lunes, 31 de julio de 2017

ANDAMOS FLOJOS DE PERSONALIDADES ILUSTRES: MADRE DE TERRORISTA FUE NOMBRADA "DOCTORA HONORIS CAUSA"


La Universidad Nacional de Córdoba otorgó su máximo grado académico, el título de Doctora Honoris Causa, a Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más conocida por todos como "Taty Almeida", integrante desde 1979 de "madres de Plaza de Mayo" y de "madres línea fundadora".

La distinción académica puso en valor "la extensa trayectoria de Almeida en la difusión y promoción de la defensa de los derechos humanos". El reconocimiento fue propuesto por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, el pasado 22 de mayo y aprobado por el Consejo Superior el 27 de junio.

En su resolución 209/2017, el Consejo Directivo de la FFyH recuerda que 
"Taty Almeida es una presencia fundamental en las calles, en las marchas del 24 de marzo, en las rondas cada jueves en la Plaza y en el proceso de los juicios que condenaron a los responsables de los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar".

Asimismo, el texto también valora que 
"Taty aparece siempre como portadora de palabras urgentes y reflexiones necesarias para pensar, colectivamente, sobre los daños sociales tras la represión, el impacto del modelo económico implementado por la dictadura, y las secuelas culturales como sedimento del miedo y el individualismo".

La UNC considera que "la figura de Almeida constituye una referencia fundamental para la consolidación de la memoria colectiva de la sociedad argentina, la vigencia del estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos".

Luego de recibir, de manos del rector Hugo Juri, el título de Doctor Honoris Causa de la UNC, Taty Almeida expresó que 
el reconocimiento recibido significa una caricia para el alma y un premio a la lucha inclaudicable de todas las madres de Plaza de Mayo línea fundadora”.

Por su parte, Diego Tatián, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, consideró que el 
Honoris Causa para Almeida expresa el espíritu de una trayectoria que trata de ser justa con reconocer socialmente a las personas que han dignificado a la Argentina con su labor y su lucha”.


NR: Su hijo, Alejandro Martín Almeida era integrante del ERP-22 de Agosto, desprendimiento en 1973 del partido del Robi Santucho, PRT-ERP.


sábado, 29 de julio de 2017

ÚLTIMA LLAMADA


"La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa".

Abraham Lincoln

Por 
Enrique Guillermo Avogadro

El miércoles por la noche, ese maloliente aguantadero en que se ha convertido el Congreso por obra y gracia de los representantes que hemos elegido durante años, confirmó la validez de esa descalificación y dio una nueva prueba de cuánta impunidad se garantiza en la Argentina a los corruptos; en especial, a aquéllos que conservan muchas "carpetas" y pueden transformarse en delatores, comprometiendo tanto a sus mandantes ex presidentes cuanto a sus cómplices de toda laya, sean gobernadores, intendentes o empresarios. Con la difusión de la lista de quienes votaron en contra de la exclusión de la Cámara del máximo operador de los Kirchner, la última esperanza de condena social se cifra en los votantes, ya que muchos de los "protectores" de ese impar delincuente se presentarán ahora buscando la reelección.

Por el contrario, la exposición en que se encontraba obligó a la Sala de feria de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (un tipo auténtico: es un ladrón y parece un ladrón), a abstenerse de liberar a Víctor Manzanares, el eterno contador de los Kirchner y, sobre todo, de desplazar al Juez Claudio Bonadío de la causa "Los Sauces"; en la medida en que el segundo no tiene prurito alguno en demostrar su fidelidad a Cristina Fernández y sus personeros, seguramente esa inacción se debió al prudente disenso del primero, preocupado por la negativa repercusión que hubiera tenido cualquier otra resolución. Ahora, la decisión sobre ambos temas deberán adoptarla, ya como Sala I y con el concurso de Leopoldo Bruglia, al regreso de sus vacaciones; es probable que entonces los fallos resulten contrarios a los intereses de la mafia que nos gobernó durante una década.

Para que eso suceda debe tener éxito la concentración del 3 de agosto; ésta es la última llamada, ya que faltan sólo cinco días y le ruego extreme la difusión. El lugar elegido hace tiempo está aún en obra, y deberemos manifestarnos con banderas y velas sobre las calles Talcahuano, Lavalle, Tucumán, Libertad y, también, sobre la Diagonal Norte, ya que las plazas propiamente dichas se encuentran valladas.

Allí exigiremos al Poder Judicial, en las figuras de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, que asuma de una buena vez el papel que la Constitución Nacional le asigna, y deje de ser el gran encubridor; su conducta durante las últimas décadas ha convertido a la República, cuya existencia misma se convierte en imposible sin Justicia, en el hazmerreir del mundo entero, en especial cuando se la compara con nuestros más cercanos vecinos.

Para morirnos de vergüenza es suficiente recordar el trámite impreso a causas como el crimen de Once, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, la muerte de Alberto Nisman y el memorándum con Irán, el contrabando de armas a Ecuador y a los Balcanes (aún condenado, Carlos Menem irá por la reelección), la importación de chatarra ferroviaria, la privatización y la re-estatización de YPF y Aerolíneas Argentinas, el "dólar futuro", Skanska y los gasoductos, IBM y el Banco de la Nación, los desaparecidos fondos de Santa Cruz, los bolsos del convento, la caja de seguridad de Florencia, la pesca en el sur y el contrabando de drogas, las rutas pagadas e inexistentes, los imperios hoteleros, las importaciones de gas, los medicamentos "truchos", la intervención del INDEC y la falsificación de las estadísticas, Southern Winds y LAFSA, los diamantes de Angola, las varias valijas de Antonini Wilson, los negociados con Hugo Chávez y tantos otros casos emblemáticos.

Me resisto a flagelarlo, querido lector, y por eso no voy a inventariar otra vez qué sucede en toda la región, salvo en la trágica Venezuela. Mañana mismo, el régimen que encabeza Nicolás Maduro rezará el responso final por la democracia en su país, que será enterrada con la "elección" de una convención constituyente que le permitirá perpetuarse en el poder, sobre el asesinato de más de cien compatriotas, de miles de presos políticos, de la hambruna generalizada y de la quiebra de la economía.

La situación interna ya reviste carácter de genocidio -¿nuestros organismos de derechos humanos continuarán con su silencio cómplice?- por la falta de alimentos y medicinas, y además está produciendo una crisis humanitaria en los países fronterizos, como Colombia y Brasil, por el éxodo de miles de venezolanos que sólo pretenden sobrevivir.

Pero todo ello no ha influido sobre el ánimo de la sociedad civil que, con inmenso coraje, sigue enfrentando pacíficamente, todos los días, la violenta represión del Ejército y de paramilitares armados por el mismo Gobierno, potenciados por decenas de miles de "asesores" cubanos. Además, se ha incluido en los documentos personales de los ciudadanos un código QR, que permitirá al régimen saber con exactitud cómo votarán, por lo cual todos los empleados públicos y los beneficiarios de planes sociales estarán sometidos a una coerción extrema.

La salida final de la crisis venezolana, que tanto expone la ineficacia de las organizaciones internacionales -en especial del Mercosur, cuya declaración condenatoria fue bloqueada por Uruguay y contó con la abstención de Bolivia- es de muy difícil predicción, y es harto probable que termine en una guerra civil. Las fuerzas armadas venezolanas, vinculadas al contrabando y el narcotráfico, están equipadas con los medios de combate más modernos, suministrados y operados por cubanos, y no tendrán empacho alguno en masacrar a la población puesto que, si el chavismo perdiera el poder, se cortaría la última posibilidad del comunismo isleño de sobrevivir.

