Esta cifra fue instalada en la psiquis colectiva nacional e internacional por las estructuras de propaganda y acción psicológica de las organizaciones armadas revolucionarias durante los últimos años de la década del 70 en el exterior, fue esparcida en nuestro país por militantes, familiares y amigos que revindicaban la misma ideología. Admitimos como efecto extraordinario de esa campaña sistemática de propaganda el hecho que hoy, 32 años después del informe final de la CONADEP, y de otros medios de instituciones internacionales que manejaron guarismos similares, se continúa manteniendo –no obstante no existir ninguna prueba en ese sentido– esa cifra desmesuradamente falaz (30.000) en cualquier referencia oficial y en particular a través de los medios de comunicación social, a pesar de no existir ninguna prueba que la avale. Algunos ante la evidencia comenzaron a referenciarse expresando que es “simbólica” sin admitir la falacia de mentir a sabiendas al pueblo argentino durante 38 años a pesar que las mismas cifras oficiales de la CONADEP la impugnan.
Tal parece que el mito instalado mediante una mentira repetida hasta el cansancio, goza de mayor credibilidad que la totalidad de la documentación disponible que desmiente de manera categórica e irrefutable a esa cifra inventada por necesidades político-financieras, como se verá más adelante. Lo del simbolismo es otra excusa para engañar a los incautos e ingenuos.
Los secretarios de Derechos Humanos de la Nación. Su parcialidad evidente
Desde 1984 dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se mantiene una estructura llamada CONADEP que nunca divulgó en forma oficial cuántos son los desaparecidos actualizados–restando los aparecidos vivos o muertos– y tampoco quienes cobraron las compensaciones dadas por el Estado (Ley 24.411 dictada por Menem) que otorgaba a los causahabientes de los desaparecidos y muertos a manos de la fuerzas legales, sin importar circunstancias, 225.000 pesos (que desde su otorgamiento y por seis años fueron equivalentes a dólares). Con una excepción –Inés Pérez Suárez– todos los funcionarios a cargo de esa secretaría (o subsecretaría, según el momento) fueron militantes del terrorismo subversivo de los 70, lo que nos exime de comentarios acerca de su neutralidad en el tema, ya que sus cifras están influidas por su militancia ideológica, por la política de derechos humanos parcializada y por la lealtad a sus ex compañeros y familiares de las víctimas.
Eduardo Luis Duhalde, un ideólogo militante de la extrema izquierda hoy fallecido, fue durante nueve años secretario de Derechos Humanos de la Nación y marcó la llegada a la Secretaría de DDHH de un ideólogo del marxismo leninismo. Su designación en ese cargo constituyó una grosera y brutal traición a los que expusieron sus vidas en la lucha contra el terrorismo (medio principal de la Guerra Revolucionaria) en sus etapas iniciales y durante su desarrollo armado.
En 1968, su estudio de la calle Rodríguez Peña al 200 era “un polo nacionalista revolucionario” (libro Galimberti de Larraquy y Caballero). A principios de los 70, Santucho lo contrató para defender al ERP porque se iba a iniciar una guerra donde había que preparar los defensores (libro Todo o nada de María Seoane). En 1972 recibió en Chile a los terroristas escapados de Rawson.
Como director de la revista Militancia para la Liberación, junto con Ortega Peña –asesinado por la “Triple A”– instigaba y hacía apología de las acciones terroristas, incluyendo dichos como: ”sólo la guerra del pueblo salvará al pueblo”, “eliminar de esta tierra la raza de los explotadores”, etc.
En 1976 se exilió en España y fue uno de los principales dirigentes que organizó las denuncias internacionales contra el país estructurando, coordinando y formando parte de una gran cantidad de organismos de denuncia de DDHH en Europa.
Volvió al país en 1983 para seguir activando ideológicamente, presentó el libro El Estado Terrorista argentino y comenzó a organizar junto con el CELS de Verbitsky toda la estructura jurídico-política para eliminar las leyes de “Punto final” y “Obediencia debida” a fin de poder juzgar y condenar a todos los niveles de cuadros de las FFAA, de Seguridad y policiales.
En 1986, participó en Managua junto con Gorriarán Merlo del lanzamiento del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que será quien ataque posteriormente al RI3 Mec. de La Tablada durante el gobierno constitucional del Dr Alfonsín (libro Memorias de Gorriarán Merlo).
