas sólo había acordado un proyecto con una definición meramente enumerativa [la cual, vale destacar, no contemplaba siquiera al delito de asociación ilícita —por el que se condenó aquí a Durquet— a la vez que se advertía con preocupación cualquier aplicación analógica de la definición al respecto].

En consecuencia, cabe aquí —mutatis mutandi— el mismo razonamiento que efectuara la CSJN en el conocido fallo “Lariz Iriondo”, cuando sostuvo que: “Mal puede considerarse la vigencia de un derecho internacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibilidad de delitos sobre cuya definición no se ha logrado acuerdo entre los estados hasta el presente [en nuestro caso esa definición recién se acordó y sólo provisoriamente en el año 1991]”.


Para ser breve, lo cierto es que —según se desprende de los sucesivos y cuantiosos anuarios, nada menos que de cuatro décadas, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas— los elementos típicos distintivos como la sistematicidad y la generalidad del ataque recién asomaron en el consenso internacional en el año 1991, cuando dicho órgano mundial aprobó “provisionalmente” el proyecto del código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, que en su art. 21 tipificaba “violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos”. Pero encima ello fue provisorio, ya que la Comisión decidió que el proyecto se transmitiera a los gobiernos para que enviaran sus comentarios y observaciones y fueran presentados al Secretario General antes del 10 de enero de 1993.


Quiere decir que, hasta mucho después de que ocurrieran los hechos en tela de juicio, Naciones Unidas, a través de una Comisión integrada por miembros de 34 países —Argentina, Brasil, España, China, Japón, Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda, EE.UU., URSS (es decir, los 4 de Nüremberg y también contando a China, los 5 miembros permanentes del consejo de seguridad), Rep. Fed. de Alemania, Países Bajos, entre otros— no había concertado una definición al respecto.

Hasta entonces, sólo se contaba con el Estatuto de Nüremberg, un acuerdo sólo entre cuatro países, al que Argentina además ni adhirió y, por si fuera poco, su definición estaba ligada a un contexto de guerra incluso internacional, que aquí no se dio.


Insistimos, existió un paréntesis al respecto entre los años 1954 y 1991, cuando finalmente —luego de varias modificaciones— la Comisión de Derecho Internacional aprobó únicamente el texto de un anteproyecto de
codificación.


A mayor énfasis, reitero que todavía el Estatuto para los crímenes de la ex Yugoslavia adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU (25/5/93) mantuvo el requisito de contexto de guerra, tampoco preveía aún los elementos típicos de la generalidad y la sistematicidad, en tanto que para establecer la diferencia con los delitos domésticos se acudía al elemento del conflicto armado. Así, el art. 5 del TPI ex Yugoslavia tipifica como tales diferentes delitos “cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil”. Aquí la novedad fue que el Consejo de Seguridad de la ONU aceptó que la definición conceptual de los delitos de lesa humanidad también podía incluir los conflictos armados no sólo internacionales sino también internos.

Y, por si acaso, vale aclarar que ni siquiera esta última definición ex post facto cuadraba todavía con los hechos que nos ocupan. Recordemos que la existencia de “conflicto armado” fue rechazada por la Unidad Fiscal en el informe “Larrabure”. 

Así, en el famoso informe “Larrabure” se dijo que: “La noción de conflicto armado no es aplicable a cualquier situación de violencia armada” “no podría considerarse que los hechos ocurridos en Argentina alcanzaron la categoría del conflicto armado”. Aparte, en dicho informe se inhabilitó la aplicación retroactiva de la noción amplia que actualmente podría tenerse sobre la definición de conflicto armado (ver nota nro. 46 del informe).


En definitiva, la definición de delitos de lesa humanidad con los elementos típicos actuales (“sistematicidad” y “generalidad”), desprendiéndose completamente del requisito de conflicto armado, es mucho más reciente.