Describir ese escenario obliga a pensar en qué hubiera podido pasar en la Argentina si Daniel Scioli (seguramente ya habría sido desplazado) y Carlos Zannini hubieran vencido en 2015, acompañados nada menos que por Anímal Fernández y Martín Sabbatella desde la Provincia de Buenos Aires. Hoy, con seguridad, nuestro país se hubiera convertido en una réplica de lo que sucede en Venezuela y en México. Si hoy el kirchnerismo estuviera en el poder, la crisis terminal que legó a su sucesor -y que éste erróneamente se abstuvo de explicitar- ya habría estallado y los violentos carteles, como sucede en Rosario y en el Conurbano, estarían luchando por territorios y monopolios, llenando de cadáveres las calles de todo el país.

Para comprobarlo basta con observar la situación en provincias como Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y, en especial, Santa Cruz, gobernadas por verdaderos señores feudales desde siempre. En todas ellas, campea la más abyecta inmoralidad, se roba sin tasa ni medida y los narcotraficantes encuentran verdaderos paraísos. Nefastos personajes como Ricardo Jaime, José López, Julio de Vido y Cristina Fernández estarían gobernando, mientras "empresarios" como Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), los Eskenazy, o Sergio Spolsky seguirían haciendo de las suyas a costa de todos los demás.

Por todo eso, para recuperar la Justicia, hago esta última llamada para el vuelo que saldrá el #3A hacia una Argentina mejor. No lo pierda porque, si lo hace, deberá preguntarse si no es usted también cómplice.

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado


lunes, 24 de julio de 2017

URUGUAY COMIENZA A VENDER MARIHUANA "PARA COMPETIR CON EL NARCOTRÁFICO"

Por primera vez en la historia del continente, un país de América Latina venderá marihuana de manera oficial: a partir del miércoles 19 de julio, casi 5000 ciudadanos registrados como “adquirentes” pueden comprar marihuana recreacional” en 16 farmacias del país a 1,30 dólar el gramo.

Por Guillermo Garat

La droga, por ahora, está libre del impuesto al consumo (IVA). Así lo decidió el Estado, que fijó el precio para competir sobre todo con el cannabis que llega desde Paraguay y se comercia de manera ilegal (una marihuana prensada de calidad inferior, que abastece también a Brasil y Argentina).

Uruguay es el primer país del mundo que compró, germinó y entregó —en febrero de 2016— 4000 plantines de marihuana a dos empresas que las florecieron y cosecharon por primera vez en mayo de 2016. Las autoridades uruguayas dicen que ya tienen una existencia de 400 kilos de marihuana de calidad para vender en las farmacias.

Esta es la tercera forma de acceso a la marihuana prevista en la Ley 19.172, que reguló el mercado en este pequeño país suramericano en diciembre de 2013. Hasta este miércoles, los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años interesados en acceder al cannabis legal podían elegir entre cosechar en su casa hasta medio kilo de marihuana al año o asociarse con amigos, conocidos o algún jardinero y plantar hasta 99 plantas hembras para llevarse una porción mensual de 40 gramos como máximo. Desde el 19 de julio, también pueden optar por comprar en las farmacias hasta 40 gramos al mes.




El cannabis se comercializará en un empaque de plástico trilaminado con dos cierres. Uno tipo zipper y otro de seguridad para evitar perfumar las tiendas y preservar las características vegetales. El envoltorio, en color azul y blanco, tiene recomendaciones: usar el cannabis vaporizado (fumado), no mezclar con otras sustancias psicoactivas, evitar su consumo durante tareas de aprendizaje, de memoria o en el embarazo. El uso está prohibido para menores de 18 años.

El contenido del envase pesa cinco gramos. Las farmacias pueden almacenar hasta dos kilos en armarios amurados para evitar robos. También cuentan con un sistema de aviso a la policía.




Hasta el viernes anterior al comienzo de la venta había 4893 “adquirentes” registrados en las oficinas del correo estatal. El trámite para inscribirse no lleva más de cinco minutos y exige presentar cédula de identidad, comprobante de domicilio y responder una encuesta. Un escáner dactilar almacena las huellas de los usuarios en servidores informáticos para corroborar la identidad del comprador y que no se pasen de la cantidad permitida. El sistema usa la misma tecnología que los servicios financieros. Las otras dos formas de conseguir cannabis también requieren registro.

Los farmacéuticos no tienen acceso a los datos personales del comprador. Solo sabrán si está habilitado a través de un lector de huellas digitales. Los datos están encriptados y el servidor se bloquea si alguien lo mueve.

La gestión de los datos sensibles fue uno de los puntos débiles del proceso y recibió críticas durante los debates sobre la regulación del mercado de cannabis.



Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) —una agencia que depende de la presidencia del país—, admite que “el registro es una restricción. Por más que se otorguen todas las garantías de protección de datos exige un nivel de confianza hacia las instituciones que no todo el mundo tiene necesariamente”.

Las cifras le dan la razón. De las 161.475 personas que la Junta Nacional de Drogas estima que usan marihuana al menos una vez al año, solamente unas 5000 se registraron para comprar en farmacias.

En diciembre de 2013 el parlamento votó la ley para regular el cannabis. En 2014 empezó a funcionar el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que habilitó, en primer lugar, el registro para el cultivo hogareño. Desde entonces, 6942 personas confiaron sus datos al Estado para poder sembrar, cultivar, cosechar y almacenar hasta 480 gramos anuales de marihuana por hogar.

El mismo año comenzaron a funcionar también los "clubes de membresía". Entre 15 y 45 personas pueden formar una asociación civil para plantar marihuana legal y acceder a 40 gramos mensuales por socio.

La economía del cannabis




El principal argumento que el gobierno del ex presidente José Mujica repitió para impulsar la reforma a las políticas de drogas era que había que quitarle una porción del mercado al narcotráfico.

La Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay le arrebató en 2016, en total, 4373 kilos de marihuana al narcotráfico, fundamentalmente material paraguayo prensado.

La legalidad parece que será más efectiva que la policía para quitarle utilidades al narcotráfico.

Si las farmacias vendieran las cuatro toneladas de marihuana que comenzaron a comercializar la semana pasada (cada empresa puede producir un máximo de dos toneladas anuales), el consumo total de "cannabis legal", en las tres modalidades previstas por la ley, sobrepasará ampliamente las incautaciones policiales.

Esto bajó el supuesto de que los 63 "clubes de cannabis" acopien su máximo posible (1200 kilos) y que los autocultivadores cosechen cada gramo de su cuota legal (3192 kilos). Estas cantidades ya pisan los talones a los números de la policía. Si además los adquirientes consumen las cuatro toneladas, el cannabis legal duplicará los resultados de la policía.

Cuando los casi 5000 usuarios de las farmacias entren al mercado regulado, un cuarto de la demanda total del país será legal, de acuerdo con las estimaciones de Monitor Cannabis, un núcleo académico multidisciplinario dedicado a estudiar al nuevo mercado regulado, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR) y coordina investigadores de distintas universidades.

Economía de Estado



En Uruguay, el Estado dirige el negocio cannábico. La ausencia de publicidad y el énfasis en la prevención estrangulan cualquier estrategia comercial por fuera de las ideas gubernamentales. Uruguay compró las semillas en España y las germinó en el Instituto Nacional de Semillas. En agosto de 2014 se realizó el llamado a licitación pública abierta internacional para elegir dos postulantes —se presentaron 22— para cosechar y distribuir; pero no para vender.

Cuando necesiten renovar existencias, las farmacias se comunicarán con la agencia de regulación. El IRCCA entonces hará el pedido a las empresas. Las restricciones están hechas a la medida de un pequeño país con tradición estatal.

La inversión inicial prevista de Simbiosys, una de las dos licenciatarias, fue de 1.700.000 dólares el primer año. Las utilidades estimadas llegarían a medio millón de dólares en cinco años.