Fue profesor de la UBA y hasta 2003, juez de Cámara de los Tribunales Orales, cargo al que renunció para participar de la campaña de Kirchner. Desde 2003 con el gobierno de los N. Kirchner hasta su muerte el 3 de abril de 2012, fue secretario de DDHH de la Nación desde donde actuó como parte querellante en múltiples juicios contra integrantes de las fuerzas legales que desde febrero de 1975 actuaban por orden de un gobierno constitucional.
Al asumir la Presidencia de la República Néstor Kirchner, quien como gobernador de la provincia de Santa Cruz (en dos períodos) nunca había recibido a las organizaciones de DDHH ni efectuado declaraciones en apoyo a las mismas, debido al escaso nivel de aprobación para su nuevo cargo cambió en 180 grados su política para ese sector y sobreactuó durante su mandato, llegando a designar públicamente a Hebe de Bonafini, una agresiva y conflictiva mujer líder de una fracción de las madres de Plaza de Mayo, como su “madre putativa”.
Al mismo tiempo nombró en el 2003 al más conspicuo ideólogo marxista leninista que desde los años 60 fuera impulsor de la guerra revolucionaria en la Argentina y que durante su exilio en Europa fuera el mayor organizador de grupos para desarrollar la campaña contra el gobierno militar mintiendo ex profeso sobre las razones del conflicto armado y sobre el número de desaparecidos, al abogado Eduardo Luis Duhalde.
Desde el 2003, este nuevo responsable de la política de Estado sobre los DDHH, sólo se ocupó de los beneficios para los familiares de los muertos y desaparecidos militantes de las organizaciones armadas clandestinas de las décadas del 60 y 70 y jamás de los familiares de las víctimas que esos militantes ocasionaron. Tampoco se ocupó de las víctimas ni de sus familiares de la inseguridad reinante en el país, principal preocupación del pueblo argentino durante los 3 últimos gobiernos ejercidos por el mencionado Kirchner y su mujer Cristina Elisabeth Fernández. Sí se ocupó de la estrategia judicial para juzgar –como venganza– al sector militar que los había derrotado.
El mito de los 500 bebés nacidos en cautiverio
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| La mentira comenzaba... |
La mendacidad de este secretario de los DDHH de la Nación está plasmada desde 1983 en el libro que escribió con el título "El estado terrorista argentino" en el cual llega a decir que los muertos, desaparecidos y detenidos (cuando lo escribió aún quedaban algunos pocos detenidos y procesados legalmente que fueron liberados al llegar Alfonsín) podían ser alrededor de cincuenta mil… ¡¡50.000!!
En la página 193 de su libro Duhalde parte de una cifra que sabe a ciencia cierta que es falsa –los 30.000 desaparecidos– dado que él mismo participó de su difusión en Europa para lograr apoyo financiero y político, con la idea de imputar un genocidio a las FFAA para lo cual los militantes debían ocultar su militancia. En el mencionado libro expresa arbitrariamente que dentro de ese número la relación entre varones y mujeres era de 2 a 1, con lo cual la cantidad de las desaparecidas llegaría a 10.000 (cifra que superaba largamente el total de desaparecidos). Tal presunción de absoluta falsedad si se compara con las cifras de la CONADEP que fija una proporción de 3 a 1, o sea 25%, una mujer por cada tres varones muertos o desaparecidos lo que puede apreciarse en nuestra página web redondeando como cifra real unas 1.900 mujeres.
Por último, alega sobre este tema que por las edades de las desaparecidas y las estadísticas disponibles de Argentina en esa materia (¿?) debería considerarse en situación de embarazo al 5% de esa población. Así, en base a datos falsos o suposiciones carentes de todo sustento racional ni científico, llega por arte de birlibirloque a la revelación final: que 500 mujeres debieran estar embarazadas al momento de su detención y dieron a luz en los centros donde estaban detenidas.
Según la mentira de este funcionario impresentable las 10.000 mujeres estaban detenidas y 500 estaban embarazadas. ¿Alguien puede creer esta patraña cuando el total de mujeres militantes no llegaban a 2.000? La falta de seriedad de este señor es propia de una persona insana. Es decir que a partir de esa metodología sobre datos falsos desde el inicio, como funcionario de máximo nivel sobre el tema de DDHH, ha inducido la versión de un falso número de niños nacidos en cautiverio incitando con ello al posterior clamor y denuncia de las “abuelas de Plaza de Mayo” por 500 niños nacidos en esas condiciones, asumido por la “abuela estrella” Sra. de Carlotto.