En el año 1998, la Cámara de los Lores (cámara alta del parlamento inglés), advertía ya estas cuestiones. Así, el Lord Slynn of Hadley en el caso “Pinochet” (25/11/98), dijo: “Ni siquiera estoy convencido de que en la actualidad exista una aceptación universal de la definición de los crímenes contra la humanidad. Surgieron como concepto después de la guerra de 1914, y el tribunal de Núremberg reconoció su existencia en los conflictos armados internacionales. Incluso después fue necesario aclarar que los crímenes contra la humanidad podían estar vinculados internamente a los conflictos armados, y que no era necesario demostrar su existencia en conflictos internacionales. Sin duda, se trata de un campo en desarrollo. …los cambios del derecho internacional tienen lugar muy lentamente, a medida que los Estados van modificando los principios establecidos. Es difícil porque, en muchos aspectos de este problema, no han cristalizado los principios del derecho internacional. Aún existe mucha controversia, y creo que mucha incertidumbre, por lo que los jueces nacionales deben actuar con cautela”. Recordemos que el 24/3/99, el Comité de la Cámara de los Lores decidió que Pinochet solo podía ser extraditado por las acusaciones de delitos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988, considerando que previo a ello la tortura no era considerada un delito extraditable para Inglaterra. No se fundó entonces en ningún crimen internacional, sino en la legislación doméstica del Reino Unido.


Retomando, nos encontramos así ante un tipo penal  internacional —al que se le adosa la imprescriptibilidad— que, además de haber sido introducido por vía de una tergiversada interpretación del art. 118 CN, resulta que encima no es tampoco ni previo ni sincrónico a los hechos juzgados, sino diacrónico: la concepción actual es heterogénea, fundada en la evolución del derecho penal internacional, basada sólo en un nomen iuris previo al cual hoy se le incardinan elementos típicos, esenciales y definitorios surgidos claramente con posterioridad.

En igual sentido, Kai Ambos —autor citado en el alegato fiscal— sostiene que “la definición de los CLH hasta ahora ha sido vaga y, en muchos aspectos, contradictoria. Una definición más precisa de los CLH, lo que además refleja su evolución histórica, sólo se logró con el Estatuto de la CPI”. (Obra: Crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional, que puede encontrarse en internet).


Y esto mismo es lo que ha reconocido el Dr. Esteban Righi, cuando —al dictaminar en el caso “Derecho, René” como Procurador General de la Nación— sostuvo que: “La comunidad internacional ha realizado un esfuerzo conjunto para definir, en una evolución cuyo último punto sobresaliente lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en qué consisten los crímenes de lesa humanidad. La definición a la que se arribó fue no sólo el producto de arduas discusiones, sino que constituye, como se dijo, un último paso estatutario de una larga evolución histórica y legal”.

En síntesis, más allá de la tibia aparición consensuada en el anteproyecto de 1991 de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, los elementos típicos como la “sistematicidad” y la “generalidad” del ataque comenzaron a estatuirse en el art. 3 del Estatuto TPI Ruanda (1994); surgieron en la práctica internacional con el fallo “Tadic” (1995) del TPI ex Yugoslavia, y se consolidaron en el Estatuto Roma (en vigor desde el 1/7/02) así como en el Estatuto del Tribunal especial de Sierra Leona.


Antes de todo ello, dicha Comisión de la ONU debatió cuarenta años para consensuar una definición conceptual de los crímenes de lesa humanidad, toda vez que —como dije— intentaba superar la noción del Estatuto de Nüremberg, ligada a la guerra (además, internacional).

En consecuencia, no cabe más que citar el Informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, en el caso “Larrabure Argentino del Valle s/su muerte” (20/11/07), cuando señaló que: “es evidente que la aplicación de una noción más amplia de los crímenes contra la humanidad surgida con posterioridad a los hechos del caso violaría la prohibición de retroactividad (nullum crimen sine lege praevia) dado que implicaría la adjudicación a estos delitos de una categoría que importa consecuencias penales más severas que las que acarreaban al momento de su comisión (imprescriptibilidad, por ejemplo). …La vigencia del requisito de lex preavia en el derecho penal internacional también fue remarcada por el Secretario General de las Naciones Unidas al momento de la creación de los tribunales ad hoc por parte del Consejo de Seguridad… en cuanto a la posible aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, debe decirse que es el propio tratado el que establece que sólo será aplicable para conductas cometidas con posterioridad a su entrada en vigor (artículo J1.2)”.


A mayor énfasis, la Corte IDH sostuvo que: “175. De conformidad con el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, el Estado se encuentra impedido de ejercer su poder punitivo en el sentido de aplicar de modo retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstancias agravantes o creen figuras agravadas de delito”. (Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia del 31/8/04).