Las farmacias se quedarán con el 30 por ciento del precio final de venta. Otro 10 por ciento será para el Estado que recaudaría un millón de dólares anuales si los usuarios se fuman las cuatro toneladas previstas por años. Las dos licenciatarias, Simbiosys e International Cannabis Corporation (que cotiza en la bolsa de Valores de Toronto), se quedarán con 0,90 dólares por cada gramo vendido. Son responsables del transporte y de todas las inversiones necesarias para hacer crecer las plantas, cosecharlas y distribuirlas.

Las empresas tienen un monopolio sobre el canal de distribución, pero no pueden hacer publicidad de las dos variedades comercializadas bajo los nombres genéricos de Alfa y Beta. Cada variedad corresponde a los dos tipos de marihuana que el Estado entregó a las empresas. Las plantas germinaron en el Instituto Nacional de la Semilla y las empresas cosecharon sus frutos. Alfa es un híbrido de la subespecie índica, una cepa más bien de relax, introspectiva. En Beta predomina la subvariedad sativa, asociada al humor.




Las dieciséis farmacias no cubren todo el territorio uruguayo. Pero hay veinte más con intención firme de comenzar a la brevedad y otras esperando conocer cómo se mueve el producto.

La ideología judicial

La regulación del cannabis en Uruguay no ha sido en todos sus aspectos como muchos la imaginaban. El gobierno no ha presentado los informes técnicos de evaluación y monitoreo que exige la ley. El comité científico hace meses que no se reúne y tampoco se han conformado algunas comisiones necesarias para la implementación de la ley.

A pesar de la nueva reglamentación, existieron casos de cultivadores legales allanados. La policía no respetó el manual de procedimiento que los obliga a cuidar las plantas en custodia y, si fuera el caso, devolverlas en óptimas condiciones.


Para Gianella Bardazano, profesora del Instituto de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), también existe una “ideología judicial relacionada con la edad y la formación de los magistrados
. Algunos jueces, explica, “le atribuyeron el peor de los sentidos a la modificación del estatus legal del cannabis.

“El consumo 'recreativo' para ellos no existe; son adictos, señala la investigadora especializada en políticas de drogas.

Una de las últimas polémicas en Uruguay es que las variedades disponibles en las farmacias tienen un bajo porcentaje de THC, principio activo responsable del “viaje” de la marihuana: un 2 por ciento, cuando las variedades más habituales tienen como piso un 10 por ciento.

La decisión responde a una visión sanitarista que encarnó el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, dijeron fuentes del proceso. Pero el IRCCA tiene cinco variedades más que están siendo testeadas para incorporar a las farmacias. Su máximo valor de THC será de 8 por ciento, confirmaron desde el instituto regulador.

Otro de los puntos que ha generado sospechas y ha alimentado teorías conspirativas —desde que nunca se iba a cumplir con la venta prevista en la ley hasta que las semillas iban a ser de Monsanto porque había intereses en juego— fue el silencio oficial que mantuvo el gobierno durante todo el proceso, tal vez como estrategia defensiva.

De Uruguay a Latinoamérica




Desde que el ex presidente José Mujica propuso regular, especialistas, activistas, académicos, periodistas y políticos de todo el mundo llegaron a Uruguay para conocer la experiencia del país. Uno de ellos fue Andrés López Velasco, director del Fondo Nacional de Estupefacientes de Colombia, responsable gubernamental de que la marihuana medicinal funcione en su país.

En 2016 Colombia votó la Ley 1.787 para la investigación científica y el cannabis medicinal. López explicó a The New York Times en Español que prestaron atención a la legislación uruguaya para desarrollar cáñamo industrial. En Uruguay ya se entregaron siete licencias para este cannabis sin efecto psicoactivo, pero con usos textiles y de alimentación, entre otros.

“En las variedades que tienen THC para uso medicinal aquí [en Colombia] establecemos la obligatoriedad de que todo se procese en aceites y extractos”, explicó López. Algo que Uruguay todavía no ha podido lograr a pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una ley y su reglamentación para el cannabis medicinal.

Colombia está por hacer el llamado para poner en funcionamiento la fabricación y venta de cannabis medicinal. A un año de aprobada la ley, los laboratorios y las universidades ya testean cannabis medicinal para estandarizar la producción de aceites. En Uruguay, a cuatro años de la ley, la marihuana medicinal brilla por su ausencia ante los reparos que el Ministerio de Salud Pública (MSP) muestra en cada discusión interna.

México, por otra parte, consiguió eliminar la penalización del uso de cannabis medicinal a finales del año pasado. “Todos estamos mirando a Uruguay para ver cómo va la venta en farmacias. Uruguay permite visualizar entre modelos, comparar y sacar una idea de la regulación preferida”, señala Zara Snapp, consultora en políticas de drogas con base en México.

“Lo que pasó en Uruguay sirve para relativizar el peso de los tratados de control de sustancias. Uruguay relativizó el peso de los tratados en general”, opina Catalina Pérez Correa, socióloga y antropóloga de asuntos jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, que discute activamente sobre regulación de mercados de drogas en México.

“Frente a cien años de prohibicionismo se creó un sistema nuevo y es 'un gran logro'. Hay un debate en todo el mundo donde también son muy lentas las iniciativas para regular los mercados y romper el prohibicionismo rígido. Uruguay lo está rompiendo y está ensayando con 'coraje cívico' un nuevo sistema”, opinó Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) en dos periodos y ex embajador de Uruguay ante la OEA.

El modelo uruguayo está empezando a caminar en una región que, muy tímidamente, apenas tocó sus marcos normativos. Los porcentajes de THC, el registro y las carencias institucionales podrían mejorar. “Hay una curva de aprendizaje”, repiten desde el IRCCA.

“El paso del tiempo irá dictaminando cuáles de las restricciones tienen que mantenerse y cuáles pueden evolucionar o eventualmente flexibilizarse”, señala Olivera, el actual secretario de la JND.

“Es la primera vez que se hace algo de esto en el mundo”, dice Sebastián Aguiar, doctor en Sociología y coordinador de Monitor Cannabis, “es muy difícil que todo salga bien”.

nytimes.com/es

(Las ilustraciones y resaltados en el texto no provienen del texto original)


MALVINAS: EX COMBATIENTE CALIFICA DE "ATROCIDAD" LAS IMÁGENES DE LAS EXCAVACIONES EN EL CEMENTERIO DE DARWIN Y REITERO SU OPOSICIÓN A ESTA EXHUMACIÓN


Viedma.- El director de Veteranos de Guerra y candidato suplente a diputado nacional por JSRN, Rubén Pablos, calificó de “atrocidad” las imágenes de las excavaciones que se están realizando en el cementerio de Darwin en Malvinas para identificar a 123 combatientes sepultados allí.

Dijo que una gran parte de los veteranos y familiares se manifestaron en contra de esta tarea denominada Plan de Proyecto Humanitario que firmaron la Argentina y el Reino Unidos, con la intervención de la Cruz Roja.

Indicó que se violó un artículo de ese plan que impedía difundir imágenes de este operativo de identificación abriendo de nuevo una herida profunda en los familiares de los excombatientes. “No cuidaron la parte humanitaria de estas personas que entregaron sus hijos a la Patria”, aseveró.


Pablos señaló a APP que “hay una parte del gobierno anterior, acompañado por algunos veteranos, que intentaron poner la causa Malvinas dentro de los derechos humanos e intentaron también confundir y que los caídos en Malvinas eran desaparecidos de la dictadura”.

Agregó que “nosotros siempre sostenemos que si bien la guerra fue llevada adelante por un gobierno de facto y yo con 19 años, conscripto, no tenía nada que ver con la dictadura, ni siquiera tenía el conocimiento profundo que tenemos hoy, fuimos orgullosos a defender a la Patria, con el desconocimiento de lo que era una guerra, pero con el uniforme de San Martín y a defender la bandera de Belgrano”. “Esa fue nuestra realidad y nuestro orgullo”, aseveró.