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| La abutrucha que se nos ríe en la cara |
¿O debemos creer que son una coincidencia las afirmaciones de esa señora que siempre habló de 500 bebés nacidos en cautiverio y que aún hoy afirma que faltan localizar 400? Preguntamos: ¿Por qué siguió insistiendo en este número sin ningún fundamento válido? El libro editado en 1999 por la misma organización “Abuelas de Plaza de Mayo” con el título "Niños desaparecidos. Jóvenes localizados".
En la Argentina desde 1976 a 1999, Bs. As. edición 1999, sólo registra 129 niños nacidos de madres en cautiverio con 55 de ellos localizados y restituidos, además de 9 fallecidos por distintas causas. ¿De dónde extrajo la señora de Carlotto el Nº de 500 niños nacidos en cautiverio opuesto a lo que en 1999 decía en su libro? En el Capítulo 11 y página web pertinente detallamos todo lo relativo a las mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio según las denuncias, así como la situación de otros niños menores llevados con sus padres.
Una pregunta que nos hacemos los argentinos es ¿Por qué el Comandante General del Ejército propuso al gobierno constitucional (Dr. Luder a cargo del Poder Ejecutivo) cuatro cursos de acción para eliminar la subversión y el presidente al elegir el más descentralizado que era eliminar la subversión en dos años, en lugar del más lento pero controlado desde el Comando General del Ejército, no le detalló que la estrategia consistía en que hubiera detenidos-desaparecidos y que posteriormente, según su responsabilidad, unos iban a ser fusilados clandestinamente y otros liberados?
Creo que la respuesta a esta inquietud ciudadana es simple: ¿Era necesario explicarlo si desde casi un año antes en Tucumán se utilizaba ese método?
Breve historia introductoria a la respuesta
En principio tenemos que situarnos en lo que ocurría en el mundo con la llamada “Guerra Fría” y en particular con las actividades de Fidel Castro en Cuba y su decisión de exportar su revolución comunista a todos los países de Latinoamérica, con excepción de México.
En segundo lugar debemos ubicarnos en lo que venía desarrollándose en nuestro país sin respetar gobiernos de jure o de facto. Durante del gobierno del Dr Arturo Illia entre 1963 y 1964 la Gendarmería Nacional tuvo que operar contra un contingente de guerrilleros argentinos y cubanos en la zona de Orán (Salta) a órdenes del “comandante segundo Jorge Masetti” quien fuera enviado por el Che Guevara para preparar la logística en esa zona y en Tucumán, donde pensaba establecerse para hacer de Sudamérica uno o varios “Vietnam”. En esas acciones muere el Sargento de Gendarmería Nacional Juan A. Romero a manos de un capitán del ejército cubano, antes que fueran todos muertos o detenidos en 1964.
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| Los terroristas Che Guevara y Jorge Masetti |
Complementariamente a esa futura venida del “Che” al país se preparaba acá una estructura de apoyo denominada “Ejército de Liberación Nacional”. La muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967, abortó el proyecto previsto y las distintas organizaciones que lo iban a conformar volvieron a sus actividades en sus lugares de origen donde ya estaban actuando y reclutando individuos para incrementar su potencialidad política y militar, pero sin identificarse como tales ante la población. Por entonces, el gobierno de facto presidido por el General Lanusse había creado en 1971 la Cámara Federal en lo Penal –CAFEPE– que en dos años logró detener y procesar con todas las garantías constitucionales a más de 2.000 terroristas subversivos dictando alrededor de 600 sentencias condenatorias, amén de las absoluciones pertinentes.
En mayo de 1973 al asumir, el presidente Cámpora otorgó una amplia amnistía y liberó sin condiciones a todos los detenidos, que de inmediato se reincorporaron a la lucha armada. Se disolvió la Cámara y se dejó sin efecto la legislación antiterrorista. Uno de los jueces fue asesinado, otros dos sufrieron atentados, el secretario de la Cámara fue secuestrado y, finalmente, todos optaron por el exilio. Entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, oportunidad del golpe de Estado, no hubo un sólo detenido por actividades sediciosas a pesar del incremento de acciones terroristas, debido al temor que los miembros de la Justicia temían a represalias similares por parte de las organizaciones armadas ilegales revolucionarias.