Por consiguiente y tal como la defensa ya había advertido con estos mismos fundamentos durante el alegato, entiendo que la definición contemporánea utilizada por el TOF para así tipificar más gravemente hechos que preceden a sus enunciados, configura una violación del principio nullum crimen sine lege, e irretroactividad de la ley penal, acarreando la nulidad absoluta e insubsanable de todas las imputaciones (arts. 22, 23 y 24 del propio Estatuto de Roma).

En tal sentido, basta observar que —a fs. 37— el TOF utilizó una definición anacrónica, acudiendo a la simple digresión de lo aquí alegado, mediante la repentina e inexplicable cita del art. 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, del art. 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda —ver pág. 37— y de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia del 7/597 y IT— 95-14T —juicio del 3/00 respectivamente. Cuando, paradójicamente, cada uno de esos mismos tratados ex post facto impiden que sean aplicados retroactivamente (art. 24.1. del Estatuto de Roma 4, arts. 1 y 8 del Estatuto de Yugoslavia 5, arts. 1 y 7 del Estatuto de Ruanda 6).


Ahora, no obstante todo este desarrollo jurídico histórico, a modo de prolepsis, cabe también apuntar la circunstancia de que ni siquiera podría sostenerse —para sortear este agravio— la hipotética preexistencia en el año 1975 de un ius cogens que considerase delitos de lesa humanidad fuera de un contexto de guerra internacional.


En primer lugar, cabe hacer una observación al respecto: la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados —que es la que reconoce y estatuye al ius cogens (art. 53)— recién entró en vigor internacional el 27/1/1980. Y su aplicación no es retroactiva (art. 4). Previo a ella, las costumbres universales, no tenían entonces el estatus jurídico de norma imperativa de derecho internacional.

De modo que, en principio, tampoco sería válido eludir las cuestiones aquí tratadas diciendo que más allá de las convenciones y de las discusiones de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, habría existido una práctica internacional uniforme o generalizada que habilitaba a considerar como delito de lesa humanidad a supuestas conductas cometidas fuera de un contexto de guerra internacional.


Ahondando en este tema, es necesario demostrar aquí que —más allá de la violación del art. 4 de la Convención de Viena que implica tal criterio (porque repetimos, el ius cogens recién fue reconocido como norma imperativa de derecho internacional en el año 1980)— lo cierto es que ni siquiera existió una práctica uniforme —y que no admitiera acuerdo en contrario— de juzgar denuncias similares a las que forman objeto de este proceso.

Comencemos con las sentencias de Nüremberg las cuales fueron estudiadas por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU para elaborar los famosos “Principios de Nüremberg”.

Al hacer este estudio jurisprudencial, en 1950 la Comisión advirtió que dicho Tribunal “se declaró incapaz de “hacer una declaración general de que los actos antes de 1939 eran crímenes contra la humanidad en el sentido del Carta”.

Empero, si bien es cierto que la conocida ley nro. 10 del Consejo de Control Aliado desvinculó luego los crímenes de lesa humanidad de la guerra, también lo es que aquella no estableció un nuevo elemento de diferenciación, ya que se limitó a una definición meramente enumerativa y no conceptual. A falta de una noción en tal sentido, el nuevo rasgo de distinción —entre v.g. un asesinato común y un homicidio de lesa humanidad— pasó a ser allí la existencia de un nexo con lo que se denominó “hitlerismo”, tal como surge del art. 1 de dicha ley. Y así se lo aclaró también en el “caso Krupp”, cuando se dijo que él: “Artículo I de la Ley del Consejo de Control Aliado Nº 10 señala que la Declaración de Moscú de 30 de octubre 1943 ‘Sobre la responsabilidad de los seguidores de Hitler de atrocidades comprometida’ y el Tratado de 8 de agosto de Londres 1945 son integrales partes de la Ley del Consejo de Control Aliado Nº 10. A medida que sucede en el título de la Declaración de Moscú, este último se

dirige exclusivamente contra los partidarios de Hitler. Los complementan el acuerdo de Londres dice ‘que los oficiales y soldados alemanes, así como miembros del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo fueron los responsables de las brutalidades y crímenes o dieron su consentimiento a la misma deben ser devueltos con el fin de ser juzgados’. Desde la Declaración de Moscú, así como el Tratado de Londres son inseparables de la Ley No. 10 del Consejo de Control, que tienen que ser aplicadas a la limitación del grupo de personas susceptibles de ser procesados bajo la Ley del Consejo de Control Nº 10”. Por lo que difícilmente podríamos utilizar todo este plexo —expresamente limitado al “hitlerismo”— para encuadrar los hechos de este juicio como delitos de lesa humanidad.

