Por Nora Veiras – Página 12
El pasado 24 de febrero el ex presidente Eduardo Duhalde dijo: “Tenemos que parir en 2011 un gobierno para el que quiere a Videla y para el que no”. El mismo día, Alberto Solanet bregaba desde un artículo de opinión en La Nación por una amnistía. “Urge, en vísperas del Bicentenario, en esta Argentina difícil, profundamente degradada, volver al cauce de la Constitución histórica, recurriendo a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra, mediante una generosa ley de amnistía”, escribió el presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El próximo 20 de abril, las distintas ONG, creadas en defensa de la impunidad de los represores, darán forma a ambos pensamientos y realizarán una marcha por “Una amnistía para un Bicentenario sin presos políticos”.
El secretario de las 62 Organizaciones Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), oficia de nexo entre los familiares de los militares presos por delitos de lesa humanidad y el duhaldismo. Cecilia Pando, la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (Afyappa) se reunió con Duhalde junto a otras mujeres de militares. La esposa del mayor retirado Rafael Mercado es la cara visible de un entramado de oficiales retirados, curas y abogados que están estrechando vínculos con sectores políticos. Entre los hombres que rodean a Venegas se encuentra el coronel retirado Rodolfo “Chino” Solis, ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE durante el menemismo. Su hermano, el coronel retirado Esteban Solis, veterano de la guerra de Malvinas, participa también de las reuniones del Consejo de Planificación de Venegas. En el último número de la revista Soldados, que publica la Secretaría General del Ejército, salió una extensa entrevista a Solís en la que se enorgullece de la acción militar en Malvinas.
A medida que avanzan los procesos por la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos se refuerza la acción de los socios civiles de los golpes militares. En diciembre pasado, Solanet, hermano de Manuel Solanet, el ex secretario de Hacienda de Leopoldo Fortunato Galtieri, describió, en un artículo publicado en el diario Pregón de La Plata, las relaciones que tejen desde la asociación de abogados creada para defender a represores. “El 11 de noviembre, en el marco del Congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos, celebrado en Madrid, nuestros consocios y miembros de la Mesa Directiva, Eduardo Bieule y Octavio Schindler, presentaron los objetivos de nuestra Asociación, junto a la denuncia de los hechos que dieron motivo a su fundación. Desde ya destacamos la relevancia de esta presentación, atento a la importancia de los representantes de los países concurrentes y la estrecha relación que mantiene la institución con la Santa Sede.” En el marco de la militancia que incluye la decisión de abrir sedes en Rosario y Córdoba, Solanet detalla que “los directivos de nuestra Asociación hemos mantenido entrevistas con el Nuncio Apostólico, obispos, dirigentes políticos, asociaciones afines, civiles y militares, con las cuales mantenemos estrecho contacto, y continuaremos haciéndolo con las autoridades militares en actividad y del Sistema Penitenciario Federal, etc.”.
La línea argumental de los defensores de los acusados, procesados y/o detenidos por violaciones a los derechos humanos es que esos delitos prescribieron o fueron amnistiados o indultados. Hacen caso omiso de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y de la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema.
El presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y miembro de la Corporación de Abogados Católicos –habitual querellante para impedir abortos no punibles– pone sobre la mesa la preocupación que subyace entre los socios civiles de los dictadores. En otro artículo publicado también en La Nación, Solanet considera que “la situación es hoy extremadamente grave porque, contrariamente a lo resuelto por la Cámara Federal cuando juzgó a los comandantes, en el sentido de que la defensa de la sociedad agredida había sido monopolizada por las fuerzas militarizadas, sin participación de los funcionarios que cumplían actividades civiles, ahora se pretende extender a estos sectores la responsabilidad por las extralimitaciones cometidas en el curso de la guerra. Al convalidar la detención de un ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires (Jaime Smart), la Cámara llegó al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo es suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna. Con esta nueva línea jurisprudencial, la revancha ya no tiene límites”.
Distintos blogs con infaltables links a las homilías del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, el responsable de Educación del Episcopado, reseñan las marchas que, desde fines del año pasado, actualizaron con la consigna “Por un Bicentenario sin presos políticos”. Llegado el 2010 ya reclaman sin máscaras una amnistía. Por ahora, sólo Duhalde se mostró dispuesto a representar a “los que quieren a Videla”.
La propuesta de amnistía de Diego Guelar de PRO no encontró respaldo público en el macrismo. De Abel Posse, el efímero ministro de Educación, tuvieron que desprenderse por el desparpajo con el que alentaba las ideas de Solanet.
El embate no ceja. La Justicia sigue avanzando: hay más de seiscientos detenidos. Sin embargo, el peso de esas corporaciones de intereses organizados se hace sentir.
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