Determinación de las Juntas de Comandantes de las Fuerzas Armadas
En el libro de Ceferino Reato "Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos", Ed. Sudamericana, año 2012, en el capítulo 2, dedicado al método utilizado para ganar la guerra contra el terrorismo subversivo, el ex Comandante General del Ejército hasta mediados de 1978, y Presidente del gobierno militar de facto entrevistado en su prisión explicó las razones. A continuación transcribimos algunos párrafos que nos ilustran acerca del cómo y del porqué:
• Entramos a la guerra, sin saber qué hacer con todas las personas que eran el costo para ganar la guerra. La solución se fue dando de una manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando… (En las distintas zonas en que se dividió el país a cargo de Generales de División, Brigadieres o Almirantes).
• …era una figura que venía de los gobiernos anteriores, del gobierno peronista, por ejemplo, en especial luego de los decretos firmados durante el interinato del senador Italo Luder, a principios de octubre de 1975.
• … No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas ante la justicia (porque teníamos la experiencia de la CAFEPE) ni tampoco fusiladas (porque ni los países de derecho de occidente ni el Papa lo hubieran permitido). El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil –la desaparición de personas– que creaba una situación ambigua en la gente no estaban, no se sabía que había pasado con ellos….” “…cada desaparición (real) puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.
• …No hubo una reunión de Junta para decidir esto (el destino de los prisioneros irrecuperables). Cada Fuerza lo fue decidiendo a medida que se iban produciendo los hechos. La guerra contra la subversión no fue competencia de la Junta Militar sino de cada Fuerza a través de su Comandante en Jefe.
Del mismo libro es interesante reproducir la explicación del General Santiago Riveros, según el autor, sobre el método utilizado contra los prisioneros irrecuperables fue: …los terroristas detenidos que fueran miembros activos de la organizaciones ERP y Montoneros debían ser aniquilados, o sea eliminados, procedimiento aplicables por no caberles la aplicación de las Leyes de Guerra dado que no eran soldados regulares (no vestían uniformes ni llevaban las armas a la vista) sino partisanos o combatientes irregulares que, como tales, estaban excluidos de ese tratamiento. (Recordemos que durante la 2da Guerra Mundial era bastante común que los partisanos fueran fusilados de inmediato al ser descubiertos por las tropas regulares).
La guerra revolucionaria es un conflicto armado interno clasificado también como “guerra asimétrica” (por las diferentes capacidades entre los oponentes al inicio de las operaciones Este tipo de guerra, utilizada por Mao Tse Tung en su camino al poder, fue desatada por la URSS en el marco de la “guerra fría” con el objeto de que sus aliados ideológicos y políticos, tomaran el poder en la mayoría de los países de Sudamérica con el apoyo de una plataforma establecida en Cuba en donde se adoctrinaba e instruía militarmente a grupos de jóvenes ideologizados, marxistas leninistas y trotskistas provenientes de distintos países del subcontinente.
La estrategia consistía en iniciar las acciones revolucionarias mediante “grupos político militares” que cuando crecieran organizaran sus propios ejércitos para enfrentar a las FFAA (similar a lo ocurrido en Cuba). En este marco, la estrategia militar de los gobiernos atacados tenía, racionalmente, que basarse en el incremento de los elementos de búsqueda de información (inteligencia) para individualizar y localizar a los insurrectos cuyos “cantos de sirenas” en la población inmersa en países con problemas políticos, sociales y económicos podía incrementar sus filas. Es decir que el objetivo principal de esos gobiernos atacados era destruirlos antes que lograran un desarrollo cuantitativo y cualitativo importante que permitiera que sus “ejércitos” tuvieran la capacidad de enfrentar las tropas regulares legales.
En razón del sistema de redes de células secretas que utilizaban, era muy importante lograr infiltrar esas organizaciones con personal propio o por medio de los insurgentes “doblados” (término utilizado para señalar al militante detenido que, por presión, dinero o para salvar su vida traicionaba a su compañeros colaborando para aniquilar su propia organización). Respecto al logro del éxito de esta tarea, hace poco tiempo se ha publicado un libro documental de título: "Los Traidores. Intimidades de la guerra revolucionaria" de Carlos Manuel Acuña, ed. Liber Liberat, Bs. As., 2012 donde se detalla quiénes y por qué miembros de las organizaciones armadas ilegales traicionaron a sus amigos y compañeros de ruta sabiendo que éstos iban a morir y que estaban ayudando a destruir desde adentro, sus estructuras organizativas.
