La ley aprobada por la legislatura que obliga a la provincia de Buenos Aires a incorporar el término “dictadura cívico-militar” y la cifra de “30.000 desaparecidos” en los actos oficiales en los que se haga referencia al último golpe de Estado generó malestar en varios sectores y quien alzó la voz ahora fue Graciela Fernández Meijide, integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y madre de un hijo desaparecido.
Aseguró que la ley “va en contra de los principios básicos de la Constitución nacional y de la provincia de Buenos Aires”. “Los números englobantes pueden ser simbólicos, pero le faltan al respeto a la persona. Esta es una ley que va en contra de la libertad de pensamiento y de expresión. Creo que alguien va a pedir su inconstitucionalidad”, señaló.
En declaraciones a Radio Mitre, recordó además que “jamás en ningún golpe anterior, del 30 al 76, se dijo ‘dictadura cívico-militar’. Más allá de que a nadie se le escapa que para que una dictadura perdure tiene que tener mucho soporte corporativo y también de parte de la sociedad”.
“Cuando hablamos de cívico-militar también hablamos de esa parte de la sociedad que aplaudía y pegaba en sus parabrisas ‘somos derechos y humanos’ cunado se hizo el Mundial. ¿La vamos a imputar también?”, se preguntó Fernández Meijide.
En este sentido, percibe algún tipo de interna política detrás de la sanción. “Creo que es de una soberbia y una desesperación por querer poner sellos e imponerlos… me consta que ni (Santiago) Cantón y ni (María Eugenia) Vidal piensan así. No entiendo por qué han resulto dejar correr esto, y no sé cómo lo van a resolver”.
“Esto es un pensamiento autoritario. Una democracia se basa sobre la verdad, porque si no hay verdad, no hay confianza. Y dentro de esa verdad está el Estado de derecho. Cuando se impone, dejamos de tener democracia y Estado de derecho. Es parte de nuestra historia”.
Según su óptica, el gobierno nacional no debería fijar una postura política sobre el tema, pero sí “defender el pensamiento democrático a ultranza”. “Se debe defender el derecho a la libertad. Cambiemos no tiene por qué tomar partido, porque tampoco es tan fácil. Deben decir: ‘señores, nosotros no podemos imponer algo como verdad porque no corresponde’”.
Para quienes la acusan de "negacionista", Fernández Meijide también les dejó un claro mensaje. “A mí que no me vengan con eso, cuando yo fui una de las personas que más se preocupó por conseguir la mayor cantidad de nombres de desaparecidos, pedir justicia en nombre de ellos, acumular todas las pruebas posibles para que se condenara a aquellos que los victimizaron. Les niego el derecho a imponer por ley que un número es tajante rechazando lo que sea la investigación histórica”, enfatizó.
“Yo tengo el mayor de los respetos por los que creen que son 30 mil. Me atengo a las cifras que se investigaron y están en los monumentos, pero es posible que sean más, ¿qué hacemos con esto? Si soy gobierno, ¿tomo como verdad los números de la CONADEP y obligo a todos a ponerlos? A nadie se le ocurrió eso y poner que son 8 mil y pico los desaparecidos”.
Fernández Meijide cree que hay un intento por “tratar de cerrar los corralitos, una sensación desesperada por poner los sellos y ganar puntos internamente vaya a saber uno por qué” que terminan con estas cosas absurdas que son fascistas”.
¿Contar hace la diferencia?
La integrante de la CONADEP aseguró que el número de desaparecidos durante la el gobierno cívico-militar “no es un tema que resuelva la tragedia” y consideró que la sociedad se debería preguntar “qué se hizo o no para que esa tragedia ocurriera”.
Consideró que “discutir el número reduce una tragedia colectiva a un relato porque tranquilizan por su simpleza y no te complican la vida”. “La historia es complicada. El relato te deja satisfecho por la compresión rápida y la moraleja y así se simplifica todo y se lo lleva a una guerra de cifras”, resaltó.
En este sentido, recordó cuando formó parte de una comisión a Kosovo, a donde viajó para contar su experiencia: “Lo primero que recibí como documentación es el detalle de que las cifras se utilizan también como herramientas de disputas”.
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