“Nosotros nunca nos sentimos víctimas ni nos quisimos victimizar, y también somos los primeros en no levantar la bandera de la guerra”, afirmó.

Informó que “lo que intentaron hacer desde hace dos años y medio es identificar algunos cuerpos de compañeros que no están con su nombre en el cementerio de Darwin, y lo que nosotros decimos y lo hemos dicho con muchos familiares, es que sabemos quiénes son, cómo murieron, la mayoría fueron enterrados por nosotros mismos, entonces sabemos cómo es el cementerio de Darwin”.

Expresó seguidamente a APP que “es una falta de respeto que a 35 años, dicho por los familiares, abran esta herida profunda, porque ellos ya habían hecho su duelo, ya habían llorado a sus seres queridos, y se vuelve atrás a todo esto solamente por una cuestión política.

Señaló que “se empezó a tergiversar todo”, mencionando que hay una Comisión de Familiares de Caídos que por ley son los responsables del mantenimiento y del cuidado del cementerio de Darwin “y ni siquiera ellos fueron convocados porque no estaban en el ala política del gobierno nacional”.

ANTECEDENTES

Para llegar a esta exhumación fue necesario atravesar una larga cadena de marchas y contramarchas, ya que en primer lugar a la fecha no se ha podido aún contar con la aprobación de la totalidad de los familiares de los caídos. En algunas circunstancias incluso no existen datos sobre su paradero.

No obstante, el proceso de negociación iniciado en 2011 finalmente logró cierto margen de complacencia por los sectores que más se oponían, fundamentalmente cuando se obtuvo un compromiso de las partes involucradas de que no se dispondría de oficio el traslado de los cuerpos identificados al continente. Esto solo se aceptó en caso de voluntad manifiesta de cada familia en particular.

Entre la Cruz Roja Internacional y los gobiernos de Argentina e Inglaterra se elaboró un pormenorizado protocolo para la realización de la tarea. En el artículo 6° del documento se señala taxativamente todo lo relacionado con la reserva en la que se debe llevar a cabo el procedimiento. En ese punto se incluye la prohibición de cualquier tipo de presencia periodística o de difusión de imágenes.

Sergio Novarin, presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, señaló que: “Están llegando fotos tremendas y teníamos el compromiso expreso de las autoridades argentinas de que esto no ocurriría”.

El escándalo nace a partir de la publicación en una página de Facebook llamada “Relatos históricos de la guerra de Malvinas” cuyo titular dice llamarse Dante Cantone. Según los datos del perfil, el usuario habría nacido en 1976, por lo que no sería veterano de guerra.

Las fotos no fueron difundidas ni pertenecen al equipo de la Cruz Roja Internacional que trabaja en el cementerio. Ninguno de los miembros del CICR compartió ni autorizó la publicación de imágenes de la labor humanitaria que están llevando a cabo en Darwin.

Tanto los familiares consultados como varios referentes de los veteranos de guerra han anticipado que solicitarán algún tipo de explicaciones a las autoridades argentinas responsables de verificar que se cumpla el compromiso asumido por ambos gobiernos y el organismo internacional. 

(APP)

viernes, 21 de julio de 2017

INSÓLITO: A 93 AÑOS DE LA "MASACRE DE NAPALPÍ" HARÁN "JUICIO POR LA VERDAD"


Lo confirmó el fiscal federal ad hoc de derechos humanos de Resistencia, Diego Vigay, quien desde hace tres años trabaja en la apertura de un proceso que "arroje justicia" a la muerte de unos 400 integrantes de pueblos indígenas, hecho ocurrido el 19 de julio de 1924.


Pedro Balquinta, último sobreviviente de la 'masacre' que declaró ante la Fiscalía Federal, fallecido en 2015.

El fiscal federal ad hoc de derechos humanos de Resistencia e integrante de la agrupación kirchnerista justicia legítima, Diego Vigay, informó que desde hace tres años la unidad de derechos humanos que integra, lleva adelante una "investigación preliminar" para concretar un “juicio por la verdad” por el genocidio de unos de 400 integrantes de los pueblos indígenas qom y moqoit, en lo que se conoce como La Masacre de Napalpí”, hecho ocurrido hace 93 años. 

En ese sentido, anticipó que en los próximos meses se elevaría un requerimiento ante la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, "para avanzar con la búsqueda de justicia en lo que se considera equiparable a un 'delito de lesa humanidad' que obliga al Estado Argentino a investigarlo por la adhesión a los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional".

Vigay reveló que “estamos trabajando en un requerimiento para un ‘juicio por la verdad’. Es un trabajo que nos va a demandar unos meses, es mucho lo que se ha recopilado en estos tres años que llevamos de 'investigación'. Y, aparte, tiene toda una fundamentación de derecho internacional, de antecedentes jurisprudenciales, pero tenemos la pretensión de pedirle a la jueza federal Zunilda Niremperger que se lleve adelante un "juicio por la verdad" en la jurisdicción por lo que fue la Masacre de Napalpí”.

 “Teniendo que ver con el proceso de juzgamiento de 'crímenes de lesa humanidad' de la última dictadura militar, nosotros entendemos que en este caso también existe la obligación del Estado argentino. Si bien no existen imputados con vida, eso daría lugar a lo que se denomina ‘juicio por la verdad’”, explicó el fiscal federal de ddhh. 

En ese sentido, Vigay recordó que “la Argentina ya supo tener los 'juicios por la verdad' en los años noventa, esto tuvo que ver con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que obstruían formalmente, procesalmente, llevar adelante juicios convencionales, y en ese marco se llevaron adelante en distintas jurisdicciones del país 'juicios por la verdad', en el Chaco también”.

A esos antecedentes, se le suma un fallo de la Cámara Federal de Resistencia en la causa por la Masacre de Rincón Bomba (hecho ocurrido en octubre de 1947 en Formosa por el cual procesaron en el año 2015 al ex Gendarme Carlos Smachetti falleciendo a la edad de 96 años hace unos meses) que consideró que se trataba de un 'crimen de lesa humanidad' y que el Estado argentino tiene la obligación de juzgarlo. “Eso habilita a que aquí en el Chaco se pueda llevar adelante un ‘juicio por la verdad’”, señaló.
 
Vigay precisó que en la causa se ha recopilado profusa documentación histórica, incluyendo trabajos de investigadores del CONICET, fotografías, el relato filmado de sobrevivientes como Rosa Chará, Melitona Enrique (fallecida en 2o08 a los 107 años) y el testimonio de Pedro Balquinta, el último sobreviviente fallecido a fines de 2015, además de las palabras de Sabino y Mario Yrigoyen -hijos de Melitona- y Carmen Rosa Delgado -hija de Rosa Chará- quienes testimoniaron sobre el relato que les había sido contado por sus madres, como parte de 'la tradición oral que forma parte de la construcción colectiva de la memoria de los pueblos originarios'

Vigay, muy optimista en cuanto a la concreción de este 'juicio por la verdad', afirmó: “Creemos que nos va a demandar entre dos, tres meses, quizás un poco más y ahí estaríamos solicitando a la jueza federal Zunilda Niremperger la posibilidad de llevar adelante un ‘juicio por la verdad’. Tenemos la pretensión de que sea oral y público para conocimiento de toda la comunidad cuando el juzgado federal entienda y corresponda”.

NR: ¿Algún día conoceremos las cifras millonarias que han salido del Estado (es decir de NUESTROS BOLSILLOS) para seguir abasteciendo el "curro de los ddhh"? 
Los "juicios por la verdad, la memoria y la justicia", ¿son algo más que dinero llenando las cuentas bancarias de jueces, fiscales, abogados, testigos y supuestas víctimas que cobran indemnizaciones? 
El verso repetido hasta el cansancio de “la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades y saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes” ya nos tiene hartos.