Lo interesante del contenido del libro es que ayuda a comprender la personalidad carente de valores de algunos de esos traidores –colaboradores de las fuerzas legales– los que una vez en libertad y fuera del país, al ser contactados por el actual gobierno argentino (Secretaría de Derechos Humanos) para regresar al país a efectos de declarar contra los miembros de esas fuerzas, lo negociaban por distintos beneficios (cargos y/o cantidades importantes de dinero). Lo hicieron como “testigos necesarios” en los juicios por “delitos de lesa humanidad” fabulando historias visiblemente similares entre si –con los abogados querellantes– contra los acusados a pesar que muchos de ellos les habían salvado la vida por su cooperación, con lo que traicionaron así, por segunda vez.
Dice Acuña en su introducción, página 16: “…En cifras –y así lo leerán– podemos decir que más del 20 por ciento de los detenidos por las fuerzas legales después del 24 de marzo de 1976, fueron arrestados por ellas como consecuencia de las traiciones de los militantes a sus organizaciones armadas…”
Al respecto se confirma ésto en parte con una expresión pública de Hebe de Bonafini, una conocida activista radicalizada y presidenta de una de las fracciones de Madres de Plaza de Mayo”, que dice: “…Los que están vivos es porque colaboraron…”.
Esa liberación de miembros de una organización criminal fue otro costo moral que tuvieron que pagar los jefes de fuerzas legales responsables, cumpliendo su palabra con determinados conspicuos detenidos al negociar su colaboración para apresurar la victoria militar. (Orden de los máximos niveles de responsabilidad de cada una de las FFAA tal cual lo expresara Jorge Rafael Videla al periodista Ceferino Reato en sus entrevistas).
Consideramos moral y jurídicamente inaceptable el método del “desaparecido” empleado desde el inicio de los gobiernos constitucionales de J. D. Perón y María Estela Martínez y continuado posteriormente por el gobierno militar de facto a partir del 24 de marzo de 1976 como la mejor metodología para lograr el objetivo impuesto. Sin embargo, lo que debe entenderse es que el poder político, que en gran medida había reforzado a las organizaciones terroristas al disponer la liberación sin compromiso de sus miembros presos de abandonar la lucha armada (Ley de amnistía de 1973 aprobada por todos los legisladores de ambas cámaras con excepción de dos de ellos), comprendió tarde su error al reconocer luego que el monstruo que habían contribuido a montar jugaba sus propios intereses con absoluto desprecio de la paz de la república, sus instituciones constitucionales y la vida de los argentinos.
La dirigencia política, superada por el crecimiento de la subversión, se paralizó y no supo qué hacer en esa crítica situación dividiéndose entre el apoyo a un gobierno muy ineficiente o la crítica al mismo para que las FFAA encararan la solución sin importarle los medios previsibles a utilizar, ya que seguramente sabían que con flores y lindas palabras no se iba a solucionar.
Los presidentes Juan D. Perón y María Estela Martínez adoptaron caminos equivocados… pero actuaron contra la criminalidad escudada en acciones políticas e ideológicas. Lo notable del primero fue que habiendo alentado al desarrollo de la “Guerra Revolucionaria” por parte de su “juventud maravillosa” desde el exilio y como estrategia para retomar el poder, como Presidente, una vez en él, no tuvo miramientos en dictar la Directiva Reservada a su Partido (2 de octubre de 1973) en la que disponía la purga “a como dé lugar” de los elementos que pretendían imponérsele. Como se ve, todo depende de qué lado del mostrador se encuentre.
Otro caso particularmente notable fue el del doctor Ítalo Argentino Luder quien, en ejercicio de la presidencia por enfermedad de María Estela Martínez, seleccionó el método antisubversivo más expeditivo y contundente entre los presentados por el comandante del Ejército a fines de 1975, consistente en aniquilar a los revolucionarios en dos años, pese a las objeciones y reservas de su ministro de Justicia. Años después, retirado del poder, expresó ante la justicia que nunca creyó que se iban a utilizar métodos ilegales y que el aniquilamiento era a la subversión y no a los militantes subversivos. (Desgraciadamente nunca supo explicar cómo se hacía ese “aniquilamiento a la subversión” sin aniquilar a los subversivos).
Esa decisión presidencial de eliminar en un plazo perentorio la subversión terrorista implicaba para cumplirla la utilización de métodos no convencionales (fuera de las convenciones) como los que se estaban aplicando en Tucumán, casi un año antes, que no podía desconocer el Dr Luder.
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