Menos todavía cuando además la jurisprudencia del Consejo de Control Aliado ni siquiera fue uniforme —como exige el ius cogens— sino discordante, tal como señala Julio Vives Chillida —Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra— quien advierte que “la jurisprudencia derivada de la aplicación de la Ley Nro. 10 es divergente, lo que puede explicarse por la incorporación por referencia del Estatuto de Nüremberg” (“La Evolución Jurídica Internacional de los Crímenes contra la Humanidad”, que puede encontrarse en la web).

Y, en efecto, basta ver que en el caso “Flick” del Consejo de Control Aliado, a pesar de la pretendida desvinculación legal con la guerra, se dijo empero que “sería un grave error pasar por alto la estrecha relación entre la crímenes contra la humanidad… y la planificación y conducción de la guerra de agresión y crímenes de guerra”.

Retomando, cuando la Comisión de Derecho Internacional arribó finalmente a una conclusión sobre los “Principios de Nüremberg” (año 1950), ya habían incluso finalizado los denominados “procedimientos subsecuentes de Nüremberg” y sin embargo, el principio VI.(c) —formulado por dicha comisión— siguió anexando tal concepto con la guerra. Así, aquel principio consideraba delitos de lesa humanidad: “El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, o en relación con él”.

De modo que, como he venido diciendo no existió una práctica estandarizada o mayoritaria y que no admitiese un acuerdo en contrario que conceptualizara —como delitos de lesa humanidad— hechos cometidos fuera de vínculo con la guerra.


Más aún, reiteramos que —mucho después de todo ello— en el año 1968 la comunidad jurídica internacional no se remitía a la vieja ley nro. 10 del Consejo de Control Aliado, ni al caso “einsatzgruppen” (de EE.UU.), ni al proyecto de código de 1954 —de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad— que otrora habían intentado encontrar una definición fuera del vínculo con la guerra.

Por el contrario, en el año 1968 —cuando se aprobó el proyecto de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad— la Asamblea Gral. de la ONU siguió remitiéndose al Estatuto de Nüremberg.

Y como prueba innegable de esta heterogeneidad conceptual, recalcamos que hasta el Estatuto para los crímenes de la ex Yugoslavia adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU (25/5/1993) mantuvo todavía el requisito de contexto de guerra. Así, el art. 5 del TPI ex Yugoslavia tipifica como tales diferentes delitos “cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil”.

No obstante, aunque alguien replicara que la vinculación con la guerra no constituye un elemento típico sino de competencia, tal ensayo no cambiaría el hecho de que —a la sazón— no existía una práctica uniforme (menos que no admitiese acuerdo en contrario) para definir un crimen de lesa humanidad y que por ello se acudía al elemento de contexto para así excluir los delitos meramente domésticos. Lo único cierto es que: sin tal vinculación con la guerra internacional, la comunidad mundial no había encontrado —en aquél entonces— forma de saber si determinado acto se trataba o no de un crimen de lesa humanidad.

Si no se acepta ello, repasemos simplemente lo que ocurría entonces en el ámbito internacional regional (para así todavía dejar de lado las prácticas generalizadas y sistemáticas de política estatal persecutoria interna de la URSS contra millones de personas, bastando mencionar los famosos campos de concentración y trabajo forzado en los denominados “gulags”, que ni Rusia, ni país alguno juzgó jamás como delitos de lesa humanidad) 7.

Las pruebas globales son más que elocuentes, por concentrarme como dije sólo en nuestro ámbito regional, lo cierto es que los estados latinoamericanos estuvieron marcados —durante las décadas pasadas— por gobiernos de facto de todos los colores e ideologías políticas, golpistas, revolucionarios y contrarrevolucionarios.

Y la comunidad internacional pudo enterarse de las barbaridades que ocurrían por toda Latinoamérica, gracias a las denuncias —presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA— por hechos calcados a los que se han denunciado sobre la dictadura de nuestro país; denuncias sobre actos aberrantes, generalizados y sistemáticos cometidos desde el Estado, pero sin conexión con una guerra internacional. Denuncias que fueron volcadas en “informes por país” que la Comisión hizo público desde el año 1962.