BASTA DEL CURRO DE LOS DERECHOS HUMANOS!



jueves, 20 de julio de 2017

EL SOCIALISTA Y BOLIVARIANO FORO DE SAO PAULO, LA MAYOR TRAMA DE CORRUPCIÓN DE AMERICA


El Abogado constitucionalista, politólogo, sociólogo y político boliviano, Carlos Sanchez Berzain, que también es catedrático, escritor y popular conferenciante, acaba de publicar un revelador artículo en el que, bajo el título de “Corrupción del Foro de Sao Paulo y sus corruptos en lista de espera”, explica cómo los fiscales y jueces de Brasil han develado la mayor trama de corrupción política transnacional de América, “organizada y operada por los líderes de la izquierda desde el Foro de Sao Paulo”.

Según explica Sanchez Berzain en su texto, se trata de corrupción política del más alto nivel que utilizó cerca de 15 empresas constructoras de Brasil para su ejecución y que a partir del caso “lava jato” y las confesiones de Odebrecht, dejó claro que el principal objetivo y consigna de los llamados socialistas del Foro de Sao Paulo fue que “nunca mas falte dinero para la acción política”. “Llevaron la corrupción a casi todos los gobernantes de la región, hoy acusados, presos, o encubiertos en la impunidad del poder que aún detentan, pero que ya están señalados e integran la lista de espera de corruptos del Foro de Sao Paulo”.

Hay que recordar que el Foro de Sao Paulo fue fundado en 1990 por el brasileño Partido de los Trabajadores (PT), integrado con los partidos y grupos de izquierda de Latinoamérica en la ciudad de Sao Paulo (Brasil) para “reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda, para debatir el escenario internacional después de la caída del muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe”. “Se trató de una iniciativa de Fidel Castro y su régimen por la crisis creada por la terminación de su fuente de subsistencia al extinguirse la Unión Soviética. En su fundación en 1990 el único miembro del Foro de Sao Paulo que tenía poder era una dictadura, el Partido Comunista de Cuba, y veinte años después, el año 2010, la mayoría de sus miembros ejercían el gobierno y la dictadura cubana había tomado el liderazgo político de la región”.

El Foro de Sao Paulo, en que también participaron activamente Izquierda Unida y distintas organizaciones políticas y sociales españolas que posteriormente darían lugar a la marca de extrema izquierda Podemos, es el resultado directo del fin de la guerra fría con la desaparición de la Unión Soviética y por eso formuló como premisa de acción política el plan castrista de “multiplicar los ejes de confrontación” ante la insuficiencia y desaparición de la confrontación del comunismo contra el capitalismo o de la simple lucha del proletariado. “Decidieron copar y operar temas de grupos sociales, sectoriales, funcionales y territoriales como el feminismo, el ecologismo, el regionalismo, el indigenismo, la defensa de género y todos los temas posibles para enfrentar a la democracia que señalaron como neoliberalismo. Multiplicaron los ejes de confrontación para remodelar y disfrazar la derrota del comunismo marxista soviético que arrastraba al castrismo”.

La década de los 90, explica Carlos Sanchez Berzain, es considerada la “década perdida para los izquierdistas del Foro de Sao Paulo” porque no pudieron desestabilizar ni afectar seriamente el creciente fortalecimiento de la democracia latinoamericana y atribuyeron su fracaso a la falta de recursos económicos, de dinero, en un momento en que el principal promotor del Foro –la Cuba castrista- estaba en lo peor de la miseria con el denominado “periodo especial”. La democracias fortalecidas de la región fueron indolentes respecto a la situación del pueblo cubano porque nada hicieron para la recuperación de la democracia en Cuba en el momento de mayor oportunidad. Si los 90 fue la década perdida para los izquierdistas por falta de dinero, en verdad fue la década perdida para la democracia de Latinoamérica que no se consolidó y permitió la supervivencia de la dictadura en Cuba y su recreación con la llegada del dinero y el petróleo venezolanos de la mano de Hugo Chávez.

“La alianza entre Chávez y Castro salvó a la dictadura castrista y le permitió estabilizarse al punto de reactivar su permanente objetivo de expandirse por las Américas convirtiendo el derrotado foquismo guerrillero de los sesenta y setenta en foquismo electoralizado no desprovisto de violencia. Chávez fue la piedra angular con los recursos petroleros venezolanos y ejerció liderazgo regional con un Castro sutilmente subordinado y convertido en el “oráculo de la Habana”, derrocando gobiernos en Ecuador y Bolivia y desestabilizando varios. En principio los recursos para la política fluían solo de Venezuela y Chávez lo hacía abiertamente, hasta que Lula da Silva llegó al poder y a partir de 2003 puso en marcha el mayor sistema de corrupción política transnacional institucionalizado para y con sus amigos del Foro de Sao Paulo”.

En opinión de Carlos Sanchez Berzaines, que ha escrito libros como “La dictadura del siglo XXI en Bolivia”, “La lucha por la democracia” o “Las leyes infames”, la idea fundamental para internacionalizar la corrupción, confesada por no pocos políticos del esquema, era la de “independizar la acción política y los partidos políticos miembros del Foro de Sao Paulo de los empresarios” y contribuyentes a veces reticentes, roñosos o caprichosos en sus aportes. Se trataba de formar capital propio para cumplir la consigna de que “nunca mas falte dinero para la acción política” y para eso Lula da Silva como Presidente usó el sistema para otorgar “créditos de Brasil” a “gobiernos amigos” (sus socios del Foro de Sao Paulo) para “obras de infraestructura” ejecutadas por “empresas brasileras” con un sistema de desembolso a las empresas, pero con un mecanismo –ahora develado- de coimas y comisiones para políticos y la política de los integrantes del Foro de Sao Paulo, que no tardó en expandirse a los servidores y simpatizantes a cambio de sus votos en organismos internacionales y su silencio cómplice en el desmantelamiento de la democracia en la región.

“El movimiento bolivariano, proyecto Alba o socialismo del siglo XXI es la creatura del Foro de Sao Paulo para dar a Hugo Chávez la impresión que el militar venezolano lideraba el movimiento de las izquierdas latinoamericanas porque era el que ponía el dinero, cuando en verdad la estrategia y los objetivos estuvieron siempre –y están- en control del castrismo cubano. La muerte de Chávez superó esa dificultad y el poder se concentró abiertamente en Cuba con su instrumento político el Foro de Sao Paulo. La riqueza venezolana entregada por Chávez se reforzó con la corrupción de los contratos de construcción por miles de millones de dólares del Brasil de Lula y Rousseff, además del narcotráfico con las FARC de Colombia, los cocaleros de Evo Morales desde Bolivia y los carteles que han hecho de la dictadura venezolana el eje del narcotráfico. Seguro que con toda esta estructura no les puede faltar dinero por muchas generaciones”.

Pero el esquema de corruptela del Foro de Sao Paulo -que no es la única fuente de corrupción- está al descubierto y los pueblos deben recuperar sus recursos. Hay enjuiciados y encarcelados notables en los países con democracia, que se caracterizan entre otras cosas por la vigencia del “estado de derecho”, la división e independencia de los órganos del poder público que permite “independencia judicial” y sobretodo “prensa libre”. En Brasil se ha destituido de la Presidencia a Dilma Rousseff, se ha condenado a nueve años y medio de prisión al ex presidente Lula da Silva, hay gran número de políticos y empresarios presos, enjuiciados y se avanza con los procesos. En Perú se han expedido órdenes de detención contra el ex presidente Alejandro Toledo y declarado prófugo, están presos el ex presidente Ollanta Humala y su primera dama, avanzan las investigaciones.

“Hay un grupo de países con resultados relativos como Argentina donde avanzan las investigaciones respecto a los gobiernos Kirchner y la justicia no debería tardar en develar los alcances de la trama multimillonaria; en Colombia las sindicaciones van sobre la campaña electoral con actual presidente Juan Manuel Santos; en Dominicana hay algunos presos y muchos con libertad provisional con sospechas de encubrimiento o atenuación; los gobiernos de otros países con democracia que pueden verse incluidos en los escándalos como Panamá van lentamente”.