Ya en su primer “informe de país” efectuado por la CIDH en el año 1962, así como en el siguiente de 1963 —ambos referidos a Cuba y que sugerimos leer en su totalidad— advierten incluso sucesos calcados a los endilgados a la dictadura militar argentina. Se denuncian allí procedimientos militares extrajudiciales, violaciones de domicilios, detenciones sistemáticas de estudiantes, de opositores políticos, de mujeres, de personas que nada más van a averiguar por sus familiares, torturas atroces, vejaciones, negación y ocultación de paradero, proscripción de habeas corpus, centros clandestinos con condiciones de detención inhumanas, ejecuciones sumarias. Se llegaron a denunciar allí 50.000 presos políticos. (No hablamos de mera bibliografía, hablamos de denuncias asentadas e informadas públicamente por la Comisión Interamericana de DDHH).

Desde esos informes públicos hubo una seguidilla ininterrumpida de denuncias similares respecto a otros países en años sucesivos.


Previo a 1975, la Comisión IDH ya había realizado nueve informes en los que se plasmaron denuncias graves y ninguna práctica medió en torno a su tratamiento y juzgamiento como delitos de lesa humanidad. Ningún tribunal siquiera de otro Estado, de tantos países miembros de la comunidad internacional, se declaró competente —conforme al principio de jurisdicción universal— para juzgar esos hechos ya de público conocimiento. Ningún tribunal internacional ad-hoc fue constituido tampoco en tal sentido para juzgar esos hechos cometidos como parte de una política interna fuera de un contexto de guerra internacional. No hubo allí juicios como los de Nüremberg ni los del Lejano Oriente (ni como los posteriores de Yugoslavia ni de Ruanda o Sierra Leona).

En el caso de Argentina, a pesar de que en el año 1980 — luego de la visita en el año 1979— la Comisión IDH realizó un informe de lo más detallado, incluso casuístico, tampoco se creó un solo tribunal ad-hoc y ningún Estado de toda la comunidad internacional se declaró competente, conforme al principio de jurisdicción universal, para juzgar todo ello [y ello a pesar de que el ex ministro Zaffaroni dijo en el fallo CSJN “Simón, Julio” que el principio de jurisdicción universal se conoce desde hace más de dos siglos (consid. 32)].

La comunidad internacional, los organismos internacionales, los países extranjeros tenían conocimiento de las denuncias formuladas en relación al gobierno de Argentina y sin embargo no apareció entonces un solo atisbo de práctica vinculada a su juzgamiento como crímenes de lesa humanidad.


Por si fuera poco, en la sentencia de la causa 13/84 de la CCF Cap. Fed., se indicó —a fs. 269/270— el inmenso volumen de gestiones particulares que se hicieron ante los gobiernos de otros países y de organismos internacionales (entre ellas, la ONU).

Allí, a fs. 274, se menciona incluso la cantidad de cincuenta gobiernos del mundo que hicieron pedidos directos a la Argentina, requiriéndole información por un total de 2.993 personas. Entre esos 50 países requirentes, se encontraban las naciones más protagonistas y representativas de la comunidad internacional. A modo de ejemplo, estaban EE.UU., Gran Bretaña, URSS y Francia (esto es, los cuatro países firmantes del acuerdo de Londres y que dieron origen a los juicios de Nüremberg). A pesar de todo, oportunamente nadie juzgó algo de esto como crímenes de lesa humanidad.

Lo cierto es que aquella misma causa 13/84 puso también en evidencia la total ausencia de una supuesta práctica en tal sentido en nuestro propio Estado. Insisto en recordar que los Sres. Jueces: Arslanian, D’Alessio, Gil Lavedra, Ledesma, López, Torlasco y Valerga Aráoz, omitieron tratar esta clase de hechos como delitos de lesa humanidad e incluso declararon la prescripción de varios acciones. Así lo hicieron nada menos que respecto de once privaciones ilegítimas de la libertad, agravadas además por mediar imposiciones de tormentos; hechos atribuidos al Brigadier General Orlando Ramón Agosti, quien actuó como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea a partir del 24 de marzo de 1976. Subrayo incluso que así resolvió dicha Cámara Federal, aún cuando expresamente reconoció que tres de las víctimas permanecían todavía desaparecidas (ver Fallo CSJN “Causa originalmente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en Cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional” fs. 1622, ver casos nros. 117, 122 y 283).


Tampoco emplearon semejante tipificación los Fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo, ni el Procurador General Juan Octavio Gauna (15/9/86), ni la Corte de entonces Jueces: Caballero, Belluscio, Petracchi, Fayt y Bacqué (30/12/86).

En total quince magistrados de máxima jerarquía judicial, de excelsa experiencia y formación legal, descartaron aquí la aplicación del derecho internacional, omitieron subsumir esas imputaciones como delitos de lesa humanidad 8 y convalidaron la prescriptibilidad de este tipo de acciones.

Y cabe destacar que el 24/3/12 —al cumplirse 36 años del golpe de estado— nuestro Congreso “distinguió” a los magistrados que juzgaron a las juntas militares e incluso declaró que ese juicio era “emblemático” “histórico”.


Volvemos entonces a mencionar algunas de las prácticas judiciales de nuestro Máximo Tribunal: 1) Causa “Juicio a las Juntas” (que el 30/12/86 confirmó la sentencia de la CCC que juzgó según la ley doméstica y declaró prescriptos once delitos), 2) Causa “Camps” (que el 22/6/87 declaró la prescripción de varios hechos). 3) Causa “Jofre” (que el 11/2/88 declaró la extinción de la acción penal, sobreseyó y dejó en libertad a Jorge Alberto Maradona, fundado ello en la operatividad de la ley 23.492), 4) Causa “Hagelin” (que el 25/2/88 inaplicó la Convención de Imprescriptibilidad porque la Argentina no había adherido a ella ni la ratificó). 5) Causa ”ESMA” (que el 29/3/88 rechazó la inconstitucionalidad de la ley 23.521 y sorteó la aplicación de la Convención contra la Tortura dado que la ley 23.338 que la aprobó era ex post facto); 6) Causa “Agüero” (que el 24/5/88 y dictamen coincidente del Procurador Andrés José D’Alessio, insistió en la constitucionalidad de la ley 23.521); 7) Causa “Sexton” (que el 15/08/1989 declaró la prescripción de numerosos hechos de privación y tormento a favor del general de brigada Sexton) y 8) Causa “Suárez Mason” (que el 13/8/98 denegó el derecho a la verdad en virtud de un sobreseimiento dictado en función de ambas leyes del perdón).


Observemos también lo ocurrido en Panamá (informe de la CIDH de 1989 refiriendo denuncias de 1987): Es un caso emblemático. Tengamos en cuenta nada más las violaciones generalizadas y sistemáticas de DDHH —asesinatos, detenciones arbitrarias, maltratos, violación de garantías judiciales— imputadas al régimen gubernamental del general Manuel Antonio Noriega, un dictador que gobernó desde 1983 hasta 1989 en Panamá. Son denunciadas represiones gubernamentales, graves violaciones a los derechos humanos, generalizadas y sistemáticas cometidas por el gobierno de Noriega contra su propio pueblo, contra opositores políticos, pero fuera de un contexto de guerra internacional (dado que el Estado de guerra que su gobierno declaró a EEUU fue recién a pocos día del final de su mandato, en diciembre de 1989).

El 4 de febrero de 1988, un Jurado de Miami, Florida, acusó al general Noriega de delitos vinculados al tráfico de drogas. Y el ejército de EEUU hasta llegó al extremo de invadir Panamá para derrocar y capturar a Noriega, logrando hacerlo y extraditándolo a EE.UU. donde se lo juzgó (también fue juzgado en Francia). Y sin embargo, jamás se le imputaron allí cargos de delitos de lesa humanidad. Ello, a pesar de que EE.UU. y Francia fueron países pioneros en los juicios de lesa humanidad. En EE.UU. se lo juzgó por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. En Francia se lo condenó en el año 2010 por lavado de dinero del narcotráfico. Sin embargo tampoco Francia le imputó cargos por delitos de lesa humanidad, a pesar de que incluso Panamá había adherido al acuerdo de Londres en el año 2007. Y las explicaciones están en los antecedentes que antes formulamos.