El tema de fondo es el de los políticos y gobernantes en la lista de espera de la corrupción del Foro de Sao Paulo. Los pueblos saben quienes son pero gozan de encubrimiento. Se trata de los países sin democracia, de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua que encubren con impunidad absoluta. En Cuba los contratos para la obras del puerto de Mariel dan señales de sobreprecios y sobornos por cientos de millones de dólares; en Venezuela son miles de millones de dólares de contratos y de un encubrimiento total; en Ecuador, Rafael Correa realizó exitosamente el encubrimiento de nombres de los corruptos para pasar la elección y se fue a Bélgica; en Bolivia Evo Morales oculta la trama de la muerte de José María Bakovic el Director del Servicio Nacional de Caminos al que la dictadura eliminó para avanzar con el lava jato boliviano en obras como la carretera de Tipnis para la que Lula viajó como promotor; en Nicaragua un eficiente control de prensa aún funciona. A todos estos regímenes, luego de la corrupción del Foro de Sao Paolo les aguarda la de los “contratos chinos” y sabe Dios qué más.

“Los personajes en la lista de espera de la corrupción del Foro de Sao Paulo son muchos y muy notables: son y forman parte de los grupos de poder de los Castro en Cuba, Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y los esposos Ortega en Nicaragua?.…son ellos mismos?......los pueblos parecen no tener duda pero quieren saber el detalle, con cuantos millones de dólares y como se recuperarán esos montos”.


LaTribunaDelPaisVasco


domingo, 16 de julio de 2017

¿QUE LE HACE UNA MANCHA MÁS AL GATO?


Hoy limpiando el archivo, encontramos una “joyita” que nos enviara un abogado amigo y la cual lamentablemente se nos traspapeló. Aprovechamos para ofrecerles nuestras disculpas por ese error involuntario y transcribimos lo que nos envió el 5 de agosto de 2011.

“Hay quienes no saben, o no recuerdan, que ocurría en los años setenta. Hemos asistido a una catarata de mensajes del gobierno y de los llamados “organismos de derechos humanos” que nos dicen, por años, que se persiguió y mató a una “juventud maravillosa”.

Pero hay gente que da la sensación que piensa distinto: Uno es el actual juez de la Corte Suprema, el doctor Eugenio Zaffaroni.

En 1977 el Dr. Zaffaroni era juez federal en la ciudad de Buenos Aires. Durante la sustanciación de un recurso de habeas corpus a favor de una persona desaparecida, el 9 de septiembre de 1977 el Dr. Zaffaroni redactó, firmó y dio curso a un pedido de informes a diferentes destinatarios (Ministerio del Interior, Policía Federal y Comandante del Ejército Argentino) que se adjunta a continuación.

Vale la pena resaltar que en ese escrito, el Dr. Zaffaroni dice:

“…y considerando que el país vive una etapa de convulsión motivada en la cobarde agresión de que es víctima, lo que lógicamente conlleva un estado de sobrecarga en la labor de las fuerzas de seguridad que son el principal blanco de esta agresión…”

Teniendo en cuenta lo que ha hecho en la Corte Suprema, hay algo que no cierra, ¿no?

Por otra parte, si dice que no tuvo más remedio que escribir eso dada “las circunstancias opresivas de la dictadura” o cualquier justificación que se le ocurra, ¿no me cubre a mí también? ¿Porqué él si y yo no? Las circunstancias ¿no eran las mismas para todos?

Además, ¿esto no es “apología de la dictadura”? Creo que hasta hicieron una ley que lo prohíbe. A lo mejor hasta es delito de “lesa humanidad”.



Ya que estamos, sigamos echando leña al fuego, agregamos otra nota del mismo amigo, que estaba junto a la anterior:

"A continuación les envío dos artículos muy interesantes, especialmente dedicados a los señores Magistrados Federales que por gracia de Dios, como broma que nos hizo el Supremo, nos mandó a los argentinos.

Uno de ellos es el benemérito Dr. Gonzalez Macías y el otro es el excelente periodista y amigo Horacio Verbitsky.

Lean en la nota con detenimiento las siguientes expresiones del "Perro"

" ... Para Verbitsky, eso no es ninguna casualidad, y aseveró que en nuestra provincia hay un plan deliberado para que los juicios no se produzcan y que los cabecillas de llevar adelante ese plan son los camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano. De hecho, el escritor aseguró que ambos lo hacen en defensa propia, porque, de llegar a una instancia de juicio oral, “sin dudas habrá un desfile de testigos que contarán el papel que ambos magistrados desempeñaron durante la dictadura”. En tanto, también hizo referencia a los dichos de Miret en la entrevista concedida a El Sol y que se publicó en su edición de ayer. En ella, el magistrado dijo que había grupos que iban por él para ocupar su cargo. Frente a esas expresiones, Verbitsky no sólo explicó que iba contra él, sino también contra todos los funcionarios judiciales que colaboraron con la dictadura militar..." 


Lo dice bien claro "VA POR TODOS LOS JUECES QUE COLABORARON CON LA DICTADURA". Pero ¿y el amigo Zaffaroni?

Bueno pero eso no es nada, a continuación hace una férrea defensa de su amigo el Juez Juan Antonio González Macías y dice muy claro:



"... El titular del CELS también se refirió a la recusación que sufrió el presidente del Tribunal Oral Federal Nº1, Juan Antonio González Macías, que provocó que el juicio que tenía previsto comenzar el 11 de marzo se suspendiera.
El periodista aseguró que los argumentos que se utilizaron contra el magistrado son “absolutamente notables”, y nombró, a modo de ejemplo, que se haya utilizado como excusa el hecho de que el juez hubiera intervenido en otros casos de violaciones de derechos humanos y haya declarado inconstitucional la Ley de Obediencia Debida en 1987.”



Pero digo yo, ¿El Perro no integraba el aparato de inteligencia de Montoneros? ¿No hace inteligencia ahora para Kristina?, Es increíble que no investigara a su amigo González Macías, que sí declaró inconstitucional la ley de obediencia debida. Es muy interesante el argumento por la cual la declara inconstitucional.

Creo que el Perro se equivocó, ya que su amigo Gonzalez Macías dijo:

"... Pero si es oportuno decir que esta ley ofende a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se batieron con valentía y honor contra un enemigo solapado y artero" 

"...las Fuerzas del Orden que lucharon en defensa de la ley y dentro de su marco no pueden ni deben sentirse gratificadas, en cuanto ello importa aceptar la comisión de un delito..."

Es decir, si yo no entiendo mal, este Juez "DEL PROCESO" -
a quien el Perro defiende- en la sentencia del 07 de octubre de 1983 declara inconstitucional la ley pero PORQUE LAS FFAA Y LAS FFSS NO COMETIERON DELITO EN LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN. ¿NO ES CÓMICO? 

Este juez ahora está juzgando y condenando a los que el en el 83 les dijo VALIENTES Y HONORABLES.

Esto es la Biblia y el Calefón. La gorda Hebe ahora sale en defensa del mismo al que insultó en el mismo Palacio de Justicia. Perdón pero yo entiendo cada vez menos.

Por favor les pido difundan estas notas, pues alguien me lo podrá tal vez explicar, en una de esas el mismo Perro o el Juez me lo pongan en claro.
 


Es para destacar que el ex magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones, con jurisdicción en Mendoza, San Juan y San Luis, Dr. Otilio Romano, se prófugo el 24 de agosto pasado viajando a Chile, país al que solicitó “Asilo Político”.

Si un Juez se fuga porque la justicia lo investiga, no da para pensar que al conocer muy bien el sistema optó por el mal menor. Por huir y no presentarse a derecho se lo acusa de delitos de "lesa humanidad", por haber sido fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983.
 
¿Y entonces que hacemos con Zaffaroni? Cuando en el Senado de la Nación se debatió el pliego para su designación en la Corte, y se le objetara:

Que desde 1969, durante el gobierno militar de entonces, fue juez de la Cámara de Apelaciones de la provincia de San Luis, para lo cual juró por el Estatuto de la “Revolución Argentina”.

Que en 1976, en el último gobierno de facto, juró por el “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional” cuando fue designado juez en lo criminal de sentencia en la Capital Federal.

Que, según el senador Rodolfo Terragno que objetó su pliego, en ese Juzgado ingresaron, entre 1976 y 1983, 128 hábeas corpus, 38 correspondían a infracciones policiales, 6 fueron desistidos; pero de los 84 restantes, cuando había detención, Zaffaroni solía disponer la libertad. En cambio, en los casos de desaparición de personas, en 27 casos rechazó la acción y remitió las actuaciones a la Cámara del Crimen de la Capital o al Juzgado de Instrucción competente de la provincia de Buenos Aires, para que se investigase la privación de la libertad. “No he encontrado ningún ejemplo de actividad judicial de Zaffaroni que haya puesto en aprietos a las autoridades o permitido salvar una vida”, aseguró Terragno. En el caso “Ollero Inés”, Zaffaroni rechazó el hábeas corpus, y ese fallo, confirmado por la Cámara, fue revocado por la Corte Suprema de Justicia (25/4/78), reprochándole no “extremar la investigación adoptando las medidas necesarias” a fin de esclarecer qué había pasado luego de la detención de la desaparecida.

Que en 1980 Zaffaroni escribió el libro Derecho Penal Militar en el que sostuvo que en determinadas circunstancias, como ser un “hipotético estado de necesidad” en el que sucediera la “desaparición de cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar podía “usurpar justificadamente la función pública”; y esboza asimismo nociones técnicas como: “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terrible”, “necesidad terribilísima”, “bando militar como ley material”, “bando militar como tipificador de delitos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”. Ese libro está actualmente agotado. 


En su descargo ante el Senado Zaffaroni dijo: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994, lo que en vez de ser un atenuante mejor pareció un agravante. 

También dijo que: “Comparto [esto] con toda mi generación. [Yo] no era un militante político. Era un abogado, un juez, un funcionario. Lo tomábamos como una profesión.” (…) “Nací y me crié en medio de convulsiones políticas y de tipo institucional, como toda la gente de mi generación”. “Estábamos habituados a ver como normal lo que era anormal” (…) “Los que nacieron o se criaron en los últimos veinte años quizá no lo entiendan. Es una vivencia por la que asumo la responsabilidad, pero junto con toda mi generación”

Trasladar sus culpas personales a una generación, tampoco nos satisfizo, y no quisiéramos escuchar un descargo parecido para explicar, ahora, lo de la prostitución en sus departamentos. 

Los jueces del Proceso fueron calificados de partícipes del sistema represivo por la “doctrina del paralelismo” elaborada por los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que después de 1983 Zaffaroni se incorporó. 
A su vez, las Madres de Plaza de Mayo, presididas por Hebe de Bonafini, denunciaron por “conniventes y funcionales a los designios de los usurpadores” a 437 jueces que juraron por los “Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional” entre 1976 y 1980, como “represores del Poder Judicial”; en esa lista, publicada entonces en la página web de esa Asociación, figuraba Zaffaroni en el puesto 435.

Pacificación Nacional Definitiva (29 de septiembre de 2011)


viernes, 14 de julio de 2017

PRESIDENTE DE FRANCIA: "EL PROBLEMA DEL TERRORISMO ES EL CAMBIO CLIMÁTICO"


El presidente francés, Emmanuel Macron, con un discurso muy parecido al de Bergoglio ha dicho: “No podemos combatir el terrorismo si no actuamos contra el cambio climático”.

Emmanuel Macron, anunció hace unos días que convocará una nueva "cumbre mundial sobre el cambio climático" el próximo 12 de diciembre, dos años después de la histórica aprobación del Acuerdo de París.

En una rueda de prensa en Hamburgo tras el final del G20, el presidente francés fue tajante al afirmar que “no hay Acuerdo de París a la carta, o hay acuerdo o no lo hay”, en alusión a las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de renegociar el pacto global para reducir las emisiones de carbono.

“El próximo 12 de diciembre, dos años después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, reuniré una nueva cumbre para adoptar nuevas acciones por el clima, principalmente sobre el plano financiero”, subrayó Macron.

Para el presidente francés, “el texto final ha permitido evitar cualquier marcha atrás en la lucha contra el calentamiento global
.

El comunicado final de la cumbre de líderes del G20 pedirá en nombre de todos sus miembros, menos EEUU, la “rápida” implementación del Acuerdo de París contra el cambio climático, evidenciando el aislamiento internacional de Trump.

Además, se subraya en el documento consensuado que el Acuerdo de París es “innegociable”, cerrando la puerta a cualquier cambio al texto como propuso Trump al anunciar la salida de EEUU del acuerdo, hecho sobre el que los otros 19 “toman nota”.


sábado, 8 de julio de 2017

¡A LA CALLE, QUE YA ES HORA!

"Si quieres paz, lucha por la Justicia". Pablo VI

Por Enrique Guillermo Avogadro

Tenemos la obligación, frente a nosotros mismos y a nuestra posteridad, de tomar conciencia del crucial momento que nos toca vivir; de nuestra actitud y, sobre todo, de nuestra acción personal, depende el futuro, tanto de corto cuanto de largo plazo. La viabilidad de nuestro país sólo será posible si conseguimos recuperar la Justicia, volviendo a poner la venda en su lugar y equilibrando su balanza.

Ha llegado la hora, conciudadanos, de echarnos a la calle y gritar ¡BASTA! Para explicarles, a todos y cada uno de estos nefastos personajes encargados de imponer la ley y que tanto han desvirtuado ese rol y, sobre todo, la tan honrosa magistratura con que la sociedad los ha distinguido, que nuestra paciencia ha llegado al límite.

La Argentina ha asistido, por décadas, a la inmunda prostitución de los magistrados que, de acuerdo al rol que la Constitución les asigna, debieran actuar como límites frente a los excesos del Estado ante los particulares, como custodios de su correcta aplicación y, en especial, en la persecución de la corrupción. Hoy, debido a la irrupción de la política más bastarda en el proceso de designación de los jueces, estamos sometidos todos a la voluntad de personajes inescrupulosos, impunemente enriquecidos por los favores prestados al poder de turno.

¿Cómo vamos a aceptar ser juzgados por personas tan corruptas como Freiler, Rafecas, Canicoba Corral, Casanello y tantos otros? ¿Cómo vamos a permitir que estos tránsfugas decidan sobre nuestra honra, nuestra libertad y nuestro patrimonio? ¿Tan bajo hemos caído como ciudadanos libres y soberanos que somos incapaces de resistir la degradación moral que impregna nuestra sociedad? ¿De qué estamos hechos?

¿Cómo podemos observar, sin reventar de indignación, el infame y libre pavoneo de tantos ex funcionarios, parientes, testaferros y nuevos "capitanes de empresa" enriquecidos sin explicación alguna? Las inmensas fortunas que exhiben y gastan con impudicia están construidas con dineros que nos fueron exprimidos con impuestos confiscatorios y faltan en alimentos, hospitales, escuelas, viviendas, saneamiento, caminos, rutas, vías férreas, gas y electricidad, comunicaciones y hasta defensa nacional.

¿Cómo educamos a nuestros hijos y vamos a trabajar, día tras día, si todos esos delincuentes continúan refregándonos en la cara su libertad después de haber cometidos tantos y tan graves delitos? Son los responsables directos de la enorme mortalidad infantil en el norte y, también, de la monstruosa expansión del narcotráfico; ¿seguiremos mirando hacia otro lado cuando las luchas entre las bandas, todas socias del kirchnerismo y de muchos de los jueces, nos lleven a la penosa realidad del México actual?

¿No nos da vergüenza que en Brasil ya haya habido 144 condenas de funcionarios, políticos y empresarios, que suman 1600 años de prisión, y más de 1700 investigaciones abiertas? El vergonzoso Juez Luis Rodríguez, otro indigno inquilino de Comodoro Py, se negó ayer a pedir el desafuero y la detención de Julio de Vido; uno de los reclamos que llevaremos a la calle lo tendrá como destinatario directo. Ya no llama la atención que nunca haya allanado la enorme y lujosa mansión que el ex Ministro posee en el country Puerto Panal -incluye una gigantesca pajarera-, en el cual es vecino de los también impunes Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice (su socio) y Fabián de Souza (socio de Cristóbal López), los dos últimos claros testaferros de Néstor y Cristina.

No pretendo, en ningún caso, englobar en la podredumbre a la totalidad de los magistrados, pues los hay muy buenos en todos los fueros y en todas las instancias y, en algunos casos, hasta son mayoría. Pero hay una dramática concentración de corrupción en la Justicia Criminal Federal, y grandes focos infecciosos en la Laboral, en la de Seguridad Social y, por supuesto, en la ordinaria Penal, que tanto ha servido a la delincuencia común.

Con una Justicia seria, independiente y rápida, todo será posible y, sin ella, nada lo será. Si los jueces actuaran conforme a la ley, el Poder Ejecutivo sería controlado en cada una de sus acciones, y podríamos reprimir eficientemente la corrupción de nuestros mandatarios, funcionarios y empresarios; con eso, cada una de las partidas presupuestarias iría a cumplir el objetivo previsto en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura. El delito disminuiría rápidamente, y esa seguridad cotidiana, que hemos perdido hace tantos años, volvería a ser una costumbre y recuperaríamos la normalidad en nuestras vidas.

Los conflictos gremiales y sociales se solucionarían con celeridad, ya que la sociedad entera confiaría en sus probos magistrados y obedecería, sin dudarlo, las sentencias que dictaran. Nuestros policías dejarían sus innegables vinculaciones con el crimen, y combatirían eficazmente el narcotráfico y los otros delitos graves. Las reglas se volverían inmutables y los inversores, tan desconfiados ellos, encontrarían innecesario establecer la jurisdicción extranjera para dirimir las diferencias en los contratos.

Es cierto que el Estado está en deuda con el Poder Judicial, y el crédito a favor de éste se prueba fácilmente con la cantidad de vacantes en juzgados y tribunales colegiados, con su infraestructura edilicia colapsada, con la gigantesca acumulación de papeles y con la obsolescencia de los medios informáticos puestos a su disposición. Todo eso depende del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, cuyo Presidente -Ricardo Lorenzetti- se ha visto beneficiado con el manejo de un enorme presupuesto.

Por eso, para manifestar nuestro descontento, mantener la presión cívica sobre los jueces y avisarles que nuestra paciencia se ha agotado el 3 de agosto nos concentraremos en la Plaza Lavalle (y, espero, en todas las capitales provinciales ante sus tribunales), donde tienen sus sedes la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Nunca lo he hecho, pero hoy le pido por favor que difunda esta convocatoria, sobre todo para que llegue a los jóvenes, tan ausentes el 20 de junio en Comodoro Py, ya que serán los directos beneficiarios de este cambio urgente que la Argentina exige.

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado


sábado, 1 de julio de 2017

NADIE RESISTE EL ARCHIVO: "PRONTUARIO" DE LOS CANDIDATOS DE CRISTINA KIRCHNER


Ninguna sorpresa. Cristina Kirchner decidió refrendar lo que todos sabían: que será candidata a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.

Lo único inesperado sea tal vez el hecho de que estará secundada por Jorge Taiana, otrora vicecanciller de Néstor Kirchner y eyectado por la propia ex mandataria en medio de acusaciones de deslealtad.
 
“Tenés que ser leal como Boudou”, le dijo en 2010 CFK a este último, quien terminó argumentando “falta de apoyo” por parte de su renovada jefa.

¿Será que Cristina decidió mojarle la oreja a Florencio Randazzo, para quien trabajaba Taiana hasta hace pocas semanas?

Como sea, aparte de confirmarse como candidata a senadora, la ex presidenta presentó la lista de diputados de su frente en ese distrito, donde sorprendió porque casi no hay miembros de La Cámpora y Daniel Scioli aparece relegado al quinto lugar.

Algunos de los confirmados son los siguientes, con su pertinente “prontuario”:

1- Fernanda Vallejos: se trata de una economista de raigambre ultrakirchnerista —suele mostrar su vehemencia K en el programa Intratables—, que ejerció como funcionaria en el Ministerio de Economía durante la errática gestión de Axel Kicillof. Por si fuera poco, integró la fugaz agrupación La Gran Makro, inventada por Amado Boudou.

2- Roberto Salvarezza: es un reconocido doctor en Bioquímica (UBA) e investigador superior del Conicet. Fue presidente del Conicet de 2012 a 2015 y fue denunciado junto con otros investigadores por el supuesto manejo irregular de subsidios públicos en el año 2002. Fue investigado por el juez Martínez de Giorgi.

3- Fernando Espinoza: empezó como chofer de Alberto Balestrini y terminó siendo su heredero al frente de la intendencia de La Matanza. Entre la gran cantidad de denuncias que enfrenta, en 2016 fue señalado por gastar $ 6.500 millones sin comprobantes en ese municipio respecto del ejercicio 2015 como intendente matancero.
En el texto de denuncia se detalla que “se han realizado gastos por la suma de $ 6.517.772.309,77 sin brindar detalle y comprobante alguno, sumado a que dicho ejercicio sobrepasó el presupuesto original en más de un 103% ($ 3.320.953.113,33)”.

4- Vanesa Siley: es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitruju). En su propia cuenta de Twitter se declara “mercedina, peronista, trabajadora de la justicia, Secretaria Gral. Judiciales CABA”. Defensora de la democratización de la justicia impulsada por los K.
Su mayor “sincericidio” lo dijo en una entrevista al portal Cecreda: “Para mí no existe la independencia del PJ, ahora se está desnudando que hay relaciones entre jueces, magistrados, fiscales y demás”.

5- Daniel Scioli: no necesita presentación. Fue gobernador de la provincia y candidato a presidente por el Frente para la Victoria. Sus escándalos mediáticos han tenido tal relevancia que no se precisa recordarlos. Lo que sorprende es que Cristina lo haya relegado al quinto lugar.

6- Hugo Yasky: es secretario general de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) desde 2006 y fue secretario general de la CTERA (Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). Su militancia y alineamiento al kirchnerismo está fuera de discusión. Fue el gremialista que más apoyó a Cristina y jamás le hizo un solo paro. Su segundo, Pedro Wasiejko, fue denunciado por destinar millones de pesos de la actividad gremial a movilizaciones kirchneristas.

7- Mónica Macha: es senadora provincial por Nuevo Encuentro y su único mérito es ser esposa de Martín Sabbatella, otrora titular de la AFSCA. En febrero de este año, pasó un gran papelón al presentar una inconsistente denuncia penal contra Mauricio Macri y el ministro de Salud, Jorge Lemus por espionaje y abuso de autoridad.

8- Leopoldo Moreau: autotitulado “dirigente radical”, fue diputado. También se presentó como candidato presidencial en el año 2003 donde obtuvo apenas el 2,34 % de los votos. Estuvo alineado de tal manera al kirchnerismo, que lo expulsaron de la Unión Cívica Radical. En los '80 fue uno de los legisladores que supo cobrar sobresueldos por parte del sospechado Alfredo Yabrán.

PeriodicoTribuna