En suma, además que al momento de los hechos el derecho internacional no había consensuado una definición conceptual sobre CLA en los términos hoy utilizados por la sentencia, tampoco existió siquiera a la sazón un ius cogens que calificara —como delitos de lesa humanidad— he
chos cometidos fuera de un contexto de una guerra internacional. Menos todavía puede decirse que mediara alguna práctica internacional uniforme en 1975 que juzgase como CLA algún episodio similar a los presentes (por los que aquí se le impuso pena de prisión perpetua a Durquet).


No hubo —en los términos del art. 53 de la Convención de Viena— una norma aceptada por los Estados en su conjunto que no admitiera un acuerdo en contrario. De adverso, la propia ONU —a través de su Comisión de Derecho Internacional— buscó acuerdos por más de cuarenta años para lograr convenir dicha categorización (a modo de ejemplo, cabe recordar que —de conformidad con los artículos 16 y 21 del Estatuto de la Comisión— el anteproyecto del año 1991 fue transmitido a los diferentes gobiernos para que enviaran sus comentarios y observaciones y fueran presentados al Secretario General antes del 10 de enero de 1993). De modo que la imprevisión en 1975 del derecho que hoy —casi medio siglo después— pretende aplicarse para así importar la imprescriptibilidad es evidente.

En fin, a pesar de tan sólidos fundamentos defensivos —que, insistimos, no encontramos abordados en los pronunciamientos del Máximo Tribunal ni en los fallos de la CFCP— y de pedir especialmente que ello sea tratado, la sentencia del TOCF nos dejó absoluto silencio al respecto. Y decidió aquella la simple narración, optando por una tipificación retroactiva, obviamente a partir todavía de un ex post facto trocamiento tácito — ilegítimo e incompetente— del art. 118 de la CN, para luego inferir incluso la preexistencia de un concierto universal sobre el concepto de crimen de lesa humanidad, en absoluta digresión con: 1) la noción original estrictamente vinculada a la guerra internacional; 2) el derrotero que —precisamente por incertezas y discrepancias— sufrió este tema, durante más de cuatro décadas, en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (órgano de la ONU al que se le había encomendado puntualmente lograr una definición interestatal consensuada); y 3) la variada, inconstante, espaciada y desavenida práctica que entre tanto medió en todo el mundo.

Contra todo esto, debemos recordar las palabras del Dr. Juan Manuel Pettigiani —Fiscal Federal designado por ley para actuar ante el TOF de Mar del Plata y desplazado por los jueces Falcone y Portela— quien el 11/4/08 ya señaló que los hechos en tela de juicio no constituían crímenes de lesa humanidad y que ni siquiera correspondía instar la acción penal al respecto.


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1. Simplemente ver la intervención vehemente, continua, persistente y hasta insidiosa del Fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, en los videos del Debate, da cuenta de esta situación.
2. “6º) Que para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal”. (A. 2186. XLI. RECURSO DE HECHO “Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737 causa N° 28/05—. Rta. el 23/4/08).
3. Por supuesto, el derecho en cuestión ya existía en el ámbito internacional, pero lo cierto es que no en nuestro país, por eso es evidente que la tergiversación incluso tardía del art. 118 CN —cambiando su naturaleza procesal por la de una ley penal material en blanco— es la llave que ha permitido instaurar derecho penal internacionalen nuestro suelo, donde aquél antes no regía.
4. “Irretroactividad ratione personae. 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.
5. “La competencia ratione temporis del Tribunal Internacional se extiende al período que comienza el 1º de enero de 1991”.
6. “Para enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda por violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994”.
7. Y tal omisión de justicia universal no es porque la comunidad internacional desconociera entonces semejantes crímenes, porque basta señalar simplemente que el premio nobel de literatura de 1970 fue otorgado precisamente a Alexander Solyenitsin, un escritor perseguido que —gracias a increíbles peripecias— logró denunciar tempranamente tales atrocidades contra la dignidad humana, que el mundo pudo conocer con sus obras publicadas en la década del 70, siendo el más conocido “Archipiélago Gulag 1, 2 y 3” (la última publicada en el año 1978).
8. Más aún, el propio Fiscal Julio Strassera sostuvo en su alegato durante el célebre “Juicio a la Junta de Comandantes”, que la tipificación de aquellos hechos como crímenes de lesa humanidad ocurriría en el supuesto caso de haber sido cometidos en violación a las leyes de una hipotética guerra (cuya existencia ya allí se descartó). Se puede escuchar este análisis a partir del minuto 1:30 del siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=tPM8WjzU